Investigación Judicial del Polo Obrero: Desvío de Fondos Públicos y Facturación Apócrifa en la Mira

La causa judicial que involucra al Polo Obrero ha avanzado significativamente en los últimos meses, profundizando en la ruta del dinero y el entramado financiero detrás de la agrupación. A dos meses del procesamiento de Eduardo Belliboni y otros dirigentes de la organización, la Justicia ha centrado su atención en el desvío de fondos públicos a través de facturación falsa y la utilización de cooperativas y sociedades vinculadas.

La Fiscalía, encabezada por Gerardo Pollicita, ha identificado una nueva sociedad bajo investigación: Ediciones e Impresiones Panorama SRL, creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor. Esta empresa, con un objeto social amplio que incluye la impresión y distribución de productos gráficos, estaría cumpliendo el mismo rol que otra firma previamente investigada, Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, en el desvío de fondos destinados al Polo Obrero. Ambas empresas habrían facilitado el desvío de más de $36 millones.

El juez Sebastián Casanello, que procesó a los dirigentes del Polo Obrero, destacó la importancia de los mensajes de WhatsApp obtenidos de los teléfonos de los implicados. Estos mensajes revelan cómo los dirigentes de la agrupación cambiaron el manejo de las cuentas bancarias, instruyendo a los miembros a dejar de utilizar la cuenta de Rumbos y transferir los fondos a Panorama. Este cambio de cuentas fue clave en la canalización de los fondos desviados.

Además de las imprentas mencionadas, otras cooperativas y empresas están bajo la lupa de la Justicia. Una de ellas es la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, vinculada a una planilla titulada “Pagos del convenio productivo sin factura macheada,” encontrada en un allanamiento. También está involucrada Coxtex SA, una usina de facturas falsas que, pese a las alertas de la AFIP en 2022, continuó operando y emitió más de $480 millones en facturas en apenas trece meses. Coxtex fue fundada por María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, pero las investigaciones revelaron que estas personas habrían sido utilizadas como testaferros, y que los verdaderos responsables permanecen ocultos.

El Polo Obrero habría utilizado facturas apócrifas emitidas por varias empresas para justificar los egresos de dinero, en un esquema que involucraba connivencia entre los dirigentes de la agrupación y los gerentes de estas firmas. Entre ellas, se destacan Urban Graphics SA, que emitió una factura por $5 millones, y Carlos Monfrini, inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos, quien emitió cuatro facturas por casi $3 millones.

A finales de julio de 2024, el juez Casanello procesó a Belliboni y a otros 15 dirigentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que algunas de las implicadas también fueron acusadas de amenazas coactivas. El juez ordenó el congelamiento de los bienes y cuentas bancarias de los procesados, así como de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor.

El fiscal Pollicita solicitó además que Emilio Pérsico, ex titular de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declarar por su presunta participación en una "matriz de corrupción" que habría permitido al Polo Obrero extorsionar a beneficiarios de planes sociales y desviar fondos para actividades partidarias. Esta solicitud fue rechazada inicialmente por el juez Casanello, pero será evaluada por la Cámara Federal, que deberá decidir si se investigará una posible asociación ilícita dentro de la Secretaría de Economía Social.

En conclusión, la investigación continúa avanzando y pone en evidencia un esquema complejo de desvío de fondos públicos mediante la utilización de facturación falsa y la complicidad de diversas cooperativas y empresas que facilitaban la operatoria del Polo Obrero.