El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el desmantelamiento del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una unidad federal creada en 2024 en el marco del denominado Plan Bandera para intervenir de manera específica contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial (Resolución 4/2026), que derogó formalmente el acto administrativo que había dado origen al grupo especial.
La decisión se conoció en un contexto de alta sensibilidad institucional y social, marcado por un triple crimen ocurrido en la zona sur de Rosario, un hecho que volvió a poner en evidencia la persistencia de la violencia letal asociada a disputas criminales en el territorio. El episodio, que incluyó el asesinato de dos hombres y una mujer -Erica Tamara Ayala, Sergio Fabio Roldán, Lisandro Roque A.- y dejó además personas gravemente heridas, reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad de prevención, investigación y disuasión del Estado frente a estructuras delictivas complejas. Sucedió en inmediaciones de Lirio y España, en barrio Las Flores.
De acuerdo con los fundamentos oficiales, el Ministerio sostuvo que el GEANRO había cumplido su función inicial como herramienta extraordinaria y transitoria, orientada a reforzar las capacidades federales en una etapa de emergencia. En ese sentido, se argumentó que la continuidad de las tareas antidrogas y de investigación criminal quedará a cargo de otros dispositivos permanentes, con una redistribución del personal y los recursos hacia las fuerzas federales de origen, sin que ello implique —según la versión oficial— una reducción del esfuerzo estatal en Rosario.
No obstante, la disolución del grupo especial inmediatamente después de un hecho de extrema gravedad generó interrogantes sobre la oportunidad y el impacto concreto de la medida. En un escenario donde la violencia armada sigue siendo un problema estructural, el desarme de una unidad específicamente dedicada al narcotráfico plantea dudas respecto de la coherencia entre las decisiones administrativas y la realidad operativa en el territorio, así como sobre la capacidad de sostener respuestas coordinadas y especializadas frente a organizaciones criminales activas.
Desde el congreso legisladores han solicitado pedidos de informes al ministerio de seguridad nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, sobre la decisión adoptada, instando a que presenten informes técnicos que avalen dicha medida.
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