El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enfrenta un nuevo escándalo luego de la publicación de la Resolución 1560/2025, que adjudicó la Licitación Pública Nº 12/25 a las empresas Implantec S.A., MSZ S.R.L., Visión Médica 2000 S.A., Centro Óptico Casin S.A. y VSA Alta Complejidad S.A. por un monto superior a $80.730 millones. La adjudicación fijó precios unitarios por lente que en algunos casos superan los $150.000 y alcanzan los $300.000, muy por encima de los valores previos de mercado. Todo surge tras una el programa ¿Y mañana qué?, el programa de Luciana Geuna por TN.
Los oftalmólogos denunciaron que el contraste con el esquema anterior es notorio: hasta julio, cada médico compraba directamente los lentes a laboratorios a un precio promedio de $35.000 y luego se le reintegraba el monto junto con sus honorarios. Con la centralización dispuesta en agosto, mediante la Resolución 1737/2025, los valores se multiplicaron y comenzaron a registrarse demoras en la entrega de insumos, lo que obligó a reprogramar cirugías de cataratas.
Los ejemplos documentados por los profesionales son contundentes. Implantec S.A. vendió lentes Acryfold a $24.800 a un médico, pero al PAMI le facturó $162.166. Visión Médica 2000 S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249, mientras que al organismo se los adjudicó a $279.704. MSZ S.R.L. presupuestó lentes Auroflex a $32.000 más IVA, pero PAMI terminó abonando $177.939. Las pruebas aportadas incluyen facturas, presupuestos y actas de licitación.
El organismo, dirigido por el Dr. Esteban Ernesto Leguízamo (Director Ejecutivo) y el Dr. Carlos Blas Zamparolo (Subdirector Ejecutivo), respondió que la comparación de precios “no es válida”. Según PAMI, el nuevo esquema incluye no solo el lente, sino también doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión garantizada. De acuerdo con el cálculo oficial, el costo total de la cirugía más insumos asciende a $565.000, cifra que afirman es menor a la que pagan la obra social del Poder Judicial ($740.000) y OSDE (más de $1.148.000).
Además de Leguízamo y Zamparolo como autoridades figuran en los diversos procesos de compra del organismo el Coordinador Ejecutivo Pedro Miguel Insausti y cómo Gerente de Administración e Infraestructura Eduardo Agustín Cardeza aunque en otros procesos de figura Hernán Alberto Monteleone.
Sin embargo, este no es el primer escándalo que golpea al PAMI. En los años noventa, la gestión de Víctor Alderete terminó en causas judiciales por administración fraudulenta, que concluyeron en sentencias firmes con condena. Durante la década de 2000, la entonces titular Graciela Ocaña denunció sobreprecios en contratos con prestadores y promovió reformas para transparentar las compras.
Más recientemente, en 2024 y 2025, surgieron investigaciones fiscales por presuntos pedidos de aportes económicos a trabajadores y prestadores del organismo para financiar actividades del partido oficialista La Libertad Avanza. Estas denuncias derivaron en pedidos de informes en el Congreso y en causas judiciales abiertas en el fuero federal. Además, en varias provincias —incluida Salta— hubo juicios contra funcionarios y contratistas locales vinculados a la gestión de prestaciones y contrataciones, con condenas de prisión condicional, multas e inhabilitaciones confirmadas por tribunales.
Los antecedentes judiciales muestran un patrón recurrente: denuncias por sobreprecios, direccionamiento de contratos y administración fraudulenta que en algunos casos ya cuentan con condenas firmes, y en otros se encuentran en etapa de instrucción o apelación.
El nuevo caso de los lentes intraoculares vuelve a colocar al PAMI bajo la lupa de la opinión pública, de la justicia y del Congreso. Lo que debía ser un sistema más eficiente y económico terminó derivando en costos extraordinarios y en un fuerte enfrentamiento entre médicos y autoridades.
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