La pérdida de poder operativo de la policía y su impacto en la seguridad pública

Un reciente caso ocurrido en Buenos Aires volvió a exponer una problemática estructural en el sistema de seguridad y justicia: la pérdida de autonomía operativa de las fuerzas policiales frente a las decisiones judiciales.

El hecho tomó estado público tras la denuncia de una mujer, Michelle Imán Schmukler, que relató cómo un vecino la amenazó con un arma de fuego mientras profería insultos antisemitas. Según su testimonio, al acudir a la comisaría para denunciar lo ocurrido, la respuesta del fiscal de turno fue limitar la actuación policial a la entrega de un botón antipánico. “Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie lo detiene. El agresor está en su casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado”, declaró la víctima.

Este episodio evidencia una tensión creciente entre las competencias judiciales y las facultades policiales. En la práctica, la policía se ha convertido en un mero ejecutor de las decisiones de fiscales y jueces, perdiendo la capacidad de actuar con criterio propio ante situaciones de riesgo inmediato. Cuando las órdenes judiciales son erróneas o insuficientes, las fuerzas terminan asumiendo la responsabilidad operativa y política de los resultados.

Expertos en seguridad advierten que esta situación deteriora la eficacia del sistema y debilita la confianza social en las instituciones. Al quedar sujeta a directivas externas, la policía pierde legitimidad para intervenir con rapidez y prevenir hechos violentos. En paralelo, la falta de coordinación entre las instancias judiciales y las fuerzas de seguridad genera un vacío operativo que favorece la impunidad.

En este contexto, el caso de la vecina amenazada no solo refleja una agresión individual sino un síntoma más profundo: un sistema en el que los mecanismos de control judicial, lejos de garantizar mayor justicia, terminan desarticulando la respuesta inmediata del Estado ante el delito. La consecuencia es una sensación generalizada de indefensión ciudadana y de desprotección institucional hacia quienes deben garantizar la seguridad pública.

A 50 años de la “Operación Primicia”: el asalto a Formosa que marcó un antes y un después en la violencia política argentina

El 5 de octubre de 1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (conocida públicamente como Isabel Perón), la organización Montoneros llevó a cabo la mayor acción militar de su historia conocida como “Operación Primicia”: el asalto al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29, con asiento en la periferia de la ciudad de Formosa. El combate —de aproximadamente media hora según relatos contemporáneos y posteriores— quedó grabado en la memoria local y nacional por su violencia, por la participación de fuerzas regulares y guerrilleras y por el saldo humano que dejaron aquel domingo de octubre.

La operación fue compleja y combinó varias fases: el secuestro de un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas (Vuelo 706) desde Aeroparque —con más de un centenar de pasajeros a bordo—, el copamiento del aeródromo formoseño El Pucú para facilitar la salida y la huida, y el asalto simultáneo al cuartel con el objetivo declarado de apoderarse de armamento. Los comandos emplearon un avión secuestrado y, según fuentes contemporáneas y de investigación histórica, también un avioneta Cessna para facilitar la retirada. 

Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025

La planificación incluyó inteligencia previa y la infiltración de un conscripto: Luis Roberto Mayol, oriundo de Santa Fe, figura identificada por fuentes militares y periodísticas como el “entregador” que abrió los accesos al regimiento y facilitó el ingreso de los comandos —varias camionetas cargadas con combatientes— a las instalaciones militares, que comprendieron la Compañía Comando, el casino de suboficiales, las cuadras de conscriptos y los depósitos de armas. Los atacantes, según publicaciones de la época y de Montoneros, se dividieron en grupos y vistieron uniformes que buscaron mimetizar su presencia.

La defensa del cuartel fue encabezada por oficiales, suboficiales y conscriptos jóvenes, muchos de ellos formoseños. El nombre que quedó como símbolo de esa resistencia fue el del soldado Hermindo “Negro” Luna, cuyo testimonio colectivo y los relatos de sus compañeros consignan la célebre respuesta: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, antes de recibir heridas mortales. El episodio de Luna (herido de gravedad y asistido por camaradas hasta su muerte) fue consignado en actas, crónicas y en la memoria pública provincial y nacional como emblema de la defensa del grupo de conscriptos.

Las cifras del balance difieren según las fuentes y siguen siendo motivo de debate historiográfico: versiones periodísticas y compilaciones hablan de alrededor de una veintena de muertos —la cifra que suele repetirse es la de 24 víctimas en total (con balances que proponen 12 por cada lado)—, mientras que otros recuentos oficiales o posteriores registran variaciones (por ejemplo, listados que consignan 13 militares y 16 atacantes en determinadas crónicas). 

Entre los nombres de las fuerzas armadas fallecidas figuran el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos (o Ávalos según fuentes), José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna; entre las víctimas identificadas del bando montonero aparecen, según listas públicas y trabajos periodísticos, Luis Roberto Mayol, Reinaldo (Ramón José) Briggiler, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y José Daniel Graziano, entre otros. También hubo civiles y, en el copamiento del aeropuerto, la muerte de un agente policial. 

Los distintos conteos y la existencia de fosas, entierros colectivos y desapariciones posteriores hicieron que el detalle exacto de bajas y responsabilidades fuera objeto de investigaciones, reclamos judiciales y controversias políticas en las décadas siguientes.

El impacto político e institucional fue inmediato: la “Operación Primicia” se inscribió en 1975 dentro de un pico de violencia política que combinó acciones de guerrilla, atentados con explosivos, secuestros y una respuesta cada vez más militarizada del Estado (en paralelo a operaciones como el Operativo Independencia en Tucumán). Al día siguiente del asalto se dictaron medidas ejecutivas con fuerte perfil represivo a nivel nacional, y en el plano político el episodio profundizó las decisiones de mano dura y la escalada entre actores que, meses después, desembocarían en la ruptura institucional de marzo de 1976. Historiadores y archivos oficiales señalan que el hecho fue interpretado por muchas áreas del Estado como la prueba de la “militarización” definitiva del conflicto interno.

Las consecuencias legales y administrativas se extendieron durante décadas: el Parlamento y los distintos gobiernos debatieron y, finalmente, el Estado nacional dictó medidas de reconocimiento e indemnización para familiares y heridos, culminando con la publicación de la Resolución 1023/2024 del Ministerio de Defensa —publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2024— que fijó pautas para la reparación económica de víctimas y herederos derivados del ataque al Regimiento 29. Ese reconocimiento administrativo fue recibido con alivio por algunos familiares y con reproches y denuncias por parte de otros: la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna —quien encabezó durante años reclamos públicos por reconocimiento, investigó pagos y presentó denuncias— falleció el 19 de junio de 2021; su lucha dejó abiertas discusiones sobre quiénes y cómo recibieron indemnizaciones y sobre la necesidad de preservar memoria y verdad sobre lo ocurrido.

Cincuenta años después, el ataque al Regimiento 29 sigue siendo un punto de fricción en la memoria argentina: las conmemoraciones militares, los homenajes a los caídos y los actos oficiales conviven con investigaciones periodísticas, con reclamos de familiares por justicia y clarificación de hechos, y con debates sobre cómo enseñar ese pasaje en las escuelas. La historiografía contemporánea no solo reconstruye la operación en su dimensión militar, sino que también examina sus consecuencias políticas y humanas —las víctimas, los enterramientos, las indemnizaciones y las respuestas del Estado— en un periodo que, por la acumulación de violencia, terminó transformando profundamente la historia institucional del país.

Revelan lazos corporativos y aportes de campaña entre empresas familiares y el círculo cercano al Gobierno

Una reciente investigación de Border Periodismo, ha expuesto una red de vínculos societarios y financieros que conectan a un grupo de empresas privadas con figuras clave del entorno presidencial. El análisis se centra en tres firmas del rubro inmobiliario y agropecuario—Zefico SA, Camalu, y Pejotace —todas ellas propiedad de la familia Costa, cuyos accionistas mayoritarios son Pablo J. Costa y Lucas Costa, junto a María Costa y Carmen Costa.

Las tres empresas comparten un mismo domicilio legal en Av. Santa Fe 1358, una dirección que históricamente ha sido asociada a las oficinas de la familia Caputo. El nexo legal de estas compañías se formalizó, en parte, a través del escribano José Domingo Mangone, quien participó en la constitución y las modificaciones de sus directorios.

El vínculo más directo con el poder ejecutivo se establece a través de los hermanos Caputo. El asesor presidencial Santiago Caputo figura como el único empleado de Zefico SA, con un registro laboral iniciado en enero de 2024. Esta relación se enmarca en un contexto de escrutinio financiero, ya que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) generó un reporte sobre Zefico SA por la detección de un movimiento de 800.000 dólares que despertó sospechas de un posible lavado de activos.

Por su parte, Francisco Caputo mantiene una relación de dependencia con otra de las firmas, Camalu. Francisco Caputo también es coordinador y coach de la Fundación Faro, una entidad dedicada a la promoción de ideas y la batalla cultural que apoya al gobierno. En el ámbito político, los registros oficiales de Aportes Declarados revelan una contribución de 3 millones de pesos por parte de Lucas Costa. Este aporte, concretado el 18 de julio de 2025 mediante transferencia bancaria, fue destinado a la fuerza política La Libertad Avanza de Formosa.

Crisis en las Fuerzas Armadas: denuncias de bajos salarios, falta de financiamiento y pérdida de personal

La situación de las Fuerzas Armadas argentinas vuelve a estar en el centro del debate público. Un video difundido en redes sociales expuso la preocupación creciente por la falta de personal y las dificultades para sostener la carrera militar en un contexto de bajos salarios y escaso financiamiento estatal.

Según testimonios de soldados y suboficiales, el principal problema radica en las condiciones económicas. “Soy soldado, cobro 560.000 y tengo compañeros que cobran 490.000. Hay suboficiales con más de 12 años de servicio que no llegan al millón y tienen que vender pan casero o salir en bicicleta a hacer pedidos”, señaló un efectivo en actividad. Otros añadieron que muchos militares optan por empleos en el sector privado, donde encuentran mejores ingresos y condiciones laborales.

El desfinanciamiento aparece como otro factor estructural. Argentina destina alrededor del 0,5% del PBI a defensa, una cifra considerada insuficiente frente a estándares internacionales. Del presupuesto asignado, un alto porcentaje se concentra en sueldos, mientras que el equipamiento y la modernización de las fuerzas quedan relegados. “Hoy está todo más o menos bien, pero lo que pasó en Ucrania muestra que la situación puede cambiar rápido. Es necesario elevar el gasto a por lo menos un 2% del PBI y reconstruir cada rama de las Fuerzas Armadas”, expresó un comentarista.

En este marco, algunos compararon la situación local con programas implementados en Estados Unidos, donde el servicio militar incluye beneficios sociales como asistencia para la compra de vivienda y apoyo en la formación universitaria. “Allí se considera uno de los planes de asistencia más exitosos de su historia”, se destacó.

La problemática también remite a un trasfondo histórico. En las últimas décadas, el número de efectivos disminuyó drásticamente: de unos 300.000 en el pasado a cerca de 80.000 en la actualidad. Un exconscripto de Zapala recordó los casos de Omar Carrasco (1994) y Pablo Jesús Córdoba (2023), ambos fallecidos en el mismo regimiento, y reclamó una “depuración severa” tanto en el Ejército como en la política.

Más allá de las estadísticas, la percepción de quienes integran las filas militares refleja una sensación de desánimo. “Yo soy Granadero y cobro 600.000 por mes, nuestra honra social está quebrada”, escribió un uniformado. Otro, con cuatro años de servicio, afirmó: “No hay futuro, me voy a una empresa de seguridad privada donde gano 1,6 millones y tengo un mejor ambiente de trabajo”.

El denominador común en los testimonios es claro: la dificultad de sostener una vida familiar y un proyecto de futuro con los ingresos actuales. “En todo esto lo único que importa es la plata, sin plata uno no vive. Muchos estamos porque nos gusta, pero también porque no tenemos otra oportunidad de trabajo”, sintetizó un soldado.

La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina, sus condiciones laborales y el eventual retorno del servicio militar obligatorio se reabre en un escenario donde la falta de financiamiento y la pérdida de personal plantean interrogantes sobre la capacidad del país para garantizar su defensa y seguridad a largo plazo.

Presuntas Irregularidades en Gastos de la Administración Bonaerense Bajo la Gestión de Axel Kicillof

Tras una investigación de Border Periodismo, La administración de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, se encuentra bajo escrutinio por una serie de gastos y licitaciones considerados "polémicos", principalmente en los meses previos a las elecciones.

 

Las denuncias, que abarcan desde el mantenimiento de aeronaves hasta la reparación de la flota automotriz oficial y refacciones en inmuebles, sugieren posibles sobreprecios y manejos discrecionales de fondos públicos.

El Polémico Mantenimiento de una Aeronave Beechcraft B200

Una de las principales controversias se centra en el mantenimiento de una aeronave Beechcraft B200, cuya adquisición en 2022 por parte del entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, generó considerable debate público. El avión, valuado en más de 7 millones de dólares según fuentes periodísticas de la época, fue destinado al traslado de funcionarios. Apenas tres años después de su compra, se destinaron 14.000 dólares para el arreglo de la pantalla MFD (Multi-Function Display), un componente crucial para la operatividad de la aeronave.

La licitación para esta reparación fue adjudicada a la empresa Redmec S.A., un nombre que, según el informe, estaría bajo investigación por parte del Ministerio de Defensa de la Nación, liderado por Luis Petri, por presuntas irregularidades en el manejo de repuestos y recursos. La situación plantea interrogantes sobre la elección de proveedores y la relación con empresas investigadas por el estado.

Elevados Costos en Refacciones de Inmuebles Estatales

La auditoría de gastos se extiende a refacciones en propiedades provinciales:

• Local Sanitario en CABA: Una licitación por 85 millones de pesos fue aprobada para el arreglo y mantenimiento de un "local sanitario" (presumiblemente baños) en una delegación de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El elevado monto para este tipo de refacción ha generado sorpresa y cuestionamientos sobre la justificación del gasto.

• Ex Hogar Carrillo en La Plata: Se destinaron 600 millones de pesos para servicios de impermeabilización y refacción de techos y cubiertas en el predio del ex Hogar Carrillo, en La Plata. El video señala que este espacio, antes dedicado a la niñez, será reconvertido en oficinas para personal administrativo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNÍA), lo que suscita críticas por la priorización de infraestructura burocrática sobre las necesidades directas de los niños y adolescentes.

Reparaciones Cuestionables en la Flota de Vehículos Oficiales

La flota automotriz del gobierno provincial también ha sido objeto de gastos significativos y cuestionados:

• Volkswagen Golf: Dos vehículos Volkswagen Golf (modelos 2016 y 2018) requirieron reparaciones de embrague y volante bimasa del motor por un total de 13,2 millones de pesos. Según el análisis presentado, el costo de los repuestos (aproximadamente 900.000 pesos para ambos vehículos) dista considerablemente del monto final facturado, sugiriendo un sobreprecio exorbitante en la mano de obra. La licitación fue ganada por Vicente Zingaro e Hijos, una concesionaria oficial de Volkswagen, lo que, irónicamente, debería garantizar precios más competitivos.

• Otros Ocho Vehículos: Se destinaron 57 millones de pesos para la reparación de otros ocho vehículos, que incluyen modelos como Honda Fit y otros Golf. Los arreglos detallados incluyen cambios de cubiertas, kits de distribución, bombas de agua, cambio de aceite, filtros, baterías, frenos y escobillas, entre otros. La disparidad entre el costo estimado de los repuestos (unos 11 millones de pesos) y el gasto total de 57 millones vuelve a generar sospechas de sobreprecios .

• Tres Vehículos de Alta Gama: Adicionalmente, se registran gastos de 42 millones de pesos para la reparación de motores en tres vehículos de gama más alta: una Volkswagen Vento, una Volkswagen Amarok y una Ford Transit.

Las denuncias plantean una pauta de gastos públicos que genera preocupación, especialmente en un contexto de limitaciones económicas. Los montos invertidos en estas reparaciones, en muchos casos, superarían el valor de mercado de los bienes nuevos, levantando serios interrogantes sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del erario bonaerense.

El 70% de las resoluciones de una muestra del Ministerio de Seguridad Nacional no fueron publicadas

Un análisis de las resoluciones publicadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, el 26 de septiembre de 2025 revela que la mayoría de las decisiones de este organismo dentro del rango analizado no se encuentran disponibles públicamente.

La muestra considerada comprende las resoluciones desde la 1134 hasta la 1153, de las cuales solo seis fueron publicadas el 26 de septiembre: 1134, 1138, 1139, 1150, 1152 y 1153. Dado que el rango abarca 20 resoluciones en total, esto implica que el 70% de las resoluciones de esta muestra permanecen sin publicación oficial, evidenciando una brecha importante en la disponibilidad inmediata de información administrativa.

Especialistas en transparencia y acceso a la información destacan que la publicación oportuna de los actos de gobierno es fundamental para garantizar el control ciudadano, la trazabilidad de las decisiones y la correcta implementación de políticas públicas. La falta de publicación genera incertidumbre, conflictos administrativos y dificulta el seguimiento de las políticas de seguridad, además de limitar la posibilidad de participación de la sociedad civil en la supervisión de las decisiones gubernamentales.

Hasta el momento, la cartera de seguridad no ha emitido comunicados adicionales sobre la publicación pendiente de las resoluciones restantes.

La pobreza se redujo al 31,6% en el primer semestre de 2025: el nivel más bajo en siete años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza en la Argentina alcanzó el 31,6% en el primer semestre de 2025, lo que equivale a 15,05 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de una reducción significativa respecto del 38,1% registrado en el segundo semestre de 2024 y del 52,9% del primer semestre de ese año.

La indigencia, por su parte, se ubicó en 6,7%, lo que representa 3,39 millones de personas que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Esta cifra constituye el valor más bajo desde 2018 y consolida una tendencia descendente iniciada en los últimos trimestres.

Comparación histórica

El dato publicado por el Indec señala que la Argentina presenta hoy la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, cuando alcanzó el 27,3% bajo el gobierno de Mauricio Macri. En términos absolutos, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en 4,48 millones y la de indigentes en 2,29 millones.

Factores explicativos

De acuerdo con especialistas, la mejora se explica por una combinación de factores:

• Estabilización macroeconómica: el programa económico del gobierno de Javier Milei logró frenar la inercia inflacionaria y consolidar un proceso de recuperación del salario real.

• Reformas institucionales: la vicepresidenta Victoria Villarruel acompañó en el Congreso el avance de reformas estructurales que facilitaron un marco legal más previsible para la inversión y el empleo.

• Políticas sociales focalizadas: el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, implementó un esquema de asistencia más directo y transparente, con transferencias que priorizan a las familias en situación crítica y programas de inserción laboral que buscan reducir la dependencia estructural de los planes sociales.

Impacto social

El informe del Indec, titulado “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, no solo refleja la disminución porcentual, sino también un cambio en la dinámica social: la brecha entre los ingresos familiares y el costo de la canasta básica se redujo, lo que permitió a un número significativo de hogares superar la línea de pobreza.

Asimismo, se observa una disminución sostenida de la indigencia, que en el segundo semestre de 2024 había sido del 9,6% (4,3 millones de personas), lo cual implica que en pocos meses más de 900 mil personas dejaron de estar en situación de extrema vulnerabilidad alimentaria.

Desafíos pendientes

Pese a la mejora, los indicadores aún muestran que uno de cada tres argentinos permanece bajo la línea de pobreza. Organismos especializados advierten que la consolidación de esta tendencia dependerá de mantener la estabilidad macroeconómica, promover empleo formal y garantizar la continuidad de políticas sociales eficaces.

Falta de respeto: un militar necesita 28 años de carrera para superar la pobreza

El teniente general retirado Juan Martín Paleo, quien condujo las Fuerzas Armadas durante la presidencia de Alberto Fernández, criticó duramente la situación salarial y las políticas hacia los militares. En diálogo con La Nación, y también en una entrevista previa con El Presto, Paleo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida dentro de la institución y la falta de consideración de la dirigencia política hacia quienes integran las fuerzas.

“Para cobrar un salario que supere la línea de pobreza, hoy un oficial del Ejército tiene que tener una carrera de 28 años y llegar al grado de teniente coronel”, afirmó, y agregó que entre los suboficiales esa condición solo se alcanza con la jerarquía máxima, tras 35 años de servicio. “Hoy entre los suboficiales de las Fuerzas Armadas, solo el jefe máximo cobra por encima de la línea de pobreza”, insistió.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto, ahora candidato a senador nacional por Republicanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, y expresó dudas sobre la llegada de los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca: “La compra no la concretaron. Si el Gobierno tiene que pagar miles de millones de dólares en vencimientos de deuda, ¿con qué presupuesto los van a hacer volar?”.

También advirtió sobre la crisis en la obra social Iosfa, que acumula deudas por casi 190.000 millones de pesos: “La política empezó a manejar la obra social como una caja. Si yo designara a tres comandantes militares que no funcionan, el problema sería mío”.

En relación a la política de derechos humanos aplicada al personal detenido por delitos de lesa humanidad, Paleo sostuvo: .“No se cumple la igualdad ante la ley. Muchos llevan más de ocho años detenidos sin proceso, superando el límite de la prisión preventiva. A eso se suma la atención sanitaria deficiente para mayores de 70 años. Muchos han muerto en cautiverio”

El militar retirado recordó que ya había advertido a Petri sobre esa situación en diciembre de 2023 y responsabilizó a los gobiernos anteriores por la falta de soluciones. “No somos la guardia pretoriana de ningún gobierno. Cumplimos órdenes del poder político constituido, pero no podemos ser parte de proyectos partidarios”, señaló en clara alusión a la grieta y a la propuesta de un “Ejército nacional y popular” impulsada durante el kirchnerismo.

Finalmente, Paleo alertó sobre la pérdida de recursos humanos altamente capacitados: “En dos meses el Ejército perdió 64 hombres formados como comandos, fuerzas especiales y paracaidistas, que pasaron a la Policía de Córdoba con mejores sueldos y condiciones. Perdimos en dos meses lo que costó dos años de formación intensiva”.

Las declaraciones del exjefe militar reflejan un malestar persistente dentro de las Fuerzas Armadas frente a lo que definen como una falta de respeto de la política hacia quienes juran la defensa de la Nación.

Precariedad laboral en las fuerzas federales conducidas por Patricia Bullrich: personal obligado a buscar empleos paralelos para subsistir

La reciente noticia de un gendarme que debió repeler un intento de robo mientras trabajaba como chofer de aplicación en Rosario vuelve a poner en evidencia la situación crítica que atraviesan los integrantes de las fuerzas federales en Argentina. El hecho, que ocurrió cuando el efectivo era asaltado por una pareja de delincuentes que simuló ser pasajera, refleja no solo la inseguridad general, sino también la necesidad de que muchos uniformados busquen fuentes de ingreso alternativas para poder sostener a sus familias.

Según distintos relevamientos internos y cálculos, la gran mayoría del personal de las fuerzas federales percibe salarios que no alcanzan los dos tercios del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), parámetro que mide los ingresos promedio registrados. Esto ubica a gendarmes, prefectos, policías federales y miembros de la PSA muy por debajo de la media salarial del país, obligándolos a asumir trabajos extra, muchas veces informales y en condiciones riesgosas, como el caso del agente en Rosario.

Condiciones laborales deficitarias

A la baja remuneración se suman condiciones laborales consideradas deficientes. Los efectivos suelen enfrentar extensas jornadas, disponibilidad permanente, sanciones frecuentes y discrecionales sin un mecanismo de control real, y ausencia de derechos laborales reconocidos en otros sectores.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que debería velar por las condiciones de trabajo, es señalado por personal activo y retirado como un ente meramente burocrático, que tramita reclamos siguiendo únicamente la información provista por las jefaturas institucionales, sin instancias de contralor independiente ni mecanismos eficaces de defensa de los subordinados.

Impacto psicosocial

El deterioro económico y la presión interna también repercuten en el plano psicosocial. Diversos informes señalan que el personal de las fuerzas federales enfrenta altos niveles de estrés, ansiedad y frustración, en algunos casos derivando en episodios de autolesiones o intentos de suicidio. Estos hechos, aunque escasamente difundidos de manera oficial, han sido registrados en distintas unidades y revelan la falta de políticas de contención psicológica adecuadas.

Un problema estructural

El episodio en Rosario, en el que un gendarme debió utilizar su arma de fuego para defender su vida mientras intentaba obtener ingresos extra, funciona como un símbolo de una problemática más amplia: la precariedad económica y laboral de quienes integran las fuerzas federales.
La situación plantea un desafío urgente para el Estado: garantizar condiciones salariales y laborales acordes con la responsabilidad que implica el servicio de seguridad pública, en un contexto donde la inseguridad y la crisis social demandan mayor profesionalismo y dedicación.

Publican ascensos en la Policía Federal pese a denuncias internas

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 668/2025, publicado en el Boletín Oficial, los ascensos correspondientes al personal de la Policía Federal Argentina (PFA) con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2024. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incluye la promoción de efectivos en distintos grados y escalafones.

El decreto se enmarca en lo dispuesto por la Ley 21.965 y sus modificaciones, y contó con la intervención de los servicios de asesoramiento jurídico de la propia fuerza y del Ministerio de Seguridad Nacional. Según consta en el texto, los ascensos se efectivizan de acuerdo con lo solicitado por el jefe de la Policía Federal.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas señalaron que entre los ascendidos figuran agentes que habían sido objeto de denuncias administrativas. Las presentaciones, de acuerdo con la información recopilada, son habitualmente canalizadas ante la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales, Antonella Fiore, quien integra la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección Nacional de Bienestar Policial, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género.

Estas denuncias se suman a las realizadas por los incumplimientos de funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional cómo Maria Laura Arce y María Lorena Petrovich.

Según testimonios, el procedimiento seguido en estos casos consistiría en una consulta interna a la fuerza involucrada, tras la cual —y en función de la respuesta institucional— las denuncias suelen ser archivadas sin un análisis de fondo ni instancias adicionales de revisión. Esto ha generado críticas de sectores internos, que advierten que el área encargada de velar por la protección de derechos en el ámbito policial no exhibe estadísticas públicas sobre la cantidad de reclamos, su estado ni los criterios de resolución aplicados. Tampoco se encuentra disponible un manual de procedimientos que oriente a los denunciantes sobre los pasos a seguir.

Personas vinculadas al sector remarcan que este funcionamiento de carácter burocrático impide una resolución efectiva de los conflictos y abre la puerta a que agentes con numerosos señalamientos puedan ser promovidos. Inclusive, se han mencionado posibles prácticas irregulares relacionadas con la ausencia de información en legajos reservados, lo que alimenta sospechas sobre eventuales casos de corrupción.

La falta de auditorías y mecanismos de control independientes, advierten, contribuye a un escenario de baja transparencia en los procesos de ascenso dentro de la fuerza.

El personal consultado indica que todo está en el "sistema GDE", pero que nadie realiza un control sobre el mismo de forma real.

El decreto completo y el anexo con los nombres del personal promovido pueden consultarse en la edición digital del Boletín Oficial de la República Argentina.

Crisis en las Fuerzas Armadas: más de 18.000 bajas desde diciembre de 2023

Desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, las Fuerzas Armadas registraron 18.659 bajas voluntarias. Así lo informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un reporte oficial presentado ante la Cámara de Diputados, con datos suministrados por el Ministerio de Defensa.

Según el detalle, dejaron su cargo 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios. La mayor parte de las renuncias provino del Ejército (14.614), seguido por la Fuerza Aérea (2971) y la Armada (1074). Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con unos 83.000 efectivos desplegados en todo el país.

Causas de las bajas

Fuentes castrenses señalan que los principales factores son el atraso salarial, la falta de equipamiento moderno y la escasez de incentivos profesionales. Muchos oficiales y suboficiales manifiestan dificultades para sostener económicamente a sus familias, ya que las remuneraciones en varios casos se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC.

Un capitán o teniente de navío percibe alrededor de $1.109.913, mientras que un subteniente o guardiamarina recibe unos $806.045. Entre los suboficiales, los ingresos rondan entre $765.596 y $853.088, cifras que, según fuentes militares, no guardan relación con las responsabilidades ni con las exigencias de la función.

La situación salarial se combina con carencias en el equipamiento y entrenamiento. Varios testimonios indican que se siguen utilizando fusiles FAL con más de 70 años de antigüedad y que la artillería y los morteros disponen de una cantidad mínima de municiones, insuficiente para prácticas regulares.

Comparaciones y desmotivación

La comparación con países vecinos agrava el malestar: mientras en otras fuerzas armadas de la región se entregan uniformes y botas en buen estado, en Argentina el abastecimiento alcanza solo el 20% de las necesidades anuales. Esto, según fuentes consultadas, impacta en la moral y en la decisión de abandonar la carrera militar.

Situación similar en fuerzas federales

Un cuadro comparable se observa en las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Allí también se registran reclamos por salarios, condiciones laborales y falta de recursos. Sin embargo, tanto en las Fuerzas Armadas como en las fuerzas de seguridad, los canales de reclamo institucionales son prácticamente inexistentes.

Cualquier manifestación de descontento puede ser considerada como una falta disciplinaria, pasible de sanción administrativa. Esto genera un escenario en el que la renuncia aparece como el único camino posible para quienes no desean continuar bajo esas condiciones.

Perspectiva oficial y debate interno

Desde sectores de conducción militar relativizan la magnitud del problema. Señalan que las cifras incluyen personal retirado y que las bajas se compensan parcialmente con los egresos de institutos de formación. Sin embargo, dentro de las propias filas crece la preocupación por el impacto en la operatividad y la falta de estímulos para sostener la vocación militar.

La cuestión reabre el debate sobre la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad y sobre las políticas de defensa y seguridad nacional en un contexto marcado por la crisis económica y el descontento del personal uniformado.

18 millones de pesos mensuales : Polémica por los salarios de rectores universitarios: el Gobierno denuncia autoasignación de partidas

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que algunos rectores universitarios perciben remuneraciones excesivas, en algunos casos de hasta 18 millones de pesos mensuales, debido a la posibilidad de autoasignarse sueldos a partir de partidas presupuestarias.

Según explicó el funcionario, mientras los docentes universitarios reciben haberes que oscilan entre 250 mil y 1,3 millones de pesos, los rectores disponen de mayor discrecionalidad en el uso de fondos, lo que permitiría incrementos salariales desproporcionados. “En nuestro caso los sueldos de los funcionarios están congelados, pero los rectores continúan percibiendo aumentos porque se los asignan con recursos propios”, expresó Álvarez en declaraciones televisivas.

El subsecretario remarcó que esta situación se ampara en la autonomía universitaria y en la administración interna del presupuesto destinado a salud y educación. Sin embargo, aclaró que la información sobre los salarios individuales de los rectores no puede hacerse pública, ya que está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. En ese sentido, precisó que tales datos solo podrían ser difundidos en el marco de una investigación judicial: “Si un juez lo solicita, estamos dispuestos a brindar la información”.

Las declaraciones de Álvarez se viralizaron este fin de semana tras una entrevista emitida en A24, donde reiteró que el Gobierno nacional trabaja para mejorar la situación de los docentes, aunque reconoció que las restricciones presupuestarias constituyen una limitación central.

La denuncia reabre el debate sobre la transparencia en la gestión universitaria y la distribución de recursos en el sistema de educación superior, en un contexto de fuertes reclamos salariales de los gremios docentes.

Detectan desvíos millonarios en pagos de la ANSES a empresas de limpieza sin contratos vigentes

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) reveló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinó sumas millonarias a empresas de limpieza bajo un esquema irregular de pagos sin contratos vigentes. Entre las firmas beneficiadas se encuentra Linser, propiedad de Luis “Chiche” Peluso, exfuncionario bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.

Según el documento, los valores abonados por turno de limpieza en 2024 crecieron un 225%, muy por encima de la inflación (117,8%) y de los incrementos salariales de referencia (205,8%). En el período analizado, la ANSES llegó a desembolsar más de $5.400 millones a Linser sin respaldo contractual formal.

El rol de los involucrados

• Luis Peluso y Linser: Peluso, ex titular de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Scioli, es propietario de la empresa Linser, que desde 2018 prestaba el servicio de limpieza en edificios centrales y la jefatura regional de CABA de la ANSES. Aunque el contrato venció en 2021, la compañía siguió cobrando mediante la modalidad de “pago por servicios usufructuados”, es decir, por servicios efectivamente prestados pero sin licitación ni renovación formal.

• Daniel Scioli: si bien su nombre aparece ligado a Peluso por su pasado en la gestión provincial, fuentes cercanas al actual funcionario señalaron que no tuvo intervención en la adjudicación ni en los aumentos posteriores.

• ANSES: el organismo fue quien continuó con los pagos irregulares bajo distintas gestiones. Durante la dirección de Mariano de los Heros se iniciaron procesos licitatorios, algunos de ellos judicializados, mientras que en la actual conducción de Fernando Bearzi se ordenó la auditoría que destapó las irregularidades.

• Sigen: fue la entidad que detectó el “desvío” de fondos y advirtió sobre la falta de un procedimiento administrativo claro tras la derogación del mecanismo de reconocimiento de gastos por excepción.

Impacto sobre los beneficiarios

El desvío de fondos destinados a servicios tercerizados repercute en la solidez financiera del organismo previsional. Cada peso destinado a contrataciones irregulares resta recursos que podrían aplicarse a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o programas sociales.
Además, el crecimiento real del 76,5% en los pagos por limpieza entre 2021 y 2024 plantea dudas sobre la eficiencia en el uso del presupuesto público en un contexto en el que los beneficiarios enfrentan pérdida de poder adquisitivo.

Posibles medidas para revertir la situación

El informe recomienda:

• Reinstaurar un procedimiento formal y transparente de contratación, con licitaciones abiertas y controles de precios testigo.

• Regularizar el sistema de pagos, evitando el “legítimo abono” sin respaldo contractual.

• Avanzar en los sumarios administrativos y judiciales para determinar responsabilidades de los funcionarios que avalaron las prórrogas irregulares.

• Garantizar que los recursos de la ANSES se destinen prioritariamente a los beneficiarios y no a sobrecostos en servicios.

En paralelo, el organismo creó una comisión de revisión de compromisos, integrada por la presidencia de la ANSES, dos subdirecciones y la unidad de auditoría, que deberá establecer un nuevo mecanismo de control.

La investigación sigue en curso y podría derivar en presentaciones judiciales. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate la transparencia de la gestión de fondos en uno de los entes clave del sistema de seguridad social argentino.

Policía retirado hallado muerto en La Plata reaviva el debate sobre la crisis en la Policía Federal

Un integrante de la Policía Federal Argentina, identificado como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años, fue encontrado muerto dentro de su camioneta en la ciudad de La Plata, con un disparo en la cabeza. El caso, caratulado como suicidio, es investigado por la UFI N°5 a cargo del fiscal Mennucci.

El hallazgo se produjo en calle 3, entre 61 y 62, cuando efectivos del Comando Patrullas detectaron una camioneta Ford Ecosport azul estacionada. En el interior se encontraba el hombre sin signos vitales y con un revólver a su lado.

El hecho vuelve a poner en evidencia los problemas estructurales que atraviesa la Policía Federal, donde persisten reclamos por bajos salarios, endeudamiento del personal y ausencia de contención psicológica. A ello se suman deficiencias en la obra social de la fuerza —Superintendencia de Bienestar—, conflictos en el Hospital Churruca y falta de controles en la Junta de Reconocimientos Médicos.

Especialistas señalan que muchos efectivos, tanto en actividad como retirados, enfrentan cuadros de ansiedad y depresión debido a condiciones laborales precarias y falta de acompañamiento institucional. En el caso de los retirados, la transición suele derivar en crisis emocionales profundas, con episodios trágicos como el ocurrido en La Plata.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de la Nación (a cargo de Patricia Bullrich) no ha implementado medidas de fondo para abordar esta problemática, pese a reiteradas advertencias sobre el impacto psico-social que afecta a una parte significativa de la fuerza.

Tragedia en Córdoba: un bombero murió tras caer de un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda

Un hecho conmocionó al Valle de Calamuchita este lunes: Matías Godoy, bombero voluntario de 39 años y vecino de Villa Amancay, falleció tras caer desde seis metros de altura de un hidroelevador mientras efectuaba trabajos de poda en la vía pública. Pese a haber sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba expresó su pesar y decretó 72 horas de duelo, destacando la entrega y vocación de servicio de Godoy, ampliamente reconocido en su comunidad por su compromiso solidario.

Un accidente que expone la falta de medidas de seguridad laboral

Más allá del dolor por la pérdida, el caso vuelve a poner en discusión un problema recurrente en organismos públicos y fuerzas de seguridad: la ausencia de condiciones adecuadas de seguridad e higiene laboral.

En numerosos ámbitos del sector público, las normas de prevención de riesgos suelen ser relegadas o directamente ignoradas. Esto se traduce en la falta de protocolos de trabajo, deficiencias en la capacitación, y en muchos casos la no provisión ni el control del uso de elementos de protección personal, que son esenciales para minimizar riesgos en actividades de alto peligro como podas, operativos de rescate o tareas de mantenimiento.

Incluso en situaciones en que se cuenta con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), no siempre existe una supervisión efectiva, ya que varios organismos eluden las disposiciones vigentes. Estas omisiones no solo exponen a los trabajadores, sino que derivan en juicios prolongados que podrían evitarse con un cumplimiento estricto de la normativa laboral.

La importancia de cumplir la normativa

El accidente que costó la vida a Godoy subraya la urgencia de que los organismos públicos y las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana asuman de manera responsable la aplicación de las leyes de higiene y seguridad laboral. La provisión y control del uso de cascos, arneses, guantes dieléctricos, ropa de trabajo adecuada y demás elementos de protección personal no debe quedar librada a la voluntad individual, sino que debe ser una obligación institucional.

Especialistas en seguridad laboral destacan que prevenir accidentes no depende únicamente de la entrega vocacional de los trabajadores, sino del cumplimiento sistemático de protocolos y de la supervisión activa de las autoridades responsables.

La tragedia en Villa Amancay, que enluta a toda la comunidad, deja así una enseñanza dolorosa: la necesidad de transformar el compromiso solidario de quienes arriesgan su vida en un compromiso real de los organismos públicos con la protección de sus trabajadores.

La Jefatura de Gabinete prorrogó la designación de un funcionario con excepciones administrativas

En el Boletín Oficial del 8 de septiembre fue publicada la Resolución 181/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la cual se prorrogó por 180 días hábiles la designación transitoria del ingeniero Gastón Alfredo Testa como Director Nacional de Sistemas para las Contrataciones de Bienes y Servicios y de Obra Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Contrataciones.

La decisión, que implica la continuidad de un cargo clave en el sistema de adquisiciones del Estado nacional, presenta varios aspectos que llaman la atención.

Designación con múltiples excepciones

El texto de la resolución detalla que la continuidad de Testa se enmarca en excepciones previstas en distintos decretos y resoluciones que limitan designaciones transitorias. En particular, se señala que no se pudo avanzar con un proceso de selección para cubrir el cargo, motivo por el cual se prorrogó la designación en carácter de excepción.

Este mecanismo no es nuevo en la administración pública, pero en este caso las referencias a normas específicas y a informes internos remarcan que el funcionario continúa en el puesto gracias a un régimen excepcional que se extiende desde 2024.

Firma de otro funcionario, no del jefe de Gabinete

La medida fue firmada por Juan Manuel Gallo, secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, y no por Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete. El propio decreto 958/2024 permite delegar estas facultades en niveles inferiores, aunque resulta inusual que una prórroga de un cargo estratégico se formalice sin la rúbrica del titular del área.

Un plus salarial por función ejecutiva

La resolución también autoriza el pago de la Función Ejecutiva Nivel I, un adicional salarial que corresponde a cargos de conducción dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Este beneficio incrementa de manera significativa la remuneración del funcionario, lo que refleja la importancia del puesto en la estructura estatal.

Un cargo simultáneo en ANAC

Otro elemento que genera interrogantes es que, según registros públicos y antecedentes previos, Testa también se desempeñaría en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De confirmarse esta doble función, implicaría que percibe dos salarios del Estado nacional en paralelo, un hecho que, si bien no necesariamente ilegal, plantea dudas sobre compatibilidad horaria y administrativa. La máxima autoridad de ANAC es Oscar Villabona, la Dirección de Administración y Gestion de Recursos Humanos está a cargo de la Abog. AGUADA Barbara y en tanto el Dto. de Administración de Cargos y Contrataciones está a cargo de la Sra. CARDOZO DI FLORIO Florencia. Siendo un área dependiente de la Dirección Gral., Legal Técnica y Administrativa cuyo responsable es el Abog. FEIJOO Jorge. Mientras tanto en la JGM el área de Recursos Humanos está a cargo del Mag. César Adrián BONÉ.

Un puesto estratégico en contrataciones

La Dirección a cargo de Testa tiene como misión central gestionar los sistemas para las contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. Es un área sensible, ya que de ella dependen procesos que involucran grandes volúmenes de recursos públicos y que requieren altos estándares de transparencia y control.

Un caso que abre interrogantes

La publicación de la resolución deja planteados varios puntos de interés:

• La persistencia en el uso de designaciones excepcionales, en lugar de avanzar con concursos.

• La firma delegada en lugar de la autoridad máxima de la Jefatura de Gabinete.

• La posible simultaneidad de cargos en distintos organismos estatales.

• El plus salarial adicional que implica un costo mayor para el Estado.

En definitiva, se trata de una decisión administrativa que garantiza la continuidad de un cargo clave, pero que también exhibe una serie de particularidades que llaman la atención en materia de transparencia, gestión de recursos humanos y organización del sector público.

Crisis en PAMI Junín, entre la interna de La Libertad Avanza y denuncias por corrupción

El Gobierno nacional apartó de su cargo en el mes de Mayo a Alberto Pascual, titular del PAMI en Junín y coordinador local de La Libertad Avanza (LLA), tras una fuerte interna partidaria que se hizo pública en redes sociales. La decisión coincidió con un nuevo pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante de Junín sobre la gestión de medicamentos en la delegación del organismo, en medio de denuncias por presuntas irregularidades a nivel nacional.

La interna libertaria que terminó con el desplazamiento de Pascual

El conflicto se desató luego de que la militante Marina Biagetti, vinculada a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” —espacio cercano al influencer Daniel “Gordo Dan” Parisini y al diputado Agustín Romo— denunciara en redes sociales que había sido expulsada de un grupo de militancia libertaria en Junín por decisión de Pascual.

Biagetti publicó capturas de WhatsApp donde se explicitaba que la medida respondía a su afinidad con sectores que responden directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en tensión con la conducción bonaerense que lidera el diputado Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia.

La difusión del caso derivó en una escalada en redes sociales con cruces entre dirigentes libertarios, lo que motivó que Pareja interviniera y confirmara el desplazamiento de Pascual tanto de la conducción local de LLA como de la dirección del PAMI. Fue reemplazado por Mauro Imperatori, en coordinación con la concejal Belén Veronelli y otros referentes juninenses.

En un comunicado, Pareja afirmó que “las diferencias de criterios y formas nunca pueden poner en riesgo el trabajo que llevan adelante los bonaerenses de bien siguiendo las ideas de la Libertad que levanta en alto nuestro presidente Javier Milei”.

Por su parte, Pascual reconoció públicamente su salida y agradeció el tiempo en funciones. El dirigente había asumido la jefatura local del PAMI en octubre de 2024 y anteriormente había colaborado con el exministro Florencio Randazzo en las legislativas de 2017.

Reclamos en el Concejo Deliberante por la gestión de medicamentos del PAMI

En paralelo, concejales del bloque justicialista de Junín presentaron un pedido de informes para que la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI aclare el mecanismo de compra y distribución de medicamentos.

El concejal Gastón Bisio explicó que la solicitud está vinculada a los audios que circularon en los últimos días sobre presunto pago de coimas a Karina Milei, hermana del Presidente, en el marco de contrataciones de fármacos. “Queremos saber cómo fue el abastecimiento, los motivos de las demoras, los montos de las contrataciones y las denuncias recibidas”, señaló.

En particular, se plantearon preocupaciones por el suministro de medicamentos oncológicos y el posible impacto en la salud de los afiliados. Bisio subrayó que en Junín funciona además una sucursal de la droguería Suizo-Argentina, mencionada en la polémica por ser una de las principales proveedoras del sistema.

El pedido fue dirigido a la UGL Junín, con la expectativa de que las autoridades respondan en breve. “Lo que buscamos es claridad para los afiliados y la garantía de que no hubo objeciones en el proceso de compra y entrega”, concluyó el concejal.

Un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos institucionales

La salida de Pascual se suma a otras bajas recientes en el oficialismo por conflictos en redes sociales o polémicas públicas. Entre los casos más resonantes figuran el del exsubsecretario de Deportes, Julio Garro, y el del exsecretario de Agricultura, Fernando Vilella.

La coincidencia entre la crisis interna libertaria en Junín y el pedido de informes por medicamentos pone nuevamente bajo la lupa la gestión del PAMI, organismo que en la ciudad atiende a miles de jubilados y pensionados, en un contexto nacional marcado por denuncias de irregularidades en el sistema de provisión de fármacos y tensiones dentro de la coalición oficialista.

Escándalo en el PAMI: sobreprecios millonarios en lentes intraoculares y cuestionamientos al nuevo sistema de compras

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enfrenta un nuevo escándalo luego de la publicación de la Resolución 1560/2025, que adjudicó la Licitación Pública Nº 12/25 a las empresas Implantec S.A., MSZ S.R.L., Visión Médica 2000 S.A., Centro Óptico Casin S.A. y VSA Alta Complejidad S.A. por un monto superior a $80.730 millones. La adjudicación fijó precios unitarios por lente que en algunos casos superan los $150.000 y alcanzan los $300.000, muy por encima de los valores previos de mercado. Todo surge tras una el programa ¿Y mañana qué?, el programa de Luciana Geuna por TN.

Los oftalmólogos denunciaron que el contraste con el esquema anterior es notorio: hasta julio, cada médico compraba directamente los lentes a laboratorios a un precio promedio de $35.000 y luego se le reintegraba el monto junto con sus honorarios. Con la centralización dispuesta en agosto, mediante la Resolución 1737/2025, los valores se multiplicaron y comenzaron a registrarse demoras en la entrega de insumos, lo que obligó a reprogramar cirugías de cataratas.

 

Los ejemplos documentados por los profesionales son contundentes. Implantec S.A. vendió lentes Acryfold a $24.800 a un médico, pero al PAMI le facturó $162.166. Visión Médica 2000 S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249, mientras que al organismo se los adjudicó a $279.704. MSZ S.R.L. presupuestó lentes Auroflex a $32.000 más IVA, pero PAMI terminó abonando $177.939. Las pruebas aportadas incluyen facturas, presupuestos y actas de licitación.

El organismo, dirigido por el Dr. Esteban Ernesto Leguízamo (Director Ejecutivo) y el Dr. Carlos Blas Zamparolo (Subdirector Ejecutivo), respondió que la comparación de precios “no es válida”. Según PAMI, el nuevo esquema incluye no solo el lente, sino también doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión garantizada. De acuerdo con el cálculo oficial, el costo total de la cirugía más insumos asciende a $565.000, cifra que afirman es menor a la que pagan la obra social del Poder Judicial ($740.000) y OSDE (más de $1.148.000).

Además de Leguízamo y Zamparolo como autoridades figuran en los diversos procesos de compra del organismo el Coordinador Ejecutivo Pedro Miguel Insausti y cómo Gerente de Administración e Infraestructura Eduardo Agustín Cardeza aunque en otros procesos de figura Hernán Alberto Monteleone.

Sin embargo, este no es el primer escándalo que golpea al PAMI. En los años noventa, la gestión de Víctor Alderete terminó en causas judiciales por administración fraudulenta, que concluyeron en sentencias firmes con condena. Durante la década de 2000, la entonces titular Graciela Ocaña denunció sobreprecios en contratos con prestadores y promovió reformas para transparentar las compras.

Más recientemente, en 2024 y 2025, surgieron investigaciones fiscales por presuntos pedidos de aportes económicos a trabajadores y prestadores del organismo para financiar actividades del partido oficialista La Libertad Avanza. Estas denuncias derivaron en pedidos de informes en el Congreso y en causas judiciales abiertas en el fuero federal. Además, en varias provincias —incluida Salta— hubo juicios contra funcionarios y contratistas locales vinculados a la gestión de prestaciones y contrataciones, con condenas de prisión condicional, multas e inhabilitaciones confirmadas por tribunales.

Los antecedentes judiciales muestran un patrón recurrente: denuncias por sobreprecios, direccionamiento de contratos y administración fraudulenta que en algunos casos ya cuentan con condenas firmes, y en otros se encuentran en etapa de instrucción o apelación.

El nuevo caso de los lentes intraoculares vuelve a colocar al PAMI bajo la lupa de la opinión pública, de la justicia y del Congreso. Lo que debía ser un sistema más eficiente y económico terminó derivando en costos extraordinarios y en un fuerte enfrentamiento entre médicos y autoridades.

Investigación judicial sobre intimidación a la periodista Guadalupe Vázquez

Un expediente judicial, el CFP 3569/2025, ha sido asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 para investigar una denuncia por presunta asociación ilícita e intimidación pública contra un grupo de individuos, tras una agresión a la periodista Guadalupe Vázquez.

La denuncia, presentada por la propia Vázquez, se relaciona con un incidente en el que se le dejó un cartel con insultos, en lo que ha sido interpretado como un acto de intimidación. El suceso se enmarca en un contexto de agresiones previas que la periodista ha sufrido, y se vincula con su labor periodística, en particular la difusión de fotografías de una fiesta durante la pandemia.

Entre los denunciados se encuentran Alberto Grasso Rivaldi, Pablo Giles, José Lepere, Matías Federici, Facundo Lococo y Rubén Ezequiel Pavón. Los últimos tres nombres, Federici, Lococo y Pavón, han sido señalados por la prensa como personas con vínculos políticos con Juan Debandi y La Cámpora Tres de Febrero, lo que los relaciona directamente con los actos vandálicos perpetrados en la sede de los canales Todo Noticias (TN) y Canal 13.

Según la información publicada, Facundo Lococo es descrito como mano derecha de Debandi, Matías Federici como miembro de su equipo de comunicación, y Rubén Ezequiel Pavón como un referente estudiantil también cercano a su círculo.

El expediente, asignado por sorteo el 29 de agosto de 2025, busca determinar la responsabilidad de los implicados en los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, basándose en la agresión a la periodista y la presunta coordinación de los actos vandálicos. La investigación está en curso para esclarecer los hechos y sus motivaciones.

Uso de un vehículo oficial de la Policía Federal Argentina en una caravana partidaria expone graves irregularidades éticas y legales

La participación del presidente Javier Milei en una caravana proselitista en Lomas de Zamora, el pasado miércoles 27 de agosto, quedó envuelta en cuestionamientos por la utilización de una camioneta Ford Ranger blanca, dominio AB035IH, que pertenece a la Policía Federal Argentina. El hecho constituye un ejemplo claro de utilización indebida de bienes estatales para fines partidarios, lo cual es contrario a la normativa vigente en materia de ética pública y administración de recursos.

 

La camioneta, además, posee un extenso historial de infracciones impagas que supera los 41 millones de pesos, con más de doscientas multas por excesos de velocidad y circulación indebida en carriles exclusivos. Este detalle, lejos de ser menor, revela un manejo desprolijo del parque automotor del Estado y suma gravedad al episodio, ya que el vehículo oficial no solo se empleó con fines proselitistas, sino que arrastra una cadena de incumplimientos sin sanción efectiva.

Normativa y obligaciones en el uso de bienes públicos

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que todo funcionario debe administrar los recursos públicos con honestidad, prudencia y exclusivamente para el interés general. El uso de vehículos oficiales, en consecuencia, está limitado a tareas estrictamente vinculadas con el cumplimiento de funciones de Estado, como la seguridad, la logística gubernamental o el traslado institucional. Cualquier utilización con fines particulares, personales o de partido político constituye una desviación de poder y, en los casos más graves, un delito de malversación de caudales públicos.

A ello se suma el principio constitucional de igualdad política, que impide que quienes detentan el poder se sirvan de los recursos del Estado para obtener ventajas en la competencia electoral. Cuando un vehículo oficial se utiliza en una caravana de carácter partidario, se rompe ese equilibrio: los recursos que son de todos los contribuyentes se ponen al servicio de una facción política.

Sumado a todo esto la forma en la que estaban las personas arriba de la camioneta implica una infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Más gravoso aún ser realizado por el presidente de la nación. 

El acto proselitista y la presencia de dirigentes

Durante la caravana en la avenida Yrigoyen acompañaron a Milei figuras de relevancia como José Luis Espert, Karina Milei, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko y Santiago Oría. La presencia de estos referentes refuerza el carácter político del evento y elimina cualquier argumento que pudiera justificar la utilización del vehículo como un acto institucional.

Posibles argumentos de defensa del gobierno

Frente a los cuestionamientos, desde el oficialismo podrían esgrimirse diversas defensas. Una de ellas sería alegar que la camioneta fue utilizada con fines de seguridad presidencial. Otra, que el vehículo estaba asignado formalmente a la custodia y no al mandatario en sí mismo, lo cual lo colocaría dentro de un supuesto amparo legal. También podría sostenerse que la presencia de autoridades nacionales en actividades políticas es parte de la libertad de acción de todo ciudadano, sin que ello implique necesariamente un uso indebido de recursos.

Por qué esas defensas no son válidas

Ninguna de esas justificaciones resiste un análisis riguroso. En primer lugar, el uso de un vehículo oficial en una caravana política no puede considerarse parte de un operativo de seguridad, ya que se trata de un evento estrictamente partidario, no de una actividad institucional del Estado. En segundo lugar, aunque el vehículo esté asignado a una dependencia de custodia, ello no habilita su utilización para fines que excedan las funciones de protección y traslado en actos de carácter público o de gobierno. Y, finalmente, el argumento de la libertad individual de los funcionarios no alcanza para justificar la apropiación de recursos comunes en beneficio de un sector político, ya que el deber de probidad y transparencia impone límites a las acciones privadas de quienes ejercen el poder.

Consecuencias posibles

Este tipo de irregularidades no solo afectan la confianza pública, sino que también pueden derivar en consecuencias judiciales. La malversación de caudales públicos, el uso indebido de bienes del Estado y la falta de control sobre infracciones reiteradas son figuras tipificadas en la normativa penal y administrativa. A su vez, la Ley de Ética contempla sanciones que van desde la inhabilitación hasta la destitución de funcionarios en casos de faltas graves.

El episodio de Lomas de Zamora pone de manifiesto una práctica prohibida: la utilización de recursos estatales con fines partidarios. La camioneta de la Policía Federal, con sus infracciones acumuladas, no debió nunca formar parte de una caravana electoral. El hecho expone falencias graves en la ética pública y coloca bajo responsabilidad política y jurídica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, quienes deberán responder por qué se permitió que un bien de todos los ciudadanos terminara al servicio de un acto político partidario.

Crisis en el Hospital Churruca: Salarios deplorables y éxodo masivo de profesionale

El Complejo Hospitalario Churruca-Visca, dependiente de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina del Ministerio de Seguridad de la Nación, atraviesa una profunda crisis que se refleja en la renuncia masiva de profesionales de la salud y el deterioro generalizado de la atención médica. En lo que va del año, 96 trabajadores de la salud han renunciado a sus puestos, mientras que la Policía Federal Argentina registra 600 bajas totales en el mismo período.

Hace un mes se suicidó un suboficial en el Churruca. 

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Los sueldos de los profesionales médicos se encuentran muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y en muchos casos rozando la línea de pobreza. Un médico especialista con el rango de auxiliar superior de sexta categoría percibe apenas 732.994 pesos mensuales, mientras que un jefe de área médica cobra menos de un millón de pesos. Los residentes, que tienen dedicación exclusiva, reciben remuneraciones inferiores al millón de pesos, con aumentos programados de apenas 10.000 a 15.000 pesos hasta fin de año.

La diferencia salarial es abismal comparada con el sector privado, donde los mismos profesionales pueden ganar hasta cinco veces más. Esta disparidad ha generado un éxodo masivo hacia clínicas privadas y otros centros de salud que ofrecen mejores condiciones laborales.

Falta de reconocimiento del rol y función profesional

Uno de los problemas más graves es la ausencia de diferenciación salarial según el rol y la función que desempeñan los profesionales. Médicos especialistas con años de experiencia figuran en escalafones administrativos que no reflejan su responsabilidad profesional, mientras que algunos médicos aparecen categorizados como "agentes", una clasificación inferior incluso a la de auxiliar.

Colapso del sistema de turnos y atención

La crisis de recursos humanos ha generado un colapso en el sistema de turnos médicos. Los pacientes reportan demoras de hasta seis meses para obtener una consulta, mientras que quienes requieren atención urgente deben recurrir a las guardias, que también se encuentran saturadas por la falta de personal. Una paciente consultada manifestó: "Intenté sacar un turno, me lo dan para dentro de seis meses. No sé si voy a estar viva en seis meses".

El complejo hospitalario presenta además serios problemas de infraestructura: baños cerrados, farmacia vacía, falta de medicamentos y deficiencias en la higiene general del establecimiento.

Marco legal y regulatorio confuso

La suerte de obra social que atiende en el complejo hospitalario Churruca-Visca opera bajo un marco legal particular que genera confusión regulatoria. Para la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, los aportes de los miembros de las fuerzas federales no constituyen una obra social ni una prepaga en sentido estricto, sino que funcionan bajo una ley especial como "mecanismo no regulado".

Sin embargo, para la Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Bienestar, actúa como una "administradora de fondos". Esta ambigüedad legal ha derivado en varios casos judiciales donde la Justicia ha determinado que debe regirse por las leyes de obras sociales, estableciendo un precedente importante para los derechos de los beneficiarios. Aunque las áreas administrativas tanto cómo jurídicas de las fuerzas federales y del ministerio de seguridad siguen apelando con la finalidad de demorar las respuestas efectivas, generando con esto una degradación de los servicios de salud.

Ausencia de auditorías y transparencia presupuestaria

Pese a que el gobierno actual ha enfatizado la importancia de las auditorías en diferentes áreas, el complejo hospitalario Churruca no ha sido sometido a ningún control exhaustivo. La información presupuestaria disponible carece de actualización: el último presupuesto firmado data de la gestión anterior y lleva la firma de Sergio Massa.

Documentos internos revelan inconsistencias presupuestarias significativas. En 2023, el hospital registró un superávit considerable, pero existe un faltante de 23 millones de pesos sin registro claro de su destino, todo esto según se explica en el informe de C5N. Esta situación es particularmente preocupante considerando que el hospital se sostiene exclusivamente con aportes obligatorios descontados de los sueldos de los miembros de las fuerzas federales.

Silencio oficial y temor a represalias

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre la crisis del hospital. Tampoco se han recibido declaraciones de la directora Nacional de Bienestar, María Lorena Petrovich (ex senadora PRO denunciada que pagaba niñera con plata del Senado), responsable directa de la gestión del centro de salud.

Los profesionales y pacientes consultados expresan temor a las sanciones disciplinarias por realizar reclamos. Esta situación de silenciamiento institucional impide que se visibilicen públicamente los problemas estructurales que afectan la atención médica de miles de efectivos de las fuerzas federales y sus familias.

Esto último está plenamente documentado con varios ejemplos, uno de ellos es cuando una persona manifestó ante el ministerio hostigamiento y este, con la firma de Maria Laura Arce, ha omitido una acción efectiva ya que no se hace acción alguna por parte del ministerio más que incluso alertar a las fuerzas que se recibió denuncias.

Incluso se encuentra el caso de la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales, Antonella Fiore, quien en pararlo cobraba un sueldo en ACARA, denunciada por el Ministro de Justicia Cúneo Libarona, ya que es considerado según reportan en varios medios como mecanismos para cobrar sobresueldos.

Los salarios son definidos en el Ministerio de Seguridad Nacional por Martín Siracusa y el equipo económico de Luis Caputo en la denomiada COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO, sin la participación de las partes ni representantes, conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo. Todo esto a la vista de Guillermo Francos, Jefe de Gabinete.

Por parte de la institución no han existido manifestaciones por parte de  Comisario General Luis Alejandro Rolle, tampoco por parte del Superintendente de Bienestar Comisario Mayor Favio Adrián Fara ni del superintendente de Administración el Comisario Mayor Ernesto Fabián De La Vega.

Impacto en las fuerzas de seguridad

La crisis del complejo hospitalario Churruca-Visca refleja un problema más amplio que afecta a todas las fuerzas federales. Los policías federales, que aportan obligatoriamente para sostener el sistema de salud, se encuentran con un servicio deficiente que no responde a sus necesidades básicas. Muchos efectivos y sus familias deben recurrir a otros sistemas de salud, generando un gasto adicional en sus ya deteriorados presupuestos familiares.

La situación se replica en delegaciones de todo el país, donde centros de salud dependientes del Ministerio de Seguridad presentan problemas similares de falta de personal, medicamentos y turnos disponibles. Pacientes de provincias como Mar del Plata o Chubut viajan a Buenos Aires esperando mejor atención, pero encuentran las mismas deficiencias.

Una promesa incumplida

El actual gobierno llegó al poder prometiendo mejoras sustanciales para las fuerzas de seguridad, incluyendo incrementos salariales significativos. Sin embargo, los hechos muestran una realidad diferente: sueldos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, un sistema de salud en crisis y la ausencia de respuestas concretas desde las autoridades responsables.

La crisis del complejo hospitalario Churruca-Visca se convierte así en un símbolo del abandono sistemático hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana, evidenciando la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a las fuerzas de seguridad y la realidad de políticas que las debilitan desde sus cimientos más básicos.

La UIF investiga operaciones sospechosas en Zefico SA, la empresa empleadora de Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) abrió una investigación sobre Zefico SA, la sociedad que tiene como único empleado registrado al asesor presidencial Santiago Caputo. El caso se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) presentado el 30 de julio de 2025 por una entidad bancaria de primera línea, tras detectar movimientos por 800.000 dólares entre abril y junio de este año.

Zefico SA fue constituida en 2021 por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, amigo de la infancia de Santiago Caputo. Durante tres años no tuvo actividad comercial ni empleados, hasta que en enero de 2024 incorporó a Caputo como trabajador en relación de dependencia. La sociedad fue creada con la firma del escribano José Domingo Mangone, vinculado también al armado de la consultora Anker, de Luis Caputo y Santiago Bausili.

Los movimientos que encendieron las alarmas corresponden a transferencias de 400.000 dólares realizadas por Lucas Costa y su hermana María, ambos socios de la firma. El origen de los fondos fue atribuido a una donación de Pablo Costa, quien a su vez indicó que había recibido 1,5 millones de dólares de su madre María. La mujer presentó una declaración jurada de 2023 que incluía esa suma como parte de su patrimonio, aunque registros anteriores mostraban que en 2021 no contaba con bienes declarados, lo que generó inconsistencias sobre la procedencia del dinero.

El capital ingresado a Zefico fue registrado como un mutuo y luego transferido a otras dos sociedades: Netafim Argentina SA, empresa de riego por goteo controlada por Pablo Coletti, y Tonka SA, presidida por Pedro Alberto Friedrich, empresario que en 2019 donó al Estado un predio de 5.000 hectáreas en Santa Cruz convertido en la reserva federal Piedra del Fraile.

La UIF, dirigida por el exfiscal federal Paul Starc, tomó intervención tras recibir el reporte bancario. Posteriormente, el organismo denunció penalmente una filtración de información confidencial vinculada al ROS, ya que los detalles de la operatoria fueron publicados en la prensa. La denuncia fue presentada ante la fiscalía federal a cargo de Carlos Stornelli en los tribunales de Comodoro Py.

Santiago Caputo figura en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como único empleado de Zefico SA, inscripto en la tercera categoría del impuesto a las Ganancias, lo que implica que además de un salario percibe ingresos societarios. De este modo, factura servicios al Estado sin estar obligado a presentar declaración patrimonial. Su vínculo con la familia Costa se remonta a la relación entre su padre, el fallecido escribano Claudio Caputo, y Pablo Costa, vecinos en el country Martindale de Pilar.

El caso Zefico combina el análisis de operaciones financieras atípicas, el rol de un asesor presidencial como único empleado de la sociedad y las dudas sobre el origen de fondos millonarios. La investigación de la UIF y la causa penal abierta en Comodoro Py buscarán establecer responsabilidades sobre los movimientos de dinero y sobre la filtración del reporte confidencial.