En el marco de la conmemoración del cincuentenario del cruento atentado perpetrado por la organización Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, diversos sectores civiles, legisladores y familiares de las víctimas se congregaron en un acto frente al edificio ubicado en Moreno 1417, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar el avance definitivo de las causas judiciales y la condena de los máximos responsables de la masacre.
Durante el encuentro, convocado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Unión de Promociones y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), se denunció la impunidad prolongada por medio siglo que rodea al segundo hecho terrorista más sangriento en la historia del país, el cual provocó la muerte de 24 personas y causó heridas o mutilaciones a otras 120 el 2 de julio de 1976.
Los oradores principales del acto concentraron sus reclamos en la reactivación penal contra los imputados que continúan con vida, solicitando que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la resolución dictada en diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
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Aquel fallo había revocado la prescripción dictaminada previamente por la jueza federal María Servini de Cubría, ordenando la declaración indagatoria de Mario Firmenich y anulando los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Lila Pastoriza y Norma Walsh.
Los manifestantes señalaron que el proceso judicial se encuentra demorado debido a los recursos interpuestos por el propio Mario Firmenich, Patricia Walsh y el resto de los procesados, lo que ha dilatado una resolución definitiva e impedido la comparecencia de los acusados ante los tribunales.
En el plano político e institucional, se criticó con dureza el accionar del Poder Judicial y el desinterés de la dirigencia política, argumentando la existencia de una profunda asimetría y falta de imparcialidad en el tratamiento de la violencia de la década de 1970.
El doctor Emilio Hardoy, en representación de la asociación Justicia y la Concordia, manifestó que los magistrados han carecido de voluntad y coraje para enjuiciar a los miembros de las organizaciones subversivas, contrastando dicha dilación con la celeridad aplicada para perseguir a los agentes estatales de la época.
Asimismo, Hardoy acusó a las sucesivas gestiones de enaltecer el terrorismo, poniendo como principal ejemplo la imposición del nombre de Rodolfo Walsh, señalado en el acto como presunto autor intelectual del atentado, a la estación de subterráneo más cercana al lugar de la tragedia, calificando el hecho como una afrenta directa hacia la memoria de los caídos y sus familiares.
El acto contó con la presencia de figuras públicas como el diputado Guillermo Montenegro, la legisladora porteña Rebeca Fleitas —quien impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para remover la denominación de Rodolfo Walsh de la red de transporte público, actualmente paralizado— y el escritor y cineasta Diego Recalde.
Los testimonios de los sobrevivientes y familiares aportaron detalles sobre el impacto humano de la detonación de la denominada bomba vietnamita. Julio César Renzacci, sobreviviente del ataque tras sufrir el seccionamiento de su arteria femoral, relató las circunstancias de su evacuación hacia el hospital Rawson y criticó el temor actual de dirigentes como Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Fernando Vaca Narvaja y Patricia Walsh a declarar ante los tribunales.
Por su parte, Gabriel Cepeda, hijo de la víctima fatal Josefina Melucci de Cepeda, lamentó la exclusión sistemática de los familiares dentro del proceso penal, mientras que Victoria Matienzo evocó la memoria de su hermano, el joven agente Ernesto Osvaldo Matienzo, reafirmando el compromiso familiar de sostener el reclamo activo de justicia frente a la inacción judicial.
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