La designación irregular del auditor en la Policía Federal Argentina: un análisis jurídico y sus implicaciones para la seguridad jurídica

La reciente designación del Sr. Sergio Gustavo Pérez de San Román como Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina por parte del Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich), a través de la Decisión Administrativa 985/2024, ha generado controversia por varias irregularidades, incluyendo el nombramiento bajo un "carácter transitorio" y de "excepción" por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto. Esta situación suscita preguntas sobre la legalidad de su designación y las implicancias para la seguridad jurídica en las instituciones públicas del país. Dicha decisión fue firmada por Guillermo Francos y Patricia Bullrich.

Normativa incumplida

En Argentina, el acceso a cargos públicos está regulado por leyes y normas que establecen los requisitos mínimos para asegurar la idoneidad y la transparencia en la selección de personal. Uno de los pilares fundamentales es el Decreto 993/91, conocido como el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), que establece los requisitos mínimos para acceder a cargos públicos, incluyendo la necesidad de contar con un título universitario para posiciones de nivel jerárquico como la que ocupa el Auditor Adjunto General.

La decisión de designar a una persona que no cumple con este requisito básico viola los principios del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de acceso a los cargos públicos bajo condiciones de idoneidad. Esto también entra en conflicto con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que los funcionarios deben ser seleccionados con base en sus méritos y capacidades, excluyendo toda forma de favoritismo.

Impacto en la seguridad jurídica

La seguridad jurídica se refiere al principio de que las leyes deben ser claras, estables y aplicadas de manera consistente, lo que garantiza previsibilidad y confianza en las instituciones. Cuando un funcionario es designado en base a criterios arbitrarios o excepcionales sin una justificación clara y sin cumplir con las normativas vigentes, se pone en riesgo este principio fundamental.

La designación de un auditor que no cumple los requisitos legales para el cargo afecta la transparencia y credibilidad de las auditorías realizadas por la Policía Federal Argentina, que son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Además, genera incertidumbre sobre la objetividad e imparcialidad de la supervisión interna en una institución tan crítica para la seguridad pública.

Importancia de procesos de selección transparentes y equitativos

El caso de la designación del Sr. Pérez de San Román ilustra la necesidad de procesos de selección de personal en el sector público que sean transparentes, equitativos y basados en los méritos. Cuando estos principios no se respetan, las decisiones se perciben como arbitrarias, erosionando la confianza en las instituciones.

El acceso a un puesto clave en una auditoría, especialmente en el ámbito de la seguridad, sin cumplir los requisitos establecidos, plantea serios riesgos. Un auditor con estas características podría no tener las competencias necesarias para detectar irregularidades o podría verse influenciado por intereses ajenos a los principios de la auditoría pública. Esto subraya la importancia de seleccionar personal con las cualificaciones adecuadas para el cargo, algo que no solo garantiza la eficiencia, sino que también fortalece la legitimidad del sistema público.

Conclusión

La designación irregular del Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina constituye una violación a la normativa vigente y afecta negativamente la seguridad jurídica del país. La transparencia y la equidad en los procesos de selección de personal son fundamentales para garantizar que las instituciones públicas funcionen de manera efectiva y bajo los principios de la ley. El respeto a las normativas y la idoneidad de los funcionarios no son meras formalidades; son garantías para preservar la confianza pública y la estabilidad institucional.

Este tipo de designaciones, que no siguen los procedimientos establecidos, generan incertidumbre y erosionan la confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Nuevos Créditos Internacionales Fortalecen la Economía Argentina

En el marco de la reciente asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (BM), el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado acuerdos clave para la Argentina. El Banco Mundial ha aprobado un paquete de créditos por un total de USD 2.000 millones, destinados a mejorar áreas estratégicas como la educación y el acceso a la energía, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha confirmado préstamos por un total de USD 3.800 millones. Estos fondos serán distribuidos entre el sector público, con USD 2.400 millones ya aprobados y en estudio, y el sector privado, que accederá a USD 1.400 millones en los próximos dos años.

La obtención de estos créditos representa un respaldo significativo a la política económica del país, al reflejar la confianza de los organismos internacionales en la capacidad de la Argentina para gestionar y utilizar estos recursos de manera eficaz. El acceso a financiación externa en condiciones favorables permite al gobierno avanzar en proyectos fundamentales que impulsarán el desarrollo y la competitividad a largo plazo, particularmente en sectores como la educación y la infraestructura energética.

Este flujo de capital tiene un impacto directo en la economía, ya que contribuye a generar empleo, mejorar las condiciones de vida de la población y aumentar la productividad. Al invertir en áreas estratégicas como la educación, se fortalece el capital humano del país, lo que a mediano y largo plazo impulsa el crecimiento económico sostenible. De igual forma, la mejora del acceso a la energía contribuye a una mayor competitividad empresarial y al desarrollo de industrias que requieren infraestructura energética confiable.

Además, la participación del ministro Caputo en sesiones con el Consejo de Relaciones Exteriores, donde explicó la agenda doméstica e internacional del gobierno de Javier Milei, demuestra el compromiso de Argentina en seguir una política económica abierta, transparente y alineada con los estándares internacionales. Esto fortalece la confianza de los inversores y refuerza la percepción de estabilidad y responsabilidad fiscal.

En conclusión, los nuevos créditos del Banco Mundial y del BID no solo proporcionan un respiro financiero, sino que también generan un efecto multiplicador sobre la economía argentina. Al contar con estos recursos, el país puede continuar su camino hacia el crecimiento sostenido, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y consolidar su posición en el escenario económico global.

Gastos innecesarios: la importancia de la austeridad en la gestión pública, champagnes para la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico (GCABA)

Recientemente, se conoció la adjudicación de una compra que ha generado inquietud sobre el uso de fondos públicos en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA). La Dirección General de Patrimonio y Casco Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, ha realizado una contratación menor para la adquisición de 20 botellas de champagne por un valor total de $435.500. La compra, adjudicada a Gran Yantar Catering SAS, plantea interrogantes sobre la necesidad de este tipo de gastos en un contexto en el que la prudencia financiera debería ser prioritaria.

Este tipo de erogaciones, que no pueden considerarse esenciales para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, afecta directamente el equilibrio fiscal de las administraciones públicas. Cada peso gastado en bienes y servicios no esenciales es un recurso que podría haberse destinado a áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura. En tiempos en que la economía nacional enfrenta desafíos importantes, mantener un control riguroso del gasto público es fundamental para asegurar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo.

La adquisición de "víveres", en este caso champagnes, para la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico (cuyo titular es Pedro Ramón Aparicio), pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos locales revisen sus políticas de compras y enfoquen sus recursos en verdaderas necesidades. Las administraciones deben estar alineadas con los principios de austeridad, maximizando el impacto positivo de cada inversión y minimizando aquellos gastos que no aportan un valor tangible a la ciudadanía.

El equilibrio fiscal es clave para el desarrollo económico sostenible. Cuando los gobiernos destinan recursos a gastos superfluos, no solo se compromete la eficiencia en el uso de los fondos públicos, sino que también se afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La austeridad no es solo una medida de control financiero, sino un compromiso con la responsabilidad y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Entrevista con José Luis Espert: Reflexiones sobre la Economía Argentina

En la edición número 31 de Invertir en Dólares, conducido por Miguel Boggiano, el economista y político José Luis Espert ofreció una detallada visión sobre la situación económica de Argentina. Espert, conocido por su postura liberal y su candidatura presidencial en 2019, compartió su perspectiva sobre los desafíos fiscales y las reformas necesarias para estabilizar y fomentar el crecimiento del país.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Espert subrayó que, para mejorar la economía, es fundamental reducir el gasto público, que en 2023 representaba el 39% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el economista, es necesario que tanto las provincias como los municipios se ajusten para alcanzar el objetivo del 25% establecido en el Pacto de Mayo. Espert insistió en que, sin la colaboración de estos niveles de gobierno, el ajuste fiscal no será factible.

También destacó la importancia de eliminar el componente redistributivo de la coparticipación federal, argumentando que el sistema actual incentiva el despilfarro en las provincias, ya que no existe una relación directa entre lo que se gasta y lo que se recauda.

Otro aspecto clave de la entrevista fue su crítica al proteccionismo, calificándolo de un "lobby destructivo" que perjudica a la economía argentina. Espert abogó por una mayor apertura comercial, explicando que sectores exportadores, como el agropecuario, se beneficiarían de un sistema más competitivo a nivel internacional.

Finalmente, Espert reflexionó sobre su experiencia en el Congreso, describiendo el ámbito político como "un fango de mediocres", pero también resaltando la necesidad de convivir con estas circunstancias para impulsar las reformas que considera esenciales para el progreso del país.

La entrevista brindó un análisis exhaustivo de las reformas estructurales que, según Espert, son cruciales para atraer inversiones y mejorar la prosperidad en Argentina, destacando que sin un ajuste profundo del gasto público y una apertura comercial, el país seguirá enfrentando serios problemas económicos.

El presidente Javier Milei disuelve la AFIP y crea una nueva agencia con estructura más eficiente

En un movimiento significativo para reducir el tamaño del Estado y eliminar estructuras burocráticas ineficientes, el presidente Javier Milei ha anunciado la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una nueva entidad con el objetivo de optimizar la gestión pública y mejorar la eficiencia en la recaudación y el control aduanero.

La medida contempla una serie de reducciones significativas en la estructura de la agencia. Entre los cambios más notables, se reducirá en un 45% la cantidad de autoridades superiores, conocidas como la "planta política", mientras que en los niveles inferiores se recortará un 30%. Asimismo, se ha anunciado la desvinculación de un 15% del personal, con pase a disponibilidad de 3.155 empleados que ingresaron irregularmente durante la gestión anterior.

Además, como parte de la reestructuración, los sueldos de los directores de la nueva ARCA sufrirán un recorte del 90%, una medida que afecta directamente a los altos cargos. El salario de la titular del ente, actualmente equivalente a un Ministro de la Nación, se reducirá de 32 millones a cerca de 4 millones de pesos anuales. Los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) percibirán 17 millones de pesos, un monto equiparable al de un Secretario de Estado.

El objetivo principal de esta reestructuración es la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente y la lucha contra los circuitos corruptos que han caracterizado a la recaudación y al control aduanero en el pasado. Florencia Misrahi será la encargada de liderar este nuevo organismo, junto a Andrés Gerardo Vázquez, titular de la DGI, y José Andrés Velis, a cargo de la DGA.

Esta reforma busca no solo mejorar la eficiencia y transparencia del sistema tributario, sino también generar un ahorro anual estimado de 6.400 millones de pesos, al tiempo que se destruye la burocracia que ha obstaculizado la libertad económica del país.

Fortaleciendo el Comercio Interno: Un Enfoque Multidimensional

El comercio interno es un motor fundamental para el desarrollo económico sostenible. Al estimular el intercambio de bienes y servicios dentro de un país, se generan empleos, se diversifica la producción y se fortalece el tejido social. Para impulsar este dinamismo económico, es necesario implementar un conjunto de políticas públicas coherentes y coordinadas.

Estrategias Clave y Fundamentos Teóricos

1. Fomento del Emprendimiento y las PYMEs:

   • Base teórica: La teoría de los sistemas productivos locales de Michael Porter subraya la importancia de las redes de pequeñas y medianas empresas para impulsar la innovación y la competitividad.
   • Estrategias:
     • Incubadoras y aceleradoras de negocios: Proporcionan el apoyo necesario para que las startups se consoliden y crezcan (Timmons, 1999).
     • Clústeres empresariales: Agrupan a empresas de un mismo sector para fomentar la colaboración y la innovación (Porter, 1998).

2. Desarrollo de Infraestructura:

   • Base teórica: La nueva economía geográfica de Paul Krugman destaca el papel de la infraestructura en la localización de las actividades económicas y en la formación de aglomeraciones.
   • Estrategias:
     • Logística inversa: Optimiza la gestión de los retornos y los residuos, generando valor agregado y reduciendo costos (Christopher, 2011).
     • Ciudades inteligentes: Integran tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficiencia y la calidad de vida (Giffinger et al., 2007).

3. Simplificación Regulatoria:

   • Base teórica: La teoría de los costos de transacción de Ronald Coase enfatiza la importancia de reducir los costos asociados a las transacciones económicas.
   • Estrategias:
     • Ventanas únicas: Concentran los trámites administrativos en un solo punto de contacto para facilitar la interacción entre empresas y gobierno.
     • Regulación basada en riesgos: Adapta los requisitos regulatorios al perfil de riesgo de cada empresa, reduciendo la carga administrativa para las más pequeñas.

4. Promoción del Consumo Local:

   • Base teórica: La economía del comportamiento de Richard Thaler muestra cómo los consumidores pueden ser influenciados por factores sociales y emocionales al tomar decisiones de compra.
   • Estrategias:
     • Marketing territorial: Posiciona a las regiones como destinos atractivos para la inversión y el consumo (Anholt, 2007).
     • E-commerce: Facilita el acceso a productos locales a través de plataformas digitales.

5. Innovación y Digitalización:

   • Base teórica: La teoría de la innovación radical de Clayton Christensen destaca la importancia de la disrupción tecnológica para transformar los mercados.
   • Estrategias:
     • Fab Labs: Proporcionan acceso a herramientas de fabricación digital para fomentar la creación de prototipos y productos innovadores.
     • Inteligencia artificial: Automatiza procesos y mejora la toma de decisiones en las empresas.

Consideraciones Adicionales

• Política industrial: Define las prioridades estratégicas para el desarrollo del sector productivo y orienta las políticas públicas hacia el logro de objetivos específicos.
• Cooperación público-privada: Fomenta la participación conjunta de los sectores público y privado en la implementación de proyectos de desarrollo.
• Sostenibilidad: Integra criterios ambientales y sociales en todas las políticas y programas, promoviendo un desarrollo económico inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Conclusión

El fortalecimiento del comercio interno requiere una visión estratégica a largo plazo y la implementación de políticas públicas coherentes y coordinadas. Al combinar las herramientas teóricas y prácticas presentadas en este documento, los países pueden construir economías más dinámicas, inclusivas y resilientes.

Falta de idoneidad en el Gobierno de Chubut (15% de empleados públicos sin estudios secundarios)

Recientemente, se conocieron los datos preliminares del Censo llevado a cabo en la provincia de Chubut, los cuales revelaron que el 15% de los empleados públicos no ha completado sus estudios secundarios. Esta situación, dada a conocer por el ministro de Economía provincial, Andrés Meiszner, pone en evidencia una deuda importante del Estado en cuanto a la formación educativa de sus empleados y genera una reflexión sobre el cumplimiento de los criterios de idoneidad que establece la Constitución Nacional argentina.

La Constitución Nacional, en su artículo 16, garantiza la igualdad de oportunidades y establece que los cargos públicos deben ser ocupados de acuerdo a la idoneidad de los candidatos. Este criterio no solo está orientado a seleccionar a las personas más capacitadas para desempeñar una función pública, sino que también busca consolidar una administración eficiente y eficaz, con personal que cuente con las competencias necesarias para servir a la ciudadanía de manera adecuada.

Sin embargo, los datos revelados en Chubut muestran que una porción considerable del personal no cumple con un requisito básico de educación formal: haber completado la escuela secundaria. Esta situación refleja una falencia en la implementación del principio de idoneidad y pone de manifiesto la necesidad de que el Estado actúe de manera responsable y con coherencia. Para liderar con el ejemplo, el Estado debe velar por el cumplimiento de estos criterios no solo en la contratación, sino también en el desarrollo y la formación continua de sus empleados.

El respeto por el criterio de idoneidad es, además, un compromiso ético que el Estado tiene con el resto de los ciudadanos. Contratar personal sin un nivel mínimo de educación formal afecta la legitimidad de la administración pública y su capacidad para gestionar los recursos y políticas en beneficio de la sociedad. En este sentido, el Estado debe ser el primero en promover una cultura de formación y capacitación que garantice que sus empleados estén preparados para asumir las responsabilidades de sus funciones.

Un plan de acción debe ser diseñado e implementado para corregir esta situación. Este plan debe incluir un programa que facilite y motive al personal que no ha concluido su educación secundaria a finalizar sus estudios. A su vez, es fundamental que en los procesos de contratación pública se exija de manera estricta el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica. No se puede permitir que el Estado continúe incorporando personal sin contar con criterios mínimos de educación formal, ya que esto compromete la calidad de los servicios públicos y perpetúa la desigualdad de oportunidades.

Finalmente, tal como lo mencionó el ministro Meiszner, es esencial realizar un seguimiento de aquellos empleados que no participaron en el censo, para entender las razones de su ausencia y, en los casos pertinentes, proceder con las medidas administrativas correspondientes, incluso contemplando la cesantía cuando sea necesario. El Estado no solo debe ser riguroso en su selección y evaluación, sino también en el control de su plantel para asegurar que quienes ocupan los cargos públicos lo hagan con la preparación adecuada.

En conclusión, el Estado debe liderar con el ejemplo y ser el primero en respetar el principio de idoneidad establecido por la Constitución Nacional. Esto no solo implica contratar a personas calificadas, sino también promover la educación y la formación continua entre sus empleados. Así, podrá ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía y construir una administración pública competente y confiable.

El terrorismo y la muerte de dos policías en tiempos de violencia política: Juan Carlos Botti y Juan Carlos Petit (1974)

El 19 de octubre de 1974, dos jóvenes miembros de la brigada de explosivos de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Botti y Juan Carlos Petit, perdieron la vida mientras desactivaban un artefacto explosivo en la Ciudad de Buenos Aires (en su momento llamada Capital Federal). Este trágico suceso, ocurrido en un contexto de violencia política creciente, es un recordatorio de los riesgos a los que se enfrentaban diariamente las fuerzas de seguridad en Argentina durante la década de 1970.

Contexto del atentado

A las 9 de la mañana de aquel día, los oficiales Botti, de 23 años, y Petit, de 42, fueron llamados a intervenir tras el hallazgo de un paquete sospechoso frente a una concesionaria de Citroën ubicada en la avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas. Un vecino había dado aviso a las autoridades tras notar el envoltorio abandonado, alertando sobre un posible atentado.

Ambos oficiales pertenecían a la brigada de explosivos de la Policía Federal, encargada de la ardua tarea de desactivar bombas en un momento en que los ataques terroristas eran frecuentes debido a la escalada de violencia de grupos insurgentes como Montoneros. Al llegar al lugar, Botti y Petit comenzaron las maniobras necesarias para desarmar el artefacto. Sin embargo, en pleno proceso, la bomba explotó.

El estallido causó la muerte inmediata de Juan Carlos Botti, quien había contraído matrimonio tan solo tres meses antes. Juan Carlos Petit, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde falleció pocas horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Ambos oficiales dejaron atrás a sus familias, inmersas en el dolor de una pérdida irreparable.

Montoneros y la violencia en los años 70

Este atentado fue uno de los numerosos ataques perpetrados por Montoneros, una organización guerrillera que utilizaba la violencia como medio de acción política. Montoneros había surgido a principios de la década de 1970 con el objetivo de confrontar al Estado argentino y promover sus ideales a través de acciones armadas, secuestros y colocación de bombas. En 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, la situación se agravó a medida que tanto las fuerzas insurgentes como las fuerzas de seguridad intensificaron sus acciones.

El operativo en el que Botti y Petit perdieron la vida forma parte de esta etapa de la historia argentina, marcada por la creciente polarización política y la violencia que afectaba a toda la sociedad. Las fuerzas de seguridad, especialmente las unidades especializadas como la brigada de explosivos, eran frecuentemente convocadas para intervenir en situaciones de alto riesgo, como la desactivación de bombas colocadas en lugares públicos, con el objetivo de causar terror y desestabilizar al gobierno.

Homenaje y memoria

A lo largo de los años, tanto Juan Carlos Botti como Juan Carlos Petit han sido recordados por sus colegas y por la sociedad como héroes que, en el cumplimiento de su deber, dieron sus vidas para proteger a la comunidad. Su sacrificio se inscribe en una etapa particularmente oscura de la historia argentina, cuando las fuerzas del orden y la ciudadanía vivían bajo la constante amenaza de la violencia.

Botti, de 23 años, había comenzado su vida matrimonial solo tres meses antes de su trágica muerte, mientras que Petit, de 42 años, también casado, dejó atrás a su familia y seres queridos. Ambos son recordados no solo por su valentía y compromiso, sino también por su humanidad y dedicación en tiempos de incertidumbre y conflicto.

Reflexión sobre el conflicto

El trágico fallecimiento de estos dos oficiales de la brigada de explosivos refleja las tensiones que se vivían en el país durante aquellos años, cuando la violencia política se encontraba en su punto más alto. Los atentados y enfrentamientos entre fuerzas insurgentes y las fuerzas de seguridad resultaron en innumerables muertes, muchas de ellas de personas que, como Botti y Petit, simplemente estaban cumpliendo con su deber.

Hoy, es necesario recordar estos hechos para comprender mejor los costos humanos de la violencia política y la importancia de trabajar hacia una sociedad en paz, donde los conflictos se resuelvan por medios democráticos y no a través del uso de la fuerza. La memoria de Juan Carlos Botti y Juan Carlos Petit sigue viva como ejemplo del sacrificio y la dedicación de quienes arriesgan sus vidas para proteger a los demás.

Denuncia de la diputada Gabriela Neme sobre tortura policial en Formosa

La diputada provincial de Formosa, Gabriela Neme, denunció públicamente un grave episodio de abuso policial en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, quien ha estado en el poder por más de 28 años. Según lo informado por Neme en sus redes sociales, un ciudadano identificado como Francisco Bernabé fue víctima de tortura y amenazas de muerte por parte de la policía provincial.

Un hombre con el rostro visiblemente golpeado, con manchas de sangre, es sostenido por dos oficiales de policía. Uno de los oficiales lo tiene del brazo derecho, mientras que el otro lo sostiene del hombro izquierdo. El hombre, vestido con una camiseta roja, parece estar en un área interna, posiblemente una comisaría o un centro de detención.

El mismo hombre herido es sujetado por los mismos oficiales. La expresión facial del hombre indica que está hablando o intentando decir algo. La sangre en su rostro es notoria, y las condiciones de detención siguen siendo las mismas.
 

El incidente fue reportado por la diputada el 20 de octubre de 2024 a través de su cuenta de Twitter (@gabrielaneme), donde relató que Bernabé, quien había viajado a Formosa para pasar el Día de la Madre, fue detenido de manera arbitraria por las fuerzas policiales bajo la justificación de una supuesta confusión de identidad. Neme denunció que, durante el arresto, Bernabé fue sometido a actos de violencia extrema: "Le metieron el dedo en la boca, le pisaron la cabeza, le querían sacar la ropa y lo amenazaron que si decía algo lo iban a matar", expresó la legisladora en uno de sus tuits. Además, exigió a las autoridades judiciales la liberación inmediata de la víctima y responsabilizó directamente al gobernador Insfrán y a la policía provincial por la integridad física y la vida de Bernabé.

El hombre está dentro de una celda de detención detrás de unas rejas, de pie, apoyado contra la puerta de la celda. En el fondo, se ve otra persona de pie y una estructura similar a una escalera. A lo largo del suelo hay un perro acostado cerca de la entrada de la celda. La escena muestra un ambiente carcelario o de detención.
 

La denuncia de Neme pone nuevamente en el foco público las recurrentes acusaciones de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, una región que ha sido objeto de múltiples críticas por el uso excesivo de la fuerza policial y la supuesta falta de independencia del poder judicial. En este contexto, organismos de derechos humanos han manifestado preocupación por el clima de represión y violencia institucional que persiste en la provincia, donde se han registrado denuncias similares en los últimos años, tanto por parte de ciudadanos como de referentes políticos y sociales.

URGENTE: LA POLICÍA DE INSFRÁN LO TORTURO Y LO AMENAZÓ DE MUERTE

Francisco Bernabé vino desde afuera a pasar el día de la madre, pero se encontró con una policía que justificando que "se equivocaron" de persona, lo torturaron y amenazaron. pic.twitter.com/bMDxsyGQ1k

— Gaby Neme (@gabrielaneme) October 20, 2024

La situación también ha generado un fuerte debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en Formosa y las prácticas de gobierno de Gildo Insfrán, quien ha mantenido un férreo control sobre la provincia durante casi tres décadas. Diversos sectores de la oposición han pedido investigaciones exhaustivas y la intervención de organismos nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos en el territorio.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del gobierno provincial ni de las fuerzas policiales en relación con los hechos denunciados. Se espera que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Jefe de Policía de Formosa: Crio. Gral. Walter René Arroyo, mientras que el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo es el Dr. Jorge Abel González.

Investigación revela presunta corrupción en la compra de tierras con fondos públicos en Brandsen

Una investigación presentada en el programa televisivo La Cornisa ha puesto al descubierto supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la compra de tierras en Brandsen, provincia de Buenos Aires. Los hechos implican a exfuncionarios de la provincia y a cooperativas que habrían participado en la adquisición de terrenos sin planificación adecuada.

El caso involucra a Eduardo Montes, exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof y actual presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y a Fernanda Miño, exdirectora del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Ambos están bajo escrutinio por el manejo poco claro de recursos públicos asignados para la compra de 20 hectáreas en Brandsen. Estos terrenos, según vecinos y documentos oficiales, habrían sido adquiridos con fondos nacionales en 2022, pero hasta la fecha no presentan una titularidad registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble.

El eje de la controversia radica en un posible conflicto de intereses. Montes, que hasta agosto de 2024 ocupaba el cargo de Director Provincial de Desarrollo Territorial, gestionó la compra de los terrenos cuando aún era funcionario público. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos. Según se ha reportado, los documentos relacionados con la adquisición son confusos y no ofrecen claridad sobre el destino final de los recursos.

La Federación que preside Montes, Fetraes, recibió importantes aportes del FISU durante la gestión de Miño, quien también es señalada en las denuncias. Vecinos de la zona y expertos en urbanismo han expresado preocupación por la falta de planificación en el desarrollo de los terrenos, lo que aumenta las sospechas sobre el verdadero propósito de la adquisición.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de las autoridades involucradas, mientras que la justicia evalúa los antecedentes del caso para determinar si procede la apertura de una investigación penal.

Polémica en Chaco: Abogada es internada contra su voluntad tras denunciar irregularidades en el Poder Judicial

Un hecho que ha generado gran conmoción ocurrió en Resistencia, Chaco, donde Gabriela Casa, abogada de la Defensoría Oficial, fue internada de manera involuntaria en el área de Salud Mental del Hospital Perrando. Este suceso desató una fuerte polémica, pues la abogada había denunciado irregularidades en casos de maltrato laboral en el Poder Judicial provincial, situación que, según fuentes, estaría relacionada con su internación forzosa.

El caso involucra la aplicación del nuevo "protocolo de internación involuntaria", introducido en la Ley de Salud Mental bajo la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. Este protocolo, según las autoridades de salud, permite la internación forzosa en situaciones específicas, aunque el abogado de Casa, Alejandro La Regina, aseguró que no existía ninguna autorización legal para ejecutar el procedimiento.

El incidente se produjo el 7 de octubre, cuando efectivos policiales irrumpieron en la vivienda de Casa, la restringieron y sedaron contra su voluntad para trasladarla al hospital. Videos difundidos en redes sociales captaron el violento accionar, en el cual la policía derribó la puerta de la casa de la abogada, quien se encontraba relatando a los periodistas su situación y denunciando que no había recibido explicación alguna sobre los motivos de su internación.

Este tipo de incidentes evidencia un problema recurrente dentro de las fuerzas de seguridad y policiales, donde los servicios médicos, en particular los de salud mental, se utilizan como mecanismos de coacción y sanción indirecta. El "servicio de reconocimientos médicos", común en estas instituciones, puede ser empleado para aplicar sanciones encubiertas, con escaso o nulo control judicial y administrativo. Esta práctica vulnera derechos fundamentales, generando preocupación en organizaciones de derechos humanos que denuncian el abuso de estos protocolos.

En el caso de Casa, su internación no fue un episodio aislado. La abogada ya había sufrido internaciones involuntarias previas vinculadas a su estado de salud mental, lo que ella misma describe como una forma de castigo derivada de sus denuncias laborales. La intervención médica, en ocasiones solicitada por superiores jerárquicos como medida "preventiva", pone en cuestión el balance entre la protección de la salud mental y el uso de estos servicios como herramienta de control.

El ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, defendió el operativo, asegurando que se cumplió con los procedimientos establecidos en la ley y que la decisión de internar a Casa fue tomada en conjunto con el Poder Judicial y el equipo médico. Sin embargo, la defensora oficial Alicia Alcalá, a quien Casa acusa de irregularidades, negó haber solicitado la internación y expresó que solo se activó el protocolo para que las autoridades correspondientes evaluaran la situación.

Este conflicto resalta la falta de control efectivo sobre las fuerzas de seguridad en situaciones de internaciones involuntarias. Mientras tanto, se espera que la Justicia determine los próximos pasos en el caso de Casa, quien sigue internada, con su alta sujeta a la decisión judicial.

Javier Milei revalida la figura de Domingo Faustino Sarmiento en la inauguración del Palacio Libertad

El pasado sábado 12 de octubre de 2024, el Presidente de la Nación, Javier Milei, dio un discurso en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (anteriormente conocido como CCK) que marcó un fuerte hito en su gobierno. Durante la inauguración, Milei subrayó la importancia de reivindicar a los próceres nacionales y lanzó críticas al modelo educativo argentino actual, contrastándolo con el legado del expresidente Sarmiento.

Milei comenzó su discurso destacando la relevancia del cambio de nombre del centro cultural, de CCK a Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Según él, este acto simboliza el inicio de una nueva etapa en la que se busca rescatar los valores de figuras históricas como Sarmiento, frente al "revisionismo histórico" que, en su opinión, ha ensuciado la imagen de los grandes héroes de la nación. En particular, destacó que el mandato de Sarmiento fue fundamental para la consolidación de la Argentina, recordando cómo redujo drásticamente el analfabetismo y estableció las bases para el progreso educativo del país.

El Presidente Javier Milei inauguró el Centro Cultural Domingo F. Sarmiento en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/vt4kVE9GM7

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 12, 2024

El presidente trazó un paralelo entre las políticas educativas de Sarmiento y su propio enfoque sobre el capital humano. Para Milei, el pensamiento de Sarmiento fue pionero en lo que luego se formalizó como la teoría del capital humano, admirada por liberales como Gary Becker y economistas argentinos como José Luis Espert. En este sentido, resaltó la creación de su propio "Ministerio de Capital Humano", mostrando su convicción de que la educación es un factor clave en el crecimiento económico.

Crítica al sistema educativo actual y la universidad pública

Durante su intervención, Milei se refirió a las "Pruebas Aprender 2023", indicando que los resultados revelan un sistema educativo en crisis, con bajos niveles de comprensión lectora y desempeño en matemáticas en primaria y secundaria. Vinculó estos problemas a la pobreza infantil, argumentando que los niños de bajos recursos están siendo doblemente castigados: no solo carecen de alimentos suficientes, sino que además el sistema educativo no les ofrece las herramientas para salir de la pobreza.

Milei también lanzó una crítica contundente contra la universidad pública, a la que acusó de beneficiar solo a los sectores más acomodados de la sociedad. Según su análisis, la "mito" de la universidad gratuita es en realidad un subsidio de los pobres hacia los ricos, dado que solo los hijos de la clase media y alta llegan a la universidad en condiciones de aprovecharla. En su opinión, es necesario auditar las universidades para evitar la corrupción y asegurar que los recursos lleguen directamente a los estudiantes y docentes.

Aportes de académicos e intelectuales

Milei mencionó a varios economistas e intelectuales cuyas teorías influencian su pensamiento. Destacó el trabajo de Robert Solow, quien desarrolló el modelo de crecimiento económico en 1956, pero también la crítica posterior de George Stigler, quien introdujo el concepto de capital humano como un elemento clave para explicar el crecimiento. Asimismo, mencionó a Gary Becker y Paul Romer, quienes ampliaron la teoría del crecimiento económico endógeno. Según Milei, estas teorías justifican su enfoque en la educación como un medio para fomentar el progreso económico del país.

Reivindicación del legado de Sarmiento

El presidente concluyó su discurso reafirmando la importancia de Sarmiento como guía para su gobierno. Lo presentó como un referente clave en la construcción de un país basado en la educación y el desarrollo del capital humano. En un cierre emotivo, Milei repitió su famoso lema "¡Viva la libertad, carajo!", asegurando que su gobierno no se detendrá hasta alcanzar la prosperidad económica, social y cultural para todos los argentinos.

Con esta declaración, Javier Milei reafirmó su compromiso de poner fin a lo que considera un modelo fallido, llamando a una nueva etapa de crecimiento basada en las ideas del progreso y la libertad.

 

Conflicto entre IOMA y médicos bonaerenses: Acusaciones contra La Cámpora y gestión de fondos

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, se encuentra en el centro de un fuerte conflicto con la Federación de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), que representa a 11 mil profesionales de la salud. El conflicto, que ha provocado un paro de cuatro días afectando a dos millones de afiliados, ha escalado debido a graves acusaciones de FEMEBA contra la agrupación política La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, que controla políticamente la institución.

FEMEBA denunció una "transferencia espectacular de fondos" destinados a los policonsultorios de IOMA hacia empresas privadas vinculadas con La Cámpora y con funcionarios del Ministerio de Salud, dirigido por Nicolás Kreplak, también militante de dicha agrupación. Homero Giles, presidente de IOMA, es otro de los señalados por la federación. La acusación central es que estos desvíos financieros afectan la atención médica de miles de beneficiarios, en lo que FEMEBA describe como un mecanismo de financiación encubierta hacia la organización política.

Los policonsultorios de IOMA, surgidos durante la pandemia para ofrecer atención en diversas especialidades como traumatología, reumatología y odontología, han sido objeto de polémica. Estos centros particulares, regulados por la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados de la Provincia de Buenos Aires (ACEAPP), fueron presentados como una solución para reducir los copagos que los afiliados debían abonar. Sin embargo, FEMEBA sostiene que parte de los fondos destinados a estos policonsultorios ha sido desviada hacia La Cámpora y empresarios sin antecedentes en el sector de la salud.

Uno de los puntos álgidos del conflicto se produjo el 1 de septiembre, cuando IOMA rescindió contratos con FEMEBA en 19 distritos bonaerenses, argumentando cobros arbitrarios e irregulares. En respuesta, Giles firmó un acuerdo con el Círculo Médico de Junín para que los profesionales locales volvieran a prestar atención a los afiliados, acusando a FEMEBA de deslealtad y de mantener una posición inflexible.

Guillermo Cobián, titular de FEMEBA, en diálogo con el diario La Nación, señaló que personas vinculadas a La Cámpora están detrás de la gestión de ACEAPP, incluyendo empleados públicos. Según Cobián, no todos los policonsultorios están involucrados en estos manejos, pero aquellos que están bajo la órbita de ACEAPP son los que presentan irregularidades.

En cuanto a la gestión de fondos, FEMEBA destacó el caso de RM Salud Integral, una empresa fundada por una joven de 20 años sin antecedentes en el sector salud, lo que consideran evidencia de la falta de transparencia en la asignación de recursos. Además, la federación acusó a IOMA de haber abandonado a más de 155.000 beneficiarios de 19 partidos de la provincia al romper contratos con médicos que brindaban atención en esas localidades.

En respuesta a estas acusaciones, Homero Giles calificó a FEMEBA como "prescindible" y acusó a la federación de lucrar a expensas de los médicos y de promover el cobro ilegal a los afiliados. Según Giles, FEMEBA ha causado un perjuicio de 3.500 millones de pesos a los afiliados en apenas cuatro meses debido al aumento de los pagos extras para algunos profesionales.

El paro de FEMEBA, que afectó a una amplia porción del territorio bonaerense, finalizó sin una solución a la vista. Mientras tanto, la gestión de Kreplak y Giles continúa con la construcción de más de 230 policonsultorios en la provincia, en una disputa territorial y política con la federación médica.

Asesinato del Teniente Juan Carlos Gambandé: Un Episodio de la Violencia Política en Argentina en 1974

El 11 de octubre de 1974, en la ciudad de Santa Fe, el Teniente Juan Carlos Gambandé, miembro del Ejército Argentino (EA), fue asesinado por dos jóvenes desconocidos mientras retiraba su automóvil de un garaje. Los atacantes, armados con armas automáticas, dispararon contra el oficial, impactándolo en el tórax y la cabeza con nueve proyectiles, lo que provocó su muerte inmediata. El atentado fue atribuido al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización guerrillera que, durante los años 70, llevó a cabo acciones armadas contra miembros de las fuerzas armadas y del gobierno en el marco de la violencia política que sacudió a Argentina durante ese período.

†11/10/74 - ERP asesina al Tte Juan Carlos GAMBANDÉ, del EA. Cdad de Santa Fe cuando el Oficial retiraba su automóvil del garaje. Dos jóvenes desconocidos le dispararon con armas automáticas. Nueve impactos le interesaron el tórax y la cabeza. Publicado en Estrella Roja pic.twitter.com/NKei9hA4xp

— Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) October 11, 2024

El asesinato de Gambandé fue uno de los tantos atentados perpetrados por el ERP, que buscaba desestabilizar al Estado mediante una estrategia de lucha armada en un contexto de extrema polarización política. En su publicación "Estrella Roja", el ERP reivindicó la acción como parte de su lucha contra el "aparato represivo" del gobierno, que en ese momento, bajo la presidencia de Isabel Perón, enfrentaba una creciente conflictividad social y la expansión de grupos guerrilleros tanto de izquierda como de derecha.

El asesinato de Gambandé es un ejemplo del clima de violencia que marcó la década de 1970 en Argentina, un período que culminó con el golpe de Estado de 1976 y la instauración de una dictadura militar que, con el objetivo de erradicar a los grupos subversivos, implementó un régimen de terrorismo de Estado que resultó en la desaparición forzada de miles de personas.

Este hecho también resalta la compleja relación entre las fuerzas armadas y los grupos guerrilleros en una época en que ambos actores se enfrentaban en un conflicto marcado por violaciones a los derechos humanos y una alta cuota de violencia política. El ERP, fundado en 1970, fue una de las organizaciones más activas de la época, promoviendo acciones directas contra las fuerzas del orden y autoridades gubernamentales como parte de su estrategia de "guerra revolucionaria".

El asesinato de Gambandé contribuyó a la escalada de violencia que derivaría en una respuesta represiva cada vez más dura por parte del Estado, en la cual no solo participaron las fuerzas armadas, sino también organizaciones paramilitares como la Triple A, que llevaron a cabo acciones ilegales contra activistas, opositores políticos y militantes de izquierda.

En ese contexto, la figura de Gambandé, como la de muchos otros militares y civiles víctimas de la violencia política, se inscribe en una etapa dolorosa de la historia argentina, marcada por enfrentamientos armados, represión y profundas divisiones sociales que dejaron secuelas perdurables en la memoria colectiva del país.

Familia de una víctima en el accidente militar de Neuquén reclama justicia y denuncia condiciones inseguras en el traslado de soldados

Oscar Morales, un joven de 21 años, fue una de las cuatro víctimas fatales del trágico accidente ocurrido el 21 de septiembre de 2023 en San Martín de los Andes, cuando un camión militar Mercedes-Benz 1518, con 41 años de antigüedad, volcó tras caer 15 metros en una curva de la ruta 62, cerca del lago Lolog. El vehículo transportaba a 22 soldados, quienes regresaban de un ejercicio militar.

A un año del incidente, la investigación judicial no ha avanzado significativamente, y las familias de los fallecidos continúan exigiendo respuestas. Sonia Flandes, madre de Oscar Morales, ha llevado adelante una lucha constante por la memoria de su hijo y por el esclarecimiento de lo ocurrido. Mientras el proceso penal se encuentra en manos de la Fiscalía Federal de Zapala, la madre de Oscar denuncia que, a pesar de las tragedias, el Ejército sigue utilizando camiones en condiciones inseguras para transportar personal.

El accidente también se cobró la vida del cabo Martín Román (23), la soldado voluntaria Guadalupe Canuillán (19), y Cristian González (29). La principal sospecha en la investigación apunta a la conductora del camión, aunque también se han considerado posibles fallas mecánicas en el vehículo.

Sonia Flandes lamenta la falta de contacto por parte de las autoridades militares y expresa su desconfianza hacia la investigación. Aunque la conductora será citada a declarar en octubre, la madre de Oscar insiste en que las responsabilidades también deben alcanzar a los mandos superiores del Ejército, quienes, según ella, dispusieron el uso de un camión antiguo cuando había vehículos nuevos disponibles.

La familia Morales ha emprendido acciones legales contra el Estado y el Ejército Argentino, esperando que el juicio arroje luz sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de los jóvenes soldados. "No quiero que lo que pasó con mi hijo se repita", afirma Sonia, quien critica las condiciones en las que los soldados son transportados, sin cinturones de seguridad ni medidas adecuadas para garantizar su protección.

El dolor y la lucha de los familiares de las víctimas se mantienen vigentes, mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente que enlutó a cuatro familias y generó profundas críticas hacia las condiciones operativas del Ejército Argentino.

Imputan a Martín Insaurralde por cuatro maniobras de lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito

Los fiscales de la unidad antilavado, Sergio Mola y Diego Velasco, han imputado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su presunta participación en cuatro maniobras de lavado de dinero. Las acusaciones incluyen la compra de propiedades mediante testaferros, el uso de vehículos a nombre de terceros, la acreditación de fondos de origen ilícito, y la compra de pasajes de avión pagados en efectivo.

El dictamen, que solicita que Insaurralde sea convocado a declarar por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, detalla que las operaciones sospechosas incluyen la compra de dos terrenos en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, desde 2006. Dichas adquisiciones habrían sido realizadas a través de la empresa Sasasa Liberao SA, involucrando a personas cercanas a Insaurralde, como su hijo Luciano, Rodrigo Insaurralde, Carolina Álvarez y Víctor Donadio. Además, se señala la participación de la empresa Doio SRL, contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuyo titular, Mariano Donadio, es investigado como "prestanombre" de Insaurralde.

En cuanto a los vehículos, entre noviembre de 2017 y junio de 2021, Insaurralde fue titular de un Chevrolet Tracker, aunque manejaba dos camionetas Volkswagen Tiguan a nombre de terceros. Los fiscales también identificaron la acreditación de fondos ilícitos a través de SAXA LIBERO SA, que operaba una cuenta en el Banco Supervielle con depósitos por un total de $8.620.967 entre 2011 y 2021.

Uno de los puntos más comprometidos para Insaurralde es el patrón de viajes internacionales. Entre 2022 y 2023, el ex funcionario gastó aproximadamente 98.133 dólares en vuelos, una cifra que los fiscales consideran imposible de justificar para alguien que ha trabajado exclusivamente en la función pública. Los investigadores detectaron un esquema en el que agencias de viaje locales recibían dinero en efectivo o pagos mediante tarjetas de crédito de terceros, mientras que contrapartes en el extranjero, como Forest Travel Agency Inc. en Miami, realizaban los pagos de los servicios, dificultando la trazabilidad.

El caso que más destaca es el reciente viaje de Insaurralde a Marbella, España, en septiembre de 2023, donde se alojó en un hotel por €27.911,48, y alquiló un yate por €13.176,17. El pago de estos gastos fue realizado a través de una tarjeta de crédito Visa de JP Morgan, a nombre de la agencia Forest Travel Agency Inc.

Los registros de migraciones revelan que Insaurralde realizó 76 vuelos internacionales durante el período investigado, con un gasto total de más de 71.280 dólares. Algunos de estos viajes fueron pagados por terceros, incluyendo un viaje de 2013 a cargo de Casinos Victoria S.A., con un costo de 7.500 dólares.

Los fiscales sostienen que estos fondos provendrían de actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que Insaurralde ha ocupado desde 2003, lo que agrava su situación legal en el marco de esta causa.

Leonardo Cifelli critica la gestión cultural anterior y señala a Tecnópolis como una 'máquina de quemar plata'

En su informe de gestión presentado ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, ofreció una evaluación crítica de la situación financiera y administrativa del sector cultural. Durante su intervención, Cifelli calificó como "devastado" el estado en que encontró la Secretaría, destacando deudas acumuladas y una estructura ineficiente con tareas duplicadas.

Uno de los puntos más controversiales de su discurso fue la referencia a Tecnópolis, un parque temático inaugurado en 2011, al que describió como una "máquina de quemar plata". Según el funcionario, el parque acumulaba deudas superiores a los 600 millones de pesos, debiendo pagos a proveedores de servicios esenciales como seguridad, higiene, iluminación y mantenimiento. Cifelli afirmó que Tecnópolis solo se abría una vez al año y no generaba ingresos, lo que resultaba en una pérdida económica considerable para el país.

Cifelli también abordó la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), revelando que más de 100 películas financiadas en 2023 no superaron los mil espectadores en total. Este dato, subrayó, evidencia un mal uso de los recursos públicos, afirmando que, en promedio, cada película costó a los argentinos alrededor de 50.000 dólares. En su opinión, este tipo de gastos representan una gestión ineficiente y una falta de control en la asignación de fondos.

El secretario explicó que, al asumir el cargo, se encontró con una deuda total en la Secretaría de más de 7.000 millones de pesos. Este déficit, afirmó, es el resultado de años de una política que dependía excesivamente del apoyo estatal para sostener a la industria cultural. Cifelli señaló que la administración actual ha implementado mecanismos más transparentes y eficientes, estableciendo auditorías en todas las áreas para combatir la corrupción y eliminar beneficios que, según él, favorecían a un grupo reducido de personas.

Entre los logros de su gestión, destacó la puesta en valor del Centro Cultural Borges, que presentaba múltiples problemas de infraestructura y equipamiento. Además, resaltó la renovación de la Red de Casas de la Cultura, que incluye 130 espacios en todo el país. Anunció también que en 2025 se llevará a cabo un concurso público para la mayoría de los museos nacionales, en un esfuerzo por reorganizar y optimizar los recursos del sector cultural.

Finalmente, Cifelli adelantó los planes de la Secretaría, que en breve pasará a depender de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Entre las propuestas más relevantes mencionó la participación argentina en ferias internacionales como ARCOMadrid, con el objetivo de generar mayores oportunidades de negocios para los artistas nacionales. Además, se comprometió a trabajar en la modificación o eliminación de leyes que, según su visión, limitan la libertad de las industrias culturales en Argentina.

Con este diagnóstico, Cifelli concluyó su exposición enfatizando que el gobierno actual enfrenta una “batalla cultural” para erradicar la corrupción y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos destinados al ámbito cultural.

La Cámara Federal Reconoce Compensaciones Remunerativas en Pensiones del Servicio Penitenciario Federal y Declara Prescripción Parcial de la Deuda

La Cámara Federal de Resistencia ha emitido una sentencia definitiva en el caso “Reinoso, María Inés y Otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Servicio Penitenciario Federal” (FRE 16026/2017/CA2). Este fallo aborda un reclamo relacionado con el régimen de pensiones y compensaciones de los retirados del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La jueza de primera instancia había reconocido parcialmente la demanda, ordenando al Estado Nacional abonar a las demandantes, en su calidad de pensionadas de José Domingo Rojas, las sumas correspondientes a su haber de retiro conforme al Decreto 243/15, desde febrero de 2015 hasta septiembre de 2019. El fallo excluyó la aplicación de adicionales basados en normativas derogadas y estipuló la liquidación de suplementos como “Responsabilidad Jerárquica” y “Apoyo Operativo”. Sin embargo, el SPF apeló, cuestionando varios puntos de la decisión.

El SPF argumentó que los suplementos mencionados no deberían aplicarse a personal retirado, ya que muchos de ellos son considerados no remunerativos y condicionados a la prestación activa de servicios. No obstante, la Cámara, citando precedentes de la Corte Suprema, ratificó el carácter remunerativo y bonificable de algunos de estos suplementos, como “Apoyo Operativo” y “Gastos de Representación”.

Además, se estableció que la deuda anterior al 22 de diciembre de 2015 estaba prescripta, basándose en los plazos del Código Civil y Comercial. Las costas de la instancia fueron impuestas a la parte demandada.

Este fallo representa un hito en la interpretación del régimen de pensiones del SPF, subrayando los derechos de los retirados a percibir ciertos suplementos y fijando límites a los reclamos en función de la prescripción legal.

Investigación Judicial del Polo Obrero: Desvío de Fondos Públicos y Facturación Apócrifa en la Mira

La causa judicial que involucra al Polo Obrero ha avanzado significativamente en los últimos meses, profundizando en la ruta del dinero y el entramado financiero detrás de la agrupación. A dos meses del procesamiento de Eduardo Belliboni y otros dirigentes de la organización, la Justicia ha centrado su atención en el desvío de fondos públicos a través de facturación falsa y la utilización de cooperativas y sociedades vinculadas.

La Fiscalía, encabezada por Gerardo Pollicita, ha identificado una nueva sociedad bajo investigación: Ediciones e Impresiones Panorama SRL, creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor. Esta empresa, con un objeto social amplio que incluye la impresión y distribución de productos gráficos, estaría cumpliendo el mismo rol que otra firma previamente investigada, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, en el desvío de fondos destinados al Polo Obrero. Ambas empresas habrían facilitado el desvío de más de $36 millones.

El juez Sebastián Casanello, que procesó a los dirigentes del Polo Obrero, destacó la importancia de los mensajes de WhatsApp obtenidos de los teléfonos de los implicados. Estos mensajes revelan cómo los dirigentes de la agrupación cambiaron el manejo de las cuentas bancarias, instruyendo a los miembros a dejar de utilizar la cuenta de Rumbos y transferir los fondos a Panorama. Este cambio de cuentas fue clave en la canalización de los fondos desviados.

Además de las imprentas mencionadas, otras cooperativas y empresas están bajo la lupa de la Justicia. Una de ellas es la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, vinculada a una planilla titulada “Pagos del convenio productivo sin factura macheada,” encontrada en un allanamiento. También está involucrada Coxtex SA, una usina de facturas falsas que, pese a las alertas de la AFIP en 2022, continuó operando y emitió más de $480 millones en facturas en apenas trece meses. Coxtex fue fundada por María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, pero las investigaciones revelaron que estas personas habrían sido utilizadas como testaferros, y que los verdaderos responsables permanecen ocultos.

El Polo Obrero habría utilizado facturas apócrifas emitidas por varias empresas para justificar los egresos de dinero, en un esquema que involucraba connivencia entre los dirigentes de la agrupación y los gerentes de estas firmas. Entre ellas, se destacan Urban Graphics SA, que emitió una factura por $5 millones, y Carlos Monfrini, inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos, quien emitió cuatro facturas por casi $3 millones.

A finales de julio de 2024, el juez Casanello procesó a Belliboni y a otros 15 dirigentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que algunas de las implicadas también fueron acusadas de amenazas coactivas. El juez ordenó el congelamiento de los bienes y cuentas bancarias de los procesados, así como de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor.

El fiscal Pollicita solicitó además que Emilio Pérsico, ex titular de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declarar por su presunta participación en una "matriz de corrupción" que habría permitido al Polo Obrero extorsionar a beneficiarios de planes sociales y desviar fondos para actividades partidarias. Esta solicitud fue rechazada inicialmente por el juez Casanello, pero será evaluada por la Cámara Federal, que deberá decidir si se investigará una posible asociación ilícita dentro de la Secretaría de Economía Social.

En conclusión, la investigación continúa avanzando y pone en evidencia un esquema complejo de desvío de fondos públicos mediante la utilización de facturación falsa y la complicidad de diversas cooperativas y empresas que facilitaban la operatoria del Polo Obrero.

El Poder Judicial ordena traslado de un funcionario del Servicio Penitenciario Federal para proteger la salud de su hijo

En un fallo reciente ( Expte. N° FRE 13175/2022/CA1 provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia (CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 13175/2022) ), la Cámara Federal de Resistencia confirmó una sentencia que obliga al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a trasladar a Facundo Adrián Velázquez a la Unidad Penal N° 7 en Resistencia, Chaco. El traslado se debe a que su hijo menor, quien vive en esa localidad junto a su madre, sufre de trastorno del espectro autista (TEA), una condición que, según informes médicos, ha empeorado debido a la separación física del padre.

El fallo destaca que la salud del niño es una prioridad constitucional, y el tribunal enfatizó el Interés Superior del Niño, un principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. A pesar de las facultades discrecionales del SPF para organizar a su personal, la jueza determinó que el bienestar del menor debe prevalecer sobre las políticas internas del organismo. El fallo sostiene que mantener la cercanía entre padre e hijo es crucial para evitar secuelas irreparables en el desarrollo del menor.

El fallo fue apelado por el SPF, argumentando que la vía judicial utilizada (amparo) era inapropiada, y que el fallo carecía de suficiente fundamentación. Sin embargo, la Cámara rechazó los argumentos del SPF y ratificó la decisión del tribunal de primera instancia.

Este caso subraya la importancia de los derechos de los niños y establece un precedente en cuanto a la obligación del Estado de velar por la salud y el bienestar de los menores, incluso cuando esto implica modificaciones en la distribución del personal en instituciones públicas.

Fallo:  VELAZQUEZ, FACUNDO ADRIAN c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
s/AMPARO LEY 16.986

Denuncian a Roberto García Moritán por presuntas contrataciones irregulares y malversación de fondos públicos

Roberto García Moritán, empresario y actual funcionario a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por la contratación presuntamente irregular de 384 empleados en un período de seis meses, además de otras presuntas irregularidades vinculadas a fundaciones y la recepción de donaciones de diversas empresas. La causa quedó en manos de la jueza María Servini, titular del Juzgado Federal 1, tras ser sorteada entre los tribunales competentes.

La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Miguez, representante de la "Fundación por la Paz y el Cambio Climático". Según la denuncia, García Moritán habría contratado a estos empleados con salarios superiores a $1.000.000 sin justificación clara respecto de sus funciones en el Ministerio. Además, se señala que en algunas áreas se llegó a designar más de 30 empleados en un solo día, incrementando los gastos del Ministerio en más de 300 millones de pesos mensuales.

Miguez también solicitó que se tomen medidas de prueba, como el libramiento de oficios a organismos de control para investigar posibles movimientos financieros inusuales, transferencias internacionales y comportamientos atípicos en las cuentas bancarias del denunciado y las entidades involucradas.

La denuncia incluye cargos por presunta malversación de caudales públicos y peculado, lo que podría generar un impacto significativo en la gestión del funcionario porteño y en el desarrollo de las investigaciones judiciales a cargo de Servini. Las fuentes judiciales informaron que se espera que las investigaciones avancen en las próximas semanas para determinar la veracidad de las acusaciones presentadas.

Vulneración de derechos del personal policial retirado Policía de Entre Ríos: Reclamos laborales limitados y derechos constitucionales no reconocidos por la justicia

En un fallo reciente emitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Entre Ríos, el Poder Judicial rechazó una demanda presentada por Alfredo Fabián Basin, un numerario retirado de la policía provincial, evidenciando la limitación que enfrenta el personal policial para ejercer sus derechos de expresión y reclamo laboral. Este fallo resalta la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los policías, incluso en situación de retiro, quienes se ven imposibilitados de ejercer plenamente sus garantías constitucionales.

La causa es la "BASIN ALFREDO FABIAN C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SUMARIO N° 1916" siendo los miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 (Paraná, Entre Ríos), a saber: ADRIANA ACEVEDO, HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS y MARCELO BARIDON.

A su vez las actuales autoridades de la Policía de Entre Ríos que pueden dar respuestas a estas acciones que menoscaban la libertad de expresión y niegan el legítimo derecho de ejercer derechos constitucionales son: JEFE DE POLICIA Crio. General GONZALEZ CLAUDIO OMAR, SUB JEFE DE POLICIA Crio. General HORMACHEA CRISTIAN ALEJANDRO, Director Crio. General Echaniz Carlos Fernando, Jefe De División Division Asesoría Letrada Crio. Mayor Masset Sergio Raul, Director Crio. General Sosa Jorge Andres, Director Crio. General Cabello Del Campo Miriam Alejandra.

El caso: la cesantía de Alfredo Fabián Basin

Alfredo Fabián Basin fue cesanteado de su cargo en la Policía de Entre Ríos tras participar en manifestaciones organizadas por la Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos (APROPOLER). En dichas marchas, realizadas en noviembre de 2020, se exigían mejores condiciones laborales, el reconocimiento de APROPOLER como sindicato y la renuncia del Jefe de la Policía de Entre Ríos y de la Ministra de Gobierno provincial.

La resolución de cesantía se fundamentó en que la participación de Basin en estas actividades violaba disposiciones disciplinarias internas, las cuales establecen que los policías, incluso en retiro, deben respetar ciertos principios jerárquicos y disciplinarios. Durante el proceso administrativo y judicial, se le reprochó haber hecho declaraciones públicas y convocado a las movilizaciones, argumentando que estas acciones afectaban la disciplina policial.

Derechos constitucionales y de jerarquía constitucional vulnerados

Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos que el personal policial tiene reconocidos en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. Derecho a la libertad de expresión (Artículo 14 de la Constitución Nacional y Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
El fallo plantea una limitación severa al derecho a la libertad de expresión del personal policial retirado. La libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. En este caso, Basin fue sancionado por expresar públicamente su descontento con la gestión policial y por participar en manifestaciones en las que se criticaban las condiciones laborales de la policía y se pedía la renuncia de autoridades.

Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que puede haber restricciones a la libertad de expresión para asegurar el orden público y la seguridad, estas limitaciones deben ser razonables y proporcionales. En este sentido, el fallo judicial ha sido cuestionado por no haber aplicado una interpretación favorable a los derechos humanos, conocida como el principio pro homine, que exige que en situaciones de conflicto entre derechos, se elija la interpretación más favorable a la persona.

2. Derecho a la sindicalización y protesta (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional)
La Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y realizar reclamos colectivos. Sin embargo, la legislación argentina excluye a los policías de la posibilidad de formar sindicatos, lo que ha sido objeto de debate en instancias judiciales nacionales e internacionales. En el caso de Basin, el argumento central del Estado fue que su participación en una asociación que lucha por los derechos laborales de los policías y su reclamo público constituían una violación a las normas de disciplina interna de la policía.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva N° 27 de 2021, ha reconocido que los miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos los policías, tienen derecho a organizarse y a expresar pacíficamente sus demandas laborales, aunque este derecho esté sujeto a restricciones debido a la naturaleza de su función. La Corte subraya que el personal policial cumple una función básicamente civil y, como tal, debe gozar de ciertos derechos laborales, incluyendo el derecho a organizarse y expresarse en temas que afectan sus condiciones de trabajo.

3. Derecho a un debido proceso (Artículo 18 de la Constitución Nacional)
Otro derecho potencialmente vulnerado en este caso es el derecho al debido proceso. Basin argumentó que las normativas aplicadas en su contra no debieron extenderse a su situación de retirado, ya que su conducta no encuadraba dentro de las infracciones que afectan a los policías en servicio activo. El hecho de que se le sancionara por acciones realizadas fuera de su servicio y durante su retiro plantea serias dudas sobre si se respetó plenamente su derecho a la defensa y a un juicio justo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples fallos que toda sanción disciplinaria debe estar fundamentada en hechos y normas claras y que el personal debe tener la posibilidad de defenderse adecuadamente.

Interpretaciones conflictivas: el principio de obediencia vs. los derechos fundamentales

La esencia del conflicto reside en el choque entre los principios de disciplina y obediencia que rigen las fuerzas policiales y los derechos fundamentales de los individuos, incluso en retiro. El fallo judicial sostiene que el personal policial retirado sigue sujeto a las normativas de disciplina de la fuerza y que las declaraciones públicas de Basin, pidiendo la renuncia de autoridades y denunciando mal manejo en la gestión, atentaban contra el principio de obediencia jerárquica.

Sin embargo, este argumento debe evaluarse a la luz de los principios internacionales de derechos humanos, que reconocen que la libertad de expresión y el derecho a organizarse son esenciales para cualquier ciudadano, incluidos los policías. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda limitación a los derechos fundamentales debe ser excepcional, estar claramente justificada y ser proporcional al objetivo buscado, en este caso, la preservación del orden público.

Conclusión: La necesidad de una revisión constitucional

El caso de Alfredo Fabián Basin pone de relieve la necesidad de revisar el marco normativo que regula los derechos del personal policial, particularmente en relación con sus derechos laborales y de expresión. A nivel internacional, las restricciones a los derechos de los policías, como las impuestas en este caso, son cada vez más cuestionadas por organismos de derechos humanos, que insisten en que cualquier limitación debe ser proporcional y justificada.

El desafío radica en encontrar un equilibrio adecuado entre los principios de orden y disciplina que rigen las fuerzas policiales y los derechos fundamentales de los individuos que, como todos los ciudadanos, deben poder gozar de las garantías constitucionales y de los derechos humanos.