Un reciente informe de la Secretaría de Trabajo ha puesto en relieve una preocupante tendencia en el mercado laboral argentino: el uso extendido y abusivo de la figura del monotributo para encubrir relaciones de dependencia, una práctica particularmente arraigada en organismos públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales, e incluso en universidades. Esta modalidad contractual, que implica la emisión de facturas mensuales sin las correspondientes cargas sociales ni ART, no solo vulnera derechos laborales fundamentales sino que también representa un fraude al sistema previsional y un incumplimiento de las normativas por parte del propio Estado.
El informe revela que casi el 40% del incremento de nuevos monotributistas entre 2011 y 2024 corresponde a asalariados encubiertos. Estos trabajadores, a pesar de realizar tareas propias de una relación de dependencia, son registrados como cuentapropistas, lo que les niega el acceso a la estabilidad laboral, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnizaciones por despido y, crucialmente, aportes previsionales adecuados. Esta situación es aún más grave cuando el empleador es el propio Estado, que debería ser garante de los derechos laborales y no generador de fraude.
El Estado como Generador de Precariedad
La práctica de contratar a personal bajo la figura del monotributo, con contratos de 3, 6 o 12 meses que suelen no renovarse por motivos políticos, se ha vuelto una constante en la administración pública. Esto permite a las autoridades prescindir de personal de manera discrecional, eludiendo las regulaciones laborales que buscan proteger al trabajador. De este modo, el Estado, que tiene el deber de controlar y asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, se convierte en un agente activo de su incumplimiento, perpetuando la informalidad.
"Al no realizar aportes a la seguridad social como trabajadores asalariados sino como independientes, las encuestas los definen como informales debido a que se incumple con la normativa vigente en lo referente a los aportes a la seguridad social bajo la figura de asalariado", subraya el informe de la Secretaría de Trabajo. Esto significa que un significativo porcentaje de la expansión del trabajo monotributista no se traduce en una mejora efectiva de la tasa de informalidad general, ya que el aporte en este régimen no implica acceso a la formalidad en la categoría ocupacional de asalariados.
Impacto en el Sistema Previsional y Trabajadores Calificados
Entre 2012 y principios de 2024, el número de monotributistas y autónomos creció de 1.7 millones a 2.5 millones. Este incremento se atribuye casi en su totalidad a la expansión del trabajo monotributista, ya que el número de autónomos se mantuvo constante. Esta tendencia es especialmente alarmante porque una parte sustancial del crecimiento del trabajo monotributista se vincula a la expansión de la población ocupada con nivel educativo terciario o universitario.
De hecho, el 65% del incremento total del trabajo aportante al régimen monotributista o autónomo entre 2011 y 2024 corresponde a trabajadores con estudios universitarios y terciarios, completos o incompletos. Esta "profesionalización" del monotributo, en lugar de reflejar un aumento del trabajo independiente genuino, oculta una creciente precarización de profesionales que, en otras circunstancias, tendrían un acceso más directo al empleo asalariado formal.
El informe destaca que, si bien en 2011 los asalariados registrados privados con estudios terciarios casi cuadriplicaban a los monotributistas o autónomos en la misma categoría, el crecimiento de los trabajadores aportantes a los regímenes de trabajo independiente superó en un 21% la incorporación neta de asalariados registrados privados en el período evaluado. Esto pone de manifiesto que el empleo asalariado formal privado no ha sido la principal vía de inserción laboral para los nuevos trabajadores, incluso aquellos con altos niveles educativos.
En síntesis, el uso del monotributo como una herramienta para encubrir relaciones de dependencia en el sector público y universitario no solo perjudica directamente a los trabajadores al privarlos de derechos y estabilidad, sino que también socava las bases del sistema previsional y pone en tela de juicio el rol del Estado como garante de la justicia laboral. La situación demanda una urgente revisión y la implementación de políticas que aseguren la formalidad y el respeto irrestricto de los derechos laborales en todos los ámbitos, comenzando por el propio empleador estatal.
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