En la noche del miércoles 8 de abril de 2026, la señal de Crónica TV fue escenario de una de las denuncias más graves de los últimos años contra la cúpula de las fuerzas de seguridad federales. Durante una entrevista conducida por el periodista Tomás Méndez, el cabo de la Policía Federal Argentina, Miguel Ángel Montiel, decidió presentarse uniformado para exponer un entramado de corrupción, malversación de fondos y violencia institucional. Montiel, quien se identificó como "auxiliar de la justicia" y exmilitar, comenzó detallando la crítica realidad económica que atraviesa el personal de base, señalando que, aunque nominalmente percibe un sueldo de casi 800.000 pesos, tras los descuentos de ley y préstamos personales, su ingreso de bolsillo se reduce a 400.000 pesos, cifra que lo obliga a realizar trabajos de mecánica en su domicilio para garantizar el sustento de sus tres hijos.
El testimonio de Montiel escaló rápidamente hacia denuncias criminales de carácter estructural, enfocándose en lo que denominó el uso de la institución como una "caja negra" de la política y de los mandos superiores. Según sus palabras textuales, existe un desvío sistemático de recursos relacionados con el combustible, los adicionales conocidos como "QTH" en las embajadas —los cuales, según aseguró, se cobran en dólares pero se desvían antes de llegar al personal— y las horas extras. "Estoy cansado de que los funcionarios de turno usen a la Policía como caja negra; roban porque son corruptos y las máximas autoridades, junto al gobierno de turno, hacen la vista gorda ante las necesidades y el abandono que sufrimos", sentenció el cabo frente a las cámaras, desafiando abiertamente la jerarquía institucional al afirmar que "un simple cabo tiene los huevos que no tienen los comisarios ni los coroneles" para denunciar estos hechos.
Uno de los puntos más alarmantes de la entrevista fue el relato de la persecución judicial y física que Montiel asegura estar sufriendo tras haber intentado presentar pruebas ante la justicia federal. El cabo relató que, tiempo atrás, se encadenó frente a la Casa Rosada en señal de protesta, lo que derivó en una serie de represalias que incluyeron el allanamiento de su propio domicilio. Según su transcripción, durante dicho procedimiento no se buscaron elementos vinculados a un delito, sino que "irrumpieron en mi domicilio y me robaron todos los elementos probatorios que tenía: me robaron la notebook, me robaron pendrives y me hicieron un desastre para que no pudiera denunciar a la Superintendencia de Transporte y a la División de Remuneraciones". Además, denunció que actualmente es objeto de vigilancia mediante drones, tiene sus teléfonos "pinchados" y ha detectado seguimientos por parte de personal de inteligencia en las cercanías de su hogar.
La gravedad de las acusaciones alcanzó un pico máximo cuando Montiel vinculó a sectores de la fuerza con el narcotráfico y el consumo de sustancias dentro del servicio. "Tengo pruebas de que la brigada se queda con porciones de droga en los procedimientos y hasta compran droga usando los móviles policiales; me lo pasó un camarada de forma anónima y tengo los videos", afirmó, alertando que si algo llegara a sucederle tras la nota, la responsabilidad recaería sobre la jefatura de la Policía Federal. El cabo también hizo hincapié en el deterioro de la salud mental dentro de la fuerza, mencionando que la prevención del suicidio es apenas "un banner en una página web" mientras que, en la realidad, el hospital Churruca se encuentra "caído a pedazos" y el personal se quita la vida ante la presión y la falta de recursos básicos para vivir.
Hacia la mitad del segmento, la entrevista incorporó el testimonio de la esposa de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina, quien se encontraba en el canal tras haber intentado, sin éxito, ser recibida en la Casa Rosada. La mujer denunció un cuadro de violencia institucional y persecución contra su marido, un oficial que fue dado de baja por "abandono de servicio" a pesar de contar con certificados médicos por salud mental. En su declaración, acusó directamente al Prefecto Nacional, Jiménez Pérez, señalando que "no puede ser que el máximo jefe de los prefectos esté imputado y siga en su cargo" mientras se hostiga al personal subalterno. Describió situaciones de humillación pública, donde su esposo recibió "17 sanciones en un solo día" y fue denigrado frente a sus compañeros por jefes superiores, en un esquema que calificó como una práctica habitual para purgar a quienes no se alinean con las irregularidades de la fuerza.
Finalmente, el cabo Montiel cerró su intervención reafirmando que, a pesar de saber que sería exonerado de la fuerza al día siguiente de la entrevista, su compromiso era con "la bandera nacional y no con los ladrones que visten el uniforme". Aseguró que ya ha prestado declaración en Comodoro Py y que, aunque la justicia sea "lenta y tenga convivencia con el sector político", él ya ha cumplido con su deber de dar visibilidad a la crisis. La transmisión concluyó con un clima de tensión evidente, mientras el denunciante recibía mensajes de apoyo de otros efectivos que, según sus palabras, "estaban llorando de alegría" al ver que alguien se atrevía a romper el silencio sobre las condiciones de indigencia y corrupción que afectan a las fuerzas federales en el año 2026.
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