Un hecho que ha generado gran conmoción ocurrió en Resistencia, Chaco, donde Gabriela Casa, abogada de la Defensoría Oficial, fue internada de manera involuntaria en el área de Salud Mental del Hospital Perrando. Este suceso desató una fuerte polémica, pues la abogada había denunciado irregularidades en casos de maltrato laboral en el Poder Judicial provincial, situación que, según fuentes, estaría relacionada con su internación forzosa.
El caso involucra la aplicación del nuevo "protocolo de internación involuntaria", introducido en la Ley de Salud Mental bajo la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. Este protocolo, según las autoridades de salud, permite la internación forzosa en situaciones específicas, aunque el abogado de Casa, Alejandro La Regina, aseguró que no existía ninguna autorización legal para ejecutar el procedimiento.
El incidente se produjo el 7 de octubre, cuando efectivos policiales irrumpieron en la vivienda de Casa, la restringieron y sedaron contra su voluntad para trasladarla al hospital. Videos difundidos en redes sociales captaron el violento accionar, en el cual la policía derribó la puerta de la casa de la abogada, quien se encontraba relatando a los periodistas su situación y denunciando que no había recibido explicación alguna sobre los motivos de su internación.
Este tipo de incidentes evidencia un problema recurrente dentro de las fuerzas de seguridad y policiales, donde los servicios médicos, en particular los de salud mental, se utilizan como mecanismos de coacción y sanción indirecta. El "servicio de reconocimientos médicos", común en estas instituciones, puede ser empleado para aplicar sanciones encubiertas, con escaso o nulo control judicial y administrativo. Esta práctica vulnera derechos fundamentales, generando preocupación en organizaciones de derechos humanos que denuncian el abuso de estos protocolos.
En el caso de Casa, su internación no fue un episodio aislado. La abogada ya había sufrido internaciones involuntarias previas vinculadas a su estado de salud mental, lo que ella misma describe como una forma de castigo derivada de sus denuncias laborales. La intervención médica, en ocasiones solicitada por superiores jerárquicos como medida "preventiva", pone en cuestión el balance entre la protección de la salud mental y el uso de estos servicios como herramienta de control.
El ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, defendió el operativo, asegurando que se cumplió con los procedimientos establecidos en la ley y que la decisión de internar a Casa fue tomada en conjunto con el Poder Judicial y el equipo médico. Sin embargo, la defensora oficial Alicia Alcalá, a quien Casa acusa de irregularidades, negó haber solicitado la internación y expresó que solo se activó el protocolo para que las autoridades correspondientes evaluaran la situación.
Este conflicto resalta la falta de control efectivo sobre las fuerzas de seguridad en situaciones de internaciones involuntarias. Mientras tanto, se espera que la Justicia determine los próximos pasos en el caso de Casa, quien sigue internada, con su alta sujeta a la decisión judicial.
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