Las recientes publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina han encendido las alarmas sobre la metodología de contratación y ascenso de funcionarios en carteras estratégicas. A través de designaciones excepcionales y decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo ha logrado sortear los controles y requisitos que la ley exige para el ejercicio de la función pública.
En el Ministerio de Seguridad Nacional, se ha detectado la continuidad de funcionarios en cargos de alta jerarquía, como la Dirección de Logística -mediante la Resolución 70/2026-, que no cuentan con los títulos profesionales requeridos por el Sistema Nacional de Empleo Público. Estas personas acceden a sus puestos mediante la figura de la "autorización excepcional", un mecanismo pensado para casos aislados que hoy parece haberse convertido en la norma. La resolución es firmada por Alejandra Susana Monteoliva.
La elusión de la normativa vigente se manifiesta mediante prórrogas sistemáticas que permiten a estudiantes o personas sin la idoneidad técnica certificada gestionar recursos críticos del Estado. Este proceder ignora los perfiles profesionales que el propio Ministerio promueve a través del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), priorizando la lealtad política sobre la formación académica.
Este patrón de gestión no se limita a mandos medios, sino que escala hasta la cúpula del Ministerio de Defensa. En una decisión reciente, el Gobierno utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -Decreto 34/2026- para modificar la Ley de Personal Militar, permitiendo que el Teniente General Carlos Alberto Presti asuma como ministro sin necesidad de abandonar el servicio activo en el Ejército.
Este decreto figura firmado por "MILEI - Manuel Adorni - Diego César Santilli - Pablo Quirno Magrane - TG Carlos Alberto Presti - Luis Andres Caputo - E/E Alejandra Susana Monteoliva - Alejandra Susana Monteoliva - Mario Iván Lugones - E/E Federico Adolfo Sturzenegger - Federico Adolfo Sturzenegger", así es: Presti es el mismo que se beneficia de lo que firma.
El uso de un DNU para este fin es visto como una maniobra de evasión del debate parlamentario, donde debería discutirse la conveniencia de que un militar en actividad ocupe un cargo político. Al evitar el paso por el Congreso, el Ejecutivo diseña un "traje a medida" que altera las leyes orgánicas de la Nación para beneficiar a un individuo específico.
La relación entre ambas noticias expone una preocupante desprofesionalización de la administración pública nacional. Mientras en una cartera se permite que personal no calificado ocupe direcciones técnicas, en la otra se reforma la ley de fondo para concentrar poder militar y político en una misma figura, borrando los límites éticos y legales tradicionales.
Expertos en derecho administrativo advierten que estos actos, aunque revestidos de una capa de legalidad mediante decretos, podrían considerarse ilícitos por desvío de poder. La normativa estatal establece que los cargos deben ser ocupados por las personas más idóneas según el ordenamiento jurídico, y no mediante la adaptación constante de la ley a los nombres propios.
Esta estrategia de "gobernar por excepción" genera un precedente peligroso para la carrera administrativa. Al otorgar cargos de responsabilidad logística o estratégica a personas que aún no han culminado sus estudios superiores, se envía un mensaje de desincentivo a los miles de funcionarios de carrera que sí cumplen con los requisitos legales para ascender.
Desde el punto de vista institucional, la acumulación de estas irregularidades configura una gestión que evade los controles de idoneidad y transparencia. La discrecionalidad en los nombramientos termina afectando la eficacia de la gestión pública, ya que la toma de decisiones críticas queda en manos de la "rosca política" en lugar de cuadros técnicos formados.
En conclusión, los movimientos registrados esta semana en el Boletín Oficial confirman una tendencia del Gobierno a instrumentalizar las herramientas legales para eludir las restricciones democráticas. La adaptación de leyes y la flexibilización de requisitos parecen ser, hoy en día, la moneda corriente para asegurar el control político en áreas sensibles para la seguridad nacional.
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