El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos ha iniciado una investigación penal formal para desarticular un presunto esquema de recaudación ilegal que operaría dentro de la Policía de Entre Ríos, específicamente en la División 911 y Videovigilancia de la ciudad de Paraná. La causa, que ha sido caratulada por la querella como la de los "Adicionales Truchos", se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de efectivos policiales en actividad, quienes han aportado testimonios sobre una red organizada destinada a la malversación de fondos públicos derivados de los servicios de policía adicional. Ante la magnitud de las acusaciones y el riesgo de coacción, la Justicia ha dispuesto medidas cautelares para resguardar la identidad de los denunciantes y prevenir represalias internas dentro de la fuerza de seguridad.
La denuncia penal, que cuenta con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, apunta directamente contra la cúpula de la División 911. Entre los oficiales jefes señalados como responsables de estas maniobras se encuentran el Comisario Inspector Juan Manuel Zunino, actual jefe de la División 911 y Videovigilancia, así como los funcionarios policiales Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez. Según el escrito judicial, Zunino poseería un nivel de influencia y ascendencia institucional que trasciende la estructura policial, manteniendo vínculos con esferas del Ministerio de Seguridad y Justicia, lo que —según los denunciantes— habría facilitado la consolidación de un sistema de recaudación espurio con capacidad de autosustentarse y encubrirse a través del tiempo.
El jueves 30 de abril, el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de la instrucción de la causa, encabezó la primera medida de prueba de relevancia institucional al ordenar el secuestro de abundante documentación en soporte papel y dispositivos digitales en la sede central de la División 911 en Paraná. Los delitos que se investigan, y que podrían configurar una asociación ilícita, incluyen peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento. La hipótesis fiscal sugiere que no se trata de irregularidades administrativas aisladas, sino de un mecanismo aceitado de desvío de fondos que deberían haber sido destinados al personal que efectivamente cumple las tareas de vigilancia adicional, pero que habrían sido captados por los mandos superiores.
Este caso presenta paralelismos significativos con la histórica denuncia del suboficial Miguel Ángel Montiel dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), quien puso al descubierto una red de corrupción en la Superintendencia de Transporte Federal. Al igual que en la actual investigación contra la cúpula del 911 en Entre Ríos, Montiel denunció la existencia de "planillas fantasmas", un sistema mediante el cual se facturaban servicios adicionales inexistentes o se desviaban los pagos de los efectivos hacia los mandos superiores, señalando directamente al entonces comisario mayor Omar Farías. En ambos escenarios, el modus operandi describe una estructura jerárquica que utiliza su autoridad para institucionalizar el fraude, donde el personal subalterno es coaccionado para convalidar las maniobras. La comparación refuerza la hipótesis del abogado Pagliotto sobre un sistema de "recaudación ilegal" organizado, sugiriendo que, al igual que ocurrió en la Federal, estas prácticas de "adicionales truchos" suelen requerir de una logística interna compleja que solo puede sostenerse con la anuencia o participación de los altos mandos y la manipulación de los registros oficiales de servicio.
La gravedad institucional del caso ha provocado reacciones en los niveles más altos del Poder Ejecutivo provincial. Mientras el abogado Pagliotto sostiene que se trata de un "saqueo de fondos públicos" que requiere la intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la cúpula policial mantiene una postura de cautela. El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ha evitado realizar declaraciones pormenorizadas sobre el fondo de la acusación, limitándose a manifestar que la institución aguardará las resoluciones y los dictámenes que emita la Justicia. La causa se encuentra actualmente en su etapa de producción de prueba, mientras se analiza el material informático incautado para determinar el alcance total de la defraudación y la posible implicación de otras áreas de la fuerza.
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