En el contexto de una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora Sabrina Ajmechet, salieron a la luz denuncias de extrema gravedad sobre la situación en la provincia de Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán. Las exposiciones, basadas en testimonios directos de ciudadanos y profesionales, pusieron en evidencia un entramado de abusos sistemáticos, represión, persecución política y deterioro institucional, que se han consolidado a lo largo de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido.
Durante la audiencia, la diputada Karina Banfi señaló la gravedad de los hechos que iban a relatarse y llamó la atención sobre la ausencia del bloque de Unión por la Patria, lo que interpretó como una forma de negación o indiferencia frente a las violaciones a los derechos humanos denunciadas.
Uno de los testimonios centrales fue el del abogado Armando Aquino Britos, quien afirmó con contundencia que “la violación a los derechos humanos comienza con la violación de los derechos políticos”. En su intervención, apuntó directamente a la reelección indefinida de Gildo Insfrán, a la que calificó como una anomalía institucional incompatible con los principios republicanos. Dicha reelección, habilitada por reformas constitucionales provinciales, ha dado lugar a una concentración de poder que impide el normal funcionamiento del sistema democrático en la provincia.
A su vez, la vecina Teresa Pereyra brindó un testimonio desgarrador desde los barrios 110 y 111 de la capital formoseña. Denunció condiciones de hacinamiento extremo en viviendas entregadas bajo la figura de comodato —“prestadas por Gildo”, según sus palabras—, así como casos de abusos a menores, enfermedades provocadas por agua contaminada, y una falta total de acceso a la salud. “Mi hermano está postrado y no puede ser atendido porque no llega una ambulancia. Esta casa no es mía, me la presta el gobernador”, sostuvo con firmeza. Su relato refleja una modalidad clientelar y de control social donde los derechos básicos son otorgados como favores, y no garantizados como corresponde por ley.
El caso más estremecedor fue el relatado por Gladis Villa, madre de Federico Romero, un oficial de narcóticos presuntamente asesinado en circunstancias irregulares. La versión oficial sostiene que Romero se ahogó, pero según su madre, su cuerpo presentaba heridas visibles y su ropa estaba ensangrentada. “Lo torturaron, lo lastimaron y luego lo arrojaron al agua para simular un ahogamiento”, denunció. Romero habría sido testigo de un crimen vinculado a un familiar de un funcionario cercano a Insfrán. Villa también afirmó que existen otros casos de policías asesinados que son encubiertos como suicidios, y que la causa de su hijo está paralizada.
También participó Gabriel Hernández, abogado, periodista y dirigente político, quien relató su propia experiencia como víctima de la persecución estatal por permitir que otros denuncien públicamente lo que ocurre en la provincia. “Fui preso por dejar que otros hablen. En Formosa no hay justicia independiente, la provincia está aislada”, declaró. Su testimonio refuerza la idea de que existe un sistema represivo que actúa contra quienes desafían el discurso oficial o cuestionan el poder del gobernador.
Las declaraciones reunidas durante la audiencia no son casos aislados ni meras percepciones subjetivas: conforman un patrón sistemático de vulneraciones a los derechos fundamentales que da cuenta de una profunda degradación institucional. En este contexto, Formosa se ha transformado, según numerosos referentes, en un feudo político, donde la alternancia en el poder está anulada de facto y la democracia representativa se ve seriamente desnaturalizada.
Pese a la gravedad de los hechos expuestos, desde sectores del oficialismo nacional y provincial se ha optado por minimizar la situación, manteniendo un silencio que muchos califican como cómplice. La persistencia de este modelo de concentración de poder y de vulneración de derechos exige no solo el compromiso activo de los organismos de control y del Estado nacional, sino también una respuesta contundente del conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación.
La democracia, para ser plena, requiere alternancia, transparencia, libertad de expresión y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos humanos. La situación de Formosa interpela directamente a esas condiciones mínimas, y demanda atención urgente.
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