Ola de inseguridad récord en La Matanza: 90 robos por día y un aumento del 120% en doce años

La Matanza atraviesa la peor crisis de inseguridad desde que existen registros oficiales. Según datos de la Procuración General bonaerense de 2024, en este distrito se denuncian en promedio 90 robos diarios, la cifra más alta de la Provincia y la más elevada desde 2012, año en que comenzaron a publicarse estadísticas detalladas sobre delitos contra la propiedad.

En ese período, las causas penales iniciadas por robo en el Departamento Judicial La Matanza —que abarca únicamente al partido homónimo— pasaron de 14.821 en 2012 a 32.500 en 2024, lo que representa un incremento del 120%. El fenómeno no se limita a los delitos patrimoniales: el municipio también lidera los homicidios, tanto en números absolutos como en tasa por habitante. En 2024 se registraron 143 crímenes (155 víctimas), con una tasa de 8,11 homicidios cada 100.000 habitantes, frente a un promedio provincial de 4,76.

La situación contrasta con las tendencias generales: mientras en la Provincia los robos crecieron un 12,9% en 2024 respecto al año anterior, en La Matanza el aumento fue del 31%. En los asaltos a mano armada, la brecha también es notoria: 17% de incremento en el distrito frente al 1,5% provincial. El 28,5% de los robos en La Matanza fueron cometidos con armas, superando ampliamente el 22% del promedio bonaerense. En los homicidios, el 80,4% de las muertes fueron perpetradas con armas de fuego, frente al 62,8% en el resto del Conurbano.

Los especialistas señalan que la combinación de alta densidad poblacional, circulación masiva de armas ilegales y falta de políticas sostenidas de prevención del delito explican parte de este panorama. La responsabilidad recae tanto en el gobierno provincial, a cargo de Axel Kicillof, como en la gestión municipal de Fernando Espinoza, en cuyo territorio los homicidios crecieron un 5,9% en 2024, mientras en toda la Provincia se registró una baja del 1%.

Más allá de las cifras, la violencia se refleja en hechos recientes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el asesinato de Rita Mabel Suárez (47), madre atacada delante de su hijo en Villa Luzuriaga; la muerte de Esmeralda Bustamante (23), baleada en Laferrere al intentar defender a su hermana policía; y el crimen de Thiago Correa, un niño de 7 años alcanzado por una bala en un tiroteo en San Justo. Casos que muestran que la crisis en materia de seguridad está lejos de resolverse.

Denuncian a Daniel Scioli por presunta corrupción y contratos millonarios a allegados

Un reciente informe periodístico ha sacado a la luz un presunto entramado de corrupción que involucra a Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. La denuncia se centra en la supuesta adjudicación de contratos millonarios a una empresa de limpieza propiedad de uno de sus amigos más cercanos, Luis Alberto "Chiche" Peluso.

Según el video, esta práctica de favorecer a allegados no es nueva en la carrera política de Scioli. Se afirma que tanto durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires como en su actual cargo bajo la administración de Javier Milei, ha utilizado su poder para otorgar licitaciones a la empresa de Peluso, Lincer S.A., incluso cuando las ofertas no eran las más económicas.

El informe detalla que esta dinámica se repite a lo largo de los años, utilizando mecanismos como las "contrataciones directas" o "licitaciones cerradas". Si bien estos métodos son legales, el video argumenta que son utilizados para eludir la transparencia y favorecer a un círculo íntimo. Esto se evidencia en la relación de Scioli con Peluso, que se remonta a décadas, y que ha resultado en contratos lucrativos con organismos como el INPROTUR y ANSES.

Además, el video traza un paralelismo con el caso de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gobernación, donde también se investigaron presuntas irregularidades y sobreprecios. La constante en todos estos casos, según la denuncia, es la falta de transparencia y el uso de fondos públicos para beneficiar a amigos y colaboradores cercanos.

El video concluye haciendo un llamado a una mayor transparencia, a fortalecer los mecanismos de control y a implementar procesos de licitación más públicos y estandarizados para evitar que el dinero del Estado termine en los bolsillos de los allegados al poder.

Éxodo en las fuerzas federales: salarios de pobreza y ventas por Instagram para sobrevivir

En las últimas semanas, fuentes internas de las fuerzas federales confirmaron un incremento inusual en las solicitudes de baja voluntaria por parte de efectivos de distintas jerarquías. La tendencia coincide con el contexto de ajuste estatal impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en línea con la política de reducción del gasto público que el presidente Javier Milei ha denominado “la motosierra”, generando una "rockera" forma de Despidos Silenciosos. Dado que la mayoría del personal de las fuerzas es "planta permanente" no pueden hacer con lo que hicieron en los ministerios: no renovarles los contratos (contratos viciados de por si porque existían personas en esa fraudulenta forma laboral "temporaria" hace más de 5 años).

La situación salarial del personal policial y militar revela un deterioro profundo. Según datos oficiales, una parte significativa de las jerarquías percibe haberes por debajo de la línea de pobreza establecida para la Ciudad de Buenos Aires. Cargos como Cadete de 1°, 2° y 3° curso se encuentran incluso en la franja de indigencia, con sueldos que van de $610.003,89 a $637.008,58. La mayoría de los rangos iniciales y medios —Aspirante, Auxiliar, Cabo, Sargento, Subinspector, Inspector y hasta Capellán Principal— perciben ingresos que los ubican en la categoría de pobreza no indigente, con salarios que no superan $1.193.290,96.

Esta realidad es atribuida por según el Boletín Oficial y fuentes gubernamentales oficiales a la responsabilidad conjunta de los funcionarios a cargo de la política salarial: Martín Siracusa, Patricia Bullrich y Carlos Manfroni, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como los integrantes de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público —Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo—. Estos últimos han respaldado públicamente los anuncios oficiales sobre un “superávit fiscal” que, en la práctica, solo se logra mediante la contención y reducción del gasto en salarios de militares, policías, médicos y docentes.

A las dificultades económicas se suman limitaciones estructurales. El personal de las fuerzas federales está obligado a mantenerse en el servicio ordinario y a realizar servicios adicionales para complementar ingresos. No obstante, muchos efectivos han recurrido a actividades paralelas, como la venta de productos por redes sociales, para sostenerse económicamente, siendo los productos más comunes remeras, perfumes, productos de belleza, juguetes: "economía popular" (o más bien por debajo de la superficie, o informal). Otros han optado por trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, DiDi, Cabify)

Además, los afiliados a las obras sociales IOSFA y la Superintendencia de Bienestar no pueden derivar sus aportes a otras prestadoras, lo que limita sus opciones de atención médica.

El fenómeno de las bajas voluntarias y el descontento creciente en las fuerzas se configura como una señal de alerta institucional, en un momento en que la seguridad pública enfrenta desafíos complejos y la capacidad de retención de personal calificado se ve seriamente comprometida.

La red oculta de poder detrás de Leonardo Scatturice: vínculos, negocios y contratos millonarios que conmocionan al Estado

Leonardo Scatturice se posiciona como el epicentro de una compleja red de relaciones personales y empresariales que atraviesan sectores estratégicos del país. Su conexión con figuras como Daniel Hadad y otros socios clave revela un entramado donde alianzas personales se entrelazan con intereses corporativos, consolidando un poder que trasciende el ámbito privado. Estas relaciones han sido fundamentales para articular negocios inmobiliarios y operaciones con múltiples socios en diferentes ámbitos.

Las sociedades y empresas vinculadas a Scatturice funcionan como vehículos esenciales para el despliegue de negocios de alto impacto. Compañías como Flybondi y OCP TECH S.A. no solo representan sus intereses comerciales, sino que también actúan como puente para acceder a contratos millonarios con organismos públicos como el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. La expansión de esta red empresarial evidencia la influencia de sus miembros en sectores estratégicos de la administración pública.

El alcance territorial de esta red es igualmente notable, con propiedades y operaciones distribuidas en puntos clave como Miami, Florida, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad de lujo en el edificio Continuum South Beach Condo, compartida entre Scatturice y Hadad, simboliza la dimensión internacional de estos vínculos. Además, ciudades argentinas como Avellaneda y Mar del Plata aparecen como escenarios donde se desarrollan proyectos y alianzas con implicaciones sociales y económicas profundas.

Las conexiones entre personas, empresas e instituciones se manifiestan en vínculos que varían desde la cooperación directa entre socios hasta la intermediación en contratos públicos, evidenciando un entramado donde se mezclan intereses privados y estatales. La estructura revela además una segmentación clara de roles y relaciones, consolidando una red que opera con sofisticación y alcance, cuestionando la transparencia y el control en espacios clave del poder y los negocios argentinos.

José Manuel Ubeira tergiversa una frase de Javier Milei en los alegatos de la Causa Sabag Montiel

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira realizó una afirmación que ha sido señalada como errónea y carente de rigor. Durante su exposición, expresó: “El actual presidente de la Nación dijo que él le iba a poner el último clavo en el cajón al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro”. Sin embargo, la frase original atribuida a Javier Milei fue: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

La diferencia entre ambas expresiones no es meramente gramatical: en la original, Milei manifiesta un deseo hipotético (“me encantaría”), mientras que en la reformulación de Ubeira se transforma en una afirmación de intención futura (“iba a poner”), modificando el sentido y alcance de la declaración. Esta alteración implica una tergiversación que, en el contexto de un proceso judicial, reviste especial gravedad. En la etapa de alegatos, las partes deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando introducir elementos ajenos o incorrectos que puedan influir en la percepción del tribunal.

Desde el punto de vista de la ética profesional, la incorporación de datos erróneos en un alegato no solo afecta la credibilidad del letrado, sino que puede interpretarse como una conducta contraria a los deberes de veracidad y objetividad exigidos a los abogados. Además, la inclusión de afirmaciones tergiversadas podría ser considerada un agravio hacia la persona aludida, con eventuales derivaciones en el plano disciplinario o incluso en acciones civiles por daño moral. Este tipo de manifestaciones no se encuentra amparado por el derecho de la querella, cuyo rol procesal exige argumentar con base en hechos debidamente acreditados y respetando la integridad de las declaraciones citadas.

Preocupantes afirmaciones del abogado de CFK, José Manuel Ubeira, en alegatos de la causa Sabag Montiel sobre la muerte del fiscal Nisman

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira formuló una declaración que generó críticas por su carácter improcedente. En su exposición, Ubeira sostuvo: “también se la puso al frente ahora con estos procesos de encubridora de luctuosos sucesos que ocurrieron en la República Argentina, como por ejemplo este el suicidio de Nisman, que acá en el edificio lo han transformado en homicidio, como todos sabemos”.

El señalamiento resulta cuestionable dado que se refiere a otro hecho —la muerte del fiscal Alberto Nisman— sobre el cual la justicia ya se ha pronunciado y que no guarda relación directa con el proceso que se ventila en el juicio actual. De acuerdo con principios jurídicos básicos, en la etapa de alegatos los abogados deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando extrapolar conclusiones o introducir afirmaciones sobre asuntos ajenos. Este tipo de intervenciones podría vulnerar normas de ética profesional, ya que implica intentar validar una afirmación controvertida utilizando como respaldo una definición personal sobre un hecho ya resuelto judicialmente.

El abogado Ubeira no es ajeno a las controversias por sus declaraciones públicas. En abril de 2023, una red de agrupaciones judiciales lo cuestionó duramente por afirmaciones consideradas equívocas e improcedentes, en el marco de la misma causa, según consignó Infobae. Aquella vez, las críticas giraron en torno a la utilización de expresiones y argumentaciones que excedían el marco procesal y podían interpretarse como ataques infundados o descontextualizados, una práctica que vuelve a ser señalada tras sus recientes dichos.

Denuncia por Irregularidades en la Demanda de Microsoft contra Empresa Argentina

Un caso judicial ha generado preocupación en el ámbito empresarial y legal de Argentina. Se trata de la demanda iniciada por Microsoft Corporation contra la empresa argentina Matriplast SACIIFMYS, en un proceso que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones judiciales.

La demanda, que se enmarca bajo el expediente CIV 011752/2021, fue presentada por el apoderado de Microsoft, Martín Alejandro Melloni Anzoátegui, con el patrocinio del Dr. Gonzalo Reberendo, del estudio Biniat, Paredes, Cárrega & Melloni Anzoátegui SC (BPCM). A primera vista, el caso parece seguir el curso habitual de una disputa por presunta violación de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una revisión más profunda del expediente revela una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la objetividad del proceso.

Cuestionable Prueba Anticipada

El origen del conflicto reside en una prueba anticipada que, según la información disponible, es de dudosa legalidad. El expediente original que dio lugar a esta prueba no ha sido presentado, lo cual representa una violación al debido proceso. Esta prueba anticipada se habría ejecutado en las instalaciones de Matriplast, bajo la supervisión de la jueza Analía Romero y la oficial de justicia Monica Lopardo, del Juzgado Civil 40.

Un elemento particularmente alarmante se encuentra en un escrito pericial del 7 de octubre de 2021. En él, se observa un screenshot del conocido mensaje de "activación de Windows", una imagen que, por sí misma, no constituye una prueba fehaciente de la ilegalidad del software utilizado, aunque si un elemento llamativo cuando es por parte del perito que justamente debe detectar que no se use software sin licencia. Lo más preocupante es que ni el juzgado ni la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo de la Dra. Mónica Susana Mauri, objetaron esta prueba. La falta de escrutinio por parte de las autoridades judiciales en este punto clave de la demanda resulta sumamente inquietante y sugiere una posible connivencia.

Fallas en la Demanda y Actuaciones del Juez y Fiscal

El texto de la demanda presenta múltiples debilidades que, a pesar de ello, no fueron suficientes para que las autoridades judiciales la desestimaran. Entre las deficiencias identificadas se encuentran la falta de cuantificación del daño moral, el uso de estadísticas sin contexto, una sobrevaloración del "peligro en la demora" sin pruebas concretas, la confusión de conceptos legales, la solicitud de daños punitivos sin base legal, y el cálculo de intereses sin sustento. A pesar de estas irregularidades, la justicia argentina ordenó una indemnización.

Esta decisión del Juzgado Civil 40 y la falta de objeción de la Fiscalía suscitan serias dudas sobre la integridad del proceso. Parece que la justicia ha avalado una violación de un domicilio privado sin causa justificada, permitiendo a Microsoft generar grandes pérdidas económicas a una empresa argentina con base en exigencias no probadas. Esto levanta sospechas de que el objetivo principal de la demanda podría ser más la obtención de un beneficio económico que la resolución de un problema legal genuino.

El caso de Matriplast es un llamado de atención sobre los posibles riesgos de una justicia que actúa sin la debida rigurosidad, permitiendo a grandes corporaciones internacionales ejercer una presión desmedida sobre empresas locales con fundamentos endebles. La situación actual, donde las irregularidades en el proceso son evidentes y no han sido objetadas por las autoridades competentes, genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica en el país.

South Park destroza a funcionaria estadounidense anti-inmigrantes que se reunió con Patricia Bullrich

La serie animada satiriza duramente a Kristi Noem tras controversias diplomáticas y escándalos en el gobierno argentino

En el marco de una crisis económica y políticas migratorias endurecidas, el gobierno estadounidense ha intensificado su guerra contra los inmigrantes, colocando a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para endurecer su campaña, Noem apareció en spots publicitarios en distintos canales de la región en TV y streaming instando a que no migren a Estados Unidos porque serán deportados.

La visita diplomática a Argentina y los acuerdos binacionales

A su vez, Noem realizó una visita por distintos países de Sudamérica fijando su postura y se reunió con Patricia Bullrich, donde tuvo una cabalgata y comió asado en Campo de Mayo. La secretaria del DHS se reunió con el presidente argentino Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para iniciar el proceso de reingreso de Argentina al Programa de Exención de Visa.

Durante el encuentro bilateral se dialogó sobre el trabajo en la frontera norte, la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur, el lavado de dinero vinculado al terrorismo y el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Incluso se realizaron anuncios conjuntos con la embajada de Estados Unidos en Argentina para avanzar en el proceso que eliminaría la necesidad de visa para viajar a dicho país del norte.

El alineamiento con Estados Unidos e Israel y sus contradicciones

En la alineación que mantiene el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel con Estados Unidos e Israel, todo parecería encaminarse bien. Sin embargo, han surgido varios inconvenientes que exponen las contradicciones de este "alineamiento".

El escándalo Cúneo Libarona-Tim Ballard

Uno de los conflictos más graves involucra la actividad del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien fue filmado en una actitud de "lobby" con Tim Ballard, exagente de la CIA y fundador de una ONG contra la trata, pero acusado de abuso y acoso sexual.

En las imágenes se observa a Cúneo Libarona ofreciéndole al activista estadounidense utilizar su influencia para "cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país" sobre su figura, prometiendo realizar gestiones directas con el Poder Judicial argentino: "Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos".

Tim Ballard se hizo famoso por su cruzada contra las redes de pedofilia y por inspirar la película "Sonido de Libertad", pero hoy es denunciado por armar rescates falsos, recaudar fondos de forma ilegal y amenazar a mujeres.

Patricia Bullrich fue contundente ante una posible reunión de este personaje con Milei, declarando: "Este Gobierno no puede recibir a un abusador".

Las tensiones con Israel

Por otro lado, el gobierno israelí se encuentra en grandes conflictos tras la situación en la franja de Gaza y los acontecimientos en Palestina, lo que complica las relaciones diplomáticas regionales.

South Park desembarca con fuerza tras acuerdo millonario

Ante todo este panorama, la serie paródica South Park ha desembarcado de forma contundente y desafiante. La serie logró recientemente un acuerdo millonario con Paramount+ por 1.500 millones de dólares, que incluye cinco temporadas más y el traslado de toda la biblioteca de episodios a la plataforma de streaming.

En el estreno de temporada de la serie animada profana, Jesucristo instó a los habitantes de South Park a resolver una disputa legal con Trump, o de lo contrario "terminarán como Colbert", en referencia al reciente conflicto entre Paramount y el programa de Stephen Colbert.

La feroz sátira contra Kristi Noem

En el nuevo capítulo titulado "Got A Nut" de la temporada 27, South Park fue directo contra la actitud de Kristi Noem. La serie satiriza duramente a Noem, retratándola obsesionada con el bótox y disparando a perros, haciendo referencia directa a las controvertidas declaraciones autobiográficas de la funcionaria.

Noem manifestó en su biografía de forma orgullosa que había matado a un perro de 14 meses llamado Cricket porque era molesto y difícil de entrenar, y a una cabra "porque olía mal". Estos han sido los contundentes elementos centrales en el nuevo capítulo de la serie.

South Park compartió una escena exclusiva de los créditos finales de Paramount+ que muestra a Kristi Noem en una juerga de disparos en una tienda de mascotas, intensificando la crítica hacia la funcionaria estadounidense.

La crítica al sistema de inmigración

El episodio también muestra la falta de preparación del personal del organismo anti-inmigración ICE, donde personal sin formación ni preparación accede a un uniforme y un fusil. En la situación, personal que se queda sin empleo por los recortes de Trump va violentamente a una obra de "Dora la Exploradora" para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, donde se lo ve entre lujos.

La respuesta de Noem y el impacto político

La secretaria de Seguridad Nacional no tardó en responder a la parodia. Kristi Noem dice que "South Park" necesita mejorar su juego, insistiendo en que son perezosos por solo criticar su apariencia.

Paradójicamente, Kristi Noem adoptó humorísticamente el avatar de South Park en medio de la sátira política, cambiando su imagen de perfil en redes sociales por el personaje animado que la representaba en la serie.

Realidades expuestas y contradicciones del poder

Si bien funcionarios estadounidenses han calificado de "izquierda" a la serie, South Park continúa mostrando realidades y exponiendo las contradicciones del poder. La serie tiene el potencial de molestar a Trump y sus colaboradores de una manera que pocos otros programas pueden lograr.

El episodio también incluyó referencias al vicepresidente JD Vance y al propio Donald Trump, manteniendo la tradición de la serie de satirizar figuras políticas prominentes sin filtros.

La controversia generada subraya cómo el entretenimiento y la política continúan entrelazándose en el discurso público estadounidense, especialmente cuando involucran políticas sensibles como la inmigración y las relaciones internacionales, mientras exponen los escándalos y contradicciones en las altas esferas del poder tanto estadounidense como argentino.

Quema ilegal en Córdoba: Denuncia penal y alerta ambiental por humos tóxicos en basural clandestino

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal contra los responsables de un incendio intencional en un basural ilegal al norte de la ciudad, tras la emisión de humos contaminantes y un olor nauseabundo que afectó a múltiples barrios. Aunque las autoridades aseguran que los niveles de contaminación están "controlados", expertos advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios de estas prácticas recurrentes.

El origen: quema clandestina con compuestos peligrosos

El foco del conflicto se ubicó en un predio privado junto al Canal Maestro Norte, carente de autorización para el tratamiento de residuos. Bomberos y equipos ambientales hallaron una combustión lenta bajo tierra de desechos, liberando gases azufrados que generaron el penetrante olor —descrito por vecinos como similar a "coliflor hervido"— y columnas de humo visibles.

Análisis de la UTN y la UNC confirmaron la presencia de disulfuro y trisulfuro de dimetilo, compuestos con alta capacidad odorífera. Si bien los estudios descartaron niveles críticos de toxicidad en suelo, especialistas exigieron monitoreo continuo y reparación del área, ya que el fuego pudo haber liberado sustancias peligrosas al contacto con plásticos, agroquímicos o sintéticos.

Impacto ambiental: un problema recurrente

El fiscal Raúl Garzón ya investigaba casos similares en otros lotes, lo que expone un patrón de manejo irregular de residuos en la zona. Eduardo Sarría, director de Impacto Ambiental municipal, señaló que el incendio no fue superficial, sino en capas profundas de basura, lo que dificultó su control y prolongó la emisión de humo.

Riesgos identificados:

• Contaminación del aire: Los compuestos azufrados pueden irritar vías respiratorias y agravar enfermedades crónicas.

• Degradación del suelo: Acumulación de metales pesados o químicos no detectados inicialmente.

• Daño ecosistémico: Posible filtración de tóxicos al Canal Maestro Norte, afectando flora y fauna.

Acciones legales y reclamos vecinales

El municipio impondrá multas y costos de remediación a los dueños del terreno, mientras bomberos y policía trabajan para evitar nuevos ingresos de residuos. Vecinos de Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y el Cerro habían reportado el olor desde el martes, incluso con falsas alarmas por supuestas fugas de gas.

Aunque el gobierno local descartó un "peligro inminente" para la salud, la situación reavivó críticas por la proliferación de basurales clandestinos y la necesidad de políticas más estrictas. "Estos incidentes no son aislados; reflejan negligencia y falta de control", afirmó un ambientalista local bajo anonimato.

Conclusión: un llamado a la prevención

El caso evidencia cómo la quema ilegal de residuos —además de molestar— pone en riesgo recursos naturales y calidad de vida. Autoridades insisten en que los responsables serán sancionados, pero organizaciones civiles demandan auditorías permanentes y campañas de concientización para evitar que se repita.

Mientras tanto, Córdoba sigue respirando bajo la sombra de sus residuos mal gestionados.

Documentos revelan vínculos empresariales de dos décadas entre Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

La abogada Natalia Volosin presentó una investigación respaldada por documentos inéditos que acreditan un vínculo sostenido durante más de veinte años entre el empresario aeronáutico Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y el empresario de medios Daniel Hadad, fundador de Infobae. Según el material recopilado, ambos habrían participado en operaciones inmobiliarias millonarias, constitución de sociedades en paraísos fiscales y obtención de contratos con el Estado, en un marco de protección política y mediática.

Operaciones inmobiliarias en la Florida y vínculos societarios

La investigación señala que el nexo entre Scatturice y Hadad se remonta a las sociedades My Estates I Corp. y My Estates II Corp., radicadas en el estado de Florida, con operaciones superiores a los 10 millones de dólares. Una de estas empresas figura a nombre de un empleado de Infobae residente en Ciudadela, con ingresos mensuales estimados en cinco millones de pesos, quien aparece como único director de la sociedad propietaria de la residencia principal de Hadad en Miami: una unión de cuatro unidades en el edificio Continuum, adquirida en noviembre de 2016 por 15,3 millones de dólares.

Asimismo, se documentan transacciones por 10,4 millones de dólares realizadas por la cuñada de Hadad a través de sociedades registradas en la Florida y en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los domicilios utilizados —el que Hadad vendió a Scatturice— también habría servido para obtener préstamos de empresas constituidas en Delaware.

Vínculos con empresarios investigados por corrupción

Scatturice figura en sociedades con empresarios involucrados en causas judiciales relevantes. Entre ellos, Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky en la causa vinculada a negocios de Levy en Venezuela, aunque la Cámara revocó la medida y el expediente sigue abierto. Es dueño de Núcleo y Neutrón, impulsor del complejo comercial Bendú en Mar del Plata inaugurado por el presidente Javier Milei en 2024, y CEO de Andrómeda Group Latam (antes C3 IG LLC), que mantuvo vínculos con C3 Consulting S.A., señalada por presuntas actividades de inteligencia ilegal. Esta firma tuvo como domicilio el departamento de Miami que Hadad vendió a Scatturice.

Otros socios mencionados son Gabriel Znidarcic, empresario venezolano relacionado a la causa de la “embajada paralela” mediante la firma Frolem, y Gastón Marquevich. Volosin también documenta operaciones con los hermanos Tiné, que habrían permitido a Scatturice blanquear seis millones de dólares.

En la causa conocida como la “mafia de los contenedores”, Scatturice constituyó entre 2016 y 2017 tres sociedades junto a Aldo Javier Limardo, procesado en una derivación denominada “mafia de las mudanzas”. Limardo fue agente residente de C3 IG LLC en Florida, la misma sociedad vinculada a presuntas maniobras de inteligencia y a la difusión de información contra el funcionario Juan José Gómez Centurión, publicada en exclusiva por Infobae.

Contratos con el Estado y adquisiciones empresariales

Volosin describe un patrón de actuación consistente en adquirir empresas tecnológicas con antecedentes en licitaciones, incrementar su capital, desplazar a los socios fundadores y asegurar adjudicaciones estatales, en paralelo con coberturas mediáticas favorables.

Un caso relevante es OCP TECH S.A., continuadora de SYSTEMNET S.A., adquirida entre 2018 y 2019 a Federico Haymes Biedma. En 2022, Scatturice y Marquevich compraron el 33% restante por cuatro millones de dólares, aunque el pago no se concretó y generó una demanda en Estados Unidos. Bajo su control, OCP TECH obtuvo contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa recibió adjudicaciones millonarias en dólares.

Durante la pandemia, SYSTEMNET y Andrómeda Group Latam recibieron la adjudicación para implementar el sistema de sesiones virtuales de la Cámara de Diputados. Andrómeda, continuadora en Panamá de C3 Consulting, carecía de antecedentes tecnológicos, pero fue presentada por Infobae con González Kunz como CEO. La adjudicación dependió de Juan Manuel Cheppi, hijo del entonces embajador argentino en Venezuela.

En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone para desarrollar el sistema biométrico MIA ID, y en mayo de 2025 la empresa se preinscribió como proveedora del Estado.

Antecedentes mediáticos y proyección judicial

La investigación destaca que la cobertura periodística sobre el tema ha sido limitada, salvo por las notas de Rodis Recalt en la revista Noticias. El periodista reveló en julio de 2025 comunicaciones entre Hadad y Scatturice, así como la compra en 2017 de un departamento en Continuum South Beach Condo. También señaló que Scatturice presentó a Hadad a Mario De la Fuente, ex policía bonaerense que participó en la masacre de Avellaneda en 2002, y actual dueño de la marca de ropa Boken.

Volosin afirma haber detectado en Florida unas veinte sociedades vinculadas a Scatturice y a personas como Pamela Poveda y Laura Arrieta, sin actividad económica visible, lo que describió como una “estructura típica de lavado de dinero”. La abogada anunció que presentará una denuncia ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de Estados Unidos para exponer el circuito societario utilizado para transferir fondos.

La seguridad en la minería: un campo de acción clave para los licenciados en Seguridad

En una nueva emisión del programa radial "Proteger", el licenciado en Seguridad Sergio Quiroga entrevistó a Martín López, profesional con amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad aplicada a industrias críticas como el petróleo, la automotriz y, especialmente, la minería. La conversación ofreció una valiosa mirada sobre el rol cada vez más relevante de los licenciados en Seguridad en sectores estratégicos y de alta complejidad operativa.

Martín López, egresado de la Universidad de la Policía Federal Argentina en 2002, relató su recorrido laboral, que abarca desde su paso por Chevron Argentina (2006–2012), la minera canadiense Golcorp en Santa Cruz, y una automotriz japonesa, hasta su actualidad como consultor independiente en seguridad industrial, con fuerte enfoque en proyectos vinculados al litio.

Durante la entrevista, López puso especial énfasis en la importancia de la formación continua para los profesionales del área: “Esto no es recitar leyes o normas ISO. Es experiencia, adaptación constante y capacidad de respuesta ante situaciones dinámicas y muchas veces críticas”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la minería y los desafíos particulares que representa desde el punto de vista de la seguridad. López explicó que el licenciado en Seguridad cumple una función transversal que exige interacción con todas las áreas de la operación: desde los responsables de seguridad e higiene, hasta los técnicos geotécnicos y la gerencia general. Este profesional no solo protege activos y personas, sino que también coordina respuestas ante emergencias, identifica riesgos operativos, previene sabotajes y debe estar preparado para gestionar crisis complejas, incluso aquellas originadas por conflictos sociales o amenazas internas.

“El responsable de seguridad debe mapear todas las partes interesadas, internas y externas. Una mala comunicación con las comunidades puede transformar un proyecto sustentable en un conflicto social de alto riesgo”, explicó, refiriéndose a las tensiones que suelen generar ciertas actividades extractivas en zonas sensibles.

En ese sentido, subrayó que las mineras deben operar con estándares internacionales, contar con seguridad perimetral por anillos, enlaces con fuerzas federales, sistemas de videovigilancia, capacitación permanente y protocolos de acción ante escenarios como derrumbes, sabotajes o uso indebido de explosivos. “Muchas veces el guardia es el primero en llegar a un accidente, debe saber primeros auxilios, usar herramientas de rescate y manejar teléfonos satelitales”, añadió.

También relató situaciones reales ocurridas en contextos de altura y aislamiento extremo, donde las decisiones de seguridad pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. La rigurosidad en los exámenes médicos para acceder a faenas mineras, las horas limitadas de trabajo por condiciones meteorológicas y los protocolos ante amenazas internas fueron otros puntos relevantes abordados.

Hacia el final de la entrevista, el licenciado destacó el potencial de desarrollo que tiene Argentina en el triángulo del litio (junto a Bolivia y Chile) y el enorme campo laboral que se abre para los licenciados en Seguridad. “Si se consolida la seguridad jurídica, llegarán inversiones y habrá una gran demanda de profesionales capacitados en seguridad minera. Hay muy pocos proyectos en producción y muchos esperando aprobación. La oportunidad está”, concluyó.

El programa "Proteger", conducido por Quiroga, continúa posicionándose como un espacio clave para reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la seguridad en contextos sociales e industriales, dando voz a profesionales comprometidos con la prevención y la protección de personas, bienes y entornos estratégicos.

Prioridades Invertidas: ¿Es Ético Gastar Millones en Shows con Carencias Sociales Aflorando?

Una fuerte controversia sacude a la ciudad de Ushuaia, poniendo en el centro de la escena la cuestionable gestión de los fondos públicos. La polémica surge a raíz de la contratación de un conocido artista por sumas millonarias, en un momento en que persisten graves falencias estructurales y la pobreza afecta a una parte de la población. Esta situación genera un debate ineludible sobre la ética en el uso de los impuestos.

Un gasto exorbitante en medio de la precariedad

El epicentro de las críticas recae directamente sobre el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Se le cuestiona duramente por haber destinado 85 millones de pesos a la contratación del artista Dillom (Dylan León Masa) para un concierto que tuvo lugar en junio pasado. Esta cifra, proveniente íntegramente de las arcas municipales, no solo cubrió el cachet del artista, sino también todos los costos logísticos asociados al evento. Esto incluyó el transporte, el alojamiento y los requerimientos técnicos para el show. Para ilustrar la magnitud del gasto, se ha detallado que los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Ushuaia para el artista y su numerosa comitiva de 14 personas fueron costeados en su totalidad con dinero de los contribuyentes.

Lo más alarmante de esta situación es que el propio intendente Vuoto ha manifestado que el municipio atraviesa una delicada situación de crisis económica. Este desembolso se realiza en un contexto donde los recursos escasean y las necesidades básicas de la población distan de estar satisfechas.

La inaceptable disyuntiva: Shows de lujo versus la dignidad humana

La asignación de una suma tan elevada para un evento artístico, mientras coexisten la pobreza y las carencias en infraestructura que afectan gravemente a la provincia, no solo es cuestionable, sino éticamente reprobable. Es incomprensible que se destinen millones de pesos a un espectáculo, por más valor cultural que se le atribuya, cuando existe una clara necesidad de inversión en áreas que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuando hablamos de falencias estructurales, nos referimos a la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, la precariedad en el sistema de salud, las deficiencias en la educación, la carencia de infraestructura vial adecuada y la ausencia de viviendas dignas. Estas son necesidades primarias que deben ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno. Destinar fondos a conciertos millonarios mientras familias enteras luchan por acceder a lo básico, representa una clara inversión de prioridades que atenta contra la justicia social.

Diversas voces de la sociedad civil y especialistas coinciden en que la inversión en estas áreas fundamentales no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también sienta las bases para un desarrollo social y económico sostenible. Ignorar estas necesidades urgentes para financiar espectáculos de este calibre es una muestra de insensibilidad y una clara señal de que los fondos públicos no están siendo administrados con la responsabilidad que merecen.

La situación en Ushuaia no es un caso aislado; se suma a un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los impuestos. Resulta imperativo que los gobiernos establezcan criterios claros para la asignación de recursos, priorizando siempre la dignidad humana y el bienestar colectivo por encima de cualquier otro tipo de gasto, especialmente cuando la pobreza y las carencias estructurales son una realidad innegable para gran parte de la población.

Mercado Libre busca Licenciados en Seguridad para su nuevo depósito en Tres de Febrero

La empresa Mercado Libre, líder en comercio electrónico y servicios logísticos en América Latina, anunció que está en búsqueda de Licenciados en Seguridad para cubrir posiciones en su nuevo centro de distribución ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La incorporación se da en el marco del crecimiento sostenido de Mercado Envíos, el brazo logístico de la compañía.

El puesto ofrecido corresponde al rol de Analista de Seguridad Física, una figura clave en la estrategia de protección de personas, activos e instalaciones dentro del ecosistema logístico de la empresa. Este perfil profesional cumple una función esencial: garantizar un entorno seguro para el desarrollo eficiente de las operaciones, a través de la identificación y mitigación de riesgos, así como la prevención de pérdidas.

Entre sus principales responsabilidades, el Analista deberá establecer lineamientos para asegurar condiciones de trabajo seguras, implementar planes de capacitación y concientización para el personal, y colaborar con los proveedores de servicios de seguridad para asegurar altos estándares de desempeño. También será responsable de analizar eventos de seguridad, elaborar informes técnicos y proponer planes de acción efectivos.

Mercado Libre valora especialmente a candidatos con formación en Licenciatura en Seguridad, Criminalística, Administración o carreras afines, que cuenten con experiencia en gestión de riesgos, elaboración de informes y conocimientos en herramientas digitales, especialmente las provistas por Google. La posición requiere disponibilidad para trabajar de forma presencial, de martes a sábados, en la localidad de Tres de Febrero.

La compañía destaca que busca personas con espíritu emprendedor, capacidad de adaptación, orientación a la excelencia y habilidades para el trabajo en equipo. A cambio, ofrece un entorno profesional desafiante, con oportunidades de crecimiento, aprendizaje constante y un excelente clima laboral.

Este llamado representa una oportunidad concreta para profesionales del área de Seguridad que deseen integrarse a una organización innovadora, con fuerte presencia regional y en expansión continua.

La Policía de Misiones incorpora drones para fortalecer los controles viales en zonas estratégicas

En el marco del operativo de seguridad vial durante las vacaciones, la Policía de Misiones implementó un sistema innovador que integra drones de última generación y videovigilancia en tiempo real para reforzar la prevención de siniestros en rutas provinciales. Esta estrategia se articula a través de la unificación operativa entre la División de Vehículos Aéreos Policiales No Tripulados (VANT) y la Dirección General de Seguridad Vial.

El comisario Mariano Rodríguez de Olivera, licenciado en Seguridad y piloto de drones, está a cargo de la División VANT. Según explicó, trabajan en conjunto con la Dirección General de Seguridad Vial en puntos estratégicos de la provincia, definidos a partir de estadísticas de tránsito y siniestralidad. “El dron toma en tiempo real una determinada avenida, ruta o arteria, y transmite en vivo al centro de operaciones y al móvil de videovigilancia que está cerca del operativo”, detalló Rodríguez de Olivera.

La flota utilizada está compuesta por cuatro drones DJI Matriz 30T, pertenecientes a la línea Enterprise. Estos dispositivos están equipados con cámara nocturna, sensor infrarrojo y cámara térmica, lo que permite realizar distintos tipos de operativos, incluso en condiciones de baja visibilidad. Además, cuentan con funciones de rastreo vehicular en tiempo real.

Las imágenes captadas por los drones son transmitidas al Centro Integral de Operaciones y a unidades móviles próximas, lo que facilita un control más eficaz y una respuesta inmediata ante cualquier infracción o situación de riesgo. “Esta herramienta tecnológica permite detectar maniobras imprudentes. Al observar alguna situación peligrosa, los operadores informan inmediatamente para que se intervenga según el protocolo”, señaló el comisario.

Por su parte, el comisario general Daniel Houchuk destacó el carácter preventivo de esta iniciativa. Subrayó que los drones permiten constatar maniobras peligrosas que podrían poner en riesgo tanto al personal policial como a los conductores. Además, remarcó que el sistema de emergencia de la provincia, con las líneas 911 y 101, permanece activo las 24 horas, especialmente durante la temporada turística.

Desde la Jefatura de Policía se promueve una visión dinámica y adaptativa de la seguridad vial, con capacitaciones permanentes del personal, incluso en idiomas como portugués e inglés, en función del perfil turístico y fronterizo de Misiones.

Con estas acciones, la Policía de Misiones avanza en la modernización de sus mecanismos de control, apostando por la tecnología como aliada en la prevención de accidentes y la protección de quienes circulan por las rutas de la provincia.

Los Jubilados Subsidian a Millonarios: Un Análisis del Régimen Especial de la AFA

En un reciente análisis, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación de la República Argentina, ha puesto de manifiesto una situación que afecta directamente a los jubilados argentinos. Según datos de la FIFA publicados en el diario La Nación el 31 de enero de 2025, las ventas de jugadores de fútbol argentinos generaron ingresos por 324 millones de dólares en 2024. Sin embargo, estos ingresos no se traducen en aportes justos al sistema de seguridad social, sino que son subsidiados por los jubilados.

El Régimen Especial de la AFA

En el año 2001, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios, reemplazando el régimen general por un cargo sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Este régimen, inicialmente establecido con una alícuota del 2%, ha sido incrementado gradualmente al 6,5%, 6,75% y finalmente al 7,5% en 2023. A pesar de estos aumentos, el sistema ha seguido siendo deficitario, y el déficit ha sido cubierto por los jubilados.

El Déficit y las Trampas del Sistema

Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones de pesos. Este déficit se ha visto agravado por prácticas como la inclusión de actividades no relacionadas con el fútbol bajo el paraguas de los clubes, lo que les permite eludir los aportes jubilatorios. Además, los clubes han pasado de vender entradas a un régimen de "abonos", que están excluidos del decreto 1212/03. Como resultado, los beneficios han aumentado mientras que los ingresos han disminuido.

La Intervención Judicial

El Decreto 939/24 buscaba poner fin a esta inequidad, pero la AFA y los clubes presentaron una propuesta deficitaria. Ante la falta de acuerdo, el gobierno decidió revertir las obligaciones del fútbol al régimen general. Sin embargo, la justicia ha intervenido a favor de la AFA, otorgando una protección cautelar que permite a los clubes continuar con su régimen especial. Esto ha sido criticado por Sturzenegger, quien señala que mientras miles de empresas y autónomos pagan sus aportes, un grupo privilegiado puede evitar contribuir al sistema jubilatorio.

Consecuencias para los Jubilados

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, ha restablecido la vigencia del decreto 510/23, lo que obliga a realizar ajustes en las alícuotas para equilibrar el sistema. La Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social ha fijado una alícuota del 13,06% y una alícuota adicional del 5,56% para recuperar el déficit incurrido. Si las condiciones actuales persisten, la alícuota deberá ser revisada al alza en futuras revisiones.

Conclusión

Sturzenegger concluye que los costos distribuidos e invisibles financian beneficios concentrados, una fórmula típica de la casta sindical y empresaria que ha empobrecido a los argentinos. Critica la falta de mención a este desfinanciamiento del sistema jubilatorio por parte de senadores y diputados, y reafirma el compromiso del gobierno de terminar con los beneficios de la casta y la hipocresía de la política y la justicia.

Este análisis pone de relieve la complejidad y las consecuencias de los regímenes especiales, y cómo afectan directamente a la ciudadanía, en particular a los jubilados, quienes terminan subsidiando a los millonarios.

Polémica por declaraciones de Lipovetzky: “Bien echados” y el prejuzgamiento en medio de una investigación en curso

El exdiputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, generó una fuerte polémica al afirmar que los 24 policías bonaerenses recientemente cesanteados por el gobierno de Axel Kicillof estaban “bien echados”, en referencia a su presunta vinculación con actividades políticas en favor del ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. La declaración del exlegislador, además de anticipar un juicio de valor sin esperar el desarrollo completo de la investigación administrativa, plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia en el seno de las instituciones democráticas.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Lipovetzky celebró la medida adoptada por el gobernador bonaerense: “¡Bien echados! La noticia debió titularse: 'Cesantearon 24 policías por usar las comisarías y sus cargos policiales para hacer política’”. Según la información publicada por el diario Clarín, los agentes fueron desplazados luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense realizara operativos sorpresa en oficinas policiales, donde se habrían encontrado documentos con membretes de La Libertad Avanza y pantallas con símbolos asociados al partido de Javier Milei.

Las expresiones de Lipovetzky no solo sorprendieron por su dureza, sino también por su carácter anticipatorio. Las investigaciones aún se encuentran en curso, y no existe una resolución judicial firme que respalde las cesantías. En ese contexto, las afirmaciones del dirigente del PRO pueden interpretarse como una validación apresurada de los hechos, generando un prejuzgamiento que no se condice con la responsabilidad institucional que debería caracterizar a los representantes políticos, más aún cuando se trata de decisiones de alto impacto sobre la carrera profesional y los derechos de agentes estatales.

Cabe recordar que Daniel Lipovetzky fue el impulsor de la cuestionada Ley de Alquileres sancionada durante su gestión como legislador, una normativa que tuvo efectos distorsivos en el mercado inmobiliario argentino, reduciendo la oferta de viviendas y dificultando el acceso a alquileres asequibles para miles de familias. Diversos sectores sociales e incluso organismos especializados advirtieron sobre el agravamiento de la situación habitacional en los principales centros urbanos del país como consecuencia directa de dicha ley.

En contraposición a la posición de Lipovetzky, desde otros sectores del arco político surgieron voces que alertaron sobre una posible persecución política detrás de la decisión del Ejecutivo bonaerense. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó la medida como un acto de “persecución política”, afirmando que los policías fueron cesanteados “solo porque cree[n] que apoyan a Maximiliano Bondarenko”. La funcionaria fue más allá al criticar la selectividad del gobierno provincial en materia disciplinaria, al señalar que “no echó a los que atacaron TN ni a los que agredieron a Espert”.

El episodio deja al descubierto una vez más la fragilidad de las garantías institucionales cuando la política partidaria irrumpe en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y revela también cómo, en lugar de propiciar un debate mesurado, ciertos dirigentes optan por pronunciamientos ruidosos que pueden condicionar el desarrollo de investigaciones y afectar derechos fundamentales.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo se multiplican los cruces políticos y declaraciones altisonantes, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población bonaerense. La necesidad de garantizar imparcialidad, respeto al debido proceso y responsabilidad institucional se vuelve más urgente que nunca.

Grave denuncia de persecución política en la Policía Bonaerense: acusan al ministro Javier Alonso de utilizar recursos del Estado para fines partidarios

La remoción de 24 jefes policiales y el uso político de la fuerza de seguridad generan alarma por presunto abuso de autoridad en la Provincia de Buenos Aires.

En medio de una profunda crisis interna que afecta a la Policía Bonaerense —con salarios deteriorados, deficiencias en la atención médica y un preocupante aumento de casos vinculados a la salud mental—, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, enfrenta duras críticas por presunto uso arbitrario del poder disciplinario con fines partidarios.

La reciente decisión del gobierno de Axel Kicillof de desplazar a 24 altos mandos policiales por supuestos vínculos políticos con el ex comisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza (LLA), reavivó la polémica por el uso político de los organismos de control interno en la fuerza.

Según fuentes oficiales, la medida se basó en una supuesta denuncia anónima que acusaba a los efectivos de conspirar contra la conducción institucional de la Policía Bonaerense. No obstante, sectores opositores y voces especializadas en materia de seguridad denuncian una estrategia de persecución política con argumentos endebles y motivaciones ideológicas.

Promoción personal con recursos públicos

Mientras se imputa a los policías desplazados por el supuesto uso indebido de oficinas públicas, el propio ministro Javier Alonso ha sido señalado por utilizar su cuenta personal en redes sociales para realizar propaganda política personal, empleando imágenes, vehículos, personal e insignias de la Policía Bonaerense. Esta práctica, según especialistas, configura una apropiación de recursos estatales para la construcción de una imagen partidaria en el marco de una gestión pública.

En contraste, quienes integran la fuerza de seguridad provincial denuncian condiciones laborales extremadamente precarias. Los sueldos de los agentes se encuentran muy por debajo del promedio de las fuerzas de seguridad del país, la cobertura médica brindada por la obra social policial (IOMA) presenta serias falencias, y un creciente número de efectivos padece cuadros de estrés postraumático, ansiedad y depresión, sin respuesta institucional adecuada.

Persecución tras la candidatura de Bondarenko

Diversas fuentes coinciden en que la embestida disciplinaria contra los 24 oficiales comenzó inmediatamente después de oficializarse la candidatura del ex comisario Maximiliano Bondarenko por el espacio libertario. Bondarenko, concejal en Florencio Varela, fue propuesto por Karina Milei para encabezar la nómina de diputados provinciales en la Tercera Sección Electoral, un bastión histórico del peronismo.

La intervención de Asuntos Internos, promovida desde el Ministerio de Seguridad, y basada en supuestas pruebas recolectadas de dispositivos oficiales, es presentada por el oficialismo como una acción legal ante una infracción al reglamento de la fuerza. Sin embargo, desde la oposición —y particularmente desde el entorno de Bondarenko— sostienen que se trata de una operación sin sustento jurídico, orientada a silenciar cualquier expresión de pensamiento disidente dentro de la institución policial.

Denuncias por arbitrariedad y uso selectivo del poder

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó la medida como una “persecución política” y denunció que el gobernador Axel Kicillof “toma partido siempre a favor de los delincuentes”. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna”, sostuvo la funcionaria nacional en sus redes sociales.

Además, desde distintos sectores se cuestiona la falta de transparencia del proceso. La utilización de una “denuncia anónima” como punto de partida, sin control judicial previo ni intervención de organismos independientes, abre la puerta a un preocupante escenario de discrecionalidad y abuso de autoridad en el manejo de la disciplina institucional.

El silencio ante otras irregularidades

La controversia se agrava ante el contraste con otras situaciones. Mientras se activa con celeridad un proceso contra policías acusados de “conspirar” políticamente, se guarda silencio ante denuncias públicas sobre los frecuentes viajes del ex ministro de Seguridad Sergio Berni a la ciudad de Bariloche, presuntamente utilizando los pasajes asignados por el cargo legislativo de su esposa, la diputada Agustina Propato. La falta de rendición de cuentas y el uso privado de recursos oficiales, según denuncias públicas, se mantiene impune. Berni, cumple funciones en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, al menos en los papeles, porque sus frecuentes viajes implican una ausencia en su lugar de trabajo. A lo que Alonso no dice nada, mientras sigue auto-promocionandose y usando recursos públicos para acrecentar su cuenta personal en redes sociales con spots realizados con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Un clima de hostigamiento político

Analistas del sector señalan que esta situación marca un retroceso institucional peligroso: se criminaliza el pensamiento político de los integrantes de las fuerzas, se aplica el reglamento con discrecionalidad y se amedrenta a quienes pudieran tener una postura diferente a la línea del oficialismo.

Bondarenko, por su parte, asegura que su candidatura busca representar a quienes “ya no pueden seguir mirando para otro lado” frente a la inseguridad y el narcotráfico. “Es momento de enfrentar al poder político que ha abandonado a los bonaerenses”, afirmó en declaraciones recientes.

En medio de un proceso electoral clave para la Provincia, la persecución interna en la Policía Bonaerense pone en evidencia las tensiones entre el poder político y quienes, desde dentro del sistema, comienzan a cuestionar el estado de las cosas. El uso de recursos públicos para la propaganda personal, la falta de respuesta a demandas laborales urgentes y la sanción arbitraria a quienes piensan distinto, dibujan un cuadro que va más allá de la disciplina institucional: exhibe un modelo de control político que muchos ya comienzan a denunciar como autoritario.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires son JAVIER ALONSO, NÉSTOR NAZABAL, DARÍO RUÍZ, ANDRÉS ESCUDERO, FEDERICO SEBASTIÁN MONTERO, DARIO RICARDO DIAZ. 

Preocupación por armas 3D: advierten sobre nuevas amenazas a la seguridad pública

La creciente amenaza que representa la fabricación de armas de fuego mediante impresoras 3D ha encendido las alertas entre especialistas en seguridad. Aunque en Argentina aún no se han detectado casos concretos, profesionales del área advierten que el país no está exento de este fenómeno, ya presente en redes criminales internacionales.

Uno de los primeros en advertir sobre esta problemática fue el abogado y licenciado en Seguridad, Héctor Muzzio, quien alertó públicamente sobre el riesgo que implica la aparición de estas armas sin trazabilidad en manos del crimen organizado. “Los delincuentes copian modelos exitosos”, explicó, en referencia a la rapidez con la que las organizaciones criminales adoptan tecnologías que les permiten operar con mayor impunidad.

Las armas impresas en 3D pueden construirse con materiales plásticos, pero, gracias a los avances tecnológicos, también incorporan componentes metálicos como tuercas o resortes, lo que aumenta su letalidad. “Pueden disparar hasta 20 proyectiles y luego se descartan. No tienen numeración ni trazabilidad, lo que complica cualquier investigación”, detalló Muzzio durante una entrevista en el programa Tiempo de Policiales.

En este contexto, el rol del profesional graduado en seguridad adquiere una relevancia estratégica. Formados para el análisis preventivo de amenazas y la elaboración de diagnósticos situacionales, estos expertos se posicionan como actores clave en el diseño de políticas públicas orientadas a anticiparse a nuevos escenarios delictivos. Tal como explicó Muzzio, “la inteligencia criminal preventiva es esencial para evitar que estas armas circulen en el país. Debe actuarse antes del hecho, porque la prevención salva vidas”.

La amenaza no se limita al equipamiento, sino también a la lógica operativa de las organizaciones delictivas, que se nutren de tecnologías descentralizadas y de bajo costo. Frente a ello, los especialistas insisten en que la seguridad moderna debe apoyarse en la investigación, la tecnología aplicada y el trabajo interdisciplinario.

El caso de las armas 3D plantea un desafío concreto: anticipar un problema antes de que se convierta en crisis. Para ello, la formación universitaria en seguridad, con enfoque integral y prospectivo, se convierte en una herramienta indispensable para proteger a la sociedad frente a amenazas emergentes.

Alerta Laboral: El Monotributo como Herramienta de Precarieda

Un reciente informe de la Secretaría de Trabajo ha puesto en relieve una preocupante tendencia en el mercado laboral argentino: el uso extendido y abusivo de la figura del monotributo para encubrir relaciones de dependencia, una práctica particularmente arraigada en organismos públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales, e incluso en universidades. Esta modalidad contractual, que implica la emisión de facturas mensuales sin las correspondientes cargas sociales ni ART, no solo vulnera derechos laborales fundamentales sino que también representa un fraude al sistema previsional y un incumplimiento de las normativas por parte del propio Estado.

El informe revela que casi el 40% del incremento de nuevos monotributistas entre 2011 y 2024 corresponde a asalariados encubiertos. Estos trabajadores, a pesar de realizar tareas propias de una relación de dependencia, son registrados como cuentapropistas, lo que les niega el acceso a la estabilidad laboral, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnizaciones por despido y, crucialmente, aportes previsionales adecuados. Esta situación es aún más grave cuando el empleador es el propio Estado, que debería ser garante de los derechos laborales y no generador de fraude.

El Estado como Generador de Precariedad

La práctica de contratar a personal bajo la figura del monotributo, con contratos de 3, 6 o 12 meses que suelen no renovarse por motivos políticos, se ha vuelto una constante en la administración pública. Esto permite a las autoridades prescindir de personal de manera discrecional, eludiendo las regulaciones laborales que buscan proteger al trabajador. De este modo, el Estado, que tiene el deber de controlar y asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, se convierte en un agente activo de su incumplimiento, perpetuando la informalidad.

"Al no realizar aportes a la seguridad social como trabajadores asalariados sino como independientes, las encuestas los definen como informales debido a que se incumple con la normativa vigente en lo referente a los aportes a la seguridad social bajo la figura de asalariado", subraya el informe de la Secretaría de Trabajo. Esto significa que un significativo porcentaje de la expansión del trabajo monotributista no se traduce en una mejora efectiva de la tasa de informalidad general, ya que el aporte en este régimen no implica acceso a la formalidad en la categoría ocupacional de asalariados.

Impacto en el Sistema Previsional y Trabajadores Calificados

Entre 2012 y principios de 2024, el número de monotributistas y autónomos creció de 1.7 millones a 2.5 millones. Este incremento se atribuye casi en su totalidad a la expansión del trabajo monotributista, ya que el número de autónomos se mantuvo constante. Esta tendencia es especialmente alarmante porque una parte sustancial del crecimiento del trabajo monotributista se vincula a la expansión de la población ocupada con nivel educativo terciario o universitario.

De hecho, el 65% del incremento total del trabajo aportante al régimen monotributista o autónomo entre 2011 y 2024 corresponde a trabajadores con estudios universitarios y terciarios, completos o incompletos. Esta "profesionalización" del monotributo, en lugar de reflejar un aumento del trabajo independiente genuino, oculta una creciente precarización de profesionales que, en otras circunstancias, tendrían un acceso más directo al empleo asalariado formal.

El informe destaca que, si bien en 2011 los asalariados registrados privados con estudios terciarios casi cuadriplicaban a los monotributistas o autónomos en la misma categoría, el crecimiento de los trabajadores aportantes a los regímenes de trabajo independiente superó en un 21% la incorporación neta de asalariados registrados privados en el período evaluado. Esto pone de manifiesto que el empleo asalariado formal privado no ha sido la principal vía de inserción laboral para los nuevos trabajadores, incluso aquellos con altos niveles educativos.

En síntesis, el uso del monotributo como una herramienta para encubrir relaciones de dependencia en el sector público y universitario no solo perjudica directamente a los trabajadores al privarlos de derechos y estabilidad, sino que también socava las bases del sistema previsional y pone en tela de juicio el rol del Estado como garante de la justicia laboral. La situación demanda una urgente revisión y la implementación de políticas que aseguren la formalidad y el respeto irrestricto de los derechos laborales en todos los ámbitos, comenzando por el propio empleador estatal.

Se publica nueva normativa sobre protección de denunciantes, pero denuncian que es una farsa (RESOL-2025-831-APN-MSG)

Hoy se oficializó la Resolución 831/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece el Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos. Según el texto, el nuevo régimen busca fomentar las denuncias de irregularidades y delitos en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, asegurando que quienes denuncien no sufran represalias. Sin embargo, múltiples voces advierten que, en la práctica, el sistema no solo es ineficaz, sino que representa un riesgo aún mayor para los denunciantes.

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece criterios para la inclusión en el sistema, detalla actos que se consideran represalias y fija la creación de un Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd). No obstante, al igual que sus predecesoras —como la Resolución 561/2016 durante la gestión de la misma ministra y otras normas durante las gestiones de Sabina Frederic y Aníbal Fernández—, la norma adolece de una grave contradicción entre sus objetivos formales y su implementación real.

Según fuentes consultadas dentro de las fuerzas federales y organizaciones de derechos humanos, la práctica habitual del Ministerio ante denuncias internas ha sido comunicar dichas presentaciones a las propias fuerzas involucradas, incluyendo el nombre y apellido del denunciante. Así, en lugar de brindar resguardo, el Ministerio expone deliberadamente al denunciante ante sus superiores y la oficina de Recursos Humanos de la institución, generando situaciones de hostigamiento, represalias y aislamiento.

"Se presenta como un sistema de protección, pero lo primero que hacen es avisar a la fuerza y entregarle los datos del denunciante. En lugar de protegerte, te marcan", indicó un efectivo que pidió preservar su identidad por temor a represalias.

Diversos casos documentados desde 2016 hasta la actualidad, durante distintas administraciones, evidencian un patrón sistemático: no existe auditoría externa ni control efectivo sobre las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional y de las fuerzas federales. Las áreas jurídicas y administrativas del propio ministerio operan con total hermetismo y, según denuncian, actúan como engranajes de una estructura que garantiza impunidad y desalienta cualquier intento de transparencia interna.

La imposibilidad de presentar denuncias anónimas, la falta de protección física real y el carácter discrecional con el que la autoridad de aplicación decide las inclusiones o exclusiones del sistema, son solo algunos de los puntos que minan la credibilidad de la nueva normativa. “Todo se decide a puertas cerradas, y si no sos funcional al sistema, te dejan solo”, agrega otro testimonio recogido por esta redacción.

Lejos de fortalecer los mecanismos de control interno y de incentivar un ambiente institucional de integridad, las sucesivas normativas de protección parecen haber sido diseñadas más como herramientas de contención administrativa y disciplinamiento interno que como verdaderos dispositivos de resguardo.

En un contexto donde la confianza institucional se encuentra severamente deteriorada, la Resolución 831/2025 parece repetir el mismo esquema que fracasó durante gestiones anteriores: proclamar principios de transparencia y protección sin mecanismos eficaces de garantía y con prácticas que exponen al denunciante al mismo sistema que denuncia.

Maximiliano Bondarenko: un perfil técnico con experiencia territorial que busca trasladar su conocimiento a la política bonaerense

Con más de 27 años de trayectoria en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y formación específica en Seguridad Pública, Maximiliano Bondarenko se posiciona como una de las figuras emergentes dentro de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense. Encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral, su incursión en el ámbito legislativo pone el foco en la importancia de contar con perfiles técnicos y con profundo conocimiento del territorio en la toma de decisiones políticas.

Bondarenko, quien hasta principios de abril pertenecía a la fuerza policial provincial, asumió su retiro como un paso necesario para poder expresarse con libertad y aportar desde un nuevo espacio. “Sentía que ya no podía decir, ya no podía opinar”, explicó entonces. Esta transición marca el inicio de una etapa donde busca canalizar su experiencia en seguridad y su contacto directo con las problemáticas del conurbano hacia una agenda legislativa centrada en combatir la inseguridad, el narcotráfico y el abandono estatal.

Designado por Karina Milei como referente clave para disputar una zona históricamente dominada por el peronismo, Bondarenko representa la apuesta de LLA por candidatos con anclaje territorial y formación técnica. En su caso, esa preparación se complementa con actividades recientes de formación y asesoramiento en seguridad, y con un acercamiento al Ministerio de Seguridad Nacional, así como con la coordinación de actividades destinadas a integrar a personal retirado de las fuerzas al trabajo institucional.

Su experiencia directa en el terreno lo diferencia de los perfiles políticos tradicionales. Conocedor de la estructura delictiva y de las debilidades del sistema de seguridad pública, su propuesta apunta a una transformación profunda desde la legislación, con énfasis en el respaldo a las fuerzas, la presencia estatal efectiva y la erradicación de estructuras mafiosas. “Vamos por una provincia sin privilegios, sin mafias y sin miedo”, afirmó recientemente.

Desde su rol como coordinador de La Libertad Avanza en Florencio Varela, Bondarenko también ha mantenido vínculos con dirigentes de distintas vertientes, incluyendo su paso por Juntos por el Cambio y un espacio compartido con Facundo Manes en 2021. Hoy, su compromiso se encuentra plenamente alineado con la estrategia conjunta de LLA y el PRO para disputar con fuerza el escenario electoral bonaerense.

La candidatura de Maximiliano Bondarenko abre un espacio para reflexionar sobre el valor de incorporar al debate legislativo voces con experiencia operativa en áreas críticas como la seguridad. En un contexto de alta conflictividad social y creciente demanda ciudadana de respuestas efectivas, su perfil técnico-territorial puede constituir un aporte sustancial al diseño de políticas públicas más cercanas a la realidad cotidiana de los bonaerenses.

Advertencia judicial sobre el uso político de hechos en curso: “Ese tuit perjudicó la investigación”

En una contundente declaración, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado cuestionó públicamente el impacto negativo que tuvo una publicación en redes sociales realizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de una investigación judicial aún en curso. La magistrada afirmó que el tuit, publicado tras la detención de dos mujeres vinculadas al ataque contra el domicilio del diputado José Luis Espert, obstaculizó el avance del caso y puso en riesgo la posibilidad de identificar a otros responsables.

La jueza, que el viernes procesó a Eva Mieri —concejala de Quilmes— y a Alesia Abaigar —funcionaria bonaerense— por el ataque con excrementos y mensajes intimidatorios al domicilio del legislador, sostuvo que "dar publicidad prematura a estos hechos alertó a otros posibles involucrados, lo que impidió que la investigación avanzara sobre ellos". “Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida”, declaró.

Este episodio reabre el debate sobre los límites del uso político de hechos judiciales en desarrollo y las consecuencias que puede tener la difusión anticipada de información sensible por parte de funcionarios públicos. Desde el ámbito judicial se advierte que este tipo de intervenciones no solo afectan la estrategia procesal, sino que pueden frustrar la posibilidad de desarticular redes delictivas o esclarecer completamente los hechos.

Arroyo Salgado defendió la legalidad de las detenciones y el carácter preventivo de la medida, dada la existencia de riesgos procesales como la posible fuga o el entorpecimiento de la justicia. “Fueron actos anónimos, realizados con métodos para evitar ser identificadas: capuchas, guantes, alteración de patentes. Además, el celular de Mieri parecía nuevo, sin llamadas ni contactos”, explicó. Los delitos que se les imputan incluyen amenazas coactivas, incitación al odio y delitos contra el orden público.

Además, la magistrada recordó que la institucionalidad judicial se encuentra debilitada por factores estructurales, como la falta de una Corte Suprema plenamente integrada y la ausencia de una autoridad firme en el Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, insistió en la necesidad de que todos los actores políticos colaboren para que el Poder Judicial pueda actuar con independencia y eficacia. “Cuando desde las máximas autoridades se promueven discursos de odio, eso se derrama”, advirtió.

En su rol de jueza, subrayó que se guía por el deber de proteger a las víctimas y mantener el curso de la justicia. Y cerró con una reflexión clave: “Si los ciudadanos creen que la justicia no actúa, se sienten habilitados a seguir cometiendo actos de violencia”.

Este caso evidencia cómo el uso apresurado y político de información en redes sociales, especialmente desde cargos de alto rango, puede tener consecuencias concretas sobre el desarrollo de investigaciones judiciales y la seguridad pública. La responsabilidad institucional exige cautela, respeto por los tiempos procesales y, sobre todo, el resguardo de la información clave que puede permitir desmantelar hechos complejos y proteger a la sociedad.

Acción decisiva de un policía federal frustra robo armado en Almagro y detiene a un delincuente

En la tarde de hoy, un policía de la Policía Federal Argentina (PFA) intervino de manera decisiva para evitar un robo en el barrio porteño de Almagro, demostrando una vez más el compromiso y la preparación de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudadanía. El hecho se produjo en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Salguero, cuando el efectivo sorprendió a un delincuente en pleno acto delictivo.

El policía, que se encontraba fuera de servicio en la zona, observó cómo un individuo violentaba la ventanilla de un automóvil estacionado con claras intenciones de robo. En cumplimiento de su deber, y conforme a lo que dictan los protocolos policiales, el agente se identificó y dio la voz de alto. Sin embargo, lejos de rendirse, el sospechoso respondió empuñando un arma de fuego, lo que obligó al oficial a repeler la agresión con su arma reglamentaria.

El policía efectuó dos disparos en legítima defensa, uno de los cuales impactó en la pierna izquierda del delincuente. De inmediato, el herido fue asistido por personal del SAME y trasladado, bajo custodia policial, a un centro asistencial. Se informó que la lesión no reviste gravedad y que el detenido permanece internado, con consigna.

La intervención del efectivo fue crucial no solo para evitar un robo consumado, sino también para neutralizar una amenaza directa a su integridad física y a la de cualquier persona que pudiera encontrarse en las inmediaciones. La utilización del arma reglamentaria se ajustó a los parámetros de la legítima defensa, dado que el atacante esgrimió un arma, generando un peligro inminente y concreto.

Cabe destacar que el imputado no actuaba en soledad. Un segundo sospechoso, que lo esperaba en una motocicleta en las cercanías, logró huir de la escena. Las autoridades de la Policía de la Ciudad, que llegaron rápidamente al lugar tras un llamado por disparos, desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el cómplice prófugo.

Este episodio pone de relieve el valor y la eficacia del accionar policial en situaciones críticas, donde la rapidez de reacción y el entrenamiento son determinantes. El compromiso de los agentes de seguridad, aún fuera de servicio, continúa siendo un pilar fundamental para la prevención del delito y la protección de los ciudadanos.