Un preocupante caso ha salido a la luz que involucra a la Policía Federal Argentina, revelando serias deficiencias en los mecanismos de control y denuncia dentro de la institución. El Capellán General de la fuerza, Diego de Campos, ha sido denunciado por abuso sexual agravado y persecución laboral en el Juzgado Federal N°10, bajo la dirección del juez Julián Ercolini. El caso expone la arbitrariedad en el manejo de personal y la falta de protección para los agentes que buscan justicia ante situaciones de abuso de poder.
Según revela DataClave, el denunciante, un joven agente de la Policía Federal cuyo nombre se mantiene en reserva, relató que fue acosado sexualmente y luego sometido a un constante hostigamiento laboral. Según la denuncia, de Campos habría utilizado su posición de poder como sacerdote y alto funcionario policial para acosar al agente y forzarlo a un cambio de destino no consensuado, sin considerar el impacto en su proyecto de vida personal o profesional.
El caso pone en evidencia el uso discrecional del "pase a la dependencia", una práctica habitual en las fuerzas de seguridad, donde los agentes son trasladados a diferentes unidades sin su consentimiento, como una forma de castigo o reubicación arbitraria. Según el testimonio del denunciante, fue obligado a formar parte de la custodia personal del capellán, a pesar de haberse negado repetidamente a asumir esa función.
Además de los presuntos abusos sexuales, el denunciante ha declarado que sufrió constantes cambios de turno, quejas infundadas y un deterioro en sus condiciones laborales. En un episodio, Diego de Campos habría intentado sobornar al agente con una suma considerable de dinero para que se tomara vacaciones, y al rechazar la oferta, el hostigamiento aumentó.
El caso también ha revelado el manejo autoritario dentro de las instituciones policiales, donde los superiores pueden ejercer poder de manera abusiva, sin mecanismos eficaces de control o canales de denuncia que protejan a las víctimas. La denuncia señala que el traslado del agente a diferentes secciones fue realizado como castigo, sin justificación profesional, afectando gravemente su bienestar emocional y psicológico.
El contexto del abuso de poder se agrava al considerar la figura de Diego de Campos. Proveniente de una influyente familia, con fuertes vínculos políticos y judiciales, su hermano Manuel de Campos es juez nacional, lo que refuerza la percepción de impunidad en torno a su accionar. La falta de mecanismos efectivos para gestionar y resolver denuncias internas en la Policía Federal Argentina genera un ambiente de impunidad y desprotección, donde los agentes que sufren abusos se ven limitados a la hora de obtener justicia.
En la noticia publicada por DataClave se hace referencia la predio de Cavia, lugar donde a principio de mayo se suicidó el principal Leonel Romero. Pero cabe destacar que hay una gran cantidad de casos de suicidios dentro de dicha fuerza o intentos, un caso alarmante sucedió en noviembre de 2023, donde un joven personal se suicidó luego de pasar casi un año en disponibilidad por un sumario administrativo nunca resuelto (Cristian Ariel R.). O el atrincheramiento en un baño en el barrio de Barracas a fines de septiembre de 2023. La crisis que ronda el personal policial se manifiesta con estos hechos, a lo cual ni la institución ni el ministerio de seguridad sabe dar respuesta.
En general estas crisis se deben abordar desde un análisis de los aspectos psicosociales para la detección de factores de riesgos que incidan en la salud del personal, pero al carecer de estos controles de forma efectiva, así como la falta de controles por parte de las ART (o con controles ineficientes), muchas situaciones de riesgos no pueden ser abordadas, y terminan en tragedias.
Este caso, que involucra a una de las figuras más preponderantes dentro del clero policial, también destaca la necesidad urgente de establecer un sistema de control y supervisión más robusto que permita a los agentes denunciar abusos de forma segura y sin temor a represalias. Además, plantea la cuestión de cómo los traslados forzados y el maltrato laboral pueden afectar profundamente la estabilidad personal de los agentes.
A continuación las áreas y las autoridades que podrían dar respuesta ante estas situaciones de gravedad institucional: Superintendencia de Bienestar A/C Comisario Mayor Favio Adrián FARA, Superintendencia de Desarrollo Profesional Comisario General Daniel Enrique PÉREZ, Dirección General de Asuntos Jurídicos Comisario Mayor Marcelo Julián ORLANDO, Dirección General de Secretaría General Comisario Mayor Gonzalo Adrián PELACCHI. Y por parte del Ministerio de Seguridad Directora Nacional de Bienestar María Lorena Petrovich, Director Nacional de Formación y Desarrollo Profesional José Luis Armando Parisi, Director Nacional de Prevención del Delito y las Violencias Germán Cristian Pugnaloni.
Con dos testigos dispuestos a declarar en el proceso judicial y la evidencia presentada, se espera que este caso sirva como un punto de inflexión para abordar las fallas institucionales en la Policía Federal y asegurar que los mecanismos de denuncia funcionen con transparencia y eficacia, garantizando que los abusos de poder no queden impunes.
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