Según un relevamiento de El Disenso, durante el ejercicio fiscal 2025, la Provincia de Buenos Aires ejecutó un presupuesto histórico destinado exclusivamente a la pauta publicitaria oficial.
La administración del gobernador Axel Kicillof desembolsó un total de $62.450.032.922 en concepto de propaganda y comunicación mediática.
Esta cifra monumental representa el equivalente a 50 millones de dólares gastados únicamente para reforzar el posicionamiento político gubernamental.
El incremento del gasto fue del 139% en términos nominales respecto al año anterior, duplicando lo ejecutado en 2024.
Este flujo de dinero evidencia cómo la pauta oficial funciona como un mecanismo de condicionamiento hacia los medios de comunicación.
La distribución arbitraria de estos recursos permite al poder ejecutivo influir directamente en la línea editorial de las empresas periodísticas.
Al financiar estructuras mediáticas con fondos públicos, se corre el riesgo de erosionar la independencia crítica del periodismo bonaerense.
Los datos revelan una fuerte concentración: más del 50% del presupuesto total quedó en manos de solo diez grupos empresariales.
El Grupo Indalo encabezó la lista de beneficiarios, recibiendo más de $7.681 millones durante el año electoral.
Le siguieron el Grupo América y el Grupo Crónica, consolidando una tendencia de asignación de recursos a grandes conglomerados.
El Grupo El Destape ocupó el cuarto lugar, sumando más de $3.349 millones a través de sus diversas plataformas.
Esta inyección de liquidez contrasta severamente con la falta de recursos en áreas críticas de la gestión provincial.
El récord en gasto comunicacional se produjo en simultáneo con graves deudas en el sistema sanitario y conflictos con IOMA.
Mientras se transferían miles de millones a los medios, los hospitales provinciales enfrentaban reclamos por falta de insumos y pagos.
Asimismo, las paritarias docentes y estatales cerraron por debajo de la inflación, perdiendo poder adquisitivo frente al costo de vida.
Los fondos destinados a publicidad podrían haber financiado miles de salarios educativos o la compra de cientos de ambulancias.
La ministra Jesica Rey emitió 9.571 órdenes de publicidad, distribuidas de manera extremadamente desigual entre los medios registrados.
En el rubro digital, ElDestapeWeb.com lideró la recaudación con $2.597 millones, seguido por Infobae con $2.400 millones.
Se destaca la maniobra de "doble facturación" mediante portales espejo, como el caso de ElDestapeRadio.com, que sumó $725 millones adicionales.
La atomización de razones sociales dificulta la trazabilidad, pero los números confirman un financiamiento sostenido a medios afines.
Esta utilización de los recursos públicos plantea un debate ético sobre las prioridades de la administración en tiempos de crisis.
La pauta oficial deja de ser una herramienta de comunicación de actos de gobierno para convertirse en un sistema de premios y castigos.
El desvío de estos fondos priva a los contribuyentes de mejoras tangibles en infraestructura, seguridad y salud pública.
En definitiva, la gestión de 2025 priorizó la construcción de una narrativa favorable por sobre la resolución de las urgencias sociales.
martes, 17 de febrero de 2026
Récord de gasto publicitario en la Provincia: 50 millones de dólares en pauta oficial durante 2025
Un puñetazo al salario: la crisis de la Policía Bonaerense estalla en Mar del Plata
Un grupo de oficiales retirados de la Policía Bonaerense y familiares de efectivos en actividad protagonizaron este lunes una violenta protesta frente a la comisaría 1ª de esta ciudad. La manifestación, que buscaba visibilizar el reclamo de aumentos salariales y mejoras en la obra social IOMA, terminó con un comisario agredido.
El comisario mayor Cristian Fontana, titular de la Jefatura Departamental, se acercó al lugar para dialogar con los manifestantes. Un video del momento muestra cómo un hombre mayor, que sostenía una bandera argentina, lo golpeó en el rostro con un puñetazo. Fontana no respondió a la agresión.
Los manifestantes presentaron un petitorio formal dirigido al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Exigen un incremento salarial del 80% para todo el personal, sin distinción de jerarquía, y una actualización de las horas adicionales conocidas como CORES y POLAD.
Marcelo Carlos Di Pasqua, exjefe de la Departamental y actual abogado, es el vocero del reclamo. En la nota, advierte que los sueldos actuales "no superan los $900.000" para los oficiales, una cifra insuficiente para cubrir la canasta básica. "Hacen Uber para sobrevivir", señaló Di Pasqua en el documento.
La crítica situación salarial no es un secreto para las autoridades. El ministro Javier Alonso reconoció días atrás que "los sueldos en la Argentina son una miseria", admitiendo que un oficial en sus primeros años de carrera no alcanza a cubrir sus gastos básicos pese a percibir alrededor de un millón de pesos.
Esta realidad ha empujado a los efectivos al pluriempleo, un fenómeno que el propio Estado valida implícitamente al no garantizar un salario digno. Alonso confirmó que unos 30.000 policías bonaerenses se inscriben mensualmente para realizar trabajos de policía adicional (servicios privados) para complementar sus ingresos.
El ministro fue más allá y reveló las actividades que muchos efectivos realizan por fuera de la fuerza. "Tenemos muchos policías que, por ejemplo, están manejando autos de aplicaciones", combinando "el trabajo policial con el trabajo de policía adicional, más el trabajo en una aplicación".
En un giro que expone la desesperación económica, Alonso admitió que personal femenino de la fuerza ha recurrido a plataformas como OnlyFans para generar ingresos. El ministerio, lejos de solucionar la raíz del problema, se limita a asesorarlas "para que no cometan un acto de indisciplina".
El Estado no solo tolera este pluriempleo, sino que fomenta un sistema de ingresos precarios para sus agentes. Los salarios magros obligan a los policías a buscar alternativas, a menudo en horarios que deberían ser de descanso, afectando su rendimiento y su salud.
A esto se suma una estructura salarial que perjudica el futuro de los agentes. Gran parte de los ingresos se compone de ítems no remunerativos, que no aportan a la obra social IOMA ni al sistema previsional. Esto constituye un fraude de hecho, ya que reduce las contribuciones y deja a los policías con coberturas de salud deficientes y haberes jubilatorios miserables.
El problema de IOMA fue un eje central de la protesta en Mar del Plata. Los manifestantes denuncian que la obra social redujo drásticamente la lista de centros médicos y demora los pagos a prestadores, lo que en muchos casos suspende tratamientos y intervenciones quirúrgicas.
"Usted no ignora que los bajísimos sueldos... no alcanzan para cubrir una canasta básica", increpa Di Pasqua al ministro Alonso en la carta. El documento, que también reclama un 100% de aumento en el coseguro de medicamentos, será derivado al gobernador Axel Kicillof.
El contexto de ajuste nacional agrava la crisis provincial. Alonso recordó que el gobierno de Javier Milei le "quitó a la provincia de Buenos Aires doce mil millones de dólares" en dos años mediante la reducción de la coparticipación federal, limitando la capacidad de respuesta de la administración de Kicillof.
La violencia en la protesta opacó el reclamo de fondo. La fiscalía de turno ya investiga la agresión al comisario Fontana y trabaja en la identificación del agresor, utilizando el video del ataque que circula en redes y fue aportado por los propios manifestantes.
domingo, 15 de febrero de 2026
Sur Finanzas: empresas de Miami Delker y Seriva recibieron transferencias millonarias vinculadas a Javier Faroni
Nicolás Pizzi del diario La Nación reveló que Delker Inc y Seriva Inc, dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección de Miami, recibieron transferencias por casi US$5 millones desde las cuentas de TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Las autorizaciones fueron realizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, entre abril y julio de 2024. Ambas firmas se disolvieron en enero de 2025.
Delker Inc acumuló US$3.705.300. Seriva Inc recibió US$998.000. Los fondos provinieron de cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America a nombre de TourProdEnter, según registros bancarios a los que tuvo acceso LA NACION.
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Las dos compañías fueron creadas el 8 de mayo de 2023. Fueron inscriptas por American Incorporators Ltd, una registradora de Wilmington, y quedaron a nombre de Sandro Maximo Salas Sevilla como director. LA NACION intentó contactarlo sin obtener respuesta.
El domicilio declarado por ambas es el mismo: 8333 NW 53 Street, en Doral, un complejo de oficinas de seis pisos. Allí, Delker y Seriva figuraban en la oficina 450, del cuarto piso. Una empleada del edificio confirmó que solo contrataron el servicio de “oficina virtual”, que permite recibir correspondencia sin ocupar físicamente el lugar.
El complejo ofrece alquiler de espacios por hora o por mes, con precios desde US$569. En el hall se anuncian empresas de medicina, estudios jurídicos y firmas de seguros. También aparece una firma del rubro textil, el mismo que declaraban Delker y Seriva.
La primera transferencia relevante ocurrió el 1 de abril de 2024. A las 10:49, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a Delker desde la cuenta de City Bank de TourProdEnter. Dos minutos después, a las 10:51, ordenó una transferencia de US$50.000 a Seriva. La secuencia se repitió el 2, 3 y 4 de abril.
Desde Bank of America, Delker recibió diez transferencias, casi todas en 2024, registradas como pago de “servicios”. También obtuvo US$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024. Los pagos de abril sumaron US$560.000. Todos fueron autorizados por Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando más de US$260 millones.
Seriva, por su parte, recibió un pago de US$295.000 desde Bank of America, justificado como “pago proveedores”. Desde City Bank se sumaron otros US$703.000 durante los primeros cuatro días de abril de 2024.
Ambas empresas mantienen sitios web activos. El de Delker afirma: “Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo”. El sitio de Seriva tiene exactamente el mismo texto, las mismas fotografías, el mismo diseño y el mismo número de teléfono. Se trata de dos páginas web clonadas.
Las transferencias a Delker y Seriva coincidieron en el tiempo con pagos a otras cuatro sociedades constituidas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. En conjunto, estas firmas permitieron desviar al menos US$42 millones, según la investigación.
El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, Soagu recibió US$365.000. El 6 de junio de 2024, Delker recibió US$310.000 desde Bank of America; minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch y a Soagu.
Marmasch fue creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz. El nombre combina “Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz. Soagu Services fue creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en Bariloche. Ambos dejaron de trabajar tras el escándalo.
Javier Faroni y su esposa ya se presentaron en la causa que tramita ante el juez federal Luis Armella. También existe un expediente iniciado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que incorporó registros bancarios obtenidos mediante dos procesos de discovery en la Justicia de Estados Unidos.
Esos documentos también revelaron pagos a W Trading LLC, propiedad del argentino Matías Fernández, y transferencias por casi US$17 millones destinadas a aviones, yates, autos, caballos y servicios de peluquería.
El expediente continuará en el fuero penal ordinario tras una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. El fallo representa un revés para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, quienes buscaban concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga una mansión en Pilar.
El 9 de enero de 2025, Delker y Seriva se disolvieron en Miami. En febrero de 2025, Delker se registró en el estado de California, pero su inscripción duró solo hasta julio, según un abogado que sigue el caso.
sábado, 14 de febrero de 2026
Acoso laboral por falta de asignación de tareas o acusado de ser "ñoqui VIP": conflicto en el gobierno de Neuquén
El gobierno de Neuquén despidió a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, tras descubrir que cobraba su sueldo sin trabajar, este se defendió acusando de que no le asignaban tareas, cuestión que puede constituir un acoso laboral por parte del gobierno provincial.
Las cámaras de seguridad del Ministerio de Energía lo captaron fichando su ingreso y retirándose inmediatamente.
Salvatori era empleado de planta permanente de esa cartera. Las imágenes confirmaron que marcaba su asistencia y abandonaba el edificio en menos de 30 segundos.
La investigación abarcó faltas cometidas entre julio de 2020 y junio de 2025. Durante ese período, no registró tareas válidas ni asistencias reales a su puesto.
El sistema de control por huella dactilar, implementado por la gestión de Rolando Figueroa, fue clave para detectar al "ñoqui vip". El gobierno busca recuperar los sueldos percibidos indebidamente.
La junta de disciplina provincial determinó que incurrió en abandono de cargo, aunque los procesos administrativos suelen adolecer de debido proceso adjetivo.
En su defensa, Salvatori alegó que no le asignaban funciones y se declaró víctima de persecución, lo que suele ser un comportamiento habitual cuando hay diversas gestiones de gobierno con posiciones políticas disímiles, de confirmarse la falta de asignación de funciones podría constituir un acoso laboral.
El gobierno inició el proceso para restituir las sumas pagadas. De no concretarse, se presentará una demanda por enriquecimiento sin causa ante la fiscalía.
viernes, 13 de febrero de 2026
Robo y "mensaje mafioso": Desvalijan la vivienda del cabo de la PFA que denunció corrupción en la Casa Rosada
La situación del Cabo Primero de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, ha escalado a un nuevo nivel de gravedad. El suboficial, quien cobró notoriedad pública el pasado miércoles 4 de febrero tras encadenarse a las rejas de la Casa Rosada para denunciar una trama de corrupción sistémica en la fuerza, ha sido víctima de un robo en su domicilio particular. El hecho, denunciado por su familia, ocurre en un contexto de alta tensión institucional y persecución administrativa contra el denunciante.
El hecho delictivo y análisis de la evidencia
Según información difundida inicialmente por el periodista Pablo Sebastián Giles, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Montiel en horas de la noche. El inventario de lo sustraído sugiere un interés específico en información sensible más que en bienes de consumo general: se llevaron una notebook, un pendrive, una carpeta con documentación y la suma de 200.000 pesos.
Las imágenes adjuntas al caso, que han circulado como prueba del siniestro, revelan la violencia del ingreso y la desesperación de la familia:"Mi familia está en peligro"
— Pablo Sebastián Giles (@pablosgilesok) February 12, 2026
El cabo primero de PFA, Miguel Angel Montiel, quien hace pocos días se encadenó en #CasaRosada para denunciar #Corrupción, sufrió un robo en su vivienda familiar.
Le sustrajeron 1 notebook, 1 pendrive, 1 carpeta con documentación y 200.000 Pesos. pic.twitter.com/SLVxJJDzwG
- Lugar del hecho: Una fotografía del dormitorio principal muestra un escenario de desorden total, típico de un registro exhaustivo. Se observa un cajón de un mueble arrancado y arrojado sobre la cama, la cual se encuentra cubierta de pilas de ropa, papeles y pertenencias revueltas, evidenciando la búsqueda frenética de objetos específicos.
- El pedido de auxilio: Capturas de pantalla de una conversación de "Ana", esposa del cabo Montiel, confirman la naturaleza del suceso. A las 10:40 am, Ana envió la fotografía del dormitorio revuelto acompañada de un mensaje contundente: "Mi familia está en peligro".
- Confirmación del robo: En un mensaje subsiguiente, la esposa detalla: "Hola soy esposa del cabo Montiel esposado en casa rosada anoche sufrimos un robo en mí casa se llevaron compu pendrive y mucho material". La sustracción de soportes digitales ("compu", "pendrive") y "material" documental refuerza la hipótesis de que el robo podría estar vinculado a las denuncias de corrupción que Montiel elevó ante la justicia federal.
La denuncia de "Planillas Fantasmas"
El robo ocurre pocos días después de que Montiel expusiera públicamente irregularidades graves en la ex Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina. Su protesta en Balcarce 50 apuntó directamente contra el titular de dicha área, el Comisario General Omar Farías.
El eje de la denuncia de Montiel, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, radica en la existencia de "planillas fantasmas". Según su testimonio, existe un esquema de defraudación mediante el cual figuran asignaciones de personal y cobro de servicios adicionales que nunca se prestan, mientras que el personal operativo es obligado a cubrir brigadas sin remuneración y fuera de su horario laboral. Montiel señaló explícitamente que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", implicando que los fondos destinados a la seguridad ferroviaria serían desviados.
En su acusación, el cabo involucró a una cadena de mandos que, según él, tenían conocimiento de las maniobras: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez, el Subcomisario David Antonio Ramírez y el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez, entre otros oficiales e inspectores de la división.
La causa judicial y la persecución administrativa
La denuncia de Montiel no quedó solo en lo mediático. Según consta en el registro interno N° 14/2026 de la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos —firmado por la Principal Alejandra N. Marelli—, la causa ha sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.
Sin embargo, paralelamente al carril judicial, se activaron mecanismos internos que sugieren una represalia institucional. Se detectó una maniobra para desacreditar al policía mediante una citación a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección falsa (General Hornos 168 en lugar de la dirección correcta, General Hornos 768). Este hecho, expuesto por el periodista Fabián Waldman y analizado por Ximena de Tezanos Pinto, fue interpretado como una táctica deliberada para fabricar una causa de ausentismo injustificado, patologizar al denunciante y forzar su exoneración.
Silencio oficial y responsabilidades políticas
A pesar de la gravedad institucional que implica el robo de pruebas a un denunciante de corrupción estatal, el silencio de las autoridades es absoluto. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
La denuncia escala hacia responsabilidades políticas superiores debido a la naturaleza de los fondos y servicios involucrados. La supervisión del área afectada incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. En última instancia, la vigilancia presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
Cabe destacar que los procesos de adquisición de servicios adicionales efectuados por la Policía Federal Argentina, si bien formalmente parecen correctos adolecen de diversos elementos esenciales, transformándose los mismos en una mera "máscara de legalidad".
El cabo Montiel, quien se ha declarado partidario de la gestión del presidente Javier Milei pero crítico de la desprotección a la fuerza, advirtió durante su protesta: "Seguramente me van a sancionar... las denuncias nunca llegan a ningún lado porque se cubren entre todos". El robo en su vivienda, con la sustracción de documentación clave, parece confirmar sus temores más oscuros sobre la vulnerabilidad de quienes deciden romper el pacto de silencio.
miércoles, 11 de febrero de 2026
La UIF adjudicó 12 meses de policía adicional sin definir horas, personal o requisitos: solo un oferente y una "cáscara de legalidad"
El proceso 368-0002-CDI26 se tramita por contratación directa, con orden de compra abierta, plazos exprés y ausencia total de condiciones técnicas, económicas o administrativas
La Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha el proceso de contratación directa N° 368-0002-CDI26, destinado a contratar el “Servicio de Policía Adicional 2026” por un plazo de doce meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta. El procedimiento, encuadrado en los artículos 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y 14 y 25 del Decreto N° 1030/2016, presenta múltiples irregularidades que impiden cualquier evaluación sustantiva del gasto, y se limita a cumplir formalidades sin aportar información sustancial.
Un solo oferente, cero competencia
El proceso fue adjudicado directamente a la Policía Federal Argentina, con CUIT 30-62405191-9, como único proveedor. Si bien la normativa habilita la contratación directa interadministrativa en determinados supuestos, la ausencia de fundamentos explícitos en el expediente —sumada a la falta de publicación de pliegos o requisitos específicos— impide constatar si existían alternativas viables o si se trató de una asignación automática sin evaluación de mercado.
Sin requisitos, sin criterios, sin control
El formulario oficial del proceso consigna textualmente, en los apartados correspondientes a requisitos mínimos de participación, que no se ingresaron requisitos económicos, técnicos ni administrativos. Esta omisión vacía de contenido el principio de concurrencia y contradice el deber de la administración de fijar condiciones claras, igualitarias y verificables.
No existe ningún documento público que precise la cantidad de agentes afectados, las horas de servicio contratadas, los lugares a custodiar, el equipamiento exigido ni las obligaciones específicas del prestador. La descripción del objeto del gasto se limita a repetir la expresión “Vigilancia y custodia” bajo el código 3.9.3-1387.1, sin cuantificar el esfuerzo estatal comprometido ni el costo unitario por hora o por efectivo.
Orden de compra abierta: un cheque en blanco
La elección de la modalidad “orden de compra abierta” para un servicio de ejecución continua y plazo anual constituye, en este contexto, una decisión que diluye los mecanismos de control previo. Al no establecerse un monto máximo ni una estimación de consumo, se delega en la gestión diaria la definición del gasto, sin que exista parámetro objetivo para evaluar su razonabilidad.
Plazos exprés y falta de transparencia
El cronograma del proceso evidencia una tramitación inusualmente acelerada: publicado el 6 de febrero, abrió un período de consultas de apenas cuatro días hábiles y fijó la apertura de ofertas para el 11 de febrero. Este diseño impide cualquier participación sustancial, máxime cuando no se explicitaron los fundamentos de la urgencia ni se adjuntaron estudios técnicos que la justifiquen.
A ello se suma que, pese a tratarse de una contratación directa, la información publicada no permite conocer ni la dotación de personal, ni la distribución horaria, ni los criterios de facturación. La UIF se limitó a cargar en el sistema COMPR.AR los campos obligatorios, sin incorporar datos sustantivos que posibiliten una evaluación ex ante o ex post del gasto.
Cáscara de legalidad, vacío de gestión
Especialistas en contrataciones públicas consultados por este medio señalaron que el proceso exhibe todos los rasgos de una “cáscara de legalidad”: se respetan los pasos formales —número de expediente, publicidad acotada, plazos mínimos—, pero se omiten deliberadamente los elementos que permitirían conocer el fondo del negocio jurídico. “No se sabe qué se compra, cuánto cuesta, ni por qué se necesita. No hay forma de controlar si el precio es razonable o si el servicio se presta adecuadamente”, indicó una fuente con acceso al sistema.
Consecuencias institucionales
La falta de información pública sobre la cantidad de puestos, las horas contratadas y el costo real del servicio impide no solo el control ciudadano, sino también la fiscalización interna por parte de las áreas de auditoría y de la Sindicatura General de la Nación. En un organismo cuyo mandato es prevenir e investigar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la opacidad en su propia gestión administrativa plantea serios interrogantes sobre los estándares que aplica a sí misma.
Al cierre de esta edición no se encontraban disponibles en el sistema los pliegos particulares ni las actuaciones preparatorias.
El proceso 368-0002-CDI26 quedará formalmente adjudicado, pero materialmente injustificado: un ejercicio de cumplimiento normativo que no rinde cuentas sobre el destino de los fondos públicos.
Recientemente el cabo Miguel Montiel denunció actos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina, situación que también implicaría mediante las denominadas "planillas fantasmas" la asignación a personal sobre servicios que cubría menos personas. Según la información publicada dicha causa fue denunciada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.
La muerte del suboficial Valdez expone un sistema de "fraude salarial" y abuso de autoridad que quebró la cadena de mando policial en Santa Fe
El trágico suicidio del agente oriundo de Vera fue el detonante de una protesta que trasciende lo económico. Los efectivos denuncian una ingeniería contable diseñada para evadir aportes mediante sumas en negro, un régimen de sanciones arbitrarias y una epidemia de salud mental silenciada por el poder político.
ROSARIO. – La crisis de seguridad pública en la provincia de Santa Fe ha entrado en una fase crítica e inédita. Tras el fracaso de las negociaciones de la madrugada de este miércoles, el conflicto policial se ha agudizado con un acuartelamiento de hecho y protestas frente a la Jefatura de Rosario. Sin embargo, detrás de los patrulleros parados y el humo de las cubiertas, subyace una problemática estructural mucho más profunda que un reclamo paritario: el colapso de un modelo de gestión basado en la precarización laboral y el hostigamiento administrativo.
El punto de quiebre fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años. Su deceso, ocurrido tras un intento de suicidio en las puertas de la misma Jefatura de la Unidad Regional II, visibilizó la desesperación de un sector que se siente descartable. Valdez, oriundo de Vera, encarnaba la realidad de miles de agentes que deben recorrer más de 500 kilómetros para prestar servicio en Rosario, sometidos a jornadas extenuantes y condiciones de desarraigo que el Estado provincial no ha logrado resolver.
La ingeniería del "fraude salarial"
El malestar en las filas policiales encuentra su raíz técnica en la composición de los haberes. Documentación y recibos de sueldo a los que se ha tenido acceso revelan una distorsión contable sistemática avalada por el Ministerio de Economía y Seguridad. En la actualidad, el "Sueldo Básico" de un agente representa, en muchos casos, menos del 10% del total de sus ingresos brutos.
El grueso del salario policial se compone de ítems "No Remunerativos" y "No Bonificables". Esta arquitectura financiera no es un error, sino una política de Estado que funciona, en la práctica, como una evasión de cargas sociales por parte del propio fisco. Al pagar mediante sumas fijas o códigos "parche" (como asignaciones especiales o refuerzos no bonificables), el gobierno evita que los aumentos impacten en la antigüedad y en los adicionales por título, achatando la pirámide jerárquica.
Esta maniobra tiene consecuencias devastadoras a largo plazo: desfinancia la Caja de Jubilaciones y vacía la obra social IAPOS. El policía activo percibe dinero de bolsillo que desaparece al momento del retiro, condenando al personal pasivo a la indigencia y obligando al personal en actividad a depender de "bonos" discrecionales que no generan derechos adquiridos. Juristas consultados advierten que el manejo discrecional de estas partidas presupuestarias para evitar obligaciones patronales podría encuadrarse en figuras de malversación de caudales públicos y fraude a la administración fraudulenta.
El abuso de autoridad como método de control
Más allá de lo económico, la protesta ha sacado a la luz un mecanismo perverso de disciplinamiento interno. Los efectivos denuncian que cualquier intento de reclamar por estas irregularidades o por las condiciones inhumanas de trabajo (regímenes de 12 horas de labor por 36 de descanso que no contemplan los tiempos de viaje) es sofocado mediante el abuso de autoridad.
El sistema de sanciones, particularmente los "pases a disponibilidad" y los sumarios administrativos, se utiliza como herramienta de censura. A esto se suma una práctica denunciada recurrentemente: el uso punitivo de la psiquiatría. Agentes que exponen su agotamiento o disconformidad son enviados compulsivamente a carpetas psiquiátricas y desarmados, no como una medida de cuidado, sino como una forma de estigmatización y congelamiento de carrera, anulando cualquier posibilidad de ascenso.
Fracaso político y ruptura de la jerarquía
La respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro ha sido, hasta el momento, endurecer la postura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, atribuyó el conflicto a "maniobras políticas" y "fake news" impulsadas por policías exonerados, llegando a ordenar la represión de familiares de los uniformados con gas pimienta, un hecho que terminó de romper la confianza entre la tropa y la conducción política.
A pesar del anuncio de un plus salarial de $500.000 para efectivos de calle, la medida fue rechazada por las bases. Los policías entienden que aceptar sumas fijas "en negro" es perpetuar el mismo sistema que destruye su futuro previsional. La cadena de mando se ha cortado: las órdenes de los jefes policiales, desautorizados por sus subordinados, no se cumplen, y la información no fluye hacia la cúpula gubernamental.
Un drama silencioso
El caso de Valdez no es aislado. Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2025 se registraron 17 suicidios de efectivos solo en la jurisdicción de Rosario, una cifra que supera estadísticamente a las bajas producidas por enfrentamientos con el crimen organizado. El mayor riesgo para el policía santafesino hoy no parece estar solo en las balas del narcotráfico, sino en la presión interna de una institución que no ofrece contención real.
Mientras el gobierno insiste en teorías conspirativas sobre perfiles falsos en redes sociales y manipulación política, la realidad en las calles muestra patrulleros detenidos y familias exigiendo dignidad. La falta de una solución de fondo a la estructura salarial ilegal y el cese de los abusos de autoridad prometen extender un conflicto que mantiene en vilo la seguridad de toda la provincia.
El salario policial en Santa Fe: Un laberinto contable que esconde un "Sueldo Básico" de apenas el 9,8% del total
Un recibo de sueldo perteneciente a un efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fechado en enero de 2026, ha puesto en evidencia la profunda distorsión que atraviesa la estructura salarial de las fuerzas de seguridad. El documento revela no solo la precariedad de los haberes básicos, sino una ingeniería administrativa diseñada para evitar el impacto de los aumentos reales en la carrera policial.
El análisis detallado del comprobante, correspondiente a un titular con 10 años de antigüedad, muestra un "Sueldo Básico" (Código 0010-0) de $135.140,12. Sin embargo, el total de haberes brutos asciende a $1.374.524,66. Esta disparidad arroja un dato alarmante: el salario real, legal y escalafonario representa menos del 10% del dinero que percibe el agente (específicamente un 9,8%).
El resto del ingreso se compone de una interminable lista de suplementos, sumas fijas y códigos específicos (como el 1000, 1010, 1020, 1400 y 1670). Si bien muchos de estos ítems figuran nominalmente como "Remunerativos", la mayoría lleva la etiqueta de "No Bonificables".
Esta distinción semántica es la clave del mecanismo de evasión de costos por parte del Estado provincial. Al otorgar aumentos mediante sumas "No Bonificables", el gobierno evita que dichos incrementos impacten en los multiplicadores automáticos, como la antigüedad o los adicionales por título.
En una estructura salarial sana, el Sueldo Básico debería representar la mayor porción del ingreso, haciendo que la antigüedad (que se calcula como un porcentaje del básico) tenga un peso real. En este caso, al mantener el básico "congelado" o irrisorio, un policía con 20 años de servicio apenas se diferencia salarialmente de uno con 5, produciendo lo que se conoce como "achatamiento de la pirámide".
El documento expone ítems como el "Min. Garantizado Rem/N. Bon" (Código 1670) por $125.457. Este tipo de conceptos actúan como parches para alcanzar un piso salarial de bolsillo sin tener que reestructurar la escala legal. Es, en la práctica, una admisión del Estado de que la escala salarial oficial está por debajo de la línea de pobreza.
La gravedad de esta ingeniería financiera radica en su impacto directo sobre el sistema previsional y de salud. Aunque el recibo muestra descuentos para la Caja de Jubilaciones y el IAPOS (Obra Social), la base de cálculo suele ser motivo de litigio.
Históricamente, el uso de sumas "No Remunerativas" (o sumas "grises" que no integran el núcleo del salario) desfinancia a la Obra Social IAPOS. Al no aumentar el básico, los aportes porcentuales crecen a un ritmo menor que la inflación médica, resultando en una prestación de servicios deficiente y copagos elevados para los afiliados.
Más dramática es la situación de cara al retiro. La jubilación policial móvil debe reflejar el salario del activo. Sin embargo, cuando el sueldo está compuesto por una decena de ítems "parche", el Estado a menudo argumenta que ciertos códigos no forman parte del haber "permanente" sujeto a movilidad jubilatoria.
Esto genera que, al momento del retiro, el policía perciba un haber significativamente menor al que cobraba en actividad, condenando al personal retirado a una caída abrupta en su calidad de vida y obligándolos a iniciar juicios contra la Caja de Jubilaciones para que se reconozca la totalidad de los rubros.
Desde el punto de vista jurídico, esta práctica estatal podría constituir un "Fraude a la Ley Laboral". El Estado, que debe velar por la legalidad, actúa como el principal evasor, utilizando figuras administrativas para eludir la responsabilidad de pagar un salario digno y estructurado conforme a la jerarquía.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, la autorización y diseño de este esquema podría encuadrarse en el delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público" (Art. 248 del Código Penal), al dictar resoluciones contrarias a las leyes de personal y presupuesto que exigen transparencia y legalidad en los haberes.
Asimismo, podría investigarse la figura de "Abuso de Autoridad", dado que se utiliza el poder del Estado para imponer condiciones laborales unilaterales que vulneran derechos adquiridos de los trabajadores, alterando la naturaleza remunerativa del salario para beneficio de las arcas fiscales en detrimento del agente.
Incluso, juristas especializados advierten sobre una posible "Malversación de Caudales Públicos" en sentido impropio, si se demuestra que partidas presupuestarias destinadas a recomposiciones salariales formales fueron desviadas hacia estos mecanismos de pagos discrecionales para evitar el impacto en los pasivos (jubilados).
La distorsión es tal que el ítem por "Riesgo Profesional" ($162.168) es apenas superior al básico. Se paga casi lo mismo por poner la vida en juego que por el sueldo base que define la categoría del agente, una contradicción que resume el descalabro administrativo.
En conclusión, el recibo de sueldo de enero de 2026 no es solo un comprobante de pago, sino la prueba documental de una política de precarización laboral institucionalizada.
Mientras el "Básico" siga siendo una ficción contable del 9,8%, los policías de Santa Fe continuarán cobrando sueldos que no construyen futuro previsional, atrapados en un sistema donde el Estado provincial opera al margen de la lógica y la ética laboral que exige al sector privado.
Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no dan una resolución efectiva respecto de esta situación.
Las máximas autoridades de la policía de Santa Fe, Luis Pablo Martín Maldonadao, Daniel Fernando Filchel, también tienen responsabilidad ante estas irregularidades.
martes, 10 de febrero de 2026
Caso Seguros: la Justicia procesó a compañías aseguradoras y al exintendente de Olivos por negociaciones incompatibles
El juez federal Sebastián Casanello procesó a un conjunto de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, quien ya se encontraba procesado en esta causa desde el año pasado.
La decisión judicial se enmarca en la investigación conocida como “Caso Seguros”, que analiza presuntas irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos nacionales durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.
Además de las compañías, Casanello procesó a Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos, por su presunta participación en los hechos investigados.
Rodríguez había sido designado en ese cargo por Alberto Fernández y mantenía una relación previa con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers de seguros centrales en la causa.
Antes de la asunción presidencial de Fernández, Rodríguez ya realizaba tareas para él, las cuales eran abonadas por Martínez Sosa, amigo personal del entonces mandatario.
El juez procesó a Rodríguez como partícipe secundario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los fundamentos, Casanello señaló que Rodríguez colaboró en la facilitación de encuentros entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández, incluyendo el ingreso del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registros formales.
Las empresas procesadas fueron Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, BRI Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Si bien los representantes y operadores de estas compañías ya habían sido procesados con anterioridad, el juez avanzó ahora contra las personas jurídicas en aplicación de la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017.
Dicha normativa establece la responsabilidad penal de las empresas cuando se demuestra que obtuvieron beneficios mediante delitos cometidos en su ámbito de actuación.
En su resolución, Casanello sostuvo que las compañías presentaron una “organización defectuosa” que no solo no previno riesgos, sino que facilitó o aceptó la comisión de delitos en su beneficio.
El magistrado realizó una distinción respecto de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, al señalar que contaba con normas y procedimientos éticos previos a los hechos investigados.
No obstante, indicó que esas normas fallaron en su implementación efectiva, por lo que la empresa no queda exenta de responsabilidad, aunque podría enfrentar una sanción menor en caso de condena.
La causa investiga irregularidades en contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, quien había sido Superintendente de Seguros durante la presidencia de Carlos Menem.
Según la investigación, las firmas procesadas se habrían beneficiado económicamente sin implementar mecanismos adecuados para prevenir hechos de corrupción.
El procesamiento de Alberto Fernández, confirmado por la Cámara Federal, fue dictado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Para Casanello, está acreditado que Fernández intervino para favorecer los negocios de Héctor Martínez Sosa, integrante de su círculo íntimo y antiguo cliente durante el período 2010-2019, cuando actuaba como abogado y lobista.
En ese entramado también tuvo participación María Cantero, esposa de Martínez Sosa, quien fue designada secretaria privada del presidente al inicio de su mandato.
Durante el gobierno de Fernández, las comisiones percibidas por el grupo de Martínez Sosa ascendieron a $2.252 millones, equivalentes a casi el 60% del total abonado por Nación Seguros.
Finalmente, el juez ordenó embargos contra las empresas procesadas, destacándose el de Bachellier SA por $9.669.697.257,25, firma que mantuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.
Un sector de la policía se acuarteló tras una nueva protesta frente a la jefatura en Rosario
Un grupo de efectivos de la Policía de Santa Fe se acuarteló este martes por la mañana tras una nueva protesta frente a la Unidad Regional II de Rosario, luego de incidentes registrados durante la madrugada. Al menos 20 patrulleros se negaron a salir a patrullar a partir de las 6, y hacia las 9 la medida había sido acompañada por unos 60 móviles policiales.
Ante esa situación, el gobierno provincial ordenó retirarles las armas reglamentarias y los chalecos antibala a los efectivos involucrados y dispuso que fueran pasados a disponibilidad. Medidas similares se reprodujeron en otras localidades de la provincia.
El gobierno de Santa Fe trasladó a Rosario a uniformados de otras zonas santafesinas y solicitó el refuerzo de las fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para contener la violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad.
El conflicto se profundizó tras una nueva marcha de familiares y allegados de policías frente a la jefatura rosarina. La protesta había comenzado el miércoles pasado, luego de la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Unidad Regional II.
Valdez era oriundo de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Su fallecimiento se convirtió en el detonante de los reclamos, ya que muchos efectivos se identificaron con su situación laboral y personal.
Entre los principales reclamos figuran los extensos traslados —de hasta 500 kilómetros— para prestar servicio en Rosario, y un régimen laboral de 12 horas de trabajo por 36 de descanso. Estas condiciones fueron señaladas como factores de desgaste físico y mental.
Durante el fin de semana, las protestas continuaron pese a que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que trabajen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros.
El anuncio no logró descomprimir el conflicto. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se produjeron enfrentamientos entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares de efectivos que participaban de la manifestación. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta.
A las seis de la mañana, los patrulleros permanecieron estacionados frente a la Unidad Regional II y no salieron a realizar recorridos de prevención del delito. La decisión derivó en una rápida intervención del Poder Ejecutivo provincial.
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó las sanciones y sostuvo que, junto a reclamos genuinos, se detectaron maniobras de policías exonerados por hechos de corrupción que buscaban generar malestar a través de redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, afirmó Coccocioni.
Según el gobierno, en redes sociales como Facebook se desplegó una estrategia con perfiles falsos que utilizaban fotos reales de agentes activos. También se difundieron imágenes trucadas con inteligencia artificial, como supuestos pasacalles contra Pullaro, y se viralizaron fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.
La muerte de Valdez expuso un problema más amplio dentro de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En la provincia de Santa Fe, según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, el número también resulta significativo.
Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida, en un contexto en el que no se registraron bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado. El principal riesgo, según las autoridades, es de carácter interno.
La mayoría de los policías que patrullan Rosario y Santa Fe capital son oriundos del norte provincial. Pese a distintos intentos, nunca se logró revertir ese esquema mediante incentivos para que habitantes locales se incorporen a la fuerza.
El gobierno provincial financia diariamente el traslado de agentes en 12 ómnibus desde el norte santafesino. El viaje entre Rosario y Vera, de 501 kilómetros, puede superar las ocho horas debido a paradas y al estado de las rutas, consumiendo gran parte del tiempo de descanso.
Muchos policías jóvenes, menores de 30 años, optan por permanecer en Rosario. Hasta el jueves pasado, el alojamiento y la comida debían ser solventados por los propios efectivos. A ello se suman problemas de salud mental, desarraigo, jornadas prolongadas —en algunos casos de 24 horas— y situaciones de adicciones.
Tras las exequias de Valdez, se multiplicaron protestas en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales del norte provincial, protagonizadas mayoritariamente por familiares y amigos de los uniformados.
El malestar también se dirigió hacia parte de los medios de comunicación, a los que los manifestantes acusaron de omitir el conflicto. En paralelo, enero fue un mes de alta exigencia operativa: nueve homicidios se registraron en Rosario en los primeros 30 días de 2026, frente a 22 en el mismo período de 2025, aunque los heridos por arma de fuego superaron los 45.
Pese a la protesta, el gobierno de Pullaro destacó que los homicidios descendieron en los últimos dos años y que, en seis zonas críticas de Rosario, se registró en 2025 una baja del 22% respecto del año anterior, según estadísticas del Ministerio de Seguridad Nacional.
lunes, 9 de febrero de 2026
ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros 18 imputados
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el inicio del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho pasivo, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En la misma resolución, Casanello consideró a Spagnuolo uno de los jefes de una presunta asociación ilícita que, según el fallo, utilizó a la Andis como un mecanismo de enriquecimiento indebido mediante licitaciones direccionadas y sobreprecios.
Junto con Spagnuolo fueron procesados como presuntos líderes de la organización Daniel Garbellini, exsubdirector de la Andis; Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista vinculado al sector de las droguerías; y Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.
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| Procesamiento por causa de corrupción ANDIS |
A Spagnuolo se le atribuyeron los delitos de negociaciones incompatibles, defraudación a la administración pública, cohecho pasivo y asociación ilícita en carácter de jefe, y se le trabó un embargo por $202.828.725.464.
Daniel Garbellini fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública y asociación ilícita como jefe, con un embargo fijado en $202.247.451.393.
Miguel Ángel Calvete fue procesado por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública en calidad de partícipe necesario, cohecho activo como autor y asociación ilícita como jefe, con un embargo de $203.072.992.394.
Pablo Atchabahian fue procesado por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública como partícipe necesario, además de asociación ilícita en carácter de jefe, con un embargo de $202.247.451.393.
En total, el magistrado dictó el procesamiento de 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y particulares, a quienes se les atribuyen distintos roles dentro del esquema investigado.
Según el fallo, durante los primeros meses del actual gobierno se consolidó “un entramado de corrupción institucional” en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos actuaron de manera coordinada en perjuicio del interés público.
Casanello sostuvo que la Andis fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, en desmedro de su función esencial, que es la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
El juez advirtió además que la investigación podría no estar agotada y que existen indicios de que el esquema delictivo se habría extendido a otras áreas del organismo, con posibles niveles adicionales de complicidades aún no esclarecidos.
La causa se inició en agosto a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basada en publicaciones periodísticas, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionaban presuntos pagos ilegales y referencias a Karina Milei y al presidente Javier Milei.
No obstante, esos audios no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal federal Franco Picardi ni por el juez Casanello, quien tampoco los citó en su resolución y rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, que alegaban un origen ilícito de las grabaciones.
domingo, 8 de febrero de 2026
Graves denuncias sacuden a la Policía Federal Argentina
La protesta extrema del cabo Miguel Montiel, quien se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, marcó un punto de inflexión al visibilizar presuntas prácticas de corrupción, abusos de poder y deterioro operativo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA).
Montiel ratificó públicamente sus denuncias por maniobras irregulares en la ex Superintendencia de Transporte, mientras que Total News Agency (TNA) recibió dos extensas presentaciones anónimas desde dependencias federales del interior. Fuentes policiales indicaron que los hechos fueron corroborados en líneas generales en un 90 %.
- Presuntas maniobras irregulares sostenidas en el tiempo: Según el suboficial, existiría un mecanismo reiterado de sobrefacturación y pedidos operativos inflados, avalados por la cadena jerárquica. Afirmó que hay audios y documentación interna, y que denuncias previas no prosperaron.
- Señalamientos jerárquicos y falta de controles: Montiel apuntó al comisario general Omar Farías como responsable de aprobar los pedidos cuestionados y describió un alarmante nivel de informalidad en áreas sensibles. Tras la exposición pública, se produjeron contactos desde Presidencia y se evaluó una reunión con la ministra de Seguridad.
- Denuncias en Córdoba por desvío de funciones: Una presentación anónima compromete a la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, señalando al comisario mayor Fabio Ramón Andrés Ascona y al comisario inspector Diego Ivach. Se los acusa de relegar investigaciones federales complejas para priorizar procedimientos de narcomenudeo con fines estadísticos.
- Servicios abusivos y condiciones indignas: El escrito describe la obligación de cubrir eventos masivos durante jornadas excesivas, sin viáticos ni descanso adecuado, en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, realizando tareas propias de policías provinciales.
- Riesgos operativos y traslados inseguros: Se relatan traslados en vehículos particulares y móviles oficiales en mal estado, incluyendo un caso en el que ocho efectivos viajaron hacinados en una camioneta, en abierta contradicción con normas de seguridad.
- Hostigamiento y presión jerárquica: También se denuncian servicios “interfuerzas” con fines propagandísticos, órdenes coercitivas para garantizar asistencia del personal y un clima de temor ante amenazas de sanciones y represalias.
- Abandono de recursos y personal: Las denuncias incluyen la falta total de cuidado de canes detectores, carencias graves de equipamiento, móviles en condiciones deficientes, encubrimiento de hechos graves y gastos operativos afrontados por el propio personal.
- Deterioro laboral y psicológico: Se señala un aumento de licencias médicas y psiquiátricas, pedidos de baja, salarios insuficientes y pluriempleo forzado, junto con la falta de capacitación y el uso de chalecos antibalas vencidos.
- Relaciones impropias y criterios desiguales: Las presentaciones mencionan presuntas relaciones personales no declaradas entre jefes y subalternos, con aplicación selectiva del reglamento interno y sanciones desiguales. Algunos de estos vínculos no pudieron ser confirmados, aunque sí la existencia de rumores persistentes.
- Acusaciones en Misiones y presunta apropiación de bienes: Otra denuncia apunta a la DUOF Eldorado, acusando a su jefe de beneficiar a una subalterna con privilegios indebidos, aplicar normas de manera discrecional y tolerar presuntas apropiaciones de material secuestrado.
Un escenario de gravedad institucional
La acumulación de denuncias, sumada al caso Montiel, configura un cuadro de crisis profunda en la PFA, con señalamientos de corrupción, favoritismos, abusos de poder y abandono del personal, que requieren una intervención urgente de Asuntos Internos y del Ministerio de Seguridad.
Hasta el momento desde la Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Rollé, no se ha emitido ninguna comunicación, tampoco desde el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva.
Condenaron a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Bento por corrupción y lavado de activos
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Mendoza condenó al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión, una multa de 540 millones de pesos, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes, entre ellos siete departamentos, locales comerciales y cuatro vehículos. Bento fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita, cohecho reiterado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una de las causas más relevantes contra un magistrado de la Justicia Federal.
El veredicto fue dictado por las juezas Gretel Diamante (presidenta del tribunal), Eliana Rattá y Carolina Pereira, tras un debate que se extendió durante casi dos años, con la declaración de alrededor de 300 testigos. Según la sentencia, las maniobras ilícitas se habrían iniciado desde 2007, con un monto estimado de al menos 1,7 millones de dólares en sobornos. Bento se encuentra detenido desde noviembre de 2023 en el complejo penitenciario federal de Cacheuta.
En la misma causa, el tribunal condenó a Marta Boiza, esposa del exjuez, a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, y a Nahuel Bento, hijo mayor del exmagistrado, a cinco años de prisión por lavado de activos. De acuerdo con el fallo, la estructura patrimonial fue diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante la interposición de familiares como titulares de bienes.
Al fundamentar la decisión, la jueza Diamante calificó el expediente como “la causa más compleja” y remarcó “la dificultad en una circunstancia excepcional, ya que tocó juzgar a un par”. Sostuvo además que “la acción de Bento constituyó una planificación sostenida para diseñar una estructura patrimonial”, y subrayó que “el poder judicial no está por encima de la ley”, destacando la prudencia, profesionalidad y seriedad institucional del tribunal en el proceso.
La investigación contó con la intervención de organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se inscribe en el marco de los controles del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en un caso que marcó un precedente por la magnitud de las condenas y el alcance de los hechos juzgados.
sábado, 7 de febrero de 2026
Denuncian uso coercitivo de sanciones disciplinarias en un sumario de más de 20 años sin resolución judicial efectiva
En el marco del expediente N.º 27108/2025, actualmente en trámite ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, se expuso una situación de especial gravedad institucional vinculada al uso prolongado y reiterado de sanciones disciplinarias administrativas como mecanismo de coerción, sin que exista hasta el momento una resolución judicial efectiva sobre el fondo del asunto.
El caso se origina en un sumario administrativo iniciado por la Policía Federal Argentina por hechos presuntamente ocurridos hace más de dos décadas, pese a que los plazos legales de prescripción habrían sido ampliamente superados. Aun así, el procedimiento disciplinario continuó activo durante años, con consecuencias concretas y actuales para la persona involucrada, incluyendo el riesgo de pérdida de derechos previsionales y de cobertura de salud.
La situación fue llevada a la justicia mediante una acción de amparo, solicitándose una medida cautelar de no innovar para evitar daños irreparables mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, la petición fue rechazada bajo el argumento reiterado de que no existe una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que el análisis solicitado implicaría adelantar el tratamiento del fondo de la causa.
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| Documento en PJN firmado por el Jefe de Policía Federal Luis Alejandro Rollé, con fundamentos de la División Asuntos Disciplinarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos |
Este criterio, sostenido de manera casi automática por el fuero contencioso administrativo, genera —según se desprende del expediente— una zona de indefinición judicial que en los hechos priva a los afectados de una tutela efectiva. La negativa sistemática a intervenir hasta que exista una decisión administrativa final permite que procesos disciplinarios prolongados en el tiempo produzcan efectos gravemente lesivos sin control jurisdiccional oportuno.
El expediente pone de relieve cómo las sanciones disciplinarias, aun cuando no han sido formalmente impuestas, operan como herramientas de presión, condicionamiento y castigo anticipado, afectando derechos de carácter alimentario y sanitario. Esta dinámica se ve agravada por la ausencia de plazos razonables, la extensión del sumario durante más de veinte años y la continuidad del accionar administrativo pese a la invocación expresa de prescripción.
Asimismo, el caso deja al descubierto una problemática estructural: la falta de control judicial efectivo sobre la actividad disciplinaria de las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la justicia contencioso administrativa se declara impedida de intervenir por razones formales, aun frente a situaciones de daño actual y potencialmente irreparable.
La prolongación indefinida de los procedimientos, sumada a la negativa judicial a adoptar medidas preventivas, configura —según surge del planteo— un escenario de lesividad institucional, atribuible tanto al accionar de la Policía Federal Argentina como a un sistema judicial que, al ampararse en la inexistencia de una “sentencia definitiva”, termina consolidando una situación de hecho sin solución real.
Actualmente se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativo Federal , Sala III siendo el secretario de cámara Federico Giacoia. El juzgado de origen del expediente fue el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal, número 4, Sec. 7.
El expediente 27108/2025 se encuentra actualmente a consideración de instancias superiores, donde se debate si este tipo de resoluciones, aun sin poner fin formal al proceso, pueden ser consideradas equiparables a sentencia definitiva cuando generan consecuencias de imposible o muy difícil reparación ulterior.
Maniobras para desacreditar al policía que se esposó en Casa Rosada y cadena de responsabilidades políticas
La jornada del miércoles 4 de febrero quedó marcada por una imagen inusual en las puertas del poder ejecutivo: el cabo Miguel Ángel Montiel, perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), se esposó a las rejas de la Casa Rosada a las 10:40 horas para denunciar una trama sistémica de corrupción dentro de la fuerza.
La protesta, realizada de manera pacífica junto a sus familiares y bajo una pancarta que señalaba directamente a la Superintendencia de Transporte, ha destapado no solo presuntas irregularidades financieras, sino también un inquietante mecanismo institucional destinado a silenciar y desacreditar a quienes exponen estas fallas.
La gravedad de las acusaciones ha derivado en la intervención inmediata de la justicia federal, poniendo bajo la lupa tanto a la cúpula policial como a los responsables políticos del área de transporte.
El eje central de la denuncia de Montiel, apunta contra el titular de la Superintendencia de Transporte de la PFA, el Comisario General Omar Farías.
Según el testimonio del cabo, existe un esquema de defraudación mediante "puestos fantasmas", "planillas fantasmas" y el cobro de servicios de policía adicional que nunca se prestan. Montiel aseguró que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", describiendo un sistema donde los recursos destinados a la seguridad en el ámbito ferroviario serían desviados.
El denunciante fue categórico al señalar la connivencia en las altas esferas, afirmando que "Farías maneja todo", a pesar de que el comisario habría negado estar al tanto de las irregularidades. A su vez ha manifestado que tanto el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez cómo el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez estaban al tanto de las maniobras, siendo estas personas denunciadas en la causa conjuntamente con otros integrantes del área.
Esta situación se agrava por el contexto de precariedad que atraviesan los suboficiales, con salarios que oscilan entre los 700.000 y 800.000 pesos, muy por debajo de un RIPTE de 1.600.000 pesos, lo que obliga al personal a realizar "changas" y deriva en el desfinanciamiento de servicios esenciales como el complejo médico Churruca.
Sin embargo, el aspecto más alarmante que ha surgido en las últimas horas no es solo la denuncia de corrupción, sino la presunta maniobra administrativa orquestada para "atacar al mensajero".
🚨Novedades Cabo Montiel
— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) February 4, 2026
1. Presentó la denuncia en el juzgado del Dr. Casanello
2. Además fue citado a una revisión psiquiátrica mañana las 10 hs.
3.Recibió mensajes de agradecimiento por su valentía.
"Todo lo que dice @edufeiok es mentira, me extraña de él que siempre apoya… https://t.co/IxeWeMYjLo pic.twitter.com/6zsVu69VxC
Tras hacer públicas las irregularidades, se detectó que Montiel fue citado a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección errónea. Este hecho, validado y expuesto públicamente por el periodista Fabián Waldman mediante la exhibición del documento oficial, revela un modus operandi burocrático destinado a fabricar una causa de despido.
Al consignar datos falsos en la citación, la institución se asegura de que el agente no se presente en el lugar correcto, lo que permite labrar un acta por inasistencia injustificada y proceder a sanciones que deslegitiman su reclamo y ponen en riesgo su carrera. Esta táctica busca desviar el foco de la corrupción denunciada hacia una supuesta indisciplina del denunciante.
Me huele que fue adrede.
— Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) February 6, 2026
Me cuesta mucho aceptar que fue un error de tipeo, el 1 esta muy lejos del 7 en el teclado, en una computadora tanto como un teléfono.
Tampoco creo que hoy dia haya gente que escribe a mano un borrador, para entregarlo a un subalterno para que lo…
Así lo describe Ximena de Tezanos Pinto, quién sostiene que la citación al Cabo Maciel en una dirección inexistente (General Hornos 168) no fue un simple error material, sino una maniobra deliberada, ya que resulta inverosímil confundir un “1” con un “7” en un teclado, más aún cuando la dirección correcta es General Hornos 768. Señala además que es poco creíble que el error provenga de un subalterno o de un borrador manuscrito, y considera inaceptable que la principal firmante no haya revisado el documento, dado que se trataba de una citación de extrema gravedad, como someter a un oficial a una evaluación psiquiátrica tras denunciar públicamente presuntos hechos de corrupción interna.
La causa ha recaído en el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, con la intervención de la secretaría de Pablo Lemos. Esto se desprende de la denuncia realizada en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, certificó la denuncia con registro interno N° 14/2026. Firmado por la principal Alejandra N. Marelli.
La actuación de la justicia es ahora determinante, no solo para investigar el fraude en la prestación del servicio ferroviario y el manejo de fondos públicos, sino para garantizar la integridad física y laboral de Montiel.
En su declaración, el cabo expresó su desconfianza hacia los mecanismos internos, aseverando que las denuncias previas "nunca llegan a ningún lado" porque "se cubren entre todos".
La intervención del juez Casanello es vista como la única garantía para romper el círculo de encubrimiento que, según Montiel, permite que "el personal de ferrovía entre a la oficina del jefe como si fuera su casa", evidenciando una promiscuidad administrativa inaceptable.
El escándalo escala necesariamente hacia las responsabilidades políticas y administrativas, dado que la Superintendencia de Transporte opera prestando servicios a áreas nacionales de transporte. Lo cual implica que existe una supervisión que incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann.
En última instancia, la supervisión presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
Hasta el momento, el silencio oficial ha sido la respuesta predominante: ni el Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, han emitido comunicados al respecto.
La falta de pronunciamiento de las máximas autoridades de seguridad ante una denuncia de fraude al Estado y persecución laboral dentro de sus propias filas genera un vacío institucional que la investigación judicial deberá llenar con urgencia.
viernes, 6 de febrero de 2026
Reestructuraciones en Seguridad Nacional: nuevas agencias, cambios formales y tensiones presupuestarias, todo cambia para nada cambiar
Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la transformación de la Dirección Nacional de Migraciones en una agencia con perfil de seguridad responde a un "cambio de paradigma" (verso si los hay), que busca integrar la política migratoria a la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que este tipo de reconfiguraciones no siempre implica modificaciones sustantivas en las funciones operativas, sino que muchas veces mantiene las mismas tareas bajo una nueva denominación.
En el ámbito estatal, estas estructuras intermedias suelen ser denominadas informalmente como “ravioles”: capas administrativas creadas entre niveles jerárquicos, que habilitan nuevos cargos de conducción y asesoramiento. La reestructuración de áreas es, en la práctica, uno de los pocos mecanismos legales que permite desplazar personal existente y designar cuadros propios, aun cuando las funciones de fondo permanezcan prácticamente sin cambios.
La creación de nuevas agencias también tiene impacto presupuestario. Al redefinir organigramas, se habilita la reasignación de partidas y la justificación de nuevos gastos operativos. Este proceso facilita, además, la utilización de mecanismos de compra por “urgencia” o “necesidad”, figuras previstas en la normativa vigente que reducen plazos y controles administrativos, especialmente en etapas iniciales de funcionamiento.
Este escenario contrasta con la situación salarial y social del personal de las fuerzas federales. Actualmente, los ingresos promedio del personal en actividad rondan los 700.000 pesos mensuales, muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que se ubica en torno a los 1.600.000 pesos. A esta brecha se suma el deterioro de los sistemas de cobertura social y previsional. Recientemente se esposó un policía en la Casa Rosada para denunciar corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina y bajos salarios. Situación similar que hace meses sucedió con una mujer que se encadenó en la puerta del complejo hospitalario Churruca.
La obra social de las fuerzas, IOSFA, atraviesa un proceso de disolución y transición hacia un esquema de contratación de servicios privados, en un contexto de desfinanciamiento que afecta tanto a efectivos en actividad como a personal retirado. El sistema de retiros y pensiones también presenta dificultades estructurales, con demoras y pérdida de poder adquisitivo.
Como consecuencia de esta situación, fuentes del propio sector señalan que numerosos integrantes de las fuerzas federales recurren a actividades complementarias para subsistir, como la venta de bienes por internet o el trabajo en plataformas de transporte, una realidad que contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento institucional y profesionalización.
Mientras el Ministerio avanza en la creación de nuevas agencias y en la reorganización formal de estructuras, persiste la tensión entre el crecimiento administrativo en los niveles superiores y las condiciones materiales de quienes sostienen la operatividad cotidiana del sistema de seguridad. La evolución de estas reformas y su impacto real en la gestión, el gasto público y el personal de las fuerzas seguirá siendo un punto central del debate público en los próximos meses.
jueves, 5 de febrero de 2026
Un efectivo de la Policía Federal denuncia una trama de "planillas fantasmas" y denuncia corrupción en la Superintendencia de Transporte de la PFA tras encadenarse en Casa Rosada
En un episodio de alta tensión institucional que tuvo lugar en la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, el Cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, protagonizó una protesta en la entrada principal de la Casa Rosada para denunciar una presunta red de corrupción sistémica dentro de la Superintendencia de Transporte de la fuerza.
El efectivo, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria —la cual entregó posteriormente al personal de custodia— para esposarse a las rejas perimetrales de Balcarce 50 cerca de las 10:40 horas. Acompañado por su esposa y sus tres hijos pequeños, Montiel desplegó una bandera con la inscripción "PFA. Corrupción Superintendencia de Transporte", exponiendo un conflicto que trasciende el reclamo salarial y apunta a graves irregularidades administrativas y penales.
El núcleo de la denuncia, profundizado durante una entrevista realizada en el lugar por el periodista Fabián Waldman para la radio FM La Patriada, se centra en la existencia de un mecanismo de defraudación conocido como "planillas fantasmas". Según el testimonio de Montiel, la cúpula de su división obliga al personal subalterno a cubrir servicios de brigadas de prevención en los trenes y estaciones fuera de su horario laboral y sin remuneración alguna, bajo la amenaza de sanciones administrativas o la instrucción de sumarios.
El cabo explicó que mientras él y sus compañeros realizan estas tareas "gratis" y en condiciones de extrema vulnerabilidad —yendo solos a requisar furgones con presencia de estupefacientes—, en los registros oficiales figuran otros efectivos que no prestan el servicio pero sí cobran los adicionales, dinero que terminaría alimentando una "caja negra" manejada por los jefes. Montiel detalló situaciones específicas, como recibir órdenes a las 2 de la mañana para desplazarse desde su puesto en la estación Munro hasta Morón, tras haber cumplido su jornada de 18:00 a 00:00 horas, exponiendo su integridad física y mental sin descanso.
La gravedad de las acusaciones vertidas por Montiel quedó plasmada formalmente tras su traslado. Documentación judicial que accedió y publicó el periodista Fabián Waldman a la que se tuvo acceso confirma que se iniciaron actuaciones bajo el registro interno N° 14/2026 en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos.
El "Certificado de Denuncia" emitido el mismo 4 de febrero detalla que la causa, caratulada "SU DENUNCIA", ha quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos. En dicho documento, el cabo Montiel señala como imputados a una extensa lista de superiores y pares de la División Comisaría FF.CC. Belgrano Norte: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez, el Subcomisario David Antonio Ramírez, el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez, el Principal Miguel Ángel Gómez, la Subinspector Cecilia Beatriz Rejas, el Subinspector Facundo Emanuel Cabañas, el Ayudante Lautaro Nicolás Fernández, el Ayudante Lucas Eduardo Guzmán y la Ayudante Luciana Anahí Ocampo. Específicamente, ante los medios, Montiel había señalado previamente al subcomisario Martínez y al principal Gómez como conocedores directos de las maniobras de recaudación ilegal.
Paralelamente a la vía judicial, la respuesta administrativa de la fuerza sugiere un intento de deslegitimar el reclamo mediante la patologización del denunciante. Fuentes de la Policía Federal indicaron a la prensa que Montiel presentaba "un cuadro de alteración psicológica", el cual consideraban exacerbado por la influencia de su esposa.
Esta narrativa se materializó en una notificación oficial firmada por la Principal Alejandra Marelli, Jefe de Servicio de la División Operaciones Judiciales de Asuntos Internos.
En el documento, se notifica a Montiel que deberá presentarse con carácter obligatorio el jueves 5 de febrero a las 10:00 horas ante la División Junta Permanente de Reconocimientos Médicos, situada en la Avenida Gral. Hornos 168, C.A.B.A., esto según surge de la publicación en la red social X que accedió Fabián Waldman.
Este procedimiento es interpretado por sectores de la fuerza como una maniobra estandarizada para "pasar por loco" al efectivo, forzar una licencia psiquiátrica y eventualmente justificar su exoneración, desacreditando así la veracidad de la denuncia de corrupción institucional.
El propio Montiel anticipó esta represalia durante la protesta, declarando: "Seguramente me van a sancionar, me voy a quedar sin mi vocación de servicio... tomé la decisión de que todos los camaradas, los que vienen detrás mío, tengan un cambio".
El contexto del reclamo también abarca la precariedad salarial. Montiel reveló que percibe un sueldo de 700.000 pesos, monto que considera insuficiente dadas las exigencias y riesgos de su labor. Pese a la contundencia de su medida de fuerza, el cabo se definió como "apolítico" y aclaró su postura ideológica: "He votado a Javier Milei y lo volvería a votar porque su gestión me gusta, pero no se tiene que olvidar de nosotros", reclamando al Gobierno nacional que atienda la destrucción de la institución y la falta de herramientas y cobertura de salud.
La protesta concluyó luego de casi una hora, tras la intervención de un equipo de psicólogos del Hospital Churruca y la mediación del Superintendente de Asuntos Internos, Néstor Zoya, y el comisario inspector de Casa Rosada, Federico Guarrochena.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un clima de malestar generalizado en las fuerzas de seguridad, exacerbado por una reciente ola de suicidios que incluyó a un cabo de 21 años en la Quinta de Olivos, un gendarme en Salta y un suboficial del Ejército, entre otros casos ocurridos desde diciembre pasado.
Mientras la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró horas antes del incidente que "se está trabajando" en la mejora de salarios y el sistema de salud, la situación de Montiel expone la grieta entre el discurso oficial y la realidad operativa de los agentes, quienes denuncian ser utilizados como mano de obra barata para esquemas de recaudación ilícita mientras enfrentan la persecución interna si deciden hablar.
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