En un extenso análisis realizado por Diego Recalde revela distintos informes y expedientes judiciales de la década de 1970 exponen una serie de irregularidades administrativas y financieros atribuidas a la expresidenta María Estela Martínez de Perón. El núcleo de las acusaciones se centra en la denominada "Causa de los cheques solidarios" y el uso discrecional de fondos reservados de la Presidencia de la Nación, hechos que motivaron pedidos de juicio político y procesamientos penales en su contra por delitos de peculado y malversación.
Uno de los episodios más documentados ocurrió en julio de 1975, cuando se detectó la emisión de un cheque por aproximadamente 3,000 millones de pesos de la época provenientes de la "Cruzada de Solidaridad". Según las investigaciones judiciales y testimonios de excolaboradores como el General Ernesto Fatigati, dichos fondos, destinados originalmente a fines benéficos, habrían sido desviados para fines personales, presuntamente para cumplir con compromisos sucesorios relacionados con la herencia de Juan Domingo Perón.
Asimismo, las auditorías judiciales de la época señalaron el uso de fondos reservados para solventar gastos privados de la mandataria, que incluyeron desde el pago de haberes de personal doméstico y servicios médicos, hasta remodelaciones en propiedades particulares como la quinta de San Vicente y la residencia de Gaspar Campos. Testimonios en sede judicial de figuras clave de su entorno, como Julio González, confirmaron que estas extracciones se realizaban bajo órdenes directas de la presidenta, quien consideraba estos activos como recursos de libre disponibilidad.
La investigación también arrojó pruebas sobre movimientos financieros de última hora antes del quiebre institucional de marzo de 1976. Registros notariales y declaraciones procesales indican que, horas antes de abandonar la Casa de Gobierno, se habrían gestionado retiros de sumas millonarias de los fondos reservados para ser resguardados fuera del ámbito oficial. Estos hallazgos, documentados en causas como el expediente 1.294, desvirtuaron ante la justicia las versiones de desconocimiento por parte de la exmandataria sobre el manejo de los caudales públicos bajo su administración.
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