En un contexto de crecientes debates sobre la recomposición de los haberes jubilatorios en Argentina, las pensiones vitalicias otorgadas a ex presidentes y vicepresidentes han vuelto a estar en el centro de la polémica. En mayo de 2023, nueve ex mandatarios y sus familias recibieron entre $5 y $21 millones en asignaciones mensuales vitalicias, sumando un total de $112,3 millones para las arcas públicas. Esta situación plantea serios cuestionamientos sobre la equidad del sistema jubilatorio y el manejo de los fondos públicos.
Descripción del Problema
El Estado argentino paga actualmente pensiones vitalicias a nueve ex presidentes y vicepresidentes, además de a las viudas de Fernando de la Rúa, Carlos Menem y Roberto Levingston, y a la hija de José María Guido. Estas pensiones, establecidas por la Ley 24.018, no están vinculadas ni al tiempo de servicio ni a los aportes previsionales, lo que las convierte en beneficios desproporcionados comparados con las jubilaciones comunes. Los valores oscilan entre $5 y $21 millones, con Cristina Fernández de Kirchner como la principal beneficiaria al percibir dos asignaciones, una como ex presidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner.
Para contextualizar, el ingreso bruto del actual presidente Javier Milei es de $4.066.018, una cifra que contrasta fuertemente con los montos percibidos por los ex mandatarios. Milei, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, expresó su intención de derogar esta norma, pero la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados.
Impacto en el Sistema Jubilatorio
Las pensiones de privilegio representan un significativo drenaje de recursos para el sistema jubilatorio. En mayo, las 13 pensiones vitalicias totalizaron $112.323.691, una suma que equivale a 432 jubilaciones mínimas de $260.141 cada una, incluida la bonificación de $70.000. Con más de 7,4 millones de jubilados y pensionados en Argentina, de los cuales más de 5 millones reciben el haber mínimo, la disparidad es alarmante.
Este desembolso anual, que asciende a aproximadamente $1.460 millones, destaca la inequidad inherente en el sistema. Los recursos que podrían destinarse a mejorar las jubilaciones mínimas y a fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional se destinan, en cambio, a un pequeño grupo de beneficiarios con pensiones exorbitantes.
Reacciones y Controversias
La exclusión del artículo que proponía la eliminación de las pensiones de privilegio del proyecto de recomposición jubilatoria generó una ola de críticas. Javier Milei presentó una nota formal a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) renunciando a su derecho a esta jubilación, enfatizando la necesidad de que los líderes políticos den el ejemplo en la contención del déficit presupuestario. Sin embargo, conocedores de la normativa señalan que esta renuncia no tiene efectos prácticos mientras la ley siga vigente.
El directorio de la ANSES aceptó formalmente la solicitud de Milei, pero la permanencia de la Ley 24.018 implica que el sistema de pensiones de privilegio continúa sin cambios.
Conclusión
Las pensiones de privilegio otorgadas a ex presidentes y vicepresidentes en Argentina representan una grave problemática en términos de equidad y sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio. La asignación de recursos a un grupo reducido y privilegiado contrasta fuertemente con las necesidades de la vasta mayoría de los jubilados que perciben haberes mínimos. Este desbalance no solo desfinancia las arcas públicas, sino que también perpetúa un sistema injusto y desigual. Es crucial que se realicen reformas profundas para asegurar un manejo más equitativo y eficiente de los recursos previsionales, priorizando el bienestar de la mayoría de los jubilados argentinos.
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