A medio siglo de uno de los capítulos más sangrientos de la violencia política en la Argentina, el brutal atentado de la organización terrorista Montoneros contra el comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal, los lazos entre el pasado y el presente económico del país vuelven a cruzarse de forma polémica.
A pesar de los constantes reclamos de justicia y memoria por parte de los familiares de las víctimas directas de aquel ataque, el Estado nacional continúa canalizando millonarias sumas de dinero público hacia empresas íntimamente vinculadas con antiguos miembros de esa cúpula terrorista.
La controversia se sitúa hoy en el corazón de las carteras de orden público, donde la en su momento ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la actual ministra Alejandra Monteoliva se encuentran señaladas por convalidar millonarios negocios con quienes formaron parte activa de las estructuras terroristas y que nunca fueron investigados ni condenados.
El eje central de esta trama económica y política se focaliza en la firma Surely S.A., una compañía tecnológica que ostenta un virtual monopolio en el suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas para detenidos en todo el territorio nacional.
Al frente de esta corporación se encuentra Mario Montoto, un hombre cuya biografía se remonta a los años setenta como un integrante clave del grupo armado Montoneros, habiéndose desempeñado formalmente como la mano derecha y secretario del máximo líder de la organización, Mario Firmenich.
Décadas después de aquella escalada violenta que marcó al país, el perfil de Montoto experimentó una metamorfosis comercial que lo transformó en el principal proveedor de alta tecnología de vigilancia, compartiendo además una amistad histórica con Patricia Bullrich desde los años 70.
La red de influencias e interconexiones de Surely S.A. se extiende de manera ramificada a través de sus estructuras corporativas y registros oficiales.
Su entramado de directores y socios incluye nombres clave del ámbito empresarial y de la seguridad, tales como Rafael Antonio Salamanca, Roberto Orlando Juárez, Gabriel Marcelo Perrone, Raúl Alberto Tesone, Florencia L. Spezzano, Silvina María del Valle Marchiori, Carlos Omar Ruda y Antonio Brunet.
De manera sumamente comprometedora, dentro de la mesa de directores de la empresa del exmontonero figura Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien ostenta la condición de Persona Expuesta Políticamente debido a su cargo como Subcomisario de la Policía Federal Argentina, actualmente retirado.
Estas relaciones se entrelazan de forma institucional con otras personas jurídicas del mercado local. Los directores Rafael Antonio Salamanca y Gabriel Marcelo Perrone extienden su control directo hacia la firma General Industries Argentina Sociedad Anónima.
Asimismo, Gabriel Marcelo Perrone conecta los intereses de Surely S.A. al desempeñarse como director en Sinectis S.A. y como socio y director en prestigiosas consultoras como Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PWC Business Advisory Services Argentina.
Por su parte, Roberto Orlando Juárez vincula operativamente a la compañía al figurar como socio en la asociación civil Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción y en la influyente Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (C.A.S.E.L.), donde también ocupa un rol directivo.
Finalmente, Raúl Alberto Tesone completa este esquema corporativo desempeñando funciones de dirección en la empresa Crown Plastic Closures Argentina.
La dimensión política de la familia Montoto se expande además a través de su hija, Fernanda Raverta —fruto de su relación con María Inés Raverta, desaparecida en 1977—, quien fuera titular de la ANSES y fundadora de HIJOS Mar del Plata, lo que añade un lazo directo con las cúpulas del kirchnerismo.
La indignación de los sectores que aún exigen el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la agrupación terrorista convive de manera directa con las fuertes sospechas de corrupción y licitaciones amañadas en los procesos de contratación del Estado.
Las recientes licitaciones tramitadas por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación han encendido las alarmas de competidores internacionales y legisladores de la oposición, quienes denuncian que los pliegos han sido sistemáticamente direccionados para favorecer de forma exclusiva a la firma de Montoto.
Empresas globales como la brasileña Synergye y la suiza Geostatis han impugnado formalmente estos procesos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, argumentando la existencia de una grave situación de irregularidad basada en requisitos de cumplimiento imposible.
Entre las anomalías técnicas detectadas, se destaca la exigencia restrictiva de poseer experiencia previa y local en monitoreo en Argentina, lo que anula de forma deliberada la participación de oferentes extranjeros que operan exitosamente en decenas de países del mundo.
Del mismo modo, se denunciaron pliegos con condiciones tecnológicas obsoletas orientadas a favorecer el sistema basado en la tecnología israelí Attenti que utiliza Surely S.A., la cual opera mediante radiofrecuencia inferior a 1 GHz conectada a un dispositivo intermedio.
Este esquema arcaico deja de lado herramientas modernas utilizadas globalmente como el GPS integrado, sistemas operativos universales como Android o iOS y el reconocimiento biométrico, encareciendo y precarizando el control penitenciario, tal como ocurre con la propia tobillera de monitoreo que porta Cristina Kirchner.
Sumado a las trabas técnicas, las barreras financieras impuestas resultan prohibitivas; un ejemplo de ello es la garantía de impugnación exigida por el Ministerio de Justicia, que ascendió a la exorbitante cifra de 3.501.720 dólares, bloqueando cualquier reclamo de los competidores.
La diputada nacional Mónica Frade, perteneciente a la Coalición Cívica, documentó formalmente ante la Ley N.º 27.442 cómo Surely S.A. ha monopolizado las adjudicaciones desde el año 2002, acumulando millonarios contratos estatales a lo largo del tiempo.
Entre el historial de contrataciones recopilado por Frade se detallan adjudicaciones en Río Negro por 5 millones de pesos en 2015, en la Provincia de Buenos Aires por 112 millones en 2017, y contratos con el Estado Nacional en 2018 por un total de 903 millones de pesos.
La progresión continuó en 2019 con un contrato en la Ciudad de Buenos Aires por 1.476 millones de dólares y otro a nivel nacional por 4.298 millones de pesos; seguidos por adjudicaciones en Mendoza de 1.506 millones de dólares en 2021 y 4 millones de dólares en 2024.
A nivel nacional, en el año 2022 se convalidó un contrato por 3.723 millones de pesos para tres mil servicios diarios, escalando en 2025 a un proceso de contratación por 110.970.000 dólares en el Ministerio de Justicia para once mil servicios diarios, superando ampliamente todos los valores de referencia esperados.
En sintonía con este patrón de beneficios, el Ministerio de Seguridad Nacional adjudicó de forma directa el 22 de julio de 2025 una orden de compra abierta a favor de Surely S.A. por la monumental cifra de 63.510.000 dólares.
Este esquema de sobreprecios se hace evidente al contrastar la realidad local con el mercado internacional: mientras que en Colombia el servicio similar cuesta cerca de 5 dólares diarios y en Portugal ronda los 7 euros, la oferta argentina de la firma de Montoto ascendió a 20,25 dólares diarios.
La persistencia de estos vínculos y beneficios comerciales ha llevado a la firma Synergye a anunciar una denuncia penal inminente, mientras la Oficina Anticorrupción enfrenta crecientes presiones para auditar y desmantelar un monopolio que encarece la justicia y compromete la ética pública del país.
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