La reciente designación del Sr. Sergio Gustavo Pérez de San Román como Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina por parte del Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich), a través de la Decisión Administrativa 985/2024, ha generado controversia por varias irregularidades, incluyendo el nombramiento bajo un "carácter transitorio" y de "excepción" por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto. Esta situación suscita preguntas sobre la legalidad de su designación y las implicancias para la seguridad jurídica en las instituciones públicas del país. Dicha decisión fue firmada por Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Normativa incumplida
En Argentina, el acceso a cargos públicos está regulado por leyes y normas que establecen los requisitos mínimos para asegurar la idoneidad y la transparencia en la selección de personal. Uno de los pilares fundamentales es el Decreto 993/91, conocido como el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), que establece los requisitos mínimos para acceder a cargos públicos, incluyendo la necesidad de contar con un título universitario para posiciones de nivel jerárquico como la que ocupa el Auditor Adjunto General.
La decisión de designar a una persona que no cumple con este requisito básico viola los principios del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de acceso a los cargos públicos bajo condiciones de idoneidad. Esto también entra en conflicto con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que los funcionarios deben ser seleccionados con base en sus méritos y capacidades, excluyendo toda forma de favoritismo.
Impacto en la seguridad jurídica
La seguridad jurídica se refiere al principio de que las leyes deben ser claras, estables y aplicadas de manera consistente, lo que garantiza previsibilidad y confianza en las instituciones. Cuando un funcionario es designado en base a criterios arbitrarios o excepcionales sin una justificación clara y sin cumplir con las normativas vigentes, se pone en riesgo este principio fundamental.
La designación de un auditor que no cumple los requisitos legales para el cargo afecta la transparencia y credibilidad de las auditorías realizadas por la Policía Federal Argentina, que son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Además, genera incertidumbre sobre la objetividad e imparcialidad de la supervisión interna en una institución tan crítica para la seguridad pública.
Importancia de procesos de selección transparentes y equitativos
El caso de la designación del Sr. Pérez de San Román ilustra la necesidad de procesos de selección de personal en el sector público que sean transparentes, equitativos y basados en los méritos. Cuando estos principios no se respetan, las decisiones se perciben como arbitrarias, erosionando la confianza en las instituciones.
El acceso a un puesto clave en una auditoría, especialmente en el ámbito de la seguridad, sin cumplir los requisitos establecidos, plantea serios riesgos. Un auditor con estas características podría no tener las competencias necesarias para detectar irregularidades o podría verse influenciado por intereses ajenos a los principios de la auditoría pública. Esto subraya la importancia de seleccionar personal con las cualificaciones adecuadas para el cargo, algo que no solo garantiza la eficiencia, sino que también fortalece la legitimidad del sistema público.
Conclusión
La designación irregular del Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina constituye una violación a la normativa vigente y afecta negativamente la seguridad jurídica del país. La transparencia y la equidad en los procesos de selección de personal son fundamentales para garantizar que las instituciones públicas funcionen de manera efectiva y bajo los principios de la ley. El respeto a las normativas y la idoneidad de los funcionarios no son meras formalidades; son garantías para preservar la confianza pública y la estabilidad institucional.
Este tipo de designaciones, que no siguen los procedimientos establecidos, generan incertidumbre y erosionan la confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley.
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