lunes, 23 de marzo de 2026

Una investigación federal reveló una presunta pista clandestina y un entramado societario vinculado a Pablo Toviggino

Una investigación judicial iniciada a fines de 2017 por la Justicia federal expuso una compleja trama que vincula al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, con una presunta organización dedicada al narcotráfico, la usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas en la provincia de Santiago del Estero.


 

La causa fue impulsada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, junto al fiscal subrogante de Campana, Manuel Matilla. El expediente quedó bajo la órbita del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó una serie de medidas probatorias a partir de testimonios y elementos de inteligencia recolectados por fuerzas de seguridad.

Testimonios y origen de la causa

El expediente se inició con las declaraciones de dos testigos protegidos que, bajo reserva de identidad, coincidieron en señalar a Toviggino como presunto líder de una organización que habría usurpado campos rurales para utilizarlos con fines vinculados al narcotráfico.

Ambos testimonios ubicaron el foco de las actividades en una finca situada en el paraje “Ahí Veremos”, en el departamento Alberdi de Santiago del Estero. En ese predio, específicamente en un sector conocido como “Picada YPF”, se habría acondicionado una pista clandestina utilizada por avionetas que presuntamente transportaban cocaína.

 

Intervención de Gendarmería y verificación en terreno

Para corroborar las denuncias, la Justicia encomendó tareas de inteligencia a la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional. El operativo fue encabezado por el Primer Alférez Norberto Omar Ghighlione, quien posteriormente declaró ante el juez.

Según su testimonio, se logró confirmar mediante el uso de drones la existencia de un espacio apto para el aterrizaje de aeronaves livianas. Además, agentes encubiertos ingresaron al predio bajo una maniobra autorizada por ley, donde constataron la presencia de personas que no realizaban tareas rurales convencionales, pero sí disponían de equipos de comunicación VHF.

Ghighlione vinculó directamente a Toviggino con el campo investigado y mencionó la presencia de dos colaboradores: Fernando “Polo” Figueroa y Gabriel Gorosito. Ambos fueron identificados como integrantes de una red empresarial relacionada con el dirigente deportivo.

Empresas bajo investigación

Uno de los ejes centrales de la investigación fue el entramado societario vinculado a Toviggino. En particular, se destacó el rol de HT SRL, empresa en la que también figuró como directivo Gabriel Gorosito. Según informes de inteligencia, esta firma habría tenido control sobre el campo del paraje “Ahí Veremos”.

Además de HT SRL, el fiscal Iglesias solicitó información a la Inspección General de Justicia sobre otras sociedades: Malte SRL, IMA SRL, SOMA SRL y BORI SRL. Estas compañías forman parte de un conjunto de estructuras empresariales que, según la investigación, podrían haber sido utilizadas para administrar activos, canalizar operaciones o eventualmente ocultar patrimonio.

HT SRL, en particular, posee relevancia económica en la provincia, ya que controlaría, entre otros activos, un hotel de alto nivel en Santiago del Estero utilizado por la AFA para alojar delegaciones que compiten en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Denuncias por usurpación de tierras

El control del campo investigado también fue objeto de denuncias previas. El abogado Edgardo Taboada afirmó que esas tierras pertenecían históricamente a su familia y que habrían sido usurpadas mediante maniobras irregulares, incluyendo la supuesta falsificación de documentación por parte de una escribana local.

Según sus declaraciones, Toviggino habría contado con respaldo político en la provincia, donde el poder institucional ha estado históricamente influenciado por el exgobernador Gerardo Zamora.

Tráfico aéreo irregular y evidencia técnica

Como parte de la investigación, los fiscales solicitaron datos al sistema de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI), que reportó la detección de 37 vuelos sospechosos en la zona entre 2012 y 2018. Asimismo, un grupo especializado de la Gendarmería identificó 14 vuelos irregulares durante 2017 con destino al área investigada.

Los testimonios recogidos también indicaron que los habitantes de la región observaban con frecuencia operaciones aéreas nocturnas, incluyendo descargas de estupefacientes y reabastecimiento de combustible.

Derivación a Catamarca y conexión internacional

Con el avance del expediente, la causa fue remitida a la provincia de Catamarca, donde surgieron elementos que vinculaban la logística del presunto tráfico con redes internacionales.

En ese contexto apareció la figura de Eva Portillo de Quiñones, conocida como “La Tía”, señalada como proveedora de estupefacientes y nexo con organizaciones de países como Bolivia, Perú, Chile y Brasil. La mujer fue detenida en un control policial y su expediente incluyó referencias a contactos en Santiago del Estero, entre ellos Fernando Figueroa.

Evolución judicial y estado actual

A pesar del volumen de pruebas acumuladas, la causa fue trasladándose entre distintas jurisdicciones: se inició en Buenos Aires, pasó por Campana y Zárate, continuó en Catamarca y finalmente llegó a Santiago del Estero.

Según fuentes judiciales, con el paso del tiempo Toviggino dejó de figurar como objetivo central en estas investigaciones. No obstante, el expediente original mantiene relevancia como antecedente en causas más recientes que analizan posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a su red de sociedades.

El desarrollo del caso también pone de relieve las dificultades estructurales que enfrentan investigaciones judiciales en determinadas jurisdicciones, donde, según diversas fuentes, los expedientes que involucran a figuras de poder político o económico suelen avanzar con lentitud o quedar inconclusos.

La investigación, aunque fragmentada en distintas etapas y territorios, dejó documentada una serie de elementos —testimonios, informes de inteligencia, registros aéreos y vínculos societarios— que continúan siendo objeto de análisis en el ámbito judicial.

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