Se publica nueva normativa sobre protección de denunciantes, pero denuncian que es una farsa (RESOL-2025-831-APN-MSG)

Hoy se oficializó la Resolución 831/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece el Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos. Según el texto, el nuevo régimen busca fomentar las denuncias de irregularidades y delitos en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, asegurando que quienes denuncien no sufran represalias. Sin embargo, múltiples voces advierten que, en la práctica, el sistema no solo es ineficaz, sino que representa un riesgo aún mayor para los denunciantes.

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece criterios para la inclusión en el sistema, detalla actos que se consideran represalias y fija la creación de un Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd). No obstante, al igual que sus predecesoras —como la Resolución 561/2016 durante la gestión de la misma ministra y otras normas durante las gestiones de Sabina Frederic y Aníbal Fernández—, la norma adolece de una grave contradicción entre sus objetivos formales y su implementación real.

Según fuentes consultadas dentro de las fuerzas federales y organizaciones de derechos humanos, la práctica habitual del Ministerio ante denuncias internas ha sido comunicar dichas presentaciones a las propias fuerzas involucradas, incluyendo el nombre y apellido del denunciante. Así, en lugar de brindar resguardo, el Ministerio expone deliberadamente al denunciante ante sus superiores y la oficina de Recursos Humanos de la institución, generando situaciones de hostigamiento, represalias y aislamiento.

"Se presenta como un sistema de protección, pero lo primero que hacen es avisar a la fuerza y entregarle los datos del denunciante. En lugar de protegerte, te marcan", indicó un efectivo que pidió preservar su identidad por temor a represalias.

Diversos casos documentados desde 2016 hasta la actualidad, durante distintas administraciones, evidencian un patrón sistemático: no existe auditoría externa ni control efectivo sobre las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional y de las fuerzas federales. Las áreas jurídicas y administrativas del propio ministerio operan con total hermetismo y, según denuncian, actúan como engranajes de una estructura que garantiza impunidad y desalienta cualquier intento de transparencia interna.

La imposibilidad de presentar denuncias anónimas, la falta de protección física real y el carácter discrecional con el que la autoridad de aplicación decide las inclusiones o exclusiones del sistema, son solo algunos de los puntos que minan la credibilidad de la nueva normativa. “Todo se decide a puertas cerradas, y si no sos funcional al sistema, te dejan solo”, agrega otro testimonio recogido por esta redacción.

Lejos de fortalecer los mecanismos de control interno y de incentivar un ambiente institucional de integridad, las sucesivas normativas de protección parecen haber sido diseñadas más como herramientas de contención administrativa y disciplinamiento interno que como verdaderos dispositivos de resguardo.

En un contexto donde la confianza institucional se encuentra severamente deteriorada, la Resolución 831/2025 parece repetir el mismo esquema que fracasó durante gestiones anteriores: proclamar principios de transparencia y protección sin mecanismos eficaces de garantía y con prácticas que exponen al denunciante al mismo sistema que denuncia.