Detectan desvíos millonarios en pagos de la ANSES a empresas de limpieza sin contratos vigentes

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) reveló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinó sumas millonarias a empresas de limpieza bajo un esquema irregular de pagos sin contratos vigentes. Entre las firmas beneficiadas se encuentra Linser, propiedad de Luis “Chiche” Peluso, exfuncionario bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.

Según el documento, los valores abonados por turno de limpieza en 2024 crecieron un 225%, muy por encima de la inflación (117,8%) y de los incrementos salariales de referencia (205,8%). En el período analizado, la ANSES llegó a desembolsar más de $5.400 millones a Linser sin respaldo contractual formal.

El rol de los involucrados

• Luis Peluso y Linser: Peluso, ex titular de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Scioli, es propietario de la empresa Linser, que desde 2018 prestaba el servicio de limpieza en edificios centrales y la jefatura regional de CABA de la ANSES. Aunque el contrato venció en 2021, la compañía siguió cobrando mediante la modalidad de “pago por servicios usufructuados”, es decir, por servicios efectivamente prestados pero sin licitación ni renovación formal.

• Daniel Scioli: si bien su nombre aparece ligado a Peluso por su pasado en la gestión provincial, fuentes cercanas al actual funcionario señalaron que no tuvo intervención en la adjudicación ni en los aumentos posteriores.

• ANSES: el organismo fue quien continuó con los pagos irregulares bajo distintas gestiones. Durante la dirección de Mariano de los Heros se iniciaron procesos licitatorios, algunos de ellos judicializados, mientras que en la actual conducción de Fernando Bearzi se ordenó la auditoría que destapó las irregularidades.

• Sigen: fue la entidad que detectó el “desvío” de fondos y advirtió sobre la falta de un procedimiento administrativo claro tras la derogación del mecanismo de reconocimiento de gastos por excepción.

Impacto sobre los beneficiarios

El desvío de fondos destinados a servicios tercerizados repercute en la solidez financiera del organismo previsional. Cada peso destinado a contrataciones irregulares resta recursos que podrían aplicarse a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o programas sociales.
Además, el crecimiento real del 76,5% en los pagos por limpieza entre 2021 y 2024 plantea dudas sobre la eficiencia en el uso del presupuesto público en un contexto en el que los beneficiarios enfrentan pérdida de poder adquisitivo.

Posibles medidas para revertir la situación

El informe recomienda:

• Reinstaurar un procedimiento formal y transparente de contratación, con licitaciones abiertas y controles de precios testigo.

• Regularizar el sistema de pagos, evitando el “legítimo abono” sin respaldo contractual.

• Avanzar en los sumarios administrativos y judiciales para determinar responsabilidades de los funcionarios que avalaron las prórrogas irregulares.

• Garantizar que los recursos de la ANSES se destinen prioritariamente a los beneficiarios y no a sobrecostos en servicios.

En paralelo, el organismo creó una comisión de revisión de compromisos, integrada por la presidencia de la ANSES, dos subdirecciones y la unidad de auditoría, que deberá establecer un nuevo mecanismo de control.

La investigación sigue en curso y podría derivar en presentaciones judiciales. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate la transparencia de la gestión de fondos en uno de los entes clave del sistema de seguridad social argentino.

Policía retirado hallado muerto en La Plata reaviva el debate sobre la crisis en la Policía Federal

Un integrante de la Policía Federal Argentina, identificado como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años, fue encontrado muerto dentro de su camioneta en la ciudad de La Plata, con un disparo en la cabeza. El caso, caratulado como suicidio, es investigado por la UFI N°5 a cargo del fiscal Mennucci.

El hallazgo se produjo en calle 3, entre 61 y 62, cuando efectivos del Comando Patrullas detectaron una camioneta Ford Ecosport azul estacionada. En el interior se encontraba el hombre sin signos vitales y con un revólver a su lado.

El hecho vuelve a poner en evidencia los problemas estructurales que atraviesa la Policía Federal, donde persisten reclamos por bajos salarios, endeudamiento del personal y ausencia de contención psicológica. A ello se suman deficiencias en la obra social de la fuerza —Superintendencia de Bienestar—, conflictos en el Hospital Churruca y falta de controles en la Junta de Reconocimientos Médicos.

Especialistas señalan que muchos efectivos, tanto en actividad como retirados, enfrentan cuadros de ansiedad y depresión debido a condiciones laborales precarias y falta de acompañamiento institucional. En el caso de los retirados, la transición suele derivar en crisis emocionales profundas, con episodios trágicos como el ocurrido en La Plata.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de la Nación (a cargo de Patricia Bullrich) no ha implementado medidas de fondo para abordar esta problemática, pese a reiteradas advertencias sobre el impacto psico-social que afecta a una parte significativa de la fuerza.

Tragedia en Córdoba: un bombero murió tras caer de un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda

Un hecho conmocionó al Valle de Calamuchita este lunes: Matías Godoy, bombero voluntario de 39 años y vecino de Villa Amancay, falleció tras caer desde seis metros de altura de un hidroelevador mientras efectuaba trabajos de poda en la vía pública. Pese a haber sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba expresó su pesar y decretó 72 horas de duelo, destacando la entrega y vocación de servicio de Godoy, ampliamente reconocido en su comunidad por su compromiso solidario.

Un accidente que expone la falta de medidas de seguridad laboral

Más allá del dolor por la pérdida, el caso vuelve a poner en discusión un problema recurrente en organismos públicos y fuerzas de seguridad: la ausencia de condiciones adecuadas de seguridad e higiene laboral.

En numerosos ámbitos del sector público, las normas de prevención de riesgos suelen ser relegadas o directamente ignoradas. Esto se traduce en la falta de protocolos de trabajo, deficiencias en la capacitación, y en muchos casos la no provisión ni el control del uso de elementos de protección personal, que son esenciales para minimizar riesgos en actividades de alto peligro como podas, operativos de rescate o tareas de mantenimiento.

Incluso en situaciones en que se cuenta con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), no siempre existe una supervisión efectiva, ya que varios organismos eluden las disposiciones vigentes. Estas omisiones no solo exponen a los trabajadores, sino que derivan en juicios prolongados que podrían evitarse con un cumplimiento estricto de la normativa laboral.

La importancia de cumplir la normativa

El accidente que costó la vida a Godoy subraya la urgencia de que los organismos públicos y las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana asuman de manera responsable la aplicación de las leyes de higiene y seguridad laboral. La provisión y control del uso de cascos, arneses, guantes dieléctricos, ropa de trabajo adecuada y demás elementos de protección personal no debe quedar librada a la voluntad individual, sino que debe ser una obligación institucional.

Especialistas en seguridad laboral destacan que prevenir accidentes no depende únicamente de la entrega vocacional de los trabajadores, sino del cumplimiento sistemático de protocolos y de la supervisión activa de las autoridades responsables.

La tragedia en Villa Amancay, que enluta a toda la comunidad, deja así una enseñanza dolorosa: la necesidad de transformar el compromiso solidario de quienes arriesgan su vida en un compromiso real de los organismos públicos con la protección de sus trabajadores.

La Jefatura de Gabinete prorrogó la designación de un funcionario con excepciones administrativas

En el Boletín Oficial del 8 de septiembre fue publicada la Resolución 181/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la cual se prorrogó por 180 días hábiles la designación transitoria del ingeniero Gastón Alfredo Testa como Director Nacional de Sistemas para las Contrataciones de Bienes y Servicios y de Obra Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Contrataciones.

La decisión, que implica la continuidad de un cargo clave en el sistema de adquisiciones del Estado nacional, presenta varios aspectos que llaman la atención.

Designación con múltiples excepciones

El texto de la resolución detalla que la continuidad de Testa se enmarca en excepciones previstas en distintos decretos y resoluciones que limitan designaciones transitorias. En particular, se señala que no se pudo avanzar con un proceso de selección para cubrir el cargo, motivo por el cual se prorrogó la designación en carácter de excepción.

Este mecanismo no es nuevo en la administración pública, pero en este caso las referencias a normas específicas y a informes internos remarcan que el funcionario continúa en el puesto gracias a un régimen excepcional que se extiende desde 2024.

Firma de otro funcionario, no del jefe de Gabinete

La medida fue firmada por Juan Manuel Gallo, secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, y no por Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete. El propio decreto 958/2024 permite delegar estas facultades en niveles inferiores, aunque resulta inusual que una prórroga de un cargo estratégico se formalice sin la rúbrica del titular del área.

Un plus salarial por función ejecutiva

La resolución también autoriza el pago de la Función Ejecutiva Nivel I, un adicional salarial que corresponde a cargos de conducción dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Este beneficio incrementa de manera significativa la remuneración del funcionario, lo que refleja la importancia del puesto en la estructura estatal.

Un cargo simultáneo en ANAC

Otro elemento que genera interrogantes es que, según registros públicos y antecedentes previos, Testa también se desempeñaría en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De confirmarse esta doble función, implicaría que percibe dos salarios del Estado nacional en paralelo, un hecho que, si bien no necesariamente ilegal, plantea dudas sobre compatibilidad horaria y administrativa. La máxima autoridad de ANAC es Oscar Villabona, la Dirección de Administración y Gestion de Recursos Humanos está a cargo de la Abog. AGUADA Barbara y en tanto el Dto. de Administración de Cargos y Contrataciones está a cargo de la Sra. CARDOZO DI FLORIO Florencia. Siendo un área dependiente de la Dirección Gral., Legal Técnica y Administrativa cuyo responsable es el Abog. FEIJOO Jorge. Mientras tanto en la JGM el área de Recursos Humanos está a cargo del Mag. César Adrián BONÉ.

Un puesto estratégico en contrataciones

La Dirección a cargo de Testa tiene como misión central gestionar los sistemas para las contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. Es un área sensible, ya que de ella dependen procesos que involucran grandes volúmenes de recursos públicos y que requieren altos estándares de transparencia y control.

Un caso que abre interrogantes

La publicación de la resolución deja planteados varios puntos de interés:

• La persistencia en el uso de designaciones excepcionales, en lugar de avanzar con concursos.

• La firma delegada en lugar de la autoridad máxima de la Jefatura de Gabinete.

• La posible simultaneidad de cargos en distintos organismos estatales.

• El plus salarial adicional que implica un costo mayor para el Estado.

En definitiva, se trata de una decisión administrativa que garantiza la continuidad de un cargo clave, pero que también exhibe una serie de particularidades que llaman la atención en materia de transparencia, gestión de recursos humanos y organización del sector público.

Crisis en PAMI Junín, entre la interna de La Libertad Avanza y denuncias por corrupción

El Gobierno nacional apartó de su cargo en el mes de Mayo a Alberto Pascual, titular del PAMI en Junín y coordinador local de La Libertad Avanza (LLA), tras una fuerte interna partidaria que se hizo pública en redes sociales. La decisión coincidió con un nuevo pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante de Junín sobre la gestión de medicamentos en la delegación del organismo, en medio de denuncias por presuntas irregularidades a nivel nacional.

La interna libertaria que terminó con el desplazamiento de Pascual

El conflicto se desató luego de que la militante Marina Biagetti, vinculada a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” —espacio cercano al influencer Daniel “Gordo Dan” Parisini y al diputado Agustín Romo— denunciara en redes sociales que había sido expulsada de un grupo de militancia libertaria en Junín por decisión de Pascual.

Biagetti publicó capturas de WhatsApp donde se explicitaba que la medida respondía a su afinidad con sectores que responden directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en tensión con la conducción bonaerense que lidera el diputado Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia.

La difusión del caso derivó en una escalada en redes sociales con cruces entre dirigentes libertarios, lo que motivó que Pareja interviniera y confirmara el desplazamiento de Pascual tanto de la conducción local de LLA como de la dirección del PAMI. Fue reemplazado por Mauro Imperatori, en coordinación con la concejal Belén Veronelli y otros referentes juninenses.

En un comunicado, Pareja afirmó que “las diferencias de criterios y formas nunca pueden poner en riesgo el trabajo que llevan adelante los bonaerenses de bien siguiendo las ideas de la Libertad que levanta en alto nuestro presidente Javier Milei”.

Por su parte, Pascual reconoció públicamente su salida y agradeció el tiempo en funciones. El dirigente había asumido la jefatura local del PAMI en octubre de 2024 y anteriormente había colaborado con el exministro Florencio Randazzo en las legislativas de 2017.

Reclamos en el Concejo Deliberante por la gestión de medicamentos del PAMI

En paralelo, concejales del bloque justicialista de Junín presentaron un pedido de informes para que la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI aclare el mecanismo de compra y distribución de medicamentos.

El concejal Gastón Bisio explicó que la solicitud está vinculada a los audios que circularon en los últimos días sobre presunto pago de coimas a Karina Milei, hermana del Presidente, en el marco de contrataciones de fármacos. “Queremos saber cómo fue el abastecimiento, los motivos de las demoras, los montos de las contrataciones y las denuncias recibidas”, señaló.

En particular, se plantearon preocupaciones por el suministro de medicamentos oncológicos y el posible impacto en la salud de los afiliados. Bisio subrayó que en Junín funciona además una sucursal de la droguería Suizo-Argentina, mencionada en la polémica por ser una de las principales proveedoras del sistema.

El pedido fue dirigido a la UGL Junín, con la expectativa de que las autoridades respondan en breve. “Lo que buscamos es claridad para los afiliados y la garantía de que no hubo objeciones en el proceso de compra y entrega”, concluyó el concejal.

Un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos institucionales

La salida de Pascual se suma a otras bajas recientes en el oficialismo por conflictos en redes sociales o polémicas públicas. Entre los casos más resonantes figuran el del exsubsecretario de Deportes, Julio Garro, y el del exsecretario de Agricultura, Fernando Vilella.

La coincidencia entre la crisis interna libertaria en Junín y el pedido de informes por medicamentos pone nuevamente bajo la lupa la gestión del PAMI, organismo que en la ciudad atiende a miles de jubilados y pensionados, en un contexto nacional marcado por denuncias de irregularidades en el sistema de provisión de fármacos y tensiones dentro de la coalición oficialista.

Escándalo en el PAMI: sobreprecios millonarios en lentes intraoculares y cuestionamientos al nuevo sistema de compras

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enfrenta un nuevo escándalo luego de la publicación de la Resolución 1560/2025, que adjudicó la Licitación Pública Nº 12/25 a las empresas Implantec S.A., MSZ S.R.L., Visión Médica 2000 S.A., Centro Óptico Casin S.A. y VSA Alta Complejidad S.A. por un monto superior a $80.730 millones. La adjudicación fijó precios unitarios por lente que en algunos casos superan los $150.000 y alcanzan los $300.000, muy por encima de los valores previos de mercado. Todo surge tras una el programa ¿Y mañana qué?, el programa de Luciana Geuna por TN.

Los oftalmólogos denunciaron que el contraste con el esquema anterior es notorio: hasta julio, cada médico compraba directamente los lentes a laboratorios a un precio promedio de $35.000 y luego se le reintegraba el monto junto con sus honorarios. Con la centralización dispuesta en agosto, mediante la Resolución 1737/2025, los valores se multiplicaron y comenzaron a registrarse demoras en la entrega de insumos, lo que obligó a reprogramar cirugías de cataratas.

 

Los ejemplos documentados por los profesionales son contundentes. Implantec S.A. vendió lentes Acryfold a $24.800 a un médico, pero al PAMI le facturó $162.166. Visión Médica 2000 S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249, mientras que al organismo se los adjudicó a $279.704. MSZ S.R.L. presupuestó lentes Auroflex a $32.000 más IVA, pero PAMI terminó abonando $177.939. Las pruebas aportadas incluyen facturas, presupuestos y actas de licitación.

El organismo, dirigido por el Dr. Esteban Ernesto Leguízamo (Director Ejecutivo) y el Dr. Carlos Blas Zamparolo (Subdirector Ejecutivo), respondió que la comparación de precios “no es válida”. Según PAMI, el nuevo esquema incluye no solo el lente, sino también doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión garantizada. De acuerdo con el cálculo oficial, el costo total de la cirugía más insumos asciende a $565.000, cifra que afirman es menor a la que pagan la obra social del Poder Judicial ($740.000) y OSDE (más de $1.148.000).

Además de Leguízamo y Zamparolo como autoridades figuran en los diversos procesos de compra del organismo el Coordinador Ejecutivo Pedro Miguel Insausti y cómo Gerente de Administración e Infraestructura Eduardo Agustín Cardeza aunque en otros procesos de figura Hernán Alberto Monteleone.

Sin embargo, este no es el primer escándalo que golpea al PAMI. En los años noventa, la gestión de Víctor Alderete terminó en causas judiciales por administración fraudulenta, que concluyeron en sentencias firmes con condena. Durante la década de 2000, la entonces titular Graciela Ocaña denunció sobreprecios en contratos con prestadores y promovió reformas para transparentar las compras.

Más recientemente, en 2024 y 2025, surgieron investigaciones fiscales por presuntos pedidos de aportes económicos a trabajadores y prestadores del organismo para financiar actividades del partido oficialista La Libertad Avanza. Estas denuncias derivaron en pedidos de informes en el Congreso y en causas judiciales abiertas en el fuero federal. Además, en varias provincias —incluida Salta— hubo juicios contra funcionarios y contratistas locales vinculados a la gestión de prestaciones y contrataciones, con condenas de prisión condicional, multas e inhabilitaciones confirmadas por tribunales.

Los antecedentes judiciales muestran un patrón recurrente: denuncias por sobreprecios, direccionamiento de contratos y administración fraudulenta que en algunos casos ya cuentan con condenas firmes, y en otros se encuentran en etapa de instrucción o apelación.

El nuevo caso de los lentes intraoculares vuelve a colocar al PAMI bajo la lupa de la opinión pública, de la justicia y del Congreso. Lo que debía ser un sistema más eficiente y económico terminó derivando en costos extraordinarios y en un fuerte enfrentamiento entre médicos y autoridades.