Denuncias y Cuestionamientos en la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales del Ministerio de Seguridad

Antonella Fiore, quien actualmente ocupa el cargo de Coordinadora de Protección de Derechos Laborales en la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección Nacional de Bienestar Policial, dependiente de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género de la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, ha sido objeto de serias acusaciones en el ejercicio de sus funciones. Bajo la dirección de la ministra Patricia Bullrich, las denuncias señalan prácticas cuestionables que generan preocupación.

Fiore, según las denuncias, ha sido acusada de ningunear, mandar a guarda temporal y exponer a los denunciantes, prácticas que comprometen la protección de los derechos laborales que su cargo pretende salvaguardar. Estas acciones han despertado serias críticas sobre su idoneidad y desempeño.

Cabe destacar que Antonella Fiore asumió su cargo de manera transitoria, en virtud de la Decisión Administrativa 838/2020, que le otorgó una autorización excepcional pese a no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del convenio correspondiente. Esta designación ha sido prorrogada en varias ocasiones, a través de las Resoluciones del Ministerio de Seguridad Nros. 86/21, 131/22 y 563/22, lo que ha generado dudas sobre la justificación de estas renovaciones continuas y la estabilidad laboral en dicho puesto.

Adicionalmente, se cuestiona la compatibilidad de su función en el Ministerio de Seguridad con su registro como empleadora en NOSIS, vinculada al "Convenio Marco MJYDH ACARA Automotor Leyes 23.283 y 23.412". Esta situación ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que Fiore esté percibiendo ingresos de otras fuentes, como el Registro Automotor, lo cual sería incompatible con su dedicación exclusiva al Ministerio.

Las acusaciones de nepotismo y abuso de poder, junto con la precariedad laboral que caracteriza su nombramiento transitorio, plantean serios interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales. Es imperativo que las autoridades pertinentes esclarezcan estas denuncias y garanticen el cumplimiento riguroso de los principios de integridad y profesionalismo en la administración pública.