En un reciente análisis, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación de la República Argentina, ha puesto de manifiesto una situación que afecta directamente a los jubilados argentinos. Según datos de la FIFA publicados en el diario La Nación el 31 de enero de 2025, las ventas de jugadores de fútbol argentinos generaron ingresos por 324 millones de dólares en 2024. Sin embargo, estos ingresos no se traducen en aportes justos al sistema de seguridad social, sino que son subsidiados por los jubilados.
El Régimen Especial de la AFA
En el año 2001, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios, reemplazando el régimen general por un cargo sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Este régimen, inicialmente establecido con una alícuota del 2%, ha sido incrementado gradualmente al 6,5%, 6,75% y finalmente al 7,5% en 2023. A pesar de estos aumentos, el sistema ha seguido siendo deficitario, y el déficit ha sido cubierto por los jubilados.
El Déficit y las Trampas del Sistema
Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones de pesos. Este déficit se ha visto agravado por prácticas como la inclusión de actividades no relacionadas con el fútbol bajo el paraguas de los clubes, lo que les permite eludir los aportes jubilatorios. Además, los clubes han pasado de vender entradas a un régimen de "abonos", que están excluidos del decreto 1212/03. Como resultado, los beneficios han aumentado mientras que los ingresos han disminuido.
La Intervención Judicial
El Decreto 939/24 buscaba poner fin a esta inequidad, pero la AFA y los clubes presentaron una propuesta deficitaria. Ante la falta de acuerdo, el gobierno decidió revertir las obligaciones del fútbol al régimen general. Sin embargo, la justicia ha intervenido a favor de la AFA, otorgando una protección cautelar que permite a los clubes continuar con su régimen especial. Esto ha sido criticado por Sturzenegger, quien señala que mientras miles de empresas y autónomos pagan sus aportes, un grupo privilegiado puede evitar contribuir al sistema jubilatorio.
Consecuencias para los Jubilados
El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, ha restablecido la vigencia del decreto 510/23, lo que obliga a realizar ajustes en las alícuotas para equilibrar el sistema. La Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social ha fijado una alícuota del 13,06% y una alícuota adicional del 5,56% para recuperar el déficit incurrido. Si las condiciones actuales persisten, la alícuota deberá ser revisada al alza en futuras revisiones.
Conclusión
Sturzenegger concluye que los costos distribuidos e invisibles financian beneficios concentrados, una fórmula típica de la casta sindical y empresaria que ha empobrecido a los argentinos. Critica la falta de mención a este desfinanciamiento del sistema jubilatorio por parte de senadores y diputados, y reafirma el compromiso del gobierno de terminar con los beneficios de la casta y la hipocresía de la política y la justicia.
Este análisis pone de relieve la complejidad y las consecuencias de los regímenes especiales, y cómo afectan directamente a la ciudadanía, en particular a los jubilados, quienes terminan subsidiando a los millonarios.
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