miércoles, 2 de julio de 2025

Graves declaraciones de Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe: preocupación por el impacto institucional y económico

Las recientes afirmaciones del ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, han desatado una profunda preocupación en sectores empresariales, jurídicos y económicos. En un intento de responder a la decisión de Mercado Libre de visibilizar la carga impositiva provincial en sus plataformas, Olivares sostuvo que “las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, vinculando de forma directa a herramientas legales de pago digital con el narcotráfico.

Esta declaración, además de ser impropia para un funcionario de alto rango, carece de rigurosidad y afecta gravemente los principios básicos de responsabilidad institucional. La sola mención de un instrumento financiero lícito y ampliamente extendido en el comercio formal como un elemento vinculado a la criminalidad implica una estigmatización sin fundamentos que pone en riesgo el vínculo de cooperación entre el sector privado y las autoridades estatales.

Las empresas proveedoras de servicios de pago digital, entre ellas Mercado Pago, mantienen desde hace años canales formales de colaboración con la Justicia y las fuerzas de seguridad. En numerosas investigaciones judiciales, estos actores han brindado información valiosa que permitió el avance de causas complejas, incluyendo delitos financieros y crimen organizado. Vincular sin distinción a estas plataformas con delitos penales no solo resulta irresponsable: debilita esa cooperación y desalienta la inversión tecnológica en un país que necesita con urgencia fortalecer su economía formal.

La controversia se encuadra en un contexto de tensión creciente entre la empresa y el gobierno santafesino, luego de que Mercado Libre anunciara que comenzará a desglosar en sus plataformas los tributos nacionales y provinciales que gravan las operaciones, buscando una mayor transparencia para consumidores y comerciantes. Esta decisión responde a las disparidades crecientes en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias, un impuesto regresivo y distorsivo cuya acumulación encarece los precios finales y resta competitividad a las economías locales.

En lugar de abrir un diálogo productivo sobre el impacto de la presión fiscal provincial, el gobierno santafesino optó por una respuesta confrontativa, que intenta instalar en la opinión pública una relación falaz entre tecnología financiera y criminalidad. Las consecuencias de este tipo de discursos son múltiples: generan inseguridad jurídica, atentan contra el clima de negocios y profundizan la desconfianza en la política como herramienta para resolver problemas concretos.

Los desafíos que enfrenta Santa Fe, y el país en general, en materia de seguridad y desarrollo económico, requieren de responsabilidad, diálogo y articulación público-privada. Declaraciones como las de Olivares van en sentido contrario: desinforman, dañan la reputación de empresas que cumplen con la ley, y alejan las soluciones. La gravedad del problema del narcotráfico no se combate con acusaciones ligeras ni con discursos punitivistas vacíos, sino con inteligencia, coordinación y confianza institucional.

domingo, 29 de junio de 2025

Graves denuncias por irregularidades electorales en Formosa: señalan un intento de fraude promovido por el aparato estatal

En las horas previas a las elecciones provinciales, la provincia de Formosa se encuentra envuelta en una nueva polémica institucional. La oposición denunció públicamente al gobernador Gildo Insfrán por un presunto intento de fraude electoral orquestado a través de una resolución del Tribunal Electoral Permanente (TEP) que busca impedir el trabajo de los fiscales del Frente Amplio Formoseño en varios departamentos del interior. La medida fue calificada como “ilegítima” y “fraudulenta” por distintos referentes opositores.

La candidata a diputada provincial Gabriela Neme fue quien encendió la alarma, al difundir el contenido del Acta N° 62/25 del TEP, emitida durante la veda electoral, en la cual se establece que los fiscales partidarios deberán ser oriundos del departamento donde se presenten a fiscalizar. Esto limitaría la posibilidad del Frente Amplio Formoseño de desplegar fiscales en distintas zonas clave del interior provincial, dificultando el control del proceso electoral.

“Es una maniobra descarada para obstaculizar la fiscalización, inventando una norma que no existe y que violenta principios constitucionales como la legalidad y la previsibilidad”, denunció Neme, quien anticipó que su espacio no acatará la disposición, aún a riesgo de detenciones o expulsiones. “El fraude lo cometen en el interior, y ahora quieren dejarlo sin control”, afirmó.

El Tribunal Electoral Permanente, compuesto por los jueces Claudio Daniel Moreno, Verónica Gabriela Hans de Dorrego y Sandra Mercedes Moreno, justificó la medida señalando que los fiscales deben “saber leer y escribir y ser electores inscriptos en el padrón del distrito Formosa”, agregando una exigencia territorial que no está contemplada en la Ley Electoral Provincial N° 152. Este accionar fue interpretado como una grave distorsión de la normativa vigente.

Desde el Frente Amplio Formoseño se presentó un recurso de impugnación, argumentando que la legislación provincial permite actuar a los fiscales en todo el distrito, sin restricciones geográficas, y que la decisión del TEP no solo carece de fundamento legal, sino que habilita la posibilidad de maniobras fraudulentas por parte del oficialismo.

Las denuncias también apuntan contra el poder judicial de la provincia, al que acusan de ser funcional al régimen de Insfrán. “El Tribunal Electoral responde al Ejecutivo. Esto demuestra la necesidad urgente de intervenir el Poder Judicial de Formosa, que ha dejado de ser un órgano independiente”, sostuvo Neme, señalando la complicidad institucional por omisión o acción de todas las autoridades responsables.

Entre los funcionarios señalados por avalar o permitir estas prácticas se encuentran el gobernador Gildo Insfrán, en el poder desde 1995, el vicegobernador Eber Wilson Solís, el Ministro de la Jefatura de Gabinete Dr. Antonio Emérito Ferreira y la subsecretaria de Gestión Pública, Dra. Roxana Valeria Monzón. También fueron mencionados los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia: Guillermo Horacio Alucín, Claudia María Fernández, Ariel Gustavo Coll, Marcos Bruno Quinteros, Ricardo Alberto Cabrera y Sergio Rolando López.

Las irregularidades denunciadas exponen, una vez más, la crítica situación institucional en la provincia de Formosa, donde rige un modelo de poder altamente concentrado y con escasos controles republicanos. El caso reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos de control federal y sobre los límites de la autonomía provincial cuando se vulneran derechos políticos fundamentales.

Mientras tanto, los comicios avanzan en un clima de fuerte tensión e incertidumbre democrática.

sábado, 28 de junio de 2025

Formosa, la democracia en jaque: poder perpetuo, control social y deterioro institucional

En la provincia de Formosa, el tiempo político parece haberse detenido. Gildo Insfrán gobierna desde 1995 y, con una reforma constitucional impulsada en 2003, logró habilitar la reelección indefinida sin que esas palabras aparezcan expresamente en el texto. La fórmula legal le permitió ser elegido ocho veces consecutivas. Tras un reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional ese mecanismo, Insfrán recurre nuevamente a una reforma, esta vez enmascarada bajo la ampliación de derechos digitales.

El resultado es una estructura de poder consolidada, sostenida con recursos públicos, propaganda oficial omnipresente y una dependencia económica casi total del Estado. El modelo político instaurado no solo limita la alternancia democrática, sino que ha configurado un sistema de control que permea todos los niveles institucionales y sociales. En Formosa, el 70% de los trabajadores lo hace en el Estado. El sector privado es marginal: apenas 22.800 empleados en una población superior a los 530.000 habitantes. La coparticipación federal cubre el 95% del presupuesto provincial.

En este esquema, la pobreza no solo persiste: se administra. La distribución de bolsones de comida en vísperas electorales, los condicionamientos para el acceso a la vivienda y los controles sociales informales configuran un clima de clientelismo estructural. En barrios periféricos como los lotes 110 y 111, los vecinos denuncian discrecionalidad en la entrega de viviendas y vigilancia irregular por parte de estructuras estatales o paraestatales. La oposición señala que el gobernador mantiene el control absoluto de los tres poderes, incluido el tribunal electoral.

Las consecuencias sociales son notorias. Formosa tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del país: 11 muertes cada 1.000 nacimientos. Aporta solo el 0,04% de las exportaciones nacionales y posee la menor densidad empresarial del país, según el Observatorio Pyme. Las comunidades indígenas del oeste, como los Wichí, Qom y Nivaclé, viven en condiciones de abandono y exclusión, con escasa o nula representación institucional.

El “modelo formoseño”, promovido por la gestión como un logro de infraestructura y conectividad, se impone también como narrativa dominante: está presente en contenidos escolares, actos públicos y propaganda estatal. El rector de la Universidad de Laguna Blanca lo definió recientemente como un motivo de orgullo que “molesta a los porteños”. Pero más allá del discurso, las condiciones materiales muestran otra realidad: migraciones internas por falta de producción agropecuaria, barrios sin cloacas, títulos de propiedad demorados, tarifas impagables y sectores completos de la población sin acceso efectivo a servicios básicos.


¿Cómo revertir esta situación?

La reversión de este sistema requiere, ante todo, recuperar la independencia de los poderes del Estado. Sin un Poder Judicial autónomo y un sistema electoral transparente, resulta imposible garantizar condiciones de competencia política real. La vigilancia internacional y la acción de organismos de derechos humanos podrían contribuir a visibilizar los abusos y promover estándares mínimos de gobernabilidad democrática.

Además, es necesario establecer límites constitucionales claros a la reelección indefinida. La falta de rotación en el poder concentra decisiones en una sola figura, elimina contrapesos y desincentiva la renovación institucional. A nivel social, solo un fortalecimiento del empleo privado, la educación libre de adoctrinamiento y una prensa independiente pueden reconstruir las condiciones para una ciudadanía autónoma y crítica.

La experiencia formoseña demuestra que la democracia no se agota en el acto electoral. Cuando el acceso a derechos está condicionado por la obediencia política, cuando el disenso es vigilado y castigado, y cuando el poder se perpetúa mediante el uso de recursos públicos, el sistema deja de ser democrático en los hechos. La transformación no será inmediata, pero es imprescindible comenzar por nombrar lo que sucede: un régimen que, bajo apariencia constitucional, ha vaciado de contenido a la democracia.

jueves, 26 de junio de 2025

Senadora Cristina López interrumpe informe del jefe de Gabinete y provoca la salida anticipada de Guillermo Francos del Senado

El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Senado fue abruptamente interrumpido debido al comportamiento de la senadora Cristina López (Unidad Ciudadana - Tierra del Fuego). Durante la sesión, marcada por la tensión política vinculada a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, la legisladora evidenció una actitud poco respetuosa y carente de escucha activa, llegando a calificar al funcionario de "mentiroso".

Este accionar no solo implicó una falta de respeto hacia el Jefe de Gabinete, sino que derivó en un grave perjuicio para la ciudadanía, al impedir que Francos pueda exponer en forma completa y ordenada las tareas y resultados del Poder Ejecutivo ante el Legislativo. Ante la negativa de López a retractarse de sus agravios, Francos decidió abandonar el recinto, interrumpiendo así un informe que se esperaba con expectativas sobre diversas áreas del gobierno.

La conducta de la senadora refleja una postura impropia del ámbito parlamentario, donde el respeto institucional y el diálogo deberían primar, especialmente en un contexto donde se requiere la máxima responsabilidad para el análisis y control del gobierno. El incidente generó un escándalo que opacó el contenido del informe y afectó el normal desarrollo de la sesión, dejando en evidencia una grave carencia en el rol que debe desempeñar un representante público en defensa del interés general.

martes, 24 de junio de 2025

La Justicia Federal reactiva la investigación contra Gustavo Elías por lavado de dinero y vínculos con Hugo Moyano

La Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió el 12 de junio de 2025 que debe avanzar la causa por presunto lavado de activos que involucra al empresario Gustavo Fabián Elías, a su socio Gustavo Manuel Damiani y a una red de personas físicas y jurídicas presuntamente utilizada para disimular el origen ilícito de fondos millonarios. La resolución rechaza el pedido de cierre del expediente que habían presentado las defensas, y reafirma que se trata de una causa compleja, de gravedad institucional, que debe continuar en la jurisdicción de origen.

Elías es el titular de un holding con presencia en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras localidades, que incluye medios de comunicación como La Nueva, empresas logísticas, inmobiliarias y de transporte, además de haber manejado millonarios negocios en el puerto de Buenos Aires. La Fiscalía lo acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a la evasión fiscal y al lavado de dinero, que habría operado entre 2011 y 2018 con la participación de unas 40 personas conectadas por vínculos familiares y societarios, y a través de al menos 80 empresas.

El caso se originó a partir de una denuncia anónima presentada en 2015 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), lo que derivó en una pesquisa impulsada inicialmente por el fiscal Antonio Castaño, y luego continuada por el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva. La acusación se consolidó con dos dictámenes presentados en julio de 2022 y mayo de 2023, en los que se señala a Elías como jefe de la presunta asociación ilícita.

Según esos dictámenes, entre las maniobras investigadas se incluyen transferencias entre sociedades con los mismos beneficiarios, uso de facturación apócrifa, adquisición de bienes ajenos al objeto social, contratos sin sustento económico real, y blanqueo de activos sin justificación. Uno de los puntos destacados por la fiscalía fue el crecimiento patrimonial de Elías: en 2011 creció un 278 %, en 2012 un 83 %, y en 2014 otro 78,6 %, con declaración de activos por 40 millones de pesos en el exterior durante el blanqueo fiscal impulsado por el expresidente Mauricio Macri en 2016.

La defensa del empresario, a cargo del abogado Daniel Llermanos —histórico representante legal de Hugo Moyano—, planteó la nulidad de todo el proceso judicial, argumentando que surgió de una denuncia anónima y que las inspecciones realizadas por la AFIP no arrojaron elementos para imputar a Elías ni a otras personas. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, expresó Llermanos, quien también sostuvo que la investigación tiene motivaciones políticas vinculadas al rol mediático del empresario y a la línea editorial de La Nueva Provincia y La Brújula, críticos con la Justicia federal.

Pese a esos argumentos, la Cámara Federal integrada por los jueces Roberto Amabile y Pablo Larriera consideró que no hubo demoras injustificadas en la tramitación de la causa y subrayó que la complejidad del expediente —con informes de AFIP, levantamientos de secreto fiscal, análisis contable y societario— justifica su duración. En su resolución, Amabile reclamó que el juzgado imprima “la debida diligencia” al avance de la investigación.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es la sospecha de que Gustavo Elías y su red de empresas actuaron como testaferros del líder sindical Hugo Moyano y de su familia. Entre las sociedades bajo sospecha figura Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), constituida en 2007 por Elías junto a Llermanos y otros socios como Norberto Domingo Torres, Gustavo Damiani y Sergio Fabián Espeleta, este último titular de Chenyi SA, empresa donde trabajó una hijastra de Moyano entre 2003 y 2020. A partir de 2011, Ivetra SA obtuvo sin licitación el contrato del “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un seguro de US$67 más IVA por contenedor, lo que le generó ingresos millonarios. La diputada Elisa Carrió denunció esta adjudicación en sede judicial.

La investigación también incluye sociedades panameñas vinculadas al grupo, reveladas en los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entre ellas figuran Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas, cuyos directivos incluían a Juan Ignacio Elías, hijo del empresario. A pesar de las consultas del equipo argentino del ICIJ, la familia Elías se negó a responder preguntas o aportar documentación, alegando que esas firmas nunca tuvieron actividad y que podrían ser usadas con fines de “politización electoralista”.

El expediente se vio trabado durante 2024 por una disputa de competencia judicial entre el Juzgado Federal de Bahía Blanca, encabezado por Walter López da Silva, y el Juzgado en lo Penal Económico N.º 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Rafael Caputo Tártara. López da Silva alegó que muchas de las operaciones bajo investigación se desarrollaron en Buenos Aires y que por ello debía remitirse el expediente a esa jurisdicción. Caputo Tártara giró la causa al fiscal Jorge Dahl Rocha, quien aún debe dictaminar si su juzgado es competente.

Sin embargo, la Cámara Federal bahiense zanjó esa discusión en septiembre de 2024 al apartar a López da Silva y ordenar que el expediente continúe en Bahía Blanca, por ser el centro de vida y de operaciones del grupo investigado. Así, el tribunal confirmó que la investigación debe proseguir en esa jurisdicción, con celeridad y diligencia.

Ahora, la responsabilidad de avanzar con las medidas probatorias solicitadas por la fiscalía, incluyendo declaraciones indagatorias y allanamientos, recae nuevamente sobre el juzgado de origen. La trama que vincula a empresarios, medios de comunicación, sociedades off shore, servicios en el puerto y posibles conexiones con el sindicalismo camionero permanece bajo investigación. A casi una década del inicio de la causa, la Justicia deberá determinar si se trató de un armado financiero irregular de magnitud o si, como sostiene la defensa, todo responde a una operación sin sustento jurídico.

sábado, 21 de junio de 2025

Entrega irregular de viviendas Procrear a personal policial: presunta estafa y posible delito funcional

El Ministerio de Seguridad de la Nación, al mando de la ministra Patricia Bullrich, enfrenta graves denuncias por la entrega de 160 viviendas del plan Procrear —predeterminadas para familias adjudicadas en diciembre de 2023— a efectivos de fuerzas federales. Las viviendas, ubicadas en el edificio Sagol de Avellaneda, habían sido sorteadas para personas que cumplieron todos los requisitos, gestionaron créditos y aguardaban por la mudanza en enero de 2024. Hubo reclamos formales, presentaciones ante el Banco Hipotecario y registros de oficios al Ministerio de Seguridad y de Economía, impulsados por las familias damnificadas.

El acto se desarrolló con fuerte custodia policial y sin convocatoria pública: se impidió el acceso a las familias ganadoras. El secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, justificó que las viviendas estaban “sin uso o destinadas al alquiler turístico” y que reasignarlas al personal de las fuerzas federales era “una devolución” por su labor, sin mencionar qué ocurriría con los legítimos adjudicatarios.

Grafiti sobre las viviendas que indica "Bullrich Usurpadora"
 

El defensor del Pueblo local, Daniel García, calificó la maniobra como “una estafa y, me animo a decir, una asociación ilícita”. Alrededor de 60 familias ya organizan una acción colectiva: presentarán un amparo en los tribunales para exigir la instalación de conexiones definitivas (conexión eléctrica, formalización de créditos) que el programa Procrear había gestionado sin dilaciones hasta diciembre de 2023.

El conflicto se ubica en un marco mayor: el Procrear fue disuelto en 2024 y el Banco Hipotecario interrumpió trámites en febrero de 2024, en línea con la decisión del Gobierno nacional de suspender el financiamiento de estas obras. Pese a ello, las familias continuaron con su trámite y habían recibido tarjetas de débito para avanzar con el crédito hipotecario. No obstante, fueron repentinamente bloqueadas sin toda explicación.

Carteles con las leyendas: #Sagol ya tiene dueños. Bullrich construí casas si querés regalar -esta es mía- sorteo. Soy Jubilada y Alquilo. Milei-Bullrich no me roben mi casa. Soy jubilada.

La entrega unilateral de viviendas ya asignadas generó un rechazo generalizado. Vecinos, organismos estatales y organizaciones sociales advierten que la reasignación fue completamente arbitraria: no existió procedimiento público, ni explicación legal, ni apertura de audiencias a los afectados. Otras provincias podrían replicar esta metodología, según lo expresado por las autoridades .

Obligación legal de investigar y posible delito funcional

Las denuncias plantean que la ministra Bullrich y su cartera podrían estar violando el deber de funcionario público, al incumplir las obligaciones legales vinculadas a la gestión de bienes estatales y la protección de los derechos de personas legítimamente adjudicadas. Si se comprueba que actuaron fuera del marco legal —omitiendo recursos, licitaciones y controles previstos—, estarían incurriendo en presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público.” En este caso, la justicia deberá evaluar no solo la invalidación del acto administrativo, sino también la eventual responsabilidad penal o administrativa de las autoridades .

La decisión del Ministerio de Seguridad de reasignar viviendas Procrear adjudicadas a otras familias, para entregarlas a personal de las fuerzas federales, ha derivado en una profunda crisis institucional. Las familias afectadas reclaman justicia, con amparos colectivos y presentaciones ante organismos públicos. La eventual investigación judicial deberá dilucidar si se trató de una decisión política arbitraria o de una acción funcionalmente irregular, que implique consecuencias penales. El Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentra ante una exigencia ineludible: ser investigado por el posible incumplimiento de deberes y las violaciones a derechos constitucionales en materia de vivienda.

A su vez algunas cuestiones que llamaron la atención es que el acto pareció más una acción proselitista, pues según reporta el portal El Agora Digital y se ven en los videos oficiales aparecieron José Luis Espert y Gerardo Milman, personas que no están ocupando cargos en las carteras de Seguridad. Pero si buscan posicionarse en Provincia de Buenos Aires. En síntesis: usaron a personal de las fuerzas para un acto partidario.

Este no sería el primer acto de manejo irregular del derecho a la propiedad, hace ya varios meses se denuncia  que Policía Federal Argentina (que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación) debe 18 meses de alquiler en Lomas de Zamora.

Los damnificados por este acto del Ministerio de Seguridad Nacional están publicando en las siguientes redes sociales, x.com/VecinosDeSagol e Instagram

domingo, 15 de junio de 2025

La caída del entramado: cómo la Justicia desentrañó doce años de corrupción kirchnerista

La imagen de José López corriendo por un convento de monjas en General Rodríguez con bolsos repletos de nueve millones de dólares se convirtió en el símbolo de una época. Era junio de 2016, y aquellas filmaciones marcaron el comienzo del fin de lo que los tribunales describirían después como una red de corrupción que operó durante doce años en el corazón del poder argentino.

El día que todo comenzó a derrumbarse

Cuando López, ex secretario de Obras Públicas, fue capturado con el dinero y una carabina entre las paredes del convento, pocos imaginaban que ese episodio sería apenas la punta del iceberg. La detención del funcionario que manejaba las obras públicas del país abrió una caja de Pandora que todavía sigue revelando secretos.

López no tardó en convertirse en arrepentido. Desde su celda comenzó a narrar el funcionamiento de lo que los fiscales bautizaron como "la ruta del dinero K": un circuito donde las empresas constructoras pagaban coimas por las obras públicas, dinero que viajaba en bolsos desde las oficinas empresariales hasta los despachos del poder. Su testimonio alimentó los famosos "cuadernos de la corrupción", donde un chofer anotaba meticulosamente cada entrega de sobornos.

La red se extiende: De Vido, el articulador del sistema

En el centro de esta trama estaba Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal que durante doce años controló las obras públicas más importantes del país. Los tribunales lo describen como el funcionario con más causas penales: desde la tragedia ferroviaria de Once hasta las licitaciones de Odebrecht-Aysa, pasando por las irregularidades en el financiamiento de la serie "Mamá Corazón" donde también resultó involucrada la actriz Andrea Del Boca.

De Vido había construido un sistema donde cada obra pública tenía su precio. Las empresas de Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Néstor Otero pagaban para acceder a los contratos millonarios. El dinero fluía hacia arriba en la pirámide del poder.

Ricardo Jaime: el pionero de las condenas

Antes que López corriera por el convento, ya había caído Ricardo Jaime. El ex secretario de Transportes fue el primero en ser detenido, en abril de 2016, por orden del juez Julián Ercolini. Su historia judicial se convirtió en un catálogo de la corrupción: cinco años por la tragedia de Once, condenas por dadivas, por intentar robar documentación durante un allanamiento, por enriquecimiento ilícito, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Jaime había estado en el epicentro de las decisiones que costaron vidas humanas. La tragedia de Once, donde murieron 51 personas, se había convertido en el símbolo de cómo la corrupción puede ser letal. Los trenes que compraba eran chatarra, pero las coimas que cobraba eran millonarias.

Boudou: el vicepresidente y la imprenta

Mientras estos funcionarios manejaban obras y transportes, Amado Boudou, desde la vicepresidencia, había montado su propio esquema. La compra de la imprenta Ciccone se convirtió en un caso paradigmático: utilizó testaferros para adquirir una empresa que después recibió contratos millonarios del Estado para imprimir billetes.

La fotografía de Boudou en pijama durante su detención se volvió icónica, símbolo de cómo el poder había caído en desgracia. Cinco años y diez meses de prisión confirmados por la Corte Suprema certificaron que el segundo en la línea de sucesión presidencial había sido parte del entramado corrupto.

Lázaro Báez: el empresario del círculo íntimo

Pero ningún esquema habría funcionado sin los empresarios dispuestos a pagar. Lázaro Báez no era un funcionario, pero era algo más valioso para el sistema: era amigo y socio comercial de Néstor Kirchner, y después de Cristina. Su empresa, Austral Construcciones, se convirtió en la principal beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz.

Báez construyó un imperio con dinero público. La "Ruta del dinero K" que llevó su nombre mostró cómo lavaba los fondos obtenidos ilegalmente. Diez años de prisión por lavado, seis años por la causa Vialidad, cuatro años y medio por la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay. Los números de sus condenas reflejan la magnitud de sus operaciones.

El círculo se cierra: Cristina Kirchner

En el vértice de esta pirámide estaba Cristina Kirchner. Durante años, la ex presidenta observó cómo los tribunales condenaban a sus funcionarios más cercanos. Hasta la semana pasada, cuando la Corte Suprema confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

La confirmación de su sentencia cerró un círculo que había comenzado con López corriendo por el convento. El próximo miércoles, la ex presidenta deberá presentarse en Comodoro Py para quedar detenida. Pidió arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Monserrat, el mismo barrio donde funcionarios como De Vido y López habían manejado los hilos del poder.

Los que completaron el sistema

El entramado no habría sido posible sin otros actores clave. Romina Picolotti utilizaba fondos del Ministerio de Medio Ambiente para gastos personales. Ricardo Echegaray, desde la AFIP, facilitaba las operaciones fiscales irregulares. Juan Pablo Schiavi, otro responsable de la tragedia de Once, completaba el círculo de responsabilidades en el transporte público.

Guillermo Moreno, desde Comercio Interior, manipulaba estadísticas en el INDEC y usaba fondos públicos para hacer merchandising con la leyenda "Clarín Miente". Felisa Miceli fue la primera en caer cuando encontraron una bolsa con dinero sin declarar en el baño de su despacho, convirtiéndose en la primera funcionaria kirchnerista con condena confirmada.

Los aliados territoriales

La red se extendía más allá del gobierno nacional. Milagro Sala desde Jujuy, Sergio Urribarri desde Entre Ríos, y José Alperovich desde Tucumán completaban un sistema que abarcaba todo el país. Aunque Alperovich fue condenado por delitos sexuales, los otros dos enfrentaron condenas por corrupción que mostraban cómo el modelo se replicaba en las provincias.

El juicio que viene: los cuadernos de la corrupción

El próximo 6 de noviembre comenzará el juicio más importante: el de los "cuadernos de la corrupción". Allí se juzgará a Cristina Kirchner junto a los principales empresarios de la construcción del país. López, ahora arrepentido, será testigo clave para contar cómo funcionaba el sistema que él mismo ayudó a construir.

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que durante años registró cada entrega de dinero, se convirtieron en la evidencia más sólida de cómo operaba la red. Cada línea de sus cuadernos cuenta una historia de sobornos, cada fecha registrada marca un día en que el dinero público se desviaba hacia bolsillos privados.

El final de una era

Desde aquella corrida de López por el convento hasta la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, la Justicia tardó ocho años en desentrañar completamente la red. Los tribunales federales de Comodoro Py se convirtieron en el escenario donde se escribió el epílogo de doce años de gobierno kirchnerista.

La historia que comenzó con bolsos de dólares en un convento de monjas terminó con la ex presidenta de la Nación pidiendo prisión domiciliaria. Entre ambos extremos, una sucesión de condenas que dibujaron el mapa de lo que los fiscales califican como el esquema de corrupción más grande de la historia argentina reciente.

El próximo miércoles, cuando Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py, se cerrará definitivamente un capítulo que comenzó con la imagen de José López corriendo con sus bolsos. La justicia habrá completado un círculo que tardó casi una década en cerrarse, pero que finalmente puso punto final a una era marcada por la corrupción sistemática en las más altas esferas del poder.

Licitación exclusiva con Oracle en Seguridad Nacional: cuestionamientos a la falta de alternativas tecnológicas

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, abrió recientemente el proceso de Licitación Pública N.º 11/2025 (expediente EX-2025-54510093- -APN-DCO#MSG) para la “Consolidación de Infraestructura con provisión de sistemas de cómputo y almacenamiento” en los datacenters del Ministerio y de las Fuerzas Federales. Si bien el objetivo declarado es modernizar y centralizar la infraestructura tecnológica, el proceso ha despertado críticas por su dependencia exclusiva de tecnología de Oracle Inc., lo que pone en cuestión las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la soberanía digital y la lucha contra la corrupción.

Una licitación cerrada y con indicios de ser direccionada

El pliego establece una contratación "llave en mano" en dólares, por un período de 48 meses, con provisión de equipamiento, licencias, servicios de instalación, migración y soporte. Sin embargo, todas las soluciones exigidas –incluidas 244 licencias específicas de productos Oracle, sistemas de almacenamiento ZFS, servidores Exadata Cloud@Customer y consultoría especializada– requieren certificaciones, experiencia comprobable y autorización directa de Oracle, excluyendo de hecho a otros fabricantes de software y hardware.

Incluso el anexo técnico exige explícitamente que los términos de uso estén regidos por los contratos estándar de Oracle (MST, TCSA y TOMA), lo que traslada los términos comerciales y legales de una corporación extranjera directamente al contrato estatal argentino.

Riesgos de corrupción y dependencia tecnológica

Este tipo de contratación unificada, sin posibilidad de cotizar por renglón ni incorporar alternativas tecnológicas, limita la competencia y favorece el direccionamiento de la licitación hacia un único proveedor. Esto no solo genera riesgo de cartelización, sino que también vulnera principios de transparencia y economía establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.

Además, al incluir cláusulas restrictivas impuestas por Oracle sobre el uso, transferencia y modificación de software y hardware, se compromete la autonomía del Estado sobre su propia infraestructura tecnológica. El modelo elegido impide realizar auditorías independientes o adaptaciones críticas sin el visto bueno del proveedor original, lo cual aumenta el costo y reduce el margen de maniobra del Estado a futuro.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional que participaron en el proceso de licitación son: el Dirección General de Tecnología de la Información, Jorge Adolfo Teodoro, y el Coordinador de Infraestructura Tecnológica Miguel Ángel Casares. Ambos fueron designados de forma recurrente mediante cargos transitorios y en ocasiones "mediante excepción", tal se consigna en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El caso Microsoft y la necesidad de abrir el juego

Situaciones similares se han registrado en contratos del Estado con Microsoft, donde la adquisición masiva de licencias ha sido cuestionada por su falta de licitaciones abiertas o consideraciones técnicas objetivas. Estas prácticas consolidan monopolios tecnológicos en áreas estratégicas del Estado, como la seguridad y los datos sensibles.

Alternativas viables con software libre

Existen múltiples soluciones de software libre y código abierto que podrían cumplir con los requerimientos técnicos establecidos, reduciendo costos, evitando la dependencia tecnológica y fomentando el control estatal:

  • Base de datos: PostgreSQL, MariaDB, Firebird.

  • Infraestructura cloud y virtualización: Proxmox, OpenStack, oKVM.

  • Sistemas de almacenamiento: Ceph, GlusterFS, ZFS (sin restricciones de Oracle).

  • Herramientas de auditoría y seguridad: OSSEC, Wazuh, Snort, Auditd.

Además de contar con comunidades globales activas, estas soluciones ofrecen ventajas como transparencia de código, independencia del proveedor, interoperabilidad, mayor control sobre actualizaciones y mejor auditabilidad.

Llamado a la apertura y a una política tecnológica soberana

En un contexto donde la transparencia en la administración pública y la lucha contra la corrupción son banderas oficiales, resulta contradictorio que el Ministerio de Seguridad cierre su infraestructura crítica a un único proveedor sin analizar alternativas. La ministra Patricia Bullrich, como máxima autoridad firmante del proceso, tiene la posibilidad de revisar estas decisiones y propiciar una estrategia de compras públicas que favorezca la competencia, el desarrollo nacional y el uso de tecnologías abiertas.

Una infraestructura estatal basada en estándares abiertos, software libre y proveedores diversos no solo refuerza la seguridad informática nacional, sino que también garantiza la independencia tecnológica del Estado argentino en áreas sensibles como la seguridad interior.

Los procesos de licitación llaman poderosamente la atención y las autoridades ministeriales no han dado explicación alguna, más allá de Patricia Bullrich, otras autoridades cómo Carlos Alberto Manfroni, Alejandra Susana Monteoliva, Martín Siracusa, Gustavo Luis Gavassa, Analía Verónica Zappulla no han dado cuenta de estas situaciones.

jueves, 12 de junio de 2025

Amparo de Salud: Graves deficiencias en la Superintendencia de Bienestar afectan la cobertura de salud del personal de la Policía Federal Argentina

Una reciente resolución judicial (en el expediente “FERREYRA, CATALINO LISANDRO Y OTROS c/ SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR-OBRA SOCIAL DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA” N° /s/AMPARO LEY 16.986 5595 2025) ha puesto en evidencia serias falencias en el sistema de salud destinado al personal de la Policía Federal Argentina (PFA), administrado por la Superintendencia de Bienestar. A través de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N°2 de Paraná, se ordenó a dicho organismo restablecer de manera urgente las prestaciones médicas suspendidas a sus afiliados, que venían siendo privadas sin causa justificada.

La medida fue adoptada en el marco de una acción de amparo presentada por un grupo de afiliados, quienes denunciaron la interrupción total de los servicios sanitarios a pesar del pago regular de sus aportes. Según consta en la resolución firmada el 9 de junio, el tribunal consideró “prima facie acreditada” la verosimilitud del reclamo y señaló que la situación configura una “carencia de las prestaciones básicas” que deberían estar garantizadas conforme al Plan Médico Obligatorio (PMO) y al Anexo I del propio régimen de salud de la Superintendencia.

La sentencia refiere informes emitidos por diversas entidades prestadoras —entre ellas FEMER, AKER, Bicover, y el Instituto Santa Lucía— que confirman la interrupción de servicios esenciales. Además, el fallo destaca que esta omisión expone a los afiliados a un daño irreparable en su salud física y emocional, lo que vulnera derechos constitucionales fundamentales.

Un punto central del conflicto radica en que la denominada “obra social” de la Policía Federal Argentina no está reconocida formalmente como tal por la Superintendencia de Servicios de Salud, el ente regulador del sistema nacional. Esta particularidad genera una zona gris en términos de regulación, supervisión y exigibilidad de derechos por parte de los afiliados, quienes quedan al margen del control estatal que rige para el resto de las obras sociales sindicales y estatales del país. A su vez es de afiliación obligatoria por parte del personal de la PFA, y no pueden desafiliarse o enviar los aportes a otra obra social o prepaga.

La jueza interviniente ordenó que en un plazo de dos días la Superintendencia de Bienestar restablezca las prestaciones médicas correspondientes y presente documentación ante el juzgado que acredite el cumplimiento de la medida y detalle el plan de acción para normalizar la atención. También estableció que la cautelar tendrá una vigencia inicial de tres meses.

El caso pone de relieve la fragilidad institucional de un sistema que debería estar orientado al bienestar de los miembros de una de las fuerzas de seguridad más relevantes del país. En la práctica, la falta de reconocimiento formal de esta “obra social” por parte de los organismos competentes implica una preocupante situación de desprotección para miles de afiliados y sus familias, quienes dependen de esta cobertura para acceder a servicios básicos de salud.

El Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Patricia Bullrich y Carlos Alberto Manfroni no ha dado ninguna resolución a este conflicto, tampoco María Lorena Petrovich titular de la Directora Nacional de Bienestar de dicho organismo del cual dependen las Fuerzas. Cabe destacar que Petrovich esta preocupada por cuestiones legislativas más que el bienestar del personal de las fuerzas. Petrovich cuenta con un frondoso prontuario, por uso arbitrario de permisos en el COVID y fue denunciada por pagar a su empleada domestica con un cargo en el senado de la provincia de Buenos Aires.

La gestión de Petrovich fue marcada por una clara in-eficiencia y falta de control, y un acceso a un cargo ministerial por mera afinidad política.

Este episodio, que ahora se tramita bajo tutela judicial, reaviva el debate sobre la necesidad de reformar los marcos normativos y administrativos que regulan los regímenes de bienestar de las fuerzas federales, y plantea un interrogante ineludible: ¿quién responde cuando el propio Estado incumple con la garantía del derecho a la salud?

Violento episodio en la Legislatura porteña: denuncian que la diputada María Bielli irrumpió con tres personas en el despacho de Yamil Santoro

Un grave episodio de violencia institucional tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el legislador porteño Yamil Santoro denunciara que su despacho fue irrumpido y atacado por la diputada María Bielli, integrante del bloque kirchnerista, acompañada por tres personas aún no identificadas formalmente.

Según el testimonio del propio Santoro y de su equipo de trabajo, el incidente se produjo pocas horas después de que, en su rol como director de la Fundación Apolo, el legislador presentara ante la Justicia un pedido para que se establezcan restricciones a la eventual prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación judicial plantea que dicha modalidad debe aplicarse en condiciones de control efectivo, sin beneficios de confort ni propiedades lujosas pagadas con fondos públicos.



La denuncia por el ataque fue formalizada por Santoro tras lo ocurrido. De acuerdo con lo relatado, la diputada Bielli habría ingresado en actitud violenta a las oficinas del legislador en la Legislatura porteña, acompañada por tres personas, y procedido a agredir verbalmente a los presentes. El grupo arrojó sillas, un monitor y forzó la puerta de la oficina personal de Santoro, a quien habrían estado buscando. El legislador no se encontraba en ese momento en el lugar, lo que evitó un posible enfrentamiento directo.

“Revolearon muebles y amenazaron a mi equipo a los gritos. Son cavernícolas”, publicó Santoro en sus redes sociales, calificando el episodio como una muestra de intolerancia política y violencia institucional inaceptable.

Cámaras de seguridad de la Legislatura registraron el ingreso de Bielli y sus acompañantes al despacho, confirmando el carácter intempestivo y agresivo de la irrupción. Los videos ya fueron puestos a disposición de las autoridades para su análisis.

Santoro anunció que solicitará una sanción disciplinaria contra la legisladora, exigiendo que se evalúe su conducta en el recinto legislativo y se determine su eventual desplazamiento. “No sé qué hubiera pasado si me encontraban ahí”, expresó con preocupación el legislador, al tiempo que destacó que su jefa de despacho fue retirada del lugar a tiempo para evitar una posible agresión directa.

El hecho ha generado amplio repudio en diversos sectores del arco político porteño. Si bien aún no hubo declaraciones oficiales del bloque kirchnerista en la Legislatura, se espera que el tema sea tratado en la próxima sesión parlamentaria.

La violencia dentro de las instituciones democráticas representa un retroceso alarmante en los estándares de convivencia cívica. La gravedad del accionar atribuido a la diputada Bielli y sus acompañantes pone en cuestión no solo la conducta de una funcionaria electa, sino también los límites de la disputa política dentro de los marcos legales y democráticos.

El incidente abre una nueva instancia de tensión en el escenario político local, justo en un momento de fuerte polarización, donde la violencia –aunque sea simbólica– no puede ser naturalizada ni tolerada bajo ningún concepto.

domingo, 8 de junio de 2025

Reforma de la Policía Federal por decreto: alertan sobre el impacto en la democracia y los derechos laborales

El Poder Ejecutivo avanza, en estricto sigilo, con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga la ley orgánica de 1958 y declara a la Policía Federal Argentina (PFA) en “estado de emergencia” durante dos años. La medida —impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que el presidente Javier Milei terminaría de firmar a su regreso del exterior— concentra amplias facultades de reorganización y habilita detenciones de hasta diez horas a quienes no acrediten identidad, así como requisas y vigilancia digital sin orden judicial. Expertos advierten que el procedimiento escogido margina a los principales afectados —el personal policial— y erosiona pilares básicos del sistema democrático.

Según revela el portal Urgente24 los documentos serían parte del EX-2025-58563991- -APN-SSN#MSG.

El atajo del DNU y la falta de deliberación

La Constitución exige que toda reforma de rango legal pase por el Congreso, salvo “circunstancias excepcionales”. Sin embargo, el Gobierno acudió al DNU poco antes de que venza, el 8 de julio, la delegación de facultades legislativas otorgada por la Ley Bases. Al tratarse de una reestructuración —sin una contingencia imprevisible— penalistas y legisladores señalan un posible exceso de poder reglamentario y, en consecuencia, la vulneración del principio de reserva de ley. Además, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo sólo puede convalidar o rechazar el decreto a posteriori, cuando sus efectos ya estarán operando.

Democracia interna y derechos del personal

La reforma faculta al Ministerio a rediseñar escalafones, limitar el cupo de suboficiales y crear programas de ingreso “específicos para universitarios”, todo sin consulta previa ni negociación con los cuadros actuales. Sindicarse o participar en paritarias sigue vedado para el personal de seguridad; por ello, disponer unilateralmente de sus condiciones de trabajo y carrera supone, según juristas laboralistas, “una afectación directa a la libertad de asociación y al derecho a la participación en los asuntos que los conciernen” reconocidos por los convenios 87 y 98 de la OIT. El decreto también habilita contrataciones directas y traslados sin licitación, prácticas que, para especialistas en administración pública, “consolidan un esquema de mando vertical ajeno a los contrapesos propios de una democracia deliberativa”.

Facultades controvertidas: detención, requisas y ciberpatrullaje

El borrador conserva la cláusula que autoriza a demorar hasta diez horas a quien no acredite identidad, figura comparable a la “averiguación de antecedentes” que la jurisprudencia consideró lesiva de libertades fundamentales durante la década de 1990. También permite requisas personales o de vehículos sin orden judicial cuando “no fuere posible esperar” o “existieran circunstancias que razonablemente permitan presumir” un delito. Para Fernando Carbajal, exjuez federal y diputado de la UCR, “es una vuelta al paradigma preconstitucional de detención preventiva sin control jurisdiccional”.

En cuanto al inciso 11 del artículo 6, la PFA podrá realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” sin autorización judicial. Organizaciones de derechos digitales advierten que, sin parámetros objetivos, la medida habilita un ciberpatrullaje masivo que roza la vigilancia indiscriminada.

El argumento oficial y las réplicas

El Ministerio de Seguridad sostiene que la norma moderniza una ley “obsoleta” ante delitos complejos, inspira su modelo en el FBI y la Policía Federal de Brasil, y fija garantías explícitas: notificación inmediata al juez de turno, comunicación con familiares y separación física de demorados y detenidos.

Sin embargo, constitucionalistas responden que el problema no reside sólo en el contenido, sino en el proceso: dictar normas que afectan el núcleo de los derechos ciudadanos y laborales sin deliberación parlamentaria ni participación de quienes deberán ejecutarlas compromete el principio republicano de separación de poderes y la tutela judicial efectiva.

¿Qué puede pasar ahora?

Una vez publicado el DNU, la Bicameral Permanente tiene diez días hábiles para analizarlo y elevar dictamen; luego, ambas cámaras deberán pronunciarse. Mientras tanto, las nuevas reglas estarán vigentes. Distintas organizaciones civiles preparan acciones judiciales y no se descarta que asociaciones de retirados policiales —uno de los pocos espacios donde el personal puede expresarse— cuestionen la reforma por lesionar derechos adquiridos.

Conclusión. El debate ya no es sólo sobre seguridad, sino sobre la calidad democrática: gobernar mediante decretos en materia penal y laboral, sin diálogo interno ni externo, erosiona la legitimidad institucional y deja a los agentes —pilar operativo del sistema— sin voz en decisiones que modelarán su futuro profesional y su relación con la ciudadanía.

 

Testigo Juan Grabois: raves condiciones laborales en las fuerzas federales, denuncian abandono estatal y precariedad estructural

El personal de las fuerzas federales, en particular el de la Policía Federal Argentina (PFA), atraviesa una situación crítica en materia laboral, sanitaria y salarial, que pone en evidencia años de abandono estructural y una gestión deficiente por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente bajo la conducción de Patricia Bullrich.

La situación tomó estado público nuevamente tras la reciente detención de Juan Grabois, dirigente social y excandidato presidencial, quien al ser liberado ofreció un testimonio contundente sobre las condiciones en las que desempeñan sus funciones los efectivos policiales: “Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84”, declaró.

Las condiciones que describió Grabois no son nuevas, pero su testimonio reavivó un reclamo sostenido desde hace años por los propios miembros de la fuerza. Las oficinas y dependencias policiales carecen de infraestructura básica adecuada: no hay calefacción en pleno invierno, los insumos informáticos están completamente obsoletos, y las condiciones edilicias son insalubres. A esto se suma la ausencia de un sistema de gestión informatizado, lo cual no solo dificulta el trabajo diario sino que también expone a los agentes a mayores niveles de estrés y errores operativos.

En paralelo, la situación salarial del personal de la PFA y de otras fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, presenta un marcado retraso en relación con el promedio de los ingresos registrados del sector privado, conocido como RITPTE. La brecha entre ambos valores no ha dejado de crecer, lo que afecta el poder adquisitivo de miles de agentes que cumplen funciones esenciales para la seguridad pública.

Otro aspecto preocupante es el estado del sistema de salud al que acceden los efectivos. Las prestaciones son deficientes, con limitados servicios de atención médica, demoras en estudios y tratamientos, y sin convenios vigentes con la Superintendencia de Seguros de Salud. Esta situación habilita a las obras sociales de las fuerzas (Superintendencia de Bienestar, Churruca, IOSFA) a operar sin controles efectivos, lo que profundiza aún más el desamparo en el que se encuentran quienes deberían contar con una cobertura médica adecuada por la naturaleza riesgosa de su labor.

Lejos de encontrar respuestas o soluciones, las denuncias por estas condiciones suelen ser desoídas. Mientras se exige a los efectivos un alto grado de compromiso y vocación de servicio, el Estado parece no garantizar el mínimo necesario para que desempeñen sus tareas con dignidad.

La situación expone una contradicción profunda entre el discurso oficial sobre seguridad y el trato concreto que reciben quienes la sostienen en el terreno. La precarización del trabajo policial no solo afecta a los efectivos, sino que también pone en riesgo la eficacia del sistema de seguridad en su conjunto.

Las fuerzas federales, en su conjunto, exigen más que reconocimientos simbólicos o gestos de apoyo. Requieren políticas públicas sostenidas que garanticen condiciones laborales dignas, sueldos justos y acceso a sistemas de salud bajo estándares mínimos de calidad. Mientras tanto, persiste una deuda estructural que erosiona día a día la moral y la operatividad del personal que se encuentra en la primera línea de respuesta frente al delito y la violencia.

jueves, 5 de junio de 2025

Crisis salarial en el Hospital Garrahan: médicos con sueldos congelados frente a legisladores que cobran más de 9 millones de pesos

La controversia generada por las declaraciones de la diputada nacional Juliana Santillán, del espacio libertario, reavivó una discusión de fondo sobre la disparidad salarial en la Argentina. En el centro del debate se encuentra el Hospital de Pediatría Garrahan, una institución de referencia en salud pública infantil, donde médicos residentes y profesionales formados perciben salarios cercanos a los 700.000 pesos, mientras que los legisladores nacionales cobran dietas que superan los 9.500.000 pesos mensuales brutos.

Durante un cruce televisivo con la médica residente María Belén Mansilla, Santillán cuestionó el reclamo salarial del personal de salud y sostuvo que “una persona puede vivir con 360 mil pesos”, en alusión a una errónea interpretación de los datos oficiales del INDEC. La legisladora citó como referencia el costo de la canasta básica individual, omitiendo que dicha cifra no contempla alquiler ni gastos familiares y que el valor para una familia tipo supera ampliamente el millón de pesos.

Mansilla, en tanto, explicó con claridad que el aumento ofrecido por el Gobierno nacional consiste en un bono no remunerativo, que no impacta en el salario básico ni en los aportes previsionales. “Somos médicos, tenemos matrícula, trabajamos más de 8 horas por día y hacemos hasta seis guardias mensuales de 24 horas. ¿Usted podría vivir con $797.000?”, preguntó la residente.

La respuesta de Santillán, lejos de brindar soluciones o comprensión, fue minimizar la situación con ironías y argumentos ideológicos, como sugerir que los profesionales pidan al Estado la reducción del gasto administrativo, sin atender al hecho concreto de que los médicos reclaman un salario digno por una tarea esencial y altamente especializada.

El contraste salarial entre quienes legislan y quienes salvan vidas en el sistema público de salud evidencia una profunda desconexión entre los representantes políticos y las condiciones reales de la ciudadanía. Mientras los médicos enfrentan una inflación que erosiona su poder adquisitivo, el Congreso ha aprobado reiteradas subas en sus dietas, incluso en contextos de ajuste generalizado.

Este desfasaje no solo refleja una desigualdad económica, sino también una grieta en la comprensión de la realidad: quienes deberían interpretar y aplicar políticas públicas basadas en datos estadísticos —como los del INDEC— demuestran, en algunos casos, una alarmante incapacidad para hacerlo.

La situación del Garrahan no es aislada. Se replica en múltiples hospitales del país, donde la vocación médica convive con la precarización. Frente a esta realidad, la deslegitimación del reclamo y la banalización del rol sanitario constituyen señales preocupantes para el futuro del sistema de salud y para la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía. Una situación similar sucede en el complejo hospitalario Churruca (que presta servicios la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina), y IOSFA.

El debate de fondo no es solo cuánto ganan los médicos, sino qué valor le otorga la sociedad —y en especial sus dirigentes— al trabajo esencial.

miércoles, 4 de junio de 2025

Fallo judicial y negligencia pericial dejan en evidencia graves falencias en el Poder Judicial de Salta

Benicio Cuellar, un profesor de inglés de 54 años, recuperó su libertad tras pasar 18 meses en prisión por una denuncia de abuso sexual que, finalmente, se demostró falsa. El caso no solo expone la vulnerabilidad de los ciudadanos ante errores judiciales, sino también la falta de idoneidad y control en el accionar de los funcionarios y peritos del Poder Judicial de Salta, que prolongaron injustamente su detención.

Un sistema que falló en todos sus niveles

Cuellar fue detenido en febrero de 2024 tras una denuncia presentada meses antes. Sin embargo, el informe psicológico clave que desvirtuaba la acusación —realizado en marzo de 2024— fue omitido por la psicóloga judicial Silvia Susana Fuenzalida, retrasando su liberación hasta ahora.

El sobreseimiento llegó solo después de que una nueva pericia confirmara que la supuesta víctima nunca sufrió abusos y admitiera haber inventado la acusación. Para entonces, Cuellar ya había perdido un año y medio de su vida, su salud se deterioró en prisión y su familia quedó marcada por lo que su hija, Eliana, calificó como "una película de terror".

Negligencia judicial y ausencia de controles

El caso revela graves deficiencias en el sistema:

  1. Falta de idoneidad pericial: La psicóloga Fuenzalida, funcionaria del Distrito Judicial de Tartagal, no presentó a tiempo un informe decisivo, violando protocolos básicos.

  2. Inacción judicial: Los jueces a cargo no exigieron revisiones oportunas ni verificaron la solidez de las pruebas, permitiendo que un hombre inocente permaneciera encarcelado sin fundamentos reales.

  3. Desamparo de las víctimas de errores judiciales: La familia Cuellar denunció que no existieron mecanismos efectivos para revisar el caso antes, a pesar de la ausencia de pruebas contundentes.

"Mi padre tendría que haber salido el año pasado. No había pruebas, pero lo trataron como un monstruo", declaró Eliana Cuellar, quien además señaló que nadie asumió responsabilidad por el daño causado.

Un sistema que no responde

Este caso no es aislado. En Salta, la falta de supervisión sobre peritos, fiscales y jueces ha derivado en situaciones similares, donde ciudadanos quedan atrapados en procesos irregulares sin vías rápidas para rectificar errores.

La familia Cuellar ahora enfrenta la reconstrucción de sus vidas, sin ninguna garantía de que se sancionará a los responsables. Mientras, el Poder Judicial de Salta sigue sin explicaciones claras sobre cómo evitarlo en el futuro.

La impunidad no es solo para los delincuentes, sino también para quienes, desde el Estado, fallan en su deber. Y mientras no existan mecanismos reales de control y reparación, casos como el de Benicio Cuellar seguirán repitiéndose.

El caos de Cuellar se da en el contexto temporal del caso de la jueza Julieta Makintach, que pone en jaque la credibilidad de los funcionarios judiciales.

domingo, 1 de junio de 2025

Plan Motosierra: crisis institucional por salarios de pobreza y despidos silenciosos en el Estado nacional

Educación, Salud y Seguridad: cuando lo esencial se paga de forma miserable. Políticos y Justicia: con sueldos abultados.

El gobierno del presidente Javier Milei, junto a su ministro de Economía Luis Caputo y el recientemente incorporado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfrenta una creciente crisis institucional debido a una política de ajuste que impacta directamente en las áreas más sensibles del Estado: salud, educación, seguridad, defensa y servicios sociales.

Desde el inicio de la gestión, se implementa una estrategia de desinversión presupuestaria y degradación de las condiciones laborales en diversos organismos del Estado nacional. Este proceso, que algunos definen como una forma de "despido silencioso", mantiene los salarios estatales por debajo de la línea de pobreza, empujando a miles de trabajadores a renunciar. Esta situación se agrava especialmente en sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el sistema sanitario y el educativo.

En el área de Defensa, el ministro Luis Petri enfrenta una profunda crisis de confianza interna. Más del 90% del personal de las Fuerzas Armadas manifiesta su malestar y expresa una creciente identificación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante lo que perciben como abandono por parte del Ejecutivo. La situación obligó al Gobierno a acelerar por decreto los aumentos salariales para evitar una ruptura institucional. En los cuarteles se repiten expresiones como “cobramos sueldos de subsistencia”, y se denuncian promesas incumplidas, falta de equipamiento y un sistema de salud colapsado (IOSFA). Los militares también exigen mejoras para los retirados y condiciones claras para el ascenso y la carrera profesional.

En el ámbito de la seguridad, las fuerzas federales, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, padecen una situación salarial crítica. Los sueldos fueron definidos por Martín Siracusa junto al equipo económico de Luis Caputo, pero resultaron insuficientes. En mayo de 2025, el Gobierno tuvo que realizar una recomposición urgente tras detectarse errores graves en las resoluciones ministeriales que definían los salarios, que ubicaban el salario promedio en torno a los $700.000 mensuales, valor muy por debajo de las necesidades reales. La situación generó protestas internas y descontento en distintas unidades, afectando la moral y el desempeño operativo. Las fuerzas de seguridad informan que estas actualizaciones son irrisorias para la mayoría del personal, y que no genera una real solución y que el atraso salarial estaría en torno a un 30% desde la asunción del gobierno Libertario.

Este error fue perpetrado por la denominada "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO", en la que participaron Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo, pero no personal de las fuerzas ni autoridades de las mismas. Si vale aclarar que la resolución firmada por Martín Siracusa luego si fue firmada por Bullrich, dando el aval Ministerial.

En el sistema de salud, la situación en el Hospital Garrahan expuso el deterioro generalizado. Médicos residentes, dependientes del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, realizaron protestas por sueldos inferiores a los $700.000. La respuesta oficial combinó amenazas de sanciones con anuncios ambiguos. La viceministra Cecilia Loccisano difundió un video prometiendo aumentos que nunca se oficializaron. Finalmente, se comunicó que los fondos para las mejoras salariales saldrían del propio presupuesto del hospital, sin compromiso concreto por parte de la cartera nacional.

En el plano educativo y social, la situación es igualmente alarmante. Las universidades nacionales siguen operando sin presupuesto actualizado, y programas como las pensiones por discapacidad o los planes de inclusión social han sido paralizados. Las movilizaciones frente al Congreso de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la educación han sido respondidas con acusaciones de politización y denuncias de corrupción estructural en los organismos afectados, como la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

En contraste con estos recortes, se observa una continua incorporación de personal político por excepción, es decir, sin concursos públicos ni procesos de selección. Muchos de estos cargos recaen en personas allegadas al entorno de Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Patricia Bullrich, sin requisitos de idoneidad ni trayectoria comprobable. Esto ha generado cuestionamientos por parte de organismos de control y asociaciones civiles.

Por otro lado, legisladores nacionales cobran entre $7.000.000 y $9.000.000 mensuales, mientras que jueces y fiscales superan los $6.000.000. Esta desigualdad acentúa el malestar entre el personal esencial del Estado, cuyos ingresos se encuentran en niveles de subsistencia.

La política de “reducción del Estado” promovida por el oficialismo está provocando una crisis estructural en la administración pública. La pérdida de personal capacitado, la paralización de áreas técnicas y la falta de canales de atención pública están debilitando severamente la capacidad operativa del Estado. Al mismo tiempo, la narrativa oficial deslegitima toda forma de protesta y denuncia social, profundizando el conflicto entre el Gobierno y los sectores afectados.

Diversas organizaciones sindicales, académicas y sociales alertan que el ajuste no es parejo ni transparente. En lugar de eliminar privilegios, estaría consolidando nuevas estructuras de poder sin control democrático ni mecanismos de evaluación técnica.

martes, 27 de mayo de 2025

Grave atentado contra el derecho al voto: el Tribunal Electoral de Misiones excluyó a 16.000 uniformados para favorecer al oficialismo

En una controvertida y alarmante decisión, el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, presidido por Cristian Benítez e integrado por los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, ha perpetrado un acto de profunda ilegalidad institucional al excluir del padrón electoral a más de 16.000 ciudadanos uniformados, negándoles de manera arbitraria y discriminatoria su derecho constitucional a votar en los comicios provinciales del próximo 8 de junio.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo, representa una grave regresión en materia de derechos civiles y garantías democráticas. A través de un suplemento de 285 páginas, se detallaron los nombres de los agentes de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario, las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas que han sido privados del derecho al sufragio, amparándose en una norma provincial cuya validez constitucional ya había sido desestimada en fallos anteriores.

Una exclusión masiva y selectiva

La medida afecta al 1,6% del padrón electoral misionero, compuesto por 1.002.188 votantes. Sin embargo, el impacto real se magnifica si se considera que la participación promedio en la provincia ronda el 70%, lo que convierte a los uniformados en un grupo electoral significativo, capaz de incidir en el resultado.

La decisión contradice la jurisprudencia provincial. En 2006, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones había declarado la nulidad absoluta del artículo 48 inciso 10 de la Constitución provincial —utilizado ahora como fundamento legal— en una acción presentada por la Fiscalía de Estado. Esa doctrina, que reconocía el carácter inconstitucional de la exclusión por condición laboral o militar, fue ignorada sin justificación por el actual Tribunal Electoral.

Violación de la Constitución Nacional y los pactos internacionales

Los fundamentos esgrimidos por Benítez, Poujade y Busse violan de manera flagrante la Constitución Nacional, que en su artículo 37 consagra el sufragio universal, libre y obligatorio, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ambos con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.

Tales tratados establecen que toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a votar en elecciones periódicas, auténticas, libres y con sufragio universal. La exclusión por pertenencia a una fuerza de seguridad constituye una discriminación inaceptable y atenta contra los principios democráticos más básicos.

Favorecimiento político y manipulación institucional

Los antecedentes inmediatos —que muestran que en elecciones anteriores los uniformados sí habían sido habilitados a votar— revelan la arbitrariedad y oportunismo político detrás de esta medida. Diversos sectores denuncian que el objetivo es claro: favorecer electoralmente al oficialismo provincial y al gobernador Gustavo Valdés, limitando la participación de un segmento del electorado que podría inclinarse mayoritariamente por la oposición.

Frente a esta situación, fuerzas políticas como La Libertad Avanza, el Frente Unidos por el Futuro y el Partido Libertario han interpuesto recursos de apelación ante la Justicia Electoral. La abogada Valeria Soczyuk, representante de LLA, ha llevado el reclamo hasta el plano federal, solicitando que se restituya el derecho al voto a los uniformados y anticipando que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una advertencia para la democracia

La decisión del Tribunal Electoral de Misiones no solo constituye un caso paradigmático de abuso de poder, sino que representa un precedente sumamente peligroso para la vigencia del Estado de derecho en Argentina. La exclusión deliberada de miles de ciudadanos del proceso electoral, por razones funcionales y sin sustento constitucional válido, configura una forma de fraude institucional y de intervención ilegítima en la voluntad popular.

En tiempos donde la legitimidad democrática exige transparencia, participación e igualdad ante la ley, acciones como esta erosionan los pilares fundamentales del sistema republicano. Es deber de la sociedad, de los partidos políticos y del Poder Judicial en su conjunto revertir esta grave afrenta y restaurar el pleno ejercicio de los derechos políticos para todos los ciudadanos sin excepción.

domingo, 25 de mayo de 2025

Tedeum del 25 de Mayo: el desplante del presidente Javier Milei a Victoria Villarruel y Jorge Macri evidencia tensiones internas en la coalición oficialista

En el marco de los actos oficiales por la conmemoración del 215° aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un hecho que generó un fuerte impacto político: al ingresar esta mañana a la Catedral Metropolitana para asistir al tradicional Tedeum, evitó deliberadamente saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejando a ambos visiblemente incómodos ante la mirada de funcionarios y cámaras.

El episodio se produjo frente a los presentes y quedó registrado por la prensa. Milei, al llegar al templo, se fundió en un abrazo con el diputado José Luis Espert, pero pasó de largo frente a Villarruel, con quien mantiene una relación distante desde hace más de un año. A su vez, Jorge Macri extendió la mano para saludar al mandatario, quien lo ignoró por completo, generando un momento de visible tensión. Ambos dirigentes, desconcertados, debieron continuar la marcha hacia sus ubicaciones protocolares.

El gesto del presidente no fue interpretado como un simple olvido. Por el contrario, analistas y dirigentes del propio oficialismo lo vinculan con una seguidilla de señales políticas que confirman la voluntad de Milei de marcar distancia con figuras clave de su espacio, incluso aquellas que fueron determinantes para su llegada al poder.

En el caso de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cabe recordar que fue ella quien facilitó, mediante la cesión de los sellos del Partido Demócrata, la constitución legal de La Libertad Avanza como fuerza electoral en 2023. Sin embargo, con el paso del tiempo, su peso dentro del Gobierno fue diluyéndose a raíz de desacuerdos con el núcleo más cercano al presidente. Villarruel quedó relegada de las decisiones de gestión y no ha mantenido diálogo fluido con Milei desde hace meses.

Jorge Macri, en tanto, atraviesa un momento clave como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde los resultados de las elecciones legislativas del pasado 18 de mayo encendieron las alarmas en el oficialismo. Con una participación que apenas alcanzó el 53,35 % del padrón —uno de los niveles más bajos en la historia reciente de la Ciudad—, el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, obtuvo el 30,13 % de los votos, seguido de cerca por el postulante kirchnerista Leandro Santoro, que alcanzó el 27,35 %.

Este resultado plantea un escenario incierto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se baraja una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Sin embargo, el destrato de Milei hacia Jorge Macri siembra dudas sobre la viabilidad de esa convergencia política. Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño consideran que este tipo de gestos no solo dificultan los acuerdos estratégicos, sino que también debilitan el frente común frente al avance del peronismo en distritos clave.

A esta serie de tensiones se suma el distanciamiento del presidente con Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza y figura clave durante la campaña. Su desplazamiento progresivo de los espacios de decisión alimenta las versiones sobre una creciente concentración de poder en el entorno más íntimo del mandatario, así como un estilo de conducción que varios califican como “personalista” y “altanero”.

Diversos sectores del oficialismo temen que esta forma de ejercer el poder, marcada por gestos de desprecio hacia aliados fundamentales, termine por socavar las posibilidades de consolidación política del gobierno. “La soberbia no construye, destruye”, deslizó esta mañana un dirigente libertario que prefirió no ser citado.

En un contexto de creciente incertidumbre social y económica, la necesidad de mostrar cohesión política y capacidad de diálogo se vuelve cada vez más imperiosa. El gesto de Milei, lejos de aportar en esa dirección, reavivó viejas tensiones y encendió nuevas alertas sobre el rumbo del oficialismo.

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