Una crisis profunda y de múltiples dimensiones afecta a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación, combinando una drástica pérdida salarial, un sistema de salud colapsado y un endeudamiento personal creciente, según surge del análisis de datos oficiales y reportes periodísticos recientes. Esta situación ha generado un descontento generalizado y expone las tensiones dentro de la administración del presidente Javier Milei.
El Dato Crítico: El Sector Público, el Más Golpeado
Un estudio de Fundar en alianza con LA NACION, que compara el tercer trimestre de 2023 con el segundo de 2025, revela que los empleados públicos son el sector laboral que más ha perdido en términos reales durante la gestión actual, con una caída salarial del 14.9%. Este ajuste severo golpea de lleno a las fuerzas de seguridad y defensa, cuyos miembros son empleados estatales. En el extremo opuesto, los sectores primarios exportadores como petróleo y minería registraron aumentos salariales de casi un 19%.
El Colapso de la Obra Social y un Grito de Auxilio
Paralelamente, el sistema de salud que atiende a estos efectivos y sus familias enfrenta una emergencia operativa. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la tercera más grande del Estado con 600 mil afiliados, arrastra una deuda estimada en 200,000 millones de pesos,
lo que provoca demoras y cancelaciones de tratamientos. La gravedad de
la situación se hizo visible recientemente con la protesta de una
mujer que se encadenó frente al Hospital Churruca Visca –centro de
referencia para la policía– denunciando la mala atención y falta de
insumos para su marido, un efectivo internado. Este acto, según el medio
CEMBA, "desnuda el abandono a la familia policial".
La Respuesta del Gobierno: Reestructuración y División
Frente a esta crisis, el Gobierno anunciará en los próximos días una reestructuración del IOSFA. La medida, impulsada por el flamante ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, consistirá en separar la obra social de los militares de la de los policías.
El objetivo es ordenar la gestión, dado que el área que atiende a los
efectivos policiales es "la más complicada". La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva,
manejaría los recursos para su fuerza, mientras que una nueva obra
social para militares quedaría a cargo de un oficial en actividad. El
Ministerio de Economía, a cargo de Luis "Toto" Caputo, acordaría una ayuda financiera para afrontar parte de la deuda millonaria.
Un Contexto Nacional de Ajuste y Endeudamiento
La crisis específica de las fuerzas se enmarca en un panorama económico nacional adverso:
Ajuste Generalizado: Una encuesta de la UBA indica que 7 de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses, priorizando solo lo esencial.
Endeudamiento Explosivo: Según el Banco Central, la deuda promedio por persona con el sistema financiero (bancos y billeteras) alcanza los $5.6 millones, un 75% más que el año pasado. Para muchas familias, esta deuda ya supera el 130% de su salario mensual.
La Instancia Técnica Clave: La Comisión Asesora de Política Salarial
En el centro del debate sobre los ingresos del sector público se encuentra la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público Nacional. Este organismo, dependiente de la jefatura de gabinete a cargo de Manuel Adorni ,es el encargado de realizar estudios técnicos y emitir recomendaciones no vinculantes
para las negociaciones salariales de los empleados estatales,
incluyendo a las fuerzas de seguridad y defensa. Su labor consiste en
analizar variables como la inflación, las condiciones fiscales y las
pautas presupuestarias para proponer parámetros de ajuste. La drástica
caída del 14.9% en los salarios públicos evidencia que, en el actual
contexto de fuerte ajuste fiscal, las recomendaciones de esta comisión o
bien han sido sobreadheridas en favor del objetivo de equilibrio de las
cuentas, o bien sus parámetros han partido de una base muy restrictiva,
priorizando el control del gasto público por sobre la recuperación del
poder adquisitivo.
Responsabilidades Cruzadas y un Escenario de Tensión
La crisis actual coloca en el centro de la escena la responsabilidad de tres ministerios clave:
Economía (Luis Caputo): Como administrador de los recursos fiscales, es el responsable último de definir el techo presupuestario para salarios y para la asistencia financiera a la obra social IOSFA.
Seguridad (Alejandra Monteoliva): Debe gestionar la nueva obra social para las policías y responder al deterioro en las condiciones de vida de los efectivos que, según los reportes, patrullan con salarios que no alcanzan el millón de pesos.
Defensa (Carlos Presti): Impulsor de la reestructuración, debe ahora garantizar una transición ordenada que no profundice la desatención sanitaria de los militares.
La combinación de salarios devastados, un sistema de salud quebrado y el contexto de austeridad general profundiza la desmoralización en las fuerzas, un factor de riesgo que el propio Presti vinculó esta semana a la preocupación por una seguidilla de suicidios en el ámbito castrense. La efectividad de la reestructuración anunciada y la posibilidad de una futura recuperación salarial dependerán de la coordinación y las prioridades que definan estos tres ministerios en los próximos meses.
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