En una nueva resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, formalizó la prórroga de decenas de designaciones transitorias en cargos ejecutivos. La medida, que abarca desde direcciones nacionales hasta coordinaciones, expone una práctica sistemática de excepción a los mecanismos de concurso y requisitos de idoneidad, en un contexto de grave crisis salarial en las fuerzas de seguridad y de restricciones al empleo público dispuestas por el propio Poder Ejecutivo.
A través de la Resolución N° 239/2026, firmada el 16 de marzo y publicada este 18 de marzo, la ministra Alejandra Susana Monteoliva dispuso extender por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles las designaciones transitorias de al menos 23 funcionarios que se desempeñan en áreas estratégicas de la cartera. La justificación, repetida de manera estandarizada en los considerandos de la norma, sostiene que "por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los cargos en cuestión".
Un sistema de excepción permanente
Las designaciones transitorias, concebidas en el marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por Decreto N° 2098/08 , deberían ser una herramienta excepcional para cubrir vacantes de manera urgente mientras se sustancia el correspondiente concurso público que garantice los principios de idoneidad y transparencia . Sin embargo, las sucesivas prórrogas —en muchos casos desde gestiones anteriores— consolidan un escenario donde la excepción se ha convertido en la regla.
El artículo 7° de la propia resolución instruye que los cargos "deberán ser cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes" dentro del mismo plazo de 180 días. No obstante, la historia de prórrogas sucesivas en la administración pública nacional demuestra que, en la práctica, este mecanismo se utiliza para eludir los concursos, permitiendo que funcionarios designados "a dedo" se mantengan en sus puestos por años sin pasar por un filtro objetivo de idoneidad, contraviniendo el espíritu de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional .
Esta dinámica persiste a pesar de los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente Javier Milei que buscan restringir el ingreso de personal y priorizar la eficiencia. El Decreto N° 934/25, mencionado en la resolución, establece restricciones a las designaciones, exceptuando explícitamente las prórrogas . Esta excepción se ha convertido en una puerta giratoria para mantener a una estructura de confianza sin los controles de un concurso público . La normativa vigente, como el Decreto 958/24 impulsado por Federico Sturzenegger, intenta poner límites estableciendo que las designaciones transitorias no deberían exceder los 12 meses y que debe justificarse la necesidad antes de cada renovación, además de certificar que no existe personal de planta que pueda cubrir el puesto . Sin embargo, la nueva resolución de Monteoliva omite cualquier mención a una búsqueda interna de personal o a un proceso de selección en marcha, limitándose a invocar la genérica "razón operativa".
Los nombres y los cargos: la nómina de los designados
Los Anexos de la resolución detallan una extensa lista de funcionarios cuyas designaciones fueron prorrogadas. Entre ellos se encuentran cargos de máxima jerarquía (Nivel I) y de coordinación (Nivel IV), abarcando áreas sensibles como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad en eventos deportivos, la ciberdelincuencia y la administración de recursos.
Del Anexo I (prórrogas de designaciones previas de 2025) se destacan:
Franco Christian BERLIN (Nivel II): Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.
Francisco Javier CALCAGNO (Nivel III): Dirección de Investigación de Delitos Económicos.
Fernando Andres DOMINGUEZ (Nivel I): Dirección Nacional de Logística y Equipamiento Federal.
Santiago GONZALEZ BELLENGERI (Nivel II): Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.
Marco Antonio GONZALEZ LOZADA (Nivel I): Dirección Nacional de Estadística Criminal. (Nota: la resolución dedica un artículo entero a rectificar un error en su número de CUIL, demostrando la fragilidad en el manejo de los datos).
Walter Federico KLIX (Nivel I): Dirección Nacional de Precursores Químicos.
Tiago Gregorio MARTIN (Nivel I): Dirección Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico.
Fernando Ariel MOLAS (Nivel I): Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios (Agencia Federal de Emergencias).
Juan Jose SERVENTI (Nivel IV): Coordinación de Sistemas de Información.
Jorge Adolfo TEODORO (Nivel I): Dirección General de Tecnología de la Información.
Luciana TORRES (Nivel III): Dirección de Dictámenes.
Del Anexo II (prórrogas de designaciones aun más tempranas) se encuentran:
Carlos Alberto ALVAREZ (Nivel IV): Coordinación de Infraestructuras Seguras.
Pablo Francisco ARGIBAY MOLINA (Nivel I): Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
Alfredo Martin CULATTO (Nivel I): Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial.
Alberto Fernando FÖHRIG (Nivel I): Dirección Nacional de Cooperación Internacional.
Lucila Ines GALAN (Nivel IV): Coordinación de Administración del Personal.
Leonardo Manuel KALTAKDJIAN (Nivel III): Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos.
Patricia De Los Angeles MANCUELLO (Nivel IV): Coordinación de Carrera del Personal.
Maria Alejandra NASIF (Nivel IV): Coordinación de Tesorería.
Jose Fernando Mariano PEREYRA (Nivel I): Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional.
Cornelia SCHMIDT LIERMANN (Nivel II): Dirección de Control Policial Externo de la PSA.
Ivan Gabriel VELASCO (Nivel I): Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior.
Analia Veronica ZAPPULLA (Nivel I): Dirección Nacional de Transparencia e Integridad. (Llamativamente, la persona a cargo de velar por la transparencia del Ministerio también accede a su cargo por la vía de la excepción y la transitoriedad).
Además, en los artículos específicos, se prorrogan las designaciones de María Luz BAMBACI (Directora de Relaciones Institucionales) y Silvina Paola VALDEVENITO (Directora Nacional de Seguridad Ciudadana), esta última en un período de transición hacia otro cargo.
El contexto: "ravioles" en tiempos de crisis y el giro de Monteoliva
El término "ravioles" —jerga administrativa utilizada para describir la creación de áreas o estructuras con el objetivo de justificar cargos y designaciones a medida— resuena con fuerza en los pasillos del Ministerio. La decisión de Monteoliva contrasta con el discurso de ajuste y eficiencia del gobierno nacional.
Mientras los uniformados de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria) enfrentan una pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario y reclaman mejoras salariales , la ministra opta por mantener y prorrogar una estructura de funcionarios políticos de gabinete sin que estos pasen por el filtro de la idoneidad que el propio gobierno dice querer implementar. Incluso existe un decreto que, desde marzo de 2025, exige la aprobación de un examen de idoneidad para renovar contratos . Nada de eso parece aplicarse a los altos cargos de confianza que integran esta resolución.
La titular de la cartera, que asumió en reemplazo de Patricia Bullrich con un perfil técnico y una prometida lucha sin cuartel contra el crimen organizado, parece haber heredado y profundizado una lógica de gestión que prioriza la lealtad política por sobre la carrera administrativa. La resolución, que abarca desde la Dirección de Transparencia hasta la Coordinación de Tesorería, evidencia que ningún área escapa a esta dinámica de designaciones discrecionales.
En un año donde se conmemora la "Grandeza Argentina" (como reza el pie de página de los anexos), la gestión de los recursos humanos en el Ministerio de Seguridad Nacional parece transitar por caminos opuestos a los de la transparencia y la meritocracia, consolidando un esquema donde los "ravioles" se sirven calientes a pesar de la mesa vacía de los agentes de la ley.
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