En el marco del programa de reforma del Estado y desregulación económica impulsado por la administración del presidente Javier Milei, se han presentado denuncias ante la justicia federal que advierten sobre presuntas irregularidades en los procesos de valuación de seis empresas públicas estratégicas sujetas a privatización: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), Intercargo, Transener, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de la región de Comahue.
La sospecha central apunta al desplazamiento de los organismos técnicos competentes para habilitar tasaciones confidenciales y por debajo del valor de mercado.
La controversia comenzó tras la decisión unilateral del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el arquitecto Julio Roberto Villamonte —designado bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger—, de apartar al cuerpo colegiado de estas tasaciones.
Según constancias oficiales, Villamonte adujo facultades de representación institucional contempladas en la Resolución 72/2023 para omitir la intervención del plenario del tribunal, delegando de forma fáctica dicha responsabilidad en el sector bancario y financiero.
Modificaciones institucionales en el BICE
Ante el rechazo formal de los peritos técnicos del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina a realizar los peritajes debido a la falta de antecedentes específicos y el riesgo de contingencias legales, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, derivó el procedimiento al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Esta entidad modificó su estructura orgánica interna mediante el desplazamiento de su anterior conducción y la posterior designación de Maximiliano Voss como presidente y de Felipe Núñez como director.
Bajo la nueva conducción, el BICE constituyó formalmente en julio de 2025 una estructura denominada Unidad de Valuaciones, cuya creación quedó asentada en la Memoria Anual del ejercicio de ese año.
A través de este departamento ad hoc, se procedió a calificar los informes patrimoniales y las proyecciones financieras bajo la condición de "información sensible", aplicando cláusulas de confidencialidad y secreto financiero.
Dicha reserva documental fue ratificada mediante resoluciones de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), actualmente a cargo de Diego Chaher.
Estado de las operaciones y presentaciones judiciales
Las objeciones administrativas escalaron a sede judicial mediante la impugnación de los procedimientos licitatorios y de adjudicación, fundamentadas en la presunta violación de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la cual exige publicidad, transparencia y la determinación de un presupuesto oficial sustentado técnicamente.
Centrales Hidroeléctricas de Comahue y Transener: Las centrales de Alicurá y Cerros Colorados fueron adjudicadas a la firma Edison, controlada por los empresarios Juan y Patricio Neuss. La Fundación Soberanía de Neuquén promovió una demanda penal ante el Juzgado Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro, alegando la ausencia de un valor oficial regulado. Asimismo, la transferencia de las acciones estatales en Citelec (controladora de Transener) a la misma firma por un monto de 356 millones de dólares fue objetada debido a fallas técnicas registradas en la plataforma oficial CONTRAT.AR durante la apertura de ofertas, afectando la postulación de Central Puerto.
Intercargo: El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como parte querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). El tribunal libró órdenes de presentación de informes al Ministerio de Economía y al BICE para auditar los criterios técnicos aplicados. La denuncia gremial sostiene que se fijó un precio base de 45 millones de dólares, una cifra inferior a los activos financieros líquidos de la compañía, estimados en 55 millones de dólares, omitiendo el valor de la infraestructura física y los contratos de servicios vigentes en los aeropuertos.
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA): Sectores técnicos de la prestataria señalaron que el valor real de los activos nucleares se ubica entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares. Advirtieron que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo contempla la enajenación del 44% del paquete accionario por una suma proyectada de 1.000 millones de dólares, lo que implicaría una infracción a la Ley N° 21.126, que regula la tasación obligatoria de activos de generación nucleoeléctrica por parte de ingenieros especialistas calificados.
Tras estos hechos legisladores impulsaron pedido de informes.
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