Críticas a la ministra Patricia Bullrich por declaraciones erróneas sobre el patrono de la Ciudad de Buenos Aires

 En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió fuertes críticas en redes sociales tras brindar una respuesta incorrecta durante un breve intercambio con un periodista. Al ser consultada, Bullrich afirmó erróneamente que el Papa Francisco era el patrono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad lo es San Martín de Tours.

Falsa, impostada y bruta que no tiene ni idea que el patrono de la ciudad de Bs As es San Martín de Tours y no el Papa Francisco!!! Si no conocés tu Patria y su Religión, como la vas a amar montonera abortera multipartidaria!!!🤦‍♂️ https://t.co/BUF9bWgJyu

— Marcelo Llambías (@MarceloLlambia2) April 26, 2025

 

El error rápidamente generó reacciones en plataformas como X (ex Twitter), donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de precisión de la funcionaria. Entre los mensajes que se viralizaron, se destacaron comentarios que calificaron a Bullrich de "falsa", "impostada" y "bruta", señalando su desconocimiento sobre figuras centrales de la tradición religiosa y cultural de la ciudad.

En otro de los mensajes replicados, un usuario ironizó: "Roma, parece un chiste de mal gusto. La abortera Bullrich asistiendo al funeral de Francisco y diciendo que 'fue el patrono de CABA'. Ni idea tiene esta pobre mujer."

Hasta el momento, la ministra no ha emitido aclaraciones públicas sobre sus declaraciones.

Avanzan las investigaciones en la causa seguros: 40 teléfonos aún bloqueados mientras surgen nuevas líneas de indagación

En el marco de la investigación judicial sobre la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, más de 40 dispositivos móviles continúan sin poder ser desbloqueados, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Esta situación se da a pesar de que han transcurrido ya trece meses desde el inicio de la causa, durante los cuales se han secuestrado un total de 107 teléfonos celulares.

Entre los dispositivos que todavía no han podido ser accedidos se encuentra el de Daniel Rodríguez, conocido como "El Gordo", quien fuera intendente de la quinta de Olivos y considerado un hombre de máxima confianza del ex presidente. Según informaron las fuentes consultadas, 30 de estos teléfonos se encuentran actualmente en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intentar su desbloqueo, mientras que otros 10 esperan actualizaciones de software del programa UFED para poder ser analizados.
El juez Sebastián Casanello, quien tomó la causa a principios de febrero tras vencerse la subrogancia del juez Julián Ercolini, aguarda los resultados de estas pericias técnicas mientras continúa recolectando información en diversos organismos antes de decidir si procesa a los principales imputados.

Los investigadores han señalado que los teléfonos celulares han resultado determinantes desde el comienzo de esta causa. El dispositivo de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aportó conversaciones clave donde se mencionaban los seguros de la Cancillería y donde el ex presidente respondía "Ya me ocupo", frase que luego intentó explicar durante su declaración.

En el marco de estas nuevas líneas de investigación, el juez Casanello ha solicitado información adicional a la Cancillería sobre la decisión tomada el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART. También ha requerido datos a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo sobre posibles pólizas emitidas con intermediación de "Héctor Martínez Sosa y Compañía SA".

El contenido de varios teléfonos, incluido el del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández, ha sido resguardado en un legajo reservado, lo que ha limitado la difusión de su contenido. Fuentes judiciales indicaron que en estos dispositivos "no se encontró nada relevante".

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración anterior, con foco en comisiones millonarias. Entre los hallazgos se menciona la empresa Bachellier, presidida por Osvaldo Alfredo Tortora, que habría cobrado más de 1.665 millones de pesos en comisiones durante el gobierno de Fernández.

Atropello masivo en el festival Lapu Lapu en Vancouver

Un hombre de 30 años fue detenido y la Policía confirmó que el conductor era un “sospechoso solitario” conocido de las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. El jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

Varias personas murieron y otras resultaron heridas el sábado por la noche luego de que un conductor embistiera a una multitud durante un festival en la ciudad canadiense de Vancouver, según informaron las autoridades locales.

La policía confirmó que 9 personas perdieron la vida en el ataque. “Hasta el momento, podemos confirmar la muerte de nueve personas después de que un hombre atropellara a una multitud en el Festival de Lapu Lapu de anoche. Acompañamos en nuestros pensamientos a todos los afectados por este trágico incidente”, escribió la policía en X..

En el mismo mensaje, han señalado que el conductor del vehículo, según testigos un Audi SUV color negro, se encuentra ya detenido y han asegurado que irán proporcionando más detalles sobre el incidente “a medida que avance la investigación”.

El incidente ocurrió en el barrio Sunset on Fraser, mientras miembros de la comunidad filipina se congregaban para celebrar el Día de Lapu Lapu, según publicó el alcalde de Vancouver, Ken Sim, en redes sociales.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver en este momento increíblemente difícil”, escribió Sim.

En la primera rueda de prensa tras el incidente, el jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, ha identificado al detenido como un hombre de unos 30 años, oriundo de la ciudad, conocido por las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. Rai no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

La Policía, no obstante, sí ha descartado que lo ocurrido haya sido un acto de terrorismo, según un mensaje publicado por las fuerzas de seguridad de Vancouver en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también manifestó su pesar a través de un mensaje en X: “Estoy devastado al escuchar sobre los horribles acontecimientos en el festival Lapu Lapu en Vancouver esta noche. Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los fallecidos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes. Estamos siguiendo de cerca la situación y agradecidos a nuestros socorristas por su rápida acción.”

También, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó en un mensaje su conmoción y dolor ante el trágico suceso. Asimismo, el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, envió sus condolencias a las víctimas y a la comunidad filipina.

Una guardia de seguridad del festival, Jen Idaba-Castaneto, relató al medio local Vancouver Is Awesome que la escena era caótica. “Había cuerpos por todas partes. No sabías a quién ayudar, aquí o allá. Es muy impactante”, describió.

Un testigo relató a CTV News que observó un vehículo negro circulando de manera errática en las inmediaciones del festival momentos antes de que la multitud fuera atropellada. Según informó el Vancouver Sun, miles de personas se encontraban en la zona en el momento del incidente.

“Yo no pude ver al conductor, lo único que escuché fue el ruido del motor”, declaró Yoseb Vardeh, operador de un camión de comida, en una entrevista con Postmedia.

“Salí de mi food truck, miré hacia la calle y vi cadáveres por todas partes”, añadió Vardeh. “El vehículo recorrió toda la cuadra y se dirigió directamente hacia el centro del festival”.

“Había una señora con los ojos mirando hacia arriba, una de sus piernas ya estaba rota. Una persona la sostenía de la mano tratando de consolarla”, dijo otro de los testigos en su declaración.

Fotografías difundidas por la emisora CBC mostraron la presencia de equipos de emergencia en la escena, donde más temprano se habían reunido grandes multitudes para participar en un desfile, proyecciones de cine, bailes y un concierto en el que se presentaban dos miembros de Black Eyed Peas.

El festival, que conmemora al líder indígena filipino Lapulapu, quien derrotó al explorador portugués Fernando de Magallanes en 1521, coincidía este año con el fin de semana previo a las elecciones federales en Canadá. El incidente mortal se produce un año después de que el canadiense Nathaniel Veltman fuera condenado a cadena perpetua por atropellar a una familia musulmana con su camión en Ontario en 2021.

El incidente ha ocurrido a pocas horas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán este próximo lunes en Canadá. El rival de Carney, Pierre Poilievre, se ha declarado “conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche”.

“Mis condolencias están con la comunidad filipina y todas las víctimas de este ataque sin sentido. Gracias a los socorristas que se encuentran en el lugar mientras esperamos más información”, ha añadido Poilievre.

Grave crisis institucional en las fuerzas federales por salarios de miseria y abandono estructural

Las fuerzas federales de seguridad atraviesan una profunda crisis institucional marcada por salarios insuficientes, condiciones laborales degradadas y una creciente ola de renuncias. El personal que egresa de las escuelas de formación percibe sueldos que oscilan entre los 600.000 y 700.000 pesos mensuales, cifras que resultan notoriamente insuficientes frente al costo de vida actual, especialmente para quienes deben afrontar gastos de alquiler o sostener a sus familias. A esto se suma una cobertura de salud deficitaria y un aparato de contención estatal prácticamente ausente.

El descontento se ha hecho visible en las redes sociales, en manifestaciones espontáneas por parte de familiares y en las numerosas renuncias que se publican a diario en los boletines internos. En el Hospital Churruca —históricamente símbolo de la asistencia sanitaria para la Policía Federal— la situación es crítica: faltan médicos, enfermeros, técnicos en imágenes y laboratorio. Los concursos para cubrir vacantes quedan desiertos por los bajos salarios ofrecidos, y muchos profesionales optan por abandonar el sistema ante la falta de insumos, estructura y reconocimiento económico.

La atención médica ha sido reemplazada, en muchos casos, por un sistema de telemedicina tercerizado que, según denuncias internas, ofrece respuestas superficiales y recetas generales, sin la atención especializada que requieren los cuadros clínicos más complejos.

El malestar no se limita a la Policía Federal. En otras fuerzas como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, la situación no difiere. Muchos agentes destinados a operativos federales, como el “Plan Bandera” en Rosario, se enfrentan a destinos inciertos sin cobertura habitacional ni condiciones mínimas para sostener a sus familias.

Durante una visita a Aguas Blancas, en Salta, un padre de un gendarme expuso ante la ministra Patricia Bullrich la dramática situación de su hijo: con un sueldo de $750.000, debe destinar $450.000 al pago de alquiler, y vive junto a sus dos hijos en la casa paterna por imposibilidad de mantener un hogar propio. La ministra, en respuesta, pidió confianza y mencionó medidas habitacionales bajo el Plan Procrear, eliminado por decreto en noviembre de 2023. También hizo referencia a aumentos salariales que, según el Ministerio, alcanzan un 7,89%, aunque estos son considerados irrisorios por los efectivos.

Los responsables políticos de esta situación han sido identificados dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Martín Siracusa, y por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Este equipo, conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamín Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo, opera bajo la órbita del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y es quien define los parámetros salariales que afectan directamente a miles de trabajadores del sector.

A este cuadro se suma el problema de las obras sociales obligatorias. Los integrantes de las fuerzas se encuentran atados institucionalmente a la Superintendencia de Bienestar y a IOSFA, sin posibilidad de elegir otra cobertura ni derivar aportes a otro sistema, dado que la Superintendencia de Servicios de Salud no permite la portabilidad para este sector. Esta situación genera una suerte de cautiverio sanitario y administrativo, en el que los efectivos no pueden optar por alternativas que les garanticen atención médica adecuada.

La descomposición del sistema no solo pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes integran las fuerzas, sino que también amenaza la operatividad misma del aparato de seguridad federal. Mientras desde el gobierno se reiteran anuncios de “revalorización del personal”, en los hechos, las condiciones laborales, salariales y sanitarias continúan deteriorándose, y crece el temor a una pérdida irreversible de recursos humanos esenciales para la seguridad pública.

Dificultades en la Producción Agropecuaria en Daireaux: La Importancia de las Obras Básicas para la Circulación en Caminos Rurales

En el partido bonaerense de Daireaux, los productores agropecuarios enfrentan una situación crítica debido al estado de los caminos rurales. La falta de mantenimiento de estas vías ha llevado a una situación en la que la producción está lista, las máquinas están operativas y el clima ha mejorado después de semanas de lluvias intensas. Sin embargo, los caminos rurales destruidos impiden el transporte de la cosecha, afectando gravemente la productividad y la economía local.

Problemas Actuales

Los productores de Daireaux han expresado su frustración por la imposibilidad de sacar sus granos del campo. María Susana Azzi, una de las productoras afectadas, describió la situación como una "desidia y abandono de años". Los caminos están inundados y en mal estado, lo que dificulta el transporte de la producción. Esto no solo afecta la salida de la cosecha, sino también la vida cotidiana en el campo, ya que los caminos solo se pueden transitar en camioneta, no en camiones o autos comunes.

La situación se repite en todo el partido, con más de 1.300 kilómetros de caminos rurales sin mantenimiento adecuado. Los productores han intentado comunicarse con el municipio sin éxito, y la falta de respuesta ha llevado a una acumulación de problemas. Desde febrero, no ha salido ni un solo camión con cosecha, lo que afecta tanto a los productores como a los exportadores.

Impacto Económico y Social

La falta de infraestructura básica no solo afecta la economía agropecuaria, sino también la vida de las familias rurales. Los niños no pueden asistir a las escuelas rurales y los adultos mayores con problemas de salud tienen dificultades para movilizarse. La situación ha llevado a algunos productores a suspender el pago de la tasa vial, argumentando que no reciben los servicios correspondientes a cambio de sus impuestos.

Posibles Soluciones

Para resolver esta situación, es crucial que las autoridades locales y provinciales trabajen en conjunto con los productores para mejorar la infraestructura de los caminos rurales. Esto incluye la asignación de fondos para el mantenimiento y la reparación de las vías, así como la adquisición de maquinaria adecuada y la capacitación de personal. Además, es necesario fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones y la implementación de soluciones.

Autoridades Involucradas

Las autoridades de Daireaux, incluyendo el intendente Esteban Alejandro Acerbo y su equipo, deben tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis. La colaboración con entidades como la Sociedad Rural de Daireaux y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) puede ser crucial para encontrar soluciones efectivas y sostenibles.

A la vez surgen diversos cuesitonamientos dado que se han utilizando dinero público para financiar espectáculos culturales, cómo el Festival Fortinera Deroense (donde asiste por ejemplo la banda Los Cafres, La Kuppe, Las Nazarenas, Ulises Bueno, entre otros), bajo el lema "entrada libre y gratuita". Planteando si existe un uso poco prioritario de los recursos públicos en desmedro de los aspectos productivos.

Conclusión

Asegurar condiciones básicas para la productividad agropecuaria es esencial para el desarrollo económico y social de Daireaux. La mejora de los caminos rurales no solo facilitará el transporte de la cosecha, sino que también mejorará la calidad de vida de las familias rurales. Es imperativo que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para resolver esta situación y garantizar un futuro próspero para la comunidad agropecuaria de Daireaux.

Millonaria adquisición de licencias Microsoft por adjudicación directa en el Ministerio de Seguridad

Por un monto total de 3.748.082,76 dólares estadounidenses, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la adquisición de un conjunto de licencias de software de la empresa MSLI Latam Inc., afiliada directa de Microsoft Corporation, mediante un procedimiento de "Adjudicación Simple por Exclusividad". La operación, encuadrada en el expediente EX-2025-32576993- -APN-DCO#MSG, fue formalizada a través del proceso 347-0003-CDI25 y contempla la provisión de licencias para el Ministerio y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

 El pliego de bases y condiciones, elaborado por el Director General de Tecnología Informática Jorge Adolfo Teodoro, fue promovido bajo el argumento de exclusividad, citando un convenio marco firmado en 2010 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y MSLI Latam Inc. Según el documento, esta empresa es la única autorizada para otorgar licencias Microsoft bajo el esquema de “Enterprise” en Argentina.

La iniciativa fue refrendada sin objeciones por otros altos funcionarios con poder decisorio en el proceso, entre ellos:

• Dra. Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad Nacional),

• Mag. Martín Siracusa (Secretario de Coordinación Administrativa),

• Cdor. Gustavo Luis Gavassa (Subsecretario de Gestión Administrativa),

• Cdora. Silvia M. E. Turetzky (Directora General de Administración),

• Dra. Ayelén Mussi Mayan (a cargo de la Dirección de Compras).

El contenido del pliego revela que gran parte del monto está destinado a licencias de ofimática (Microsoft 365 E3, E5 y F3), sistemas operativos, herramientas de analítica (Power BI), bases de datos (SQL Server) y otras soluciones corporativas como Azure y Dynamics 365.

Pese a los fundamentos esgrimidos en favor de la contratación directa, diversos especialistas y sectores críticos alertan sobre el riesgo de cartelización y dependencia tecnológica que implica este tipo de adquisiciones exclusivas, más aún en un contexto donde existen alternativas libres y de código abierto que podrían cumplir funciones equivalentes a una fracción del costo. Suites ofimáticas como LibreOffice, sistemas operativos como Linux, y plataformas de analítica de datos como Metabase o Superset, entre otras, han demostrado eficacia en entornos gubernamentales de múltiples países.

La ausencia de un análisis comparativo o estudio de factibilidad tecnológica en el expediente, así como la falta de evidencia sobre una evaluación seria de alternativas de menor costo o licenciamiento abierto, despierta sospechas sobre la transparencia del proceso y refuerza la percepción de una adjudicación dirigida y sin controles reales.

La decisión de renovar licencias por tres años con cláusulas de pago en cuotas anuales y condiciones que derivan en licencias perpetuas para algunos productos, refuerza además la noción de una estructura diseñada para asegurar una relación prolongada y dependiente con un único proveedor, en un sector altamente dinámico y competitivo.

Situación similar sucede con la Resolución N.º 140/ASINF/24 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una contratación directa por USD 8,1 millones para la renovación de licencias de Microsoft para el período 2024-2027. Situación similar sucede en México con la adjudicación directa, identificado como 41100100-AD063-21-063 por la licencia de productos de software Microsoft bajo el esquema Enterprise Agreement Servidor y Nube. Este contrato se hizo por un monto de 362 mil dólares para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) según reporta Diario Basta.

En paralelo a estas decisiones de gasto millonario en licencias de software privativo, las fuerzas federales enfrentan una profunda crisis salarial. El personal policial y de seguridad cobra haberes muy por debajo de la media salarial nacional, lo que ha generado situaciones de endeudamiento masivo entre los efectivos, quienes muchas veces deben recurrir a créditos personales o préstamos informales para cubrir gastos básicos.

Esta precariedad económica ha provocado un creciente malestar interno y un fenómeno cada vez más notorio: un aumento sostenido en las solicitudes de baja voluntaria y renuncias. La falta de incentivos, sumada a condiciones laborales exigentes y al deterioro del poder adquisitivo, ha hecho que muchos agentes opten por dejar la fuerza, lo que compromete seriamente la operatividad y continuidad institucional de las fuerzas federales.

A su vez han crecido los reclamos por falta de servicios de salud, por ejemplo la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, cada vez se enfrenta a más  reclamos y demandas por falta de atención y pago a proveedores, cómo también la Caja de Retiros que continuamente debe responder en tribunales por falta de respuesta a reclamos.

Desde una perspectiva institucional, esta operación genera preocupación respecto al uso de recursos públicos en contrataciones que podrían revisarse, diversificarse y transparentarse. El llamado a evitar la concentración y promover la soberanía tecnológica en la administración pública vuelve a resonar con fuerza ante este tipo de decisiones que consolidan el poder de las grandes corporaciones en detrimento del desarrollo de soluciones locales y abiertas.

El Control de las Sanciones Disciplinarias en las Fuerzas de Seguridad y Policiales de Argentina: Un Sistema que Requiere Mayor Transparencia

La problemática del control disciplinario en las fuerzas de seguridad y policiales de Argentina ha generado preocupación en diversos ámbitos jurídicos y sociales, evidenciando debilidades significativas en el sistema de sanciones tanto leves como graves. La falta de un debido proceso efectivo y la aplicación de sanciones basadas en fundamentos vagos o genéricos plantean serios interrogantes sobre la protección de los derechos del personal policial y el funcionamiento del Estado de Derecho.

Las resoluciones disciplinarias en muchos casos se sustentan en fórmulas genéricas y ambiguas como "haber puesto en crisis el deber de confidencialidad y transparencia exigible a todo funcionario policial", "poner en duda su integridad profesional" o "generar un manto de sospecha". Estas expresiones, frecuentemente utilizadas de manera estandarizada en diferentes casos, revelan una práctica administrativa que prescinde de la especificidad necesaria para fundamentar adecuadamente una sanción.

El caso "CIV 57861/2023" ilustra claramente esta problemática. El personal policial cesanteado por la institución fue posteriormente sobreseído en las causas penales correspondientes, exponiendo una disonancia entre la decisión disciplinaria y el pronunciamiento judicial. Esta situación genera múltiples consecuencias negativas: daños personales y profesionales injustificados, mayor carga de trabajo para el sistema judicial y pérdida de recursos humanos capacitados para las fuerzas de seguridad.

La utilización de resoluciones pre-elaboradas o "copiadas y pegadas" sugiere que, en algunos casos, las decisiones disciplinarias responden a conclusiones predeterminadas más que a una evaluación objetiva de los hechos. Este procedimiento podría configurar, según el Código Penal, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público, especialmente cuando se omite el respeto al debido proceso administrativo.

El Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por Patricia Bullrich y Carlos Alberto Manfroni, órgano rector encargado de supervisar el funcionamiento de las fuerzas federales, tiene la responsabilidad de garantizar que las sanciones disciplinarias se apliquen con respeto a los derechos del personal y conforme a la ley. Sin embargo, la evidencia sugiere que este control es, en la práctica, insuficiente o inexistente.

Las deficiencias en el control administrativo generan consecuencias sistémicas que afectan no solo a los individuos sancionados, sino también a la eficiencia institucional. La judicialización de resoluciones administrativas mal fundamentadas produce un desgaste innecesario de recursos tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.

Para abordar esta problemática, se requiere implementar mecanismos más rigurosos de control interno y supervisión externa. Estos deberían incluir:

1. Establecimiento de criterios específicos y fundamentos detallados para cada sanción.
2. Revisión independiente de las resoluciones disciplinarias.
3. Capacitación obligatoria para quienes participan en los procesos disciplinarios.
4. Auditorías periódicas de los procedimientos sancionatorios.
5. Establecimiento de un sistema efectivo de reparación para casos de sanciones arbitrarias o mal fundamentadas.

La reforma del sistema disciplinario en las fuerzas de seguridad no es solo una cuestión de justicia administrativa, sino un requisito fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que integran las fuerzas policiales.

Contaminación del Río Uruguay: Impacto de las Viviendas Sociales y Cloacas sin Tratar

La contaminación del río Uruguay ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente debido a la presencia de bacterias fecales provenientes de viviendas sociales que carecen de tratamiento adecuado de cloacas. Este problema no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas y el ecosistema en general.

Aumento de Bacterias Fecales

De las 14 playas argentinas analizadas sobre el río Uruguay, 12 superan el nivel máximo de enterococos, y en cinco la Escherichia coli es mayor al límite permitido. Estos indicadores de contaminación fecal permiten valorar la calidad sanitaria del agua, destinada al consumo humano, la agricultura, la industria y la recreación.

La contaminación fecal puede ser de origen humano y animal, proveniente de los pobladores asentados en las orillas del río, así como de efluentes y residuos arrojados en dichos cursos de agua. La presencia de enterococos en cuencas hídricas tiene importancia epidemiológica debido a su posible origen en el tracto intestinal y su capacidad para desarrollar resistencia antimicrobiana.

Monitoreo y Resultados

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realiza monitoreos semanales en varias playas del río Uruguay para medir la calidad del agua. Los resultados más recientes indican que en 12 de las 14 playas argentinas, la presencia de enterococos supera el máximo establecido, e incluso en algunos lugares es siete veces mayor. Además, cinco registros fueron superiores al límite de E. coli, y otros tantos quedaron cerca del máximo.

Las playas y balnearios de Chajarí, Federación, Salto Grande, Concordia, Puerto Yeruá, San José, Colón y Concepción del Uruguay presentan los niveles más altos de contaminación. En estos lugares, la calidad del agua se ve seriamente comprometida, afectando tanto a los bañistas como a la fauna local.

Impacto en la Salud y el Medio Ambiente

La contaminación del río Uruguay no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas. La presencia de bacterias fecales puede causar enfermedades gastrointestinales, infecciones de la piel y otros problemas de salud. Además, la contaminación afecta la biodiversidad del río, poniendo en riesgo a especies acuáticas y alterando el equilibrio del ecosistema.

Reclamos Ambientalistas

Ambientalistas y comunidades ribereñas han expresado su preocupación por la contaminación del río Uruguay. Grupos como Brote Nativo han presentado solicitudes formales al municipio, invocando leyes de acceso a la información pública, para conocer las políticas ambientales relacionadas con el fenómeno. Se busca detalles sobre la regulación de agrotóxicos, el tratamiento de efluentes cloacales y la contaminación industrial, principales factores que contribuyen al crecimiento de las cianobacterias.

Medidas Necesarias

Para mitigar esta problemática, es crucial implementar políticas activas que aborden la contaminación del río Uruguay. Esto incluye mejorar el tratamiento de efluentes cloacales, regular el uso de agrotóxicos y controlar la contaminación industrial. Además, es necesario promover prácticas sostenibles entre las comunidades ribereñas y fomentar la educación ambiental para prevenir la contaminación.

La contaminación del río Uruguay es un problema complejo que requiere la colaboración de gobiernos, comunidades y organizaciones ambientales. Solo a través de un enfoque integral y sostenible se podrá garantizar la salud del río y de las comunidades que dependen de él.

El control judicial como garantía del Estado de Derecho ante resoluciones ministeriales de dudosa legalidad (o porqué Patricia Bullrich debe controlar sus resoluciones)

La justicia suspendió parcialmente una resolución del Ministerio de Seguridad que restringía el derecho a la educación en contexto de encierro. El caso expone la necesidad de un control estricto sobre actos administrativos que afectan derechos fundamentales.

En una decisión reciente de alto impacto institucional, el juez Mariano Iturralde resolvió suspender de forma provisoria el artículo 2 de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Patricia Bullrich. Dicha norma prohibía a las personas privadas de libertad permanecer en los centros educativos carcelarios fuera del horario de clases, limitando así el acceso a actividades esenciales para su formación académica. La intervención judicial no sólo tuvo efectos concretos en defensa del derecho a la educación, sino que puso en evidencia las incongruencias que pueden surgir en resoluciones administrativas emitidas sin un adecuado control de legalidad.

La resolución judicial fue motivada por una medida cautelar presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto a organismos de derechos humanos. El juez consideró que la aplicación del artículo en cuestión tenía la potencialidad de afectar de manera irreparable los derechos de los estudiantes detenidos, en tanto imposibilitaba el estudio autónomo, el acceso a bibliografía, el uso de computadoras y otras prácticas esenciales en la vida académica.

Más allá del caso concreto, el episodio revela un patrón preocupante: la emisión de resoluciones ministeriales que, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia institucional, generan restricciones desproporcionadas a derechos reconocidos constitucional e internacionalmente. La normativa suspendida, por ejemplo, no fue acompañada de un estudio de impacto, ni contó con instancias de consulta con organismos especializados en educación o derechos humanos. A ello se suma el hecho de que, según argumentó el propio Ministerio, la decisión respondía a supuestas observaciones administrativas sobre el uso extendido de los espacios educativos, sin considerar el valor pedagógico ni el contexto de encierro.

El control judicial de estas medidas resulta entonces no sólo pertinente, sino necesario para preservar el equilibrio entre las facultades del Poder Ejecutivo y el respeto al principio de legalidad. En un Estado de Derecho, toda actuación administrativa debe estar sujeta a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes, especialmente cuando afectan derechos humanos de poblaciones vulnerables, como las personas privadas de libertad.

La falta de control previo en este tipo de decisiones no es un hecho aislado. En los últimos años, diversas resoluciones ministeriales en materia de seguridad han sido cuestionadas en sede judicial por contradecir normativas superiores, carecer de fundamentos suficientes o restringir derechos sin proporcionalidad ni razonabilidad. En muchos casos, estas normas no pasan por el Congreso ni por órganos de control, lo que amplifica los riesgos institucionales.

La justicia, en este sentido, no usurpa funciones del Ejecutivo, sino que actúa como garante de que las decisiones se ajusten al marco jurídico vigente. Como advirtió el juez Iturralde, la limitación impuesta por la resolución ministerial “tenía entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica” de los estudiantes, lo que justificó su suspensión inmediata.

En su decisión, el magistrado también instó al Servicio Penitenciario Federal y a las autoridades académicas a elaborar un plan de contingencia que regule adecuadamente el uso de los espacios de estudio. Esta articulación entre poderes y organismos especializados representa un ejemplo de cómo es posible compatibilizar el orden institucional con la protección efectiva de los derechos.

Por último, el caso evidencia que el ejercicio del poder administrativo no puede desentenderse de sus consecuencias sociales y jurídicas. La legalidad no es una formalidad burocrática: es la base del respeto a los derechos y del control democrático sobre quienes ejercen funciones públicas. En tiempos donde las decisiones ministeriales pueden impactar de forma directa en libertades esenciales, el rol del Poder Judicial se reafirma como un pilar del sistema republicano.

Pese al avance de la digitalización, la Policía Federal adquiere impresoras mediante licitación privada

A través del expediente PLIEG-2025-26205957-APN-DGF#PFA, la Policía Federal Argentina inició un proceso de Licitación Privada para la adquisición de impresoras multifunción, láser monocromáticas y de etiquetas. Esta compra se da en un contexto donde diferentes organismos del Estado impulsan políticas de despapelización y reducción del uso de insumos físicos.

 

La contratación, tramitada conforme al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01 y modificatorias), busca proveer impresoras destinadas a diversas dependencias operativas. Según el pliego, las impresoras deberán contar con funciones de red, control de impresión y mecanismos de uso racional.

Sin embargo, la decisión de adquirir impresoras en medio del proceso de transformación digital y reducción del papel genera interrogantes sobre el rumbo institucional. A nivel nacional, diversos organismos han adoptado plataformas digitales para trámites, notificaciones y expedientes electrónicos, con el objetivo de reducir costos operativos y el impacto ambiental del uso de papel.

Papel y contradicciones: el impacto ambiental

La producción y el descarte del papel representan un costo ambiental significativo. Según estimaciones ambientales, el proceso de fabricación de papel implica consumo de agua, energía y la tala de árboles, además de generar residuos no reciclados en muchas oficinas públicas.

En ese sentido, organismos públicos han adoptado normas que fomentan la eliminación progresiva del papel y su reemplazo por documentos digitales con firma electrónica. La adquisición de impresoras, aunque pueda justificarse por necesidades operativas específicas, parece tensionar con estos lineamientos generales.

Detalles de la licitación

El procedimiento contempla la adquisición de equipos nuevos, con requisitos técnicos precisos, garantía y entrega a distintas jurisdicciones de la fuerza. Las empresas proveedoras deben presentar sus propuestas a través del sistema COMPR.AR, que centraliza y publica los procesos licitatorios de la administración nacional.

Un proceso que plantea preguntas

Aunque la compra se enmarca en procedimientos legales y transparentes, el momento y la naturaleza del gasto llaman la atención: ¿es coherente invertir en impresoras en plena etapa de digitalización del Estado? ¿Cuáles son las necesidades operativas que justifican esta adquisición?

La Policía Federal no ha emitido, hasta el momento, una declaración pública sobre cómo esta compra se inserta en la estrategia institucional frente a la despapelización y la reducción del impacto ambiental.

 

Tragedia en General La Madrid: Vuelco de un Micro Deja al Menos Cuatro Muertos y Más de 20 Heridos

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la mañana en el partido bonaerense de General La Madrid, dejando un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y más de 20 heridas. El incidente tuvo lugar en el cruce de las rutas 51 y 76, cuando un micro de la empresa "Vía Tac" que se dirigía hacia La Plata volcó, llevando a bordo a 33 pasajeros.

El micro, que había pasado recientemente por Bahía Blanca, se dirigía hacia la ciudad de La Plata cuando ocurrió el fatal accidente. Según las primeras informaciones, varios pasajeros sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. Los heridos leves, un total de 25, fueron derivados a General La Madrid y 4 a Laprida, mientras que los casos más graves fueron llevados a Olavarría.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los fallecidos. El conductor del micro resultó ileso.

En el lugar del accidente, trabajaron Bomberos Voluntarios de La Madrid y Laprida, junto con efectivos policiales de ambas jurisdicciones, para asistir a las víctimas y controlar la situación.

El accidente sucedió en el ómnibus de marca Marcopolo con patente AD588LI, de la empresa Vía Tac.

Este trágico suceso recuerda la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener las rutas en buenas condiciones para evitar accidentes similares en el futuro. Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco para determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras tragedias.

El ajuste invisible: 42 mil despidos en el Estado y contrataciones por “excepción”

En los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno nacional eliminó más de 42 mil puestos de trabajo en el sector público, según el informe oficial difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta reducción representa un 8,4% del total del personal estatal y un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, que el gobierno presenta como una muestra de eficiencia y austeridad.

Sigue la motosierra. La reducción de personal, usando los valores de febrero, permite un ahorro anual de unos 1650 millones de dólares que son menos impuestos para todos nosotros. Como pregona el presidente @JMilei menos Estado es menos impuestos y más libertad.

Este trabajo,… pic.twitter.com/Ix4IURr5O1

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 4, 2025

La reestructuración afectó particularmente a la Administración Pública Nacional (APN) y a las empresas estatales, donde la caída del empleo fue del 11,8% y 15% respectivamente. Los contratos más precarizados —como los regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) y los conocidos como LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17)— sufrieron las reducciones más agresivas: 18,6% y 50,7% respectivamente.

En el caso del personal con "planta permanente" simplemente generan una drástica reducción salarial, para que las personas opten por irse, esto se ve claramente en los salarios de las fuerzas de seguridad y policiales impuestas por el Ministerio de Economía, y gestionadas por parte de Martín Siracusa cómo responsable en el Ministerio de Seguridad gestionado por Patricia Bullrich. En ese caso la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" conformada por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Fariña, Enrique Pinedo, han usado la drástica reducción salarial para instar a que el personal de las fuerzas simplemente decida irse. Tal se puede en la siguiente comparativa:

Aunque las cifras económicas ocupan el centro del mensaje oficial, las consecuencias humanas de esta política permanecen ausentes en el informe. La eliminación de decenas de miles de empleos públicos no solo representa una disminución estadística, sino que implica el corte abrupto de ingresos para miles de personas, muchas de las cuales no cuentan con cobertura ni indemnización al tratarse de contratos precarios. Esta fragilidad contractual ha sido utilizada como una herramienta para facilitar despidos sin costo, desplazando la estabilidad laboral en nombre de la eficiencia.

Más aún, mientras se recorta el empleo en nombre del ahorro, en el Boletín Oficial se registran designaciones por "excepción" en diversos organismos estatales. Lejos de una reducción uniforme, el proceso parece estar orientado a reemplazar trabajadores por nuevos nombramientos vinculados al oficialismo. Así, lo que se presenta como una política de ajuste termina configurando una reestructuración política del aparato estatal, desplazando a unos para ubicar a otros.

Este accionar plantea serias preocupaciones respecto al Estado de Derecho. El uso de la inestabilidad laboral como herramienta para eliminar opositores y colocar personas afines no solo es éticamente cuestionable, sino que configura una forma de violencia institucional. Las decisiones de gobierno que impactan directamente sobre la vida de las personas —dejándolas sin empleo ni sustento— no pueden ser tomadas sin responsabilidad ni rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei, junto a los funcionarios de su gabinete que avalan esta política, debe responder por las consecuencias sociales, políticas y humanas de esta "transformación del Estado". Lo que hoy se presenta como eficiencia administrativa puede estar debilitando los cimientos mismos de una administración pública democrática, plural y al servicio de la ciudadanía.

Diputada Vanina Biasi enfrenta a la Policía Federal en un presunto atentado a la autoridad

En un incidente ocurrido durante una manifestación frente al Congreso de la Nación, la Diputada Nacional Vanina Biasi (bloque Partido Obrero - FIT) protagonizó un tenso enfrentamiento con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes realizaban un cordón de contención. 

Miren como la zurda roñosa Vanina Biassi agarra al policía: Despues lloran represión🤣 pic.twitter.com/gGkDydq0TD

— INDIGNADO (@indignadoxd) March 13, 2025

Testigos y registros visuales captaron el momento en que la legisladora, vestida con una campera roja y blanca, forcejeó con los agentes mientras gritaba: "Soy diputada nacional, déjenme pasar".

 

Según las imágenes difundidas, Biasi se apoyó y sujetó con fuerza a uno de los policías, generando una situación de altercado físico. En una secuencia, se observa a la diputada agarrando al funcionario policial del uniformado, quien mostraba gestos de incomodidad, mientras otros efectivos intentaban mediar. El episodio se desarrolló en medio de una protesta, con civiles y periodistas registrando la escena, incluido un fotógrafo que captó el momento clave. Vanina Biasi gritando denigraba con epítetos de "estupido" , "idiota" al personal de las fuerzas.

El Código Penal argentino tipifica como "atentado a la autoridad" (artículo 237) cualquier acción que impida o dificulte el ejercicio de las funciones de un funcionario público, incluyendo a las fuerzas de seguridad. Este delito no está exceptuado

por los fueros parlamentarios, por lo que, de comprobarse la flagrancia, Biasi podría enfrentar acciones judiciales. Expertos consultados subrayan que la inmunidad constitucional de los legisladores no los exime de responsabilidad penal en casos de delitos in fraganti.

-Es diputada Nacional, estás tocando a una DIPUTADA NACIONAL !

Policía Chad:
-No sé quién es.. pic.twitter.com/JeVhJdOZab

— Leonel Gomez Rovenzon (@Leoogomez_) April 4, 2025

El Ministerio de Seguridad y la Cámara de Diputados podrían intervenir en las próximas horas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el material audiovisual circula en redes sociales, generando debates sobre los límites de la investidura política y el respeto a las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por diversas protestas ante reclamos por jubilaciones y salarios bajos.

La diputada VANINA BIASI cuenta con tres empleados en la cámara de diputados, los cuales son LUNA EILEEN ASIS DELLA NAVE, JULIANA CABRERA y FERNANDA TOLEDO.

Se esperan las correspondientes disculpas y rendición de responsabilidades por la agresión a tajadores de la seguridad pública por parte de estos empleados del Congreso de la Nación.

Se aguarda la posible difusión de más testimonios o videos que aporten detalles sobre lo ocurrido.

Dos gendarmes atacados a balazos en Misiones: Investigan posible nexo con actividades de narcotráfico fronterizo

Autoridades de seguridad investigan dos ataques armados contra miembros de Gendarmería Nacional ocurridos el viernes en Bernardo de Irigoyen, Misiones, donde recientemente se implementaron nuevas medidas de control fronterizo. Los incidentes, que no dejaron heridos, podrían estar vinculados a represalias del crimen organizado contra el Plan Guaçurari.

El primer ataque se registró aproximadamente a las 3:00 horas en un predio en construcción detrás de la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen. Según informes policiales, dos individuos no identificados a bordo de una motocicleta de 110 cc dispararon entre 10 y 15 veces contra un Volkswagen Vento blanco estacionado, propiedad del segundo comandante del Escuadrón XII de Gendarmería Nacional. El vehículo presentaba varios impactos de bala, aunque no había personas en las inmediaciones al momento del ataque.

Un testigo del incidente declaró haber visto a dos hombres con cascos que imposibilitaron su identificación, uno de los cuales habría utilizado un arma de tipo ametralladora para efectuar los disparos antes de huir rápidamente. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona mientras peritos forenses recolectaban evidencias para su análisis.

De acuerdo con declaraciones del gendarme propietario del vehículo, su unidad había participado recientemente en operativos que resultaron en el decomiso de camionetas y una cantidad significativa de cigarrillos de contrabando en la región fronteriza.

El segundo incidente fue confirmado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su cuenta en la red social X. "En Bernardo de Irigoyen, Misiones, el mismo lugar donde pusimos en marcha el Plan Guaçurari para frenar los delitos en la frontera, atacaron a tiros la casa de un gendarme", informó la funcionaria. La vivienda presentaba al menos cinco impactos de bala en una columna de la reja perimetral, sin que se registraran heridos.

El Plan Guaçurari, implementado a principios de marzo de 2025, fue diseñado específicamente para combatir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos en la región. Según la interpretación de la ministra Bullrich, estos ataques representarían intentos de intimidación por parte de organizaciones criminales afectadas por las nuevas medidas de seguridad: "Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el dedo en la llaga y tocamos intereses poderosos".

La funcionaria reafirmó el compromiso del gobierno de mantener el operativo a pesar de las amenazas: "No nos amedrentan ni nos van a detener. Cada ataque es una señal de que estamos en el camino correcto", concluyó.

Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables mientras refuerzan las medidas de seguridad para proteger al personal de Gendarmería desplegado en la zona fronteriza.

La Auditoría General de la Nación Enfrenta una Crisis Sin Precedentes

La Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la administración pública en Argentina, se encuentra al borde de la parálisis. A partir del próximo mes, seis de los siete cargos del colegio de auditores quedarán vacantes, dejando al organismo virtualmente acéfalo. Esta situación inédita amenaza con prolongarse debido a las diferencias en el Congreso sobre la conformación del nuevo colegio de auditores.

Vacantes y Parálisis Inminente

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, será el único auditor en funciones, con una capacidad limitada a tareas administrativas. La última reunión del colegio de auditores se llevará a cabo mañana, antes de que los actuales integrantes dejen sus cargos. Esta situación ha puesto en alerta a la oposición y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que advierte sobre la posible parálisis de los informes de auditoría en curso y futuros.

Reacciones y Preocupaciones

El diputado Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta, ha calificado la situación como "inadmisible" y ha instado a los bloques políticos a buscar un acuerdo para designar a los nuevos auditores. "No se puede prolongar esta situación anómala", enfatizó Pichetto en declaraciones a LA NACION.

Contexto y Antecedentes

Desde hace un año, la AGN ha funcionado de manera irregular con solo cuatro de sus siete auditores. Los tres auditores restantes, designados por la Cámara de Diputados, abandonaron el organismo en abril pasado al vencer sus mandatos. La falta de acuerdo entre oficialistas y opositores ha impedido la designación de reemplazos, agravando la crisis institucional.

Futuro Incierto y Estrategias Políticas

La situación se complicará aún más la próxima semana cuando venzan los mandatos de los tres auditores designados por el Senado. El oficialismo, representado por Unión por la Patria, busca asegurar al menos un lugar en la AGN, frustrando un acuerdo incipiente entre los bloques opositores. La estrategia del oficialismo parece ser esperar a que la oposición no pueda negarles un auditor, dado el contexto actual.

Plan de Auditorías en Riesgo

El plan de auditorías para 2025 incluye áreas sensibles como el Banco Central, las compras y contrataciones del Ministerio de Defensa y Seguridad, y programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano. También se planea auditar la administración de universidades nacionales, la empresa mayorista de energía eléctrica Cammesa y los entes reguladores de servicios públicos.

Movimientos en el Senado

En el Senado, los bloques opositores han comenzado a moverse para designar a los tres auditores que le corresponden al cuerpo. Sin embargo, la definición no será sencilla. El peronismo reclama dos de los tres cargos vacantes, mientras que el radicalismo y los libertarios también buscan representación. La sesión convocada para el 3 de abril podría ser crucial para resolver esta crisis.

Importancia de la AGN

La AGN es un organismo constitucional fundamental para el control externo de la administración pública. Su parálisis podría tener graves consecuencias para la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La Constitución Nacional prescribe que la AGN debe ser comandada por un representante del principal partido opositor, asegurando así su independencia y efectividad.

La crisis en la AGN refleja las tensiones políticas actuales y subraya la urgencia de alcanzar un consenso para garantizar el funcionamiento de este órgano vital para la democracia argentina.

El Gobierno Nacional Argentino Difunde Video Sobre el 24 de Marzo y la Importancia de la Memoria Completa

El Gobierno Nacional de Argentina ha difundido un video conmemorativo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra cada 24 de marzo. El video busca ofrecer una visión completa y objetiva de los eventos ocurridos durante la década de 1970, destacando la necesidad de reconocer a todas las víctimas de la violencia política de esa época, incluyendo tanto a las víctimas de la dictadura militar como a las de los grupos terroristas (mal llamados "guerrilleros").

El video comienza con una reflexión personal de un joven nacido en 1989, quien pertenece a una generación que ha vivido toda su vida en democracia. Este joven relata cómo la década de 1970 le llegó solo como un ejercicio de memoria histórica, el cual se convirtió en política estatal durante su educación secundaria. Sin embargo, critica que esta política educativa funcionó como un proceso de distorsión de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos.

Uno de los puntos más destacados del video es la crítica a la teoría del "demonio único", que sostiene que el horror de los años 70 comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas. Esta teoría, según el video, ha simplificado la historia al exculpar a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y promover la represión ilegal. El joven protagonista del video menciona que esta versión de la historia le parecía incompleta y sesgada, lo que lo motivó a investigar por su cuenta.

A través de su investigación, el joven descubrió que el contexto de la Guerra Fría jugó un papel crucial en los eventos de la década de 1970 en América Latina. En Argentina, las principales organizaciones terroristas fueron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las cuales cometieron numerosos crímenes y actos de terrorismo antes del golpe de Estado de 1976. La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1985 registró más de 5,000 atentados explosivos, más de 1,700 secuestros y 150 asesinatos cometidos por estas organizaciones entre 1969 y 1979.

El video también aborda la omisión de hechos esenciales en la narrativa histórica oficial. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró cientos de desapariciones en los meses previos al golpe de 1976, con un total de 1,169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, esta parte de la historia ha sido omitida en la educación y en el discurso público.

El Gobierno Nacional ha renombrado el 24 de marzo como el "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa", enfatizando la importancia de contar la historia de manera integral y sin sesgos ideológicos. El video concluye con un llamado a romper con el relato impuesto y a reivindicar el derecho a conocer la verdad completa, subrayando que una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad.

Este video ha generado polémica y debate en la sociedad argentina, con algunos sectores apoyando la iniciativa de contar una historia más completa y otros criticando lo que consideran una revisión de la memoria histórica. No obstante, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la verdad y la justicia, insistiendo en que solo a través de una memoria completa se puede aprender del pasado y evitar repetir los errores.

Incoherencia en el ajuste: mientras Milei insiste en que "no hay plata", Diputados con Martín Menem a la cabeza gasta $2.000 millones en modernización

En un contexto donde el presidente Javier Milei ha enfatizado repetidamente la falta de recursos estatales con su conocida frase "no hay plata", recientes decisiones administrativas en la Cámara de Diputados, liderada por Martín Menem, han generado debate respecto al compromiso con la austeridad fiscal proclamada por el gobierno.

La Cámara de Diputados de Martín Menem gastará al menos 2 MIL MILLONES DE PESOS en "MODERNIZAR" el recinto: 300 tablets, pantallas led con sobreprecio, cámaras y más

👇 TODA LA DATA pic.twitter.com/cBZlAG9tZH

— María Julia Oliván (@mjolivan) March 15, 2025

Según informes recientes, la Cámara de Diputados ha adjudicado contratos por un total de aproximadamente 1.849.000 dólares (equivalentes a 2.000 millones de pesos) para modernizar y embellecer el recinto legislativo. Estas inversiones incluyen la instalación de un nuevo sistema de votación, adquisición de pantallas LED de 130 pulgadas y 300 tablets para los legisladores. Además, se han destinado fondos para equipos de filmación, hardware informático y otros elementos complementarios.

Estas decisiones contrastan con las medidas de ajuste implementadas previamente en la Cámara de Diputados. En diciembre de 2024, Martín Menem anunció la devolución de 7.000 millones de pesos al Ministerio de Economía, resultado de una reducción de personal y la eliminación de ciertos privilegios. Este gesto fue presentado como una muestra del compromiso con la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

A los $2.000 millones se suman los 488 millones en catering para diputados según revela El Disenso.

🚨La fiesta de unos pocos: Martín Menem gastó 448 millones en catering para diputados
▶️La gestión actual emitió 6 órdenes de compra por un total de $448.875.000 para la comida de los legisladores.
⚠️Los privilegios de #LaCasta🥩🍣🥂#Exclusivo #ElDisensohttps://t.co/jtiLAtE2cy

— El Disenso 🇦🇷 (@ElDisenso) March 17, 2025

El equilibrio fiscal y la reducción del gasto público son fundamentales para mejorar las finanzas del país. Si bien la modernización de las instalaciones legislativas puede considerarse necesaria, es crucial evaluar la pertinencia y el momento de tales inversiones, especialmente cuando se promueve un discurso de austeridad. La coherencia entre las políticas de gasto y las declaraciones oficiales es esencial para mantener la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

En conclusión, las recientes inversiones en la Cámara de Diputados plantean interrogantes sobre la consistencia en la aplicación de políticas de austeridad. Es imperativo que las autoridades armonicen sus acciones con el discurso oficial para garantizar una gestión fiscal responsable y transparente, alineada con las necesidades y expectativas de la sociedad. 

Con información de El Disenso y Border Periodismo.

Crisis en la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina: Afiliados denuncian falta de servicios de salud

La Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina enfrenta una grave crisis debido a la falta de servicios de salud para sus afiliados, tanto activos como retirados. La situación ha llevado a varios policías a presentar denuncias y recurrir a la Justicia Federal para exigir una solución.

Denuncias y Falta de Servicios

Walter Grappi, un policía federal retirado de Villa María, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal para investigar a las autoridades que administran la obra social. Grappi, quien ha sido afiliado por casi 30 años, asegura que la falta de servicios es una constante. "En casi 30 años que soy afiliado, esta situación se repite recurrentemente", precisó.

Grappi cuestiona el destino de los aportes mensuales que se retienen a los afiliados. En su caso, se le retienen unos 120 mil pesos mensuales, pero los servicios de salud no son acordes a lo que se paga. "Es como si yo le diera la plata para pagar la luz a alguien y después vienen y me cortan la luz. Lo mínimo que puedo hacer es preguntar ‘qué hiciste con la plata’", señaló.

La situación no es exclusiva de Grappi. Otros afiliados han denunciado situaciones similares, como la necesidad de viajar a Córdoba Capital para realizar análisis de laboratorio cubiertos por la obra social, o la falta de cobertura para procedimientos médicos esenciales. Un caso destacado es el de un afiliado al que le cubrieron una operación compleja, pero no la anestesia, que debía ser reintegrada meses después.

Acciones Legales y Respuestas Insuficientes

Ante este escenario, Grappi decidió tomar dos vías de acción: una en la Fiscalía donde instó una acción penal contra los responsables de la administración de la obra social, que son "los integrantes de la cúpula de la Policía Federal que tiene sede en Buenos Aires"; y la otra, para salvaguardar su situación de salud en lo personal, en la Defensoría Pública, también de la Justicia Federal, "donde tengo turno para presentarme el 20 de marzo para pedir un recurso de amparo", indicó.

Cabe señalar que la Justicia provincial no tiene injerencia en este caso por tratarse de una obra social nacional.

"No me quedó otro camino que recurrir a esta instancia", concluyó Grappi.

Contexto y Auditorías

La obra social de la Policía Federal Argentina cuenta con más del doble o triple de los 30.000 efectivos, pues puede haber afiliados adherentes. Sin embargo, el presupuesto y la gestión de los fondos son opacos. Oficialmente, la Superintendencia de Seguros de Salud no la reconoce como obra social, y tampoco la Superintendencia se reconoce como tal, alegando ser una administradora de fondos. Esta situación ha llevado a que los jueces ya indicaran que se debe aplicar la ley de obras sociales.

Existen auditorías a la Superintendencia de Bienestar por la AGN, pero eran parte de una auditoría más amplia sobre PFA que ha dado resultados muy preocupantes. Además, en el presupuesto actual del año 2025, por decreto se ha reducido la partida para la Superintendencia de Bienestar.

Impacto en el Personal

El personal de la Policía Federal Argentina está cautivo de dicha obra social, no pudiendo elegir libremente otra como sí pueden hacer otros trabajadores. Esto ha generado un clima de enojo y desprotección entre los afiliados, quienes denuncian de forma anónima por miedo a represalias.

Esto se da en el marco de un atraso salarial considerable por parte de los integrantes de las fuerzas federales, imposibilitando cubrir necesidades básicas.

La falta de servicios de salud adecuados tiene un impacto significativo en la moral y el bienestar de los policías activos y retirados. La situación ha llevado a muchos a buscar alternativas para obtener los servicios de salud que necesitan, mientras esperan una solución definitiva a esta crisis.

Responsabilidades y Futuro

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es participe pues es quién designa de forma discrecional a las autoridades de PFA de forma delegada, por tanto no hace un control efectivo. Las demandas suelen ir tanto a la PFA como al Ministerio de Seguridad.

La Superintendencia de Bienestar, liderada por el Comisario Mayor Favio Adrián Fara, enfrenta ahora la tarea de restaurar la confianza de sus afiliados y garantizar la prestación de servicios de salud acordes a los aportes realizados. La comunidad policial espera que las denuncias presentadas y las acciones legales en curso conduzcan a una mejora significativa en la gestión de la obra social.

Resolución 321/2025 de Seguridad Genera Preocupación por Potencial Abuso de Poder y Vulneración de Principios Jurídicos

La reciente Resolución 321/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ha generado inquietud debido a la amplitud y ambigüedad de sus disposiciones, lo que podría conducir a un ejercicio abusivo del poder administrativo y a la vulneración de principios jurídicos fundamentales.

La resolución modifica una normativa previa sobre restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos, ampliando significativamente los supuestos en los que se puede prohibir el acceso a estadios de fútbol. Entre ellos, se incluye a personas imputadas o procesadas por diversos delitos, así como a quienes hayan incurrido en "conductas violentas".

Problemática Jurídica y Potencial Abuso de Poder

La falta de precisión en la definición de "acto violento" y la inclusión de situaciones tan amplias como "cualquier actuación contravencional" o "manifestación en la vía pública" generan serias dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de la medida. Desde el derecho han surgido preocupaciones por los siguientes puntos:

• Ambigüedad y falta de taxatividad: La vaguedad de los términos empleados en la resolución permite una interpretación arbitraria y discrecional por parte de las autoridades, lo que podría derivar en sanciones injustas y desproporcionadas.
• Uso indebido del derecho administrativo sancionador: La resolución establece sanciones administrativas, como la prohibición de ingreso a estadios, por acciones que podrían ser constitutivas de delitos, sin las garantías y principios del derecho penal.
• Potencial vulneración del principio de proporcionalidad: La amplitud de los supuestos contemplados podría permitir la imposición de sanciones desproporcionadas en relación con la gravedad de las conductas sancionadas.
• Riesgo de arbitrariedad y discriminación: La falta de precisión en la definición de "acto violento" podría abrir la puerta a la arbitrariedad y la discriminación en la aplicación de la resolución.
• Vulneración de derechos constitucionales: La resolución podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad ante la ley.

Expresiones de la Ministra de Seguridad y Debate sobre Derecho Penal de Autor

En declaraciones a LN+, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó medidas específicas contra "los barras" que participaran en las manifestaciones. "A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir", afirmó.

Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre el concepto de "derecho penal de autor". Este concepto, que se contrapone al "derecho penal de acto", implica sancionar a una persona no por lo que hace, sino por lo que es o por su pertenencia a un grupo determinado.

Derecho Penal de Autor vs. Derecho Penal de Acto

• Derecho penal de acto: Este pilar fundamental del sistema jurídico moderno establece que las sanciones penales deben basarse en la comisión de un delito concreto, con pruebas y garantías procesales.
• Derecho penal de autor: Por el contrario, busca sancionar a individuos por su peligrosidad o por su pertenencia a un grupo considerado peligroso, sin necesidad de que hayan cometido un delito específico.

La aplicación de "medidas especiales" contra los "barras" por su mera pertenencia a ese grupo podría considerarse una forma de derecho penal de autor, lo cual es incompatible con los principios del estado de derecho.
Contexto y Posibles Implicaciones

La publicación de esta resolución coincide con la convocatoria a manifestaciones de hinchas de fútbol en apoyo a jubilados en las inmediaciones del Congreso. Esta coincidencia ha generado suspicacias sobre la posible intención de utilizar la resolución para intimidar y desincentivar la participación en dichas manifestaciones.

El punto "e" de la resolución, que permite sancionar a personas por conductas violentas en manifestaciones públicas, ha sido objeto de especial atención.
Reacciones y Advertencias Previas

El día anterior a la publicación de la resolución, el Ministerio de Seguridad había advertido sobre la posibilidad de disturbios y violencia durante las manifestaciones.

La polémica resolución plantea serios interrogantes sobre los límites del poder administrativo y la necesidad de garantizar el respeto a los principios jurídicos fundamentales y a los derechos y garantías individuales en el marco de las políticas de seguridad pública.

Trágico suceso en San Isidro: Policía Bonaerense se quita la vida

Se registró un lamentable suceso en el puesto FBA XX de San Isidro, ubicado en la intersección de las calles Tomkinson y Pasaje 2 de Beccar. La oficial de policía T.G., quien cumplía servicio en el turno 12x36, se quitó la vida de un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria.

El personal de la Comisaría San Isidro 11ra La Cava tomó conocimiento del hecho y se trasladó al lugar de inmediato. Al llegar, encontraron a la oficial G. sin signos vitales. La ambulancia 8 de San Isidro, junto con el Dr. Fernando Chanta, constató el fallecimiento de la oficial.

La Dra. Carolina Asprella, de la UFI 01 de San Isidro, fue notificada y está impartiendo las directivas correspondientes. Se mantiene comunicación telefónica con la fiscalía para coordinar las acciones posteriores.

La oficial G. residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se desempeñaba como numeraria en el puesto mencionado. Las causas que llevaron a este trágico desenlace aún están siendo investigadas.

El Comisario Sebastian Daniel Acuña, Jefe de Dependencia, ha tomado el mando de la investigación y se compromete a esclarecer los hechos. Cualquier novedad será comunicada oportunamente.

Este suceso ha conmocionado a la comunidad y a las fuerzas de seguridad, quienes lamentan profundamente la pérdida de una compañera en servicio. Se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon este triste episodio.

Grave incumplimiento en la cobertura de salud de la Policía Federal: fallecimiento de un afiliado antes del dictado de sentencia

La Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, resolvió declarar abstracto el recurso de apelación presentado por la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina en el marco del expediente "Incidente de Apelación de D., C.V. c/ Superintendencia de Bienestar de la Dirección de Obra Social de la Policía Federal Argentina s/ Amparo de Salud" (causa n.º 985/2024/2/CA1). La decisión fue adoptada luego de que el beneficiario, C.V.D., falleciera antes de recibir una respuesta definitiva sobre su derecho a cobertura médica.

Un incumplimiento con consecuencias fatales

El fallo, fechado el 25 de febrero de 2025, detalla que en primera instancia se había ordenado a la Dirección General de Obra Social de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina que garantizara la cobertura de internación geriátrica del afiliado en el Instituto “Versalles”, así como la provisión de la medicación prescripta por su médico tratante. Sin embargo, la obra social apeló esta medida cautelar el 8 de abril de 2024, dilatando la asistencia médica hasta el fallecimiento del afiliado, ocurrido el 12 de octubre de 2024.

El Tribunal consideró que la muerte del beneficiario tornó abstracto el litigio, pero impuso las costas del juicio a la demandada, reconociendo así su responsabilidad en el incumplimiento de la prestación de salud.

Implicancias jurídicas y administrativas

El caso evidencia una grave falencia en el sistema de salud de la Policía Federal Argentina, poniendo en entredicho la idoneidad de las autoridades responsables de su gestión. La Constitución Nacional establece en su artículo 16 el principio de idoneidad como requisito esencial para el acceso a cargos públicos. No obstante, se han detectado múltiples nombramientos mediante excepción de personas que no cumplen con los requisitos mínimos para sus funciones, lo que impacta negativamente en áreas críticas como la salud.

Entre los funcionarios con nombramientos bajo excepción se encuentran:

• Sergio Gustavo PÉREZ DE SAN ROMÁN, Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina.

• María Lorena PETROVICH, Directora Nacional de Bienestar (Decisión Administrativa 789/2024).

Asimismo, la gestión del área de salud y bienestar de la Policía Federal recae sobre:

• Comisario Mayor Favio Adrián FARA, Superintendente de Bienestar.

• Comisario Inspector Fabio Hernán GRAFF, Director General de Obra Social.

• Comisario Flavia Lorena PAZ, responsable de la Junta de Evaluación de Beneficios.

• Comisario Inspector Cristina Elisabet MARTINELLI, jefa del Departamento de Asistencia y Beneficios.

Falencias estructurales y ausencia de controles efectivos

Este caso pone de manifiesto los riesgos de designar en puestos estratégicos a funcionarios sin formación específica en gestión de salud, lo que se traduce en incumplimientos que afectan la vida de los afiliados. La falta de cobertura en tiempo y forma constituye una vulneración del derecho a la salud y la seguridad social, consagrados en los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Además, se destaca que la dilación en la respuesta a los reclamos médicos por parte del servicio jurídico de la Policía Federal es una práctica habitual que genera situaciones trágicas. La estrategia de prolongar indefinidamente los tiempos procesales impide que los beneficiarios accedan a sus derechos en vida, convirtiendo los litigios en meros trámites burocráticos sin impacto real en la protección de la salud de los afiliados. Esta conducta, lejos de ser excepcional, se ha convertido en un patrón que atenta contra el acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales.

Los jueces que intervinieron en el fallo

El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por los jueces de cámara Eduardo Daniel Gottardi y Guillermo Alberto Antelo, quienes firmaron la resolución. Se destaca que el juez Fernando A. Uriarte no suscribió el fallo por encontrarse en uso de licencia.

La negativa de asistencia médica y la falta de celeridad en la resolución del amparo derivaron en el fallecimiento del beneficiario antes de que la justicia pudiera dictar una sentencia definitiva, configurando un grave antecedente en la gestión de la obra social de la Policía Federal Argentina.

La situación exige una revisión profunda de los mecanismos de control y una evaluación rigurosa de la idoneidad de los funcionarios responsables de la prestación de servicios esenciales. El incumplimiento de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina expone no solo una crisis administrativa, sino también una vulneración flagrante de derechos fundamentales.