Caso Chocolate: La trama de corrupción y lavado de dinero que involucra a la Legislatura de Buenos Aires y la mansión oculta en Miralagos

El "Caso Chocolate" revela un entramado de corrupción en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, involucrando a funcionarios de bajo perfil y una red de desvío de fondos. La trama gira en torno a Claudio Gustavo Albini, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Julio Segundo “Chocolate” Rigau, un puntero político que operaba bajo su mando.

El 9 de septiembre de 2023, Rigau fue arrestado tras ser descubierto extrayendo grandes sumas de dinero utilizando 48 tarjetas de débito, correspondientes a contratos irregulares de personas vinculadas a la Legislatura, quienes prestaban su nombre a cambio de compensaciones. La investigación reveló que Rigau obtenía alrededor de 30 millones de pesos mensuales, los cuales eran entregados a Albini.

A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que Albini, apodado “El Fantasma” por su aparente invisibilidad financiera, poseía una lujosa mansión en el exclusivo country Miralagos, al sur de la provincia. La propiedad, de casi 500 m², estaba ubicada en el lote 13 del barrio, y no figuraba formalmente a su nombre, lo que dificultó su detección por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, la casa se encontraba sin escriturar, lo que puso en peligro su ocultación.

El origen del lote 13 está vinculado a un empresario relacionado con el sciolismo que comenzó la construcción en 2013, pero la obra quedó abandonada. En 2021, un grupo de inversores, entre ellos el ingeniero Alejandro Javier Rolandi, el contador Federico Lino Hernández y Aldana Marina Sáenz, adquirió la propiedad y completó la construcción. En febrero de 2023, el lote pasó formalmente a manos de Albini, pero su disfrute fue breve, ya que en septiembre de ese año estalló el escándalo con la detención de Rigau.

Ante el avance de la investigación, Albini intentó deshacerse de la propiedad, cediéndola de nuevo a Rolandi por un valor simbólico de 30.000 dólares. Sin embargo, la empresa desarrolladora del country bloqueó la operación, alertando a las autoridades sobre la maniobra sospechosa. El juez Federico Guillermo Atencio, a petición de la fiscal Betina Lacki, ordenó la inhibición de bienes tanto de Albini como de su hijo, el concejal Facundo Albini, sospechados de lavado de activos.

Este caso expone una compleja red de corrupción y lavado de dinero, donde se utilizaban tarjetas de débito para desviar fondos públicos, que luego eran utilizados para la adquisición y ocultación de bienes de lujo. La mansión en Miralagos es uno de los principales indicios de la ruta del dinero que vincula a Albini con este esquema delictivo.