El exdiputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, generó una fuerte polémica al afirmar que los 24 policías bonaerenses recientemente cesanteados por el gobierno de Axel Kicillof estaban “bien echados”, en referencia a su presunta vinculación con actividades políticas en favor del ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. La declaración del exlegislador, además de anticipar un juicio de valor sin esperar el desarrollo completo de la investigación administrativa, plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia en el seno de las instituciones democráticas.
A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Lipovetzky celebró la medida adoptada por el gobernador bonaerense: “¡Bien echados! La noticia debió titularse: 'Cesantearon 24 policías por usar las comisarías y sus cargos policiales para hacer política’”. Según la información publicada por el diario Clarín, los agentes fueron desplazados luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense realizara operativos sorpresa en oficinas policiales, donde se habrían encontrado documentos con membretes de La Libertad Avanza y pantallas con símbolos asociados al partido de Javier Milei.
Las expresiones de Lipovetzky no solo sorprendieron por su dureza, sino también por su carácter anticipatorio. Las investigaciones aún se encuentran en curso, y no existe una resolución judicial firme que respalde las cesantías. En ese contexto, las afirmaciones del dirigente del PRO pueden interpretarse como una validación apresurada de los hechos, generando un prejuzgamiento que no se condice con la responsabilidad institucional que debería caracterizar a los representantes políticos, más aún cuando se trata de decisiones de alto impacto sobre la carrera profesional y los derechos de agentes estatales.
Cabe recordar que Daniel Lipovetzky fue el impulsor de la cuestionada Ley de Alquileres sancionada durante su gestión como legislador, una normativa que tuvo efectos distorsivos en el mercado inmobiliario argentino, reduciendo la oferta de viviendas y dificultando el acceso a alquileres asequibles para miles de familias. Diversos sectores sociales e incluso organismos especializados advirtieron sobre el agravamiento de la situación habitacional en los principales centros urbanos del país como consecuencia directa de dicha ley.
En contraposición a la posición de Lipovetzky, desde otros sectores del arco político surgieron voces que alertaron sobre una posible persecución política detrás de la decisión del Ejecutivo bonaerense. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó la medida como un acto de “persecución política”, afirmando que los policías fueron cesanteados “solo porque cree[n] que apoyan a Maximiliano Bondarenko”. La funcionaria fue más allá al criticar la selectividad del gobierno provincial en materia disciplinaria, al señalar que “no echó a los que atacaron TN ni a los que agredieron a Espert”.
El episodio deja al descubierto una vez más la fragilidad de las garantías institucionales cuando la política partidaria irrumpe en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y revela también cómo, en lugar de propiciar un debate mesurado, ciertos dirigentes optan por pronunciamientos ruidosos que pueden condicionar el desarrollo de investigaciones y afectar derechos fundamentales.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo se multiplican los cruces políticos y declaraciones altisonantes, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población bonaerense. La necesidad de garantizar imparcialidad, respeto al debido proceso y responsabilidad institucional se vuelve más urgente que nunca.
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