Advertencia judicial sobre el uso político de hechos en curso: “Ese tuit perjudicó la investigación”

En una contundente declaración, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado cuestionó públicamente el impacto negativo que tuvo una publicación en redes sociales realizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de una investigación judicial aún en curso. La magistrada afirmó que el tuit, publicado tras la detención de dos mujeres vinculadas al ataque contra el domicilio del diputado José Luis Espert, obstaculizó el avance del caso y puso en riesgo la posibilidad de identificar a otros responsables.

La jueza, que el viernes procesó a Eva Mieri —concejala de Quilmes— y a Alesia Abaigar —funcionaria bonaerense— por el ataque con excrementos y mensajes intimidatorios al domicilio del legislador, sostuvo que "dar publicidad prematura a estos hechos alertó a otros posibles involucrados, lo que impidió que la investigación avanzara sobre ellos". “Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida”, declaró.

Este episodio reabre el debate sobre los límites del uso político de hechos judiciales en desarrollo y las consecuencias que puede tener la difusión anticipada de información sensible por parte de funcionarios públicos. Desde el ámbito judicial se advierte que este tipo de intervenciones no solo afectan la estrategia procesal, sino que pueden frustrar la posibilidad de desarticular redes delictivas o esclarecer completamente los hechos.

Arroyo Salgado defendió la legalidad de las detenciones y el carácter preventivo de la medida, dada la existencia de riesgos procesales como la posible fuga o el entorpecimiento de la justicia. “Fueron actos anónimos, realizados con métodos para evitar ser identificadas: capuchas, guantes, alteración de patentes. Además, el celular de Mieri parecía nuevo, sin llamadas ni contactos”, explicó. Los delitos que se les imputan incluyen amenazas coactivas, incitación al odio y delitos contra el orden público.

Además, la magistrada recordó que la institucionalidad judicial se encuentra debilitada por factores estructurales, como la falta de una Corte Suprema plenamente integrada y la ausencia de una autoridad firme en el Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, insistió en la necesidad de que todos los actores políticos colaboren para que el Poder Judicial pueda actuar con independencia y eficacia. “Cuando desde las máximas autoridades se promueven discursos de odio, eso se derrama”, advirtió.

En su rol de jueza, subrayó que se guía por el deber de proteger a las víctimas y mantener el curso de la justicia. Y cerró con una reflexión clave: “Si los ciudadanos creen que la justicia no actúa, se sienten habilitados a seguir cometiendo actos de violencia”.

Este caso evidencia cómo el uso apresurado y político de información en redes sociales, especialmente desde cargos de alto rango, puede tener consecuencias concretas sobre el desarrollo de investigaciones judiciales y la seguridad pública. La responsabilidad institucional exige cautela, respeto por los tiempos procesales y, sobre todo, el resguardo de la información clave que puede permitir desmantelar hechos complejos y proteger a la sociedad.