El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 668/2025, publicado en el Boletín Oficial, los ascensos correspondientes al personal de la Policía Federal Argentina (PFA) con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2024. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incluye la promoción de efectivos en distintos grados y escalafones.
El decreto se enmarca en lo dispuesto por la Ley 21.965 y sus modificaciones, y contó con la intervención de los servicios de asesoramiento jurídico de la propia fuerza y del Ministerio de Seguridad Nacional. Según consta en el texto, los ascensos se efectivizan de acuerdo con lo solicitado por el jefe de la Policía Federal.
Sin embargo, diversas fuentes consultadas señalaron que entre los ascendidos figuran agentes que habían sido objeto de denuncias administrativas. Las presentaciones, de acuerdo con la información recopilada, son habitualmente canalizadas ante la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales, Antonella Fiore, quien integra la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección Nacional de Bienestar Policial, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género.
Estas denuncias se suman a las realizadas por los incumplimientos de funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional cómo Maria Laura Arce y María Lorena Petrovich.
Según testimonios, el procedimiento seguido en estos casos consistiría en una consulta interna a la fuerza involucrada, tras la cual —y en función de la respuesta institucional— las denuncias suelen ser archivadas sin un análisis de fondo ni instancias adicionales de revisión. Esto ha generado críticas de sectores internos, que advierten que el área encargada de velar por la protección de derechos en el ámbito policial no exhibe estadísticas públicas sobre la cantidad de reclamos, su estado ni los criterios de resolución aplicados. Tampoco se encuentra disponible un manual de procedimientos que oriente a los denunciantes sobre los pasos a seguir.
Personas vinculadas al sector remarcan que este funcionamiento de carácter burocrático impide una resolución efectiva de los conflictos y abre la puerta a que agentes con numerosos señalamientos puedan ser promovidos. Inclusive, se han mencionado posibles prácticas irregulares relacionadas con la ausencia de información en legajos reservados, lo que alimenta sospechas sobre eventuales casos de corrupción.
La falta de auditorías y mecanismos de control independientes, advierten, contribuye a un escenario de baja transparencia en los procesos de ascenso dentro de la fuerza.
El personal consultado indica que todo está en el "sistema GDE", pero que nadie realiza un control sobre el mismo de forma real.
El decreto completo y el anexo con los nombres del personal promovido pueden consultarse en la edición digital del Boletín Oficial de la República Argentina.
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