Según informa La Nación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos internacionales a los Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la investigación criminal que involucra al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez.
La medida judicial busca determinar de manera fehaciente si el funcionario es el propietario real de tres inmuebles ubicados en el estado de Florida, los cuales no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La resolución del magistrado atiende de forma directa al requerimiento formulado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
El fiscal general propuso una serie de medidas de prueba adicionales para profundizar la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal.
Asimismo, la PIA considera que el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal ya cuenta con evidencias suficientes para indagar a Vázquez por el delito de omisión maliciosa de datos.
El entramado de sociedades y los bienes en Florida
De acuerdo con la reconstrucción patrimonial efectuada por los organismos de investigación, los departamentos situados en la ciudad de Miami fueron adquiridos entre los años 2013 y 2015. Las operaciones se realizaron a través de dos firmas constituidas en Panamá: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.
Ambas estructuras jurídicas pasaron en 2016 al control de Galanthus Capital Limited, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas en cuyos registros Andrés Gerardo Vázquez figura expresamente como beneficiario final. Adicionalmente, se constató que desde el año 2021 las hijas mellizas del funcionario ejercen los cargos de secretaria y tesorera en las dos sociedades panameñas.
La Procuraduría reunió diversos indicios comerciales y fácticos para sostener que Vázquez es el verdadero titular de los bienes, valuados en más de dos millones de dólares:
- Pago de tributos: El funcionario y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez (quien también se desempeña como funcionaria de la ARCA), abonaron de forma particular tasas e impuestos municipales de los inmuebles en Florida por un monto aproximado de 136.000 dólares entre 2014 y 2018, recibiendo reembolsos a sus nombres.
- Uso familiar y domicilios: Las hijas del imputado residen desde 2022 en una unidad del complejo Sunny Isles vinculada a Pompeya Group Corp. Por otra parte, el domicilio particular de Vázquez en el barrio de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó registrado ante las autoridades de Florida como la sede oficial de Alcorta Corp.
- Inconsistencia financiera: El dictamen de la PIA expone una severa desproporción en el flujo de fondos. En el período previo a la adquisición de un departamento en el complejo Icon Brickell, el investigado declaró disponibilidades líquidas por 40.000 dólares, una cifra marcadamente inferior a los 1.100.000 dólares que demandaron las transacciones inmobiliarias de las firmas vinculadas.
Ramificaciones locales y el uso de sociedades pantalla
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal, donde también interviene el fiscal federal Guillermo Marijuan, extiende la sospecha hacia la firma Consultora San Andrés SA. Esta empresa, controlada en un 51% por Vázquez junto a su hermana, carece de empleados registrados pero llegó a registrar la titularidad de cuatro vehículos de forma simultánea.
Según los investigadores, la firma habría otorgado un préstamo financiero al funcionario para la adquisición de su vivienda en Puerto Madero, una maniobra que la fiscalía encuadra en el posible uso de una "sociedad pantalla" para canalizar dinero no declarado.
Bajo la lupa judicial se encuentra además la compra, efectuada en 2018, de un departamento tríplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building (Faena Properties), también en Puerto Madero.
Dicha propiedad fue escriturada por un valor cercano a los 226.000 dólares, un monto que la PIA califica como un claro indicio de subvaluación, dado que unidades de idénticas características en la zona se comercializaban por más del doble de ese valor.
Requerimientos de información y plazos procesales
A fin de constatar el origen y destino de los fondos, el juez Martínez de Giorgi ordenó librar exhortos a las entidades bancarias estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo para acceder a los extractos financieros de Vázquez y su núcleo familiar, así como para verificar la existencia de cuentas operadas por Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.
Del mismo modo, se solicitó formalmente a las autoridades de los Estados Unidos el registro detallado de los movimientos migratorios del grupo familiar.
En el ámbito local, los pedidos de informes fueron dirigidos a la propia ARCA, al Colegio de Escribanos y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py señalaron que los plazos de la causa supeditan su avance a la cooperación internacional de las autoridades norteamericanas, un trámite que puede demorar desde unos meses hasta más de dos años en caso de mediar pedidos de aclaración técnica.
Por su parte, en el entorno del Poder Ejecutivo, Vázquez alegó de manera informal que las propiedades pertenecerían a un tercero cuya identidad no ha sido aportada ni ratificada formalmente en el expediente judicial.
El reproche penal por la presunta omisión maliciosa abarca los períodos fiscales que van de 2012 a 2015, y el correspondiente al año 2023.
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