El 5 de octubre de 1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (conocida públicamente como Isabel Perón), la organización Montoneros llevó a cabo la mayor acción militar de su historia conocida como “Operación Primicia”: el asalto al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29, con asiento en la periferia de la ciudad de Formosa. El combate —de aproximadamente media hora según relatos contemporáneos y posteriores— quedó grabado en la memoria local y nacional por su violencia, por la participación de fuerzas regulares y guerrilleras y por el saldo humano que dejaron aquel domingo de octubre.
La operación fue compleja y combinó varias fases: el secuestro de un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas (Vuelo 706) desde Aeroparque —con más de un centenar de pasajeros a bordo—, el copamiento del aeródromo formoseño El Pucú para facilitar la salida y la huida, y el asalto simultáneo al cuartel con el objetivo declarado de apoderarse de armamento. Los comandos emplearon un avión secuestrado y, según fuentes contemporáneas y de investigación histórica, también un avioneta Cessna para facilitar la retirada.La planificación incluyó inteligencia previa y la infiltración de un conscripto: Luis Roberto Mayol, oriundo de Santa Fe, figura identificada por fuentes militares y periodísticas como el “entregador” que abrió los accesos al regimiento y facilitó el ingreso de los comandos —varias camionetas cargadas con combatientes— a las instalaciones militares, que comprendieron la Compañía Comando, el casino de suboficiales, las cuadras de conscriptos y los depósitos de armas. Los atacantes, según publicaciones de la época y de Montoneros, se dividieron en grupos y vistieron uniformes que buscaron mimetizar su presencia.Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025
La defensa del cuartel fue encabezada por oficiales, suboficiales y conscriptos jóvenes, muchos de ellos formoseños. El nombre que quedó como símbolo de esa resistencia fue el del soldado Hermindo “Negro” Luna, cuyo testimonio colectivo y los relatos de sus compañeros consignan la célebre respuesta: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, antes de recibir heridas mortales. El episodio de Luna (herido de gravedad y asistido por camaradas hasta su muerte) fue consignado en actas, crónicas y en la memoria pública provincial y nacional como emblema de la defensa del grupo de conscriptos.
Las cifras del balance difieren según las fuentes y siguen siendo motivo de debate historiográfico: versiones periodísticas y compilaciones hablan de alrededor de una veintena de muertos —la cifra que suele repetirse es la de 24 víctimas en total (con balances que proponen 12 por cada lado)—, mientras que otros recuentos oficiales o posteriores registran variaciones (por ejemplo, listados que consignan 13 militares y 16 atacantes en determinadas crónicas).
Entre los nombres de las fuerzas armadas fallecidas figuran el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos (o Ávalos según fuentes), José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna; entre las víctimas identificadas del bando montonero aparecen, según listas públicas y trabajos periodísticos, Luis Roberto Mayol, Reinaldo (Ramón José) Briggiler, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y José Daniel Graziano, entre otros. También hubo civiles y, en el copamiento del aeropuerto, la muerte de un agente policial.
Los distintos conteos y la existencia de fosas, entierros colectivos y desapariciones posteriores hicieron que el detalle exacto de bajas y responsabilidades fuera objeto de investigaciones, reclamos judiciales y controversias políticas en las décadas siguientes.
El impacto político e institucional fue inmediato: la “Operación Primicia” se inscribió en 1975 dentro de un pico de violencia política que combinó acciones de guerrilla, atentados con explosivos, secuestros y una respuesta cada vez más militarizada del Estado (en paralelo a operaciones como el Operativo Independencia en Tucumán). Al día siguiente del asalto se dictaron medidas ejecutivas con fuerte perfil represivo a nivel nacional, y en el plano político el episodio profundizó las decisiones de mano dura y la escalada entre actores que, meses después, desembocarían en la ruptura institucional de marzo de 1976. Historiadores y archivos oficiales señalan que el hecho fue interpretado por muchas áreas del Estado como la prueba de la “militarización” definitiva del conflicto interno.
Las consecuencias legales y administrativas se extendieron durante décadas: el Parlamento y los distintos gobiernos debatieron y, finalmente, el Estado nacional dictó medidas de reconocimiento e indemnización para familiares y heridos, culminando con la publicación de la Resolución 1023/2024 del Ministerio de Defensa —publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2024— que fijó pautas para la reparación económica de víctimas y herederos derivados del ataque al Regimiento 29. Ese reconocimiento administrativo fue recibido con alivio por algunos familiares y con reproches y denuncias por parte de otros: la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna —quien encabezó durante años reclamos públicos por reconocimiento, investigó pagos y presentó denuncias— falleció el 19 de junio de 2021; su lucha dejó abiertas discusiones sobre quiénes y cómo recibieron indemnizaciones y sobre la necesidad de preservar memoria y verdad sobre lo ocurrido.
Cincuenta años después, el ataque al Regimiento 29 sigue siendo un punto de fricción en la memoria argentina: las conmemoraciones militares, los homenajes a los caídos y los actos oficiales conviven con investigaciones periodísticas, con reclamos de familiares por justicia y clarificación de hechos, y con debates sobre cómo enseñar ese pasaje en las escuelas. La historiografía contemporánea no solo reconstruye la operación en su dimensión militar, sino que también examina sus consecuencias políticas y humanas —las víctimas, los enterramientos, las indemnizaciones y las respuestas del Estado— en un periodo que, por la acumulación de violencia, terminó transformando profundamente la historia institucional del país.
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