La reciente prórroga de la designación de Rocío Ángeles Julieta Gómez, una joven de 22 años que se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia, ha suscitado una fuerte controversia administrativa y política. Gómez, quien ocupa el cargo de "Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales" bajo la órbita de Karina Milei, percibe una remuneración mensual superior a los 2,2 millones de pesos, una cifra que contrasta notablemente con los ingresos de otros sectores profesionales del Estado.
Según la información administrativa revelada, la funcionaria no cuenta con la formación académica ni la experiencia previa que el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) requiere para un puesto de tal jerarquía. Su trayectoria laboral conocida se limita a su participación como fiscal de mesa para La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. Sin embargo, en abril de 2025 fue incorporada a la estructura gubernamental sin atravesar un concurso de oposición y antecedentes, mecanismo habitual para garantizar la competencia técnica en el Estado.
El desglose de su salario evidencia una ingeniería administrativa particular. Si bien por su nivel escalafonario le correspondería un sueldo básico cercano al millón de pesos, la Secretaría General autorizó una "excepción" que le otorga un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV. Esta decisión, firmada por la autoridad máxima del área, permitió duplicar sus haberes, alcanzando la cifra de $2.274.263,46, monto que se ajusta automáticamente con las paritarias del sector.
Este caso pone de manifiesto el concepto de corrupción por incumplimiento de idoneidad. En la ética pública, la corrupción no se limita únicamente a la malversación de fondos, sino que incluye la aceptación y el ejercicio de cargos para los cuales no se posee la cualificación técnica necesaria. Aceptar una responsabilidad estatal sin la preparación adecuada implica no solo una falta ética, sino un potencial perjuicio a la eficiencia de la administración pública, financiada por los contribuyentes.
La situación resulta paradójica frente al discurso público de la propia funcionaria. Meses antes de su nombramiento, Gómez fue registrada en un video defendiendo la educación pública como motor de una "sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo". No obstante, su ascenso administrativo no parece responder a estos valores, sino a una lógica de premiación a la lealtad partidaria y al activismo en redes sociales, eludiendo los filtros de capacidad profesional que se exigen al resto de la ciudadanía.
La disparidad salarial profundiza el malestar social. Mientras la coordinadora percibe más de dos millones de pesos por tareas de "seguimiento", profesionales esenciales para el funcionamiento del país reciben remuneraciones significativamente menores. Un médico clínico promedio, una maestra con una década de antigüedad o un agente de policía perciben, en muchos casos, menos de la mitad o incluso un tercio de lo que cobra la joven funcionaria, lo que distorsiona la escala de responsabilidades y retribuciones del sector público.
El caso de Gómez no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón que analistas señalan como nepotismo y clientelismo político. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares, amigos o allegados políticos, sin tomar en cuenta la competencia profesional. En este contexto, la administración parece haber abierto las puertas a una estructura de "militantes rentados" que ocupan cargos jerárquicos como recompensa por su labor proselitista o digital.
Otros nombramientos recientes refuerzan esta observación. Figuras conocidas en el ámbito de las redes sociales y el activismo digital oficialista han sido designadas en áreas sensibles como la Dirección Nacional de Comunicación Digital o la empresa estatal Intercargo. Al igual que en el caso de Gómez, muchos de estos funcionarios carecen de antecedentes en gestión pública, lo que sugiere que la cercanía al círculo de poder prima sobre la idoneidad técnica.
La reiteración de estas prácticas, que incluyen la designación de familiares directos y parejas de referentes políticos en diversas dependencias estatales, contradice las promesas de austeridad y profesionalización del Estado esgrimidas durante la campaña electoral. La utilización de excepciones administrativas para justificar sueldos ejecutivos a personal sin experiencia debilita la confianza en las instituciones y en la transparencia del gasto público.
En conclusión, la permanencia de Rocío Gómez en su cargo, avalada por las máximas autoridades, expone una tensión entre el discurso oficial contra la "casta" y la realidad de la gestión diaria. La normalización de la falta de idoneidad y el favorecimiento de lealtades personales sobre el mérito profesional plantean serios interrogantes sobre la calidad institucional y el uso responsable de los recursos del Estado.
Vía: DATA24 / Augusto Grinnner
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