Abusos y Falta de Definición en las Tareas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad: Un Problema Estructural

La falta de perfiles claros de puestos y de planes de carrera definidos en las fuerzas policiales y de seguridad, tanto a nivel municipal, provincial como federal, ha generado una serie de abusos que afectan directamente a los derechos y las condiciones laborales de sus miembros. Sin contar con tareas específicamente delimitadas ni estructuras formales de ascenso, el personal se ve forzado a realizar actividades que van más allá de sus funciones oficiales y, en algunos casos, responden a intereses personales de sus superiores.

Este fenómeno se evidencia de manera cruda en las recientes denuncias presentadas en Formosa, donde tres comisarios han sido acusados de forzar a presos y cadetes a realizar tareas domésticas en beneficio personal. La denuncia fue presentada por la diputada Gabriela Neme, quien solicita investigar al titular de la comisaría de Estanislao del Campo, Ramón Leandro Méndez, así como al jefe de la Policía de Formosa, Walter René Arroyo, y al titular del Departamento de Informaciones Policiales, Jorge Isaac Traianon.

De acuerdo con la denuncia, los internos y cadetes habrían sido explotados en condiciones cercanas a la servidumbre, realizando tareas como cortar el pasto, limpiar vehículos policiales y lavar la ropa personal de sus superiores. La situación tomó estado público tras la difusión de una fotografía en redes sociales que mostraba a un detenido lavando una camioneta fuera de la comisaría de Estanislao del Campo, ubicada a 235 kilómetros de la capital formoseña.

Este caso no es aislado y se inscribe en una problemática mayor dentro de las fuerzas policiales en diversas jurisdicciones, donde la falta de un marco regulatorio claro facilita que se utilicen recursos humanos y materiales de la institución para fines personales. La diputada Neme enfatizó que "la violación de derechos humanos en Formosa es sistemática", subrayando el clima de impunidad en el que operan muchos oficiales bajo el mando del gobernador Gildo Insfrán.

Entre los testimonios recogidos, se destaca el abuso hacia los cadetes de la Escuela Superior de Formación Policial, quienes, bajo la excusa de formación, habrían sido obligados a trabajar en las propiedades privadas de altos mandos policiales. Un ejemplo particularmente grave es el del comisario Traianon, quien presuntamente empleó a cadetes para realizar tareas de construcción en su casa quinta, ubicada en La Herradura.

Este tipo de prácticas, que deberían ser investigadas a fondo, no solo distorsionan el rol de las fuerzas de seguridad, sino que también vulneran los derechos laborales y humanos de quienes están en formación o detenidos. Según Neme, "tales prácticas no son excepciones, sino la regla", consolidando un sistema de abusos donde los altos mandos ejercen su poder para obtener beneficios personales a costa de quienes deberían proteger.

Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido limitada. Aunque se ha apartado temporalmente a uno de los oficiales implicados, aún no se ha avanzado en las investigaciones sobre los otros acusados. La diputada Neme criticó la inacción de la Justicia local, lamentando que "ningún fiscal actúe de oficio" en casos donde las pruebas de abuso de poder son evidentes.

Este episodio pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con un marco estructural y legal que regule las funciones de las fuerzas de seguridad, previniendo su uso indebido por parte de quienes deberían velar por el orden y el bienestar de la ciudadanía. Sin perfiles de puesto claros ni una carrera definida, los riesgos de que estos abusos continúen son elevados, afectando no solo a los empleados policiales, sino a toda la sociedad.