Vicente López: polémica por multas millonarias e inspecciones sin respaldo técnico a la salida de un evento en el Club Náutico de Olivos

Un operativo de tránsito municipal en Vicente López generó una fuerte polémica luego de que inspectores labraran actas a conductores de vehículos deportivos que salían de un evento privado en el Club Náutico de Olivos. Los propietarios denunciaron que las sanciones se basaron en apreciaciones visuales subjetivas, sin instrumental de medición homologado, y que las supuestas irregularidades corresponden a características originales de fábrica.

El procedimiento, encabezado por el agente municipal Juan José Mastrangelo, interrumpió la circulación y bloqueó la salida del predio, dejando atrapados a decenas de automovilistas. Según los testimonios y los videos difundidos en redes sociales, se labraron actas cuya cuantía alcanzó cifras millonarias, con casos que rondaron los 3.000.000 de pesos, en un contexto de creciente tensión entre conductores y autoridades.

El primer vehículo interceptado fue un BMW que contaba con cédula de identificación, seguro al día y la Verificación Técnica Vehicular aprobada sin observaciones. A pesar de ello, el inspector labró la infracción argumentando que el rodado estaba “no homologado” por encontrarse “demasiado bajo”, sin utilizar ningún tipo de instrumental calibrado, como los homologados por el INTI, que respaldara la medición.

La contradicción central expuesta por los afectados es que la VTV, certificado técnico estatal que acredita la aptitud del rodado para circular en la Provincia de Buenos Aires, ya había validado las condiciones del vehículo. La comunidad automotriz se pregunta de qué sirve exigir y abonar esa verificación si el criterio subjetivo de un inspector en la calle puede invalidarla de manera instantánea.

El abogado Gonzalo Peydro sostuvo que los funcionarios municipales podrían estar incurriendo en delitos penales como amenaza, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales. “Te castigan cuando las leyes no preveían ese castigo”, afirmó el letrado, y remarcó que el BMW M2 involucrado contaba con licencia de configuración de modelo y homologación previa para su comercialización.

La controversia se profundizó porque los propios inspectores reconocieron no estar en condiciones de determinar si los componentes estaban homologados, dejando esa evaluación para una instancia posterior. Se cuestionó que un agente pueda considerar irregular una suspensión o un escape únicamente por su apariencia, sin conocimientos mecánicos específicos ni una evaluación técnica que establezca si existe una modificación fuera de norma.

Las críticas también apuntaron a la modalidad del operativo, con cortes de calles en la avenida Del Libertador y los alrededores de General Paz que generaron inconvenientes a los automovilistas, y a la disparidad de criterios frente a otros rodados que circulan diariamente por el distrito. El reclamo quedó dirigido a la gestión de la intendenta Soledad Martínez y al área municipal de Tránsito.

La intendenta Soledad Martínez tiene la responsabilidad de controlar al personal de tránsito y de aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los inspectores que desconocen las características de los vehículos y las normativas aplicables. La VTV es la autoridad de verificación de las condiciones técnicas de los vehículos para circular, y ningún agente municipal puede arrogarse facultades que exceden su competencia.

Los afectados iniciaron presentaciones formales ante el Tribunal de Faltas Municipal de Vicente López, aportando la ficha técnica oficial del fabricante que acredita la altura original del vehículo, la copia del informe técnico de la VTV vigente y la impugnación del acta por falta de instrumental homologado por el INTI al momento del control. El caso marca un antecedente crítico sobre los límites de la autoridad municipal frente a la legislación técnica provincial.

La normativa de la Provincia de Buenos Aires establece que las modificaciones respecto del sistema original deben estar certificadas por un ingeniero mecánico matriculado, y que la altura de los paragolpes debe coincidir con la indicada por el fabricante. En el caso de los vehículos involucrados, no se trataba de unidades modificadas, sino de modelos deportivos que salen de fábrica con suspensiones específicas y llantas de grandes dimensiones.

El hecho expone una incongruencia de fondo: mientras la VTV aprueba el rodado con base en parámetros técnicos y fichas de homologación, un inspector municipal sin capacitación específica puede sancionar el mismo vehículo por “falta de homologación” basándose en una percepción visual. Esta duplicidad de criterios deja a los conductores en una situación de indefensión administrativa.

La comunidad automotriz exigió explicaciones públicas y la revisión inmediata de las actas confeccionadas durante la jornada. Entre los principales pedidos figuran una mayor capacitación de los inspectores, la intervención de personal especializado cuando sea necesario determinar modificaciones mecánicas y la aplicación de criterios técnicos claros antes de avanzar con cualquier sanción.

El operativo se enmarca en un contexto de endurecimiento de los controles de tránsito en el distrito, con medidas previas como el cierre de la calle lateral de Tecnópolis para frenar picadas ilegales y el refuerzo de multas. Sin embargo, la diferencia entre prevenir conductas peligrosas y sancionar características de fábrica es la línea que separa la fiscalización legítima del abuso de autoridad.

El caso permanece bajo análisis en el Tribunal de Faltas de Vicente López, mientras los afectados aguardan una resolución que siente precedente sobre los límites de la potestad municipal para labrar actas sin respaldo técnico verificable. La responsabilidad política recae sobre la gestión de Soledad Martínez, quien deberá definir si los operativos se ajustan a la normativa provincial o si se trata de un accionar discrecional que vulnera los derechos de los administrados.