El personal de las fuerzas de seguridad y policial en la República Argentina se encuentra inmerso en una situación de indefensión, donde derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Nacional, son vulnerados bajo el pretexto de actos administrativos que escapan al control judicial. A pesar de haber dedicado su vida al servicio del país, con décadas de aportes previsionales, muchos terminan privados de sus derechos jubilatorios y de retiro por decisiones que, en apariencia, responden a normas que no se interpretan en su conjunto, sino de manera aislada y fragmentada. Esta situación afecta no solo la estabilidad económica de quienes dedicaron su carrera a la seguridad nacional, sino que también genera un clima de incertidumbre jurídica y social.
El Contexto Administrativo y la Falta de Control Judicial
Uno de los problemas fundamentales radica en la aplicación de normas administrativas que, lejos de ser objeto de un control judicial adecuado, permiten que el Estado actúe de manera discrecional en la determinación del futuro previsional de su personal retirado. La falta de intervención de la justicia en estos procedimientos genera un vacío en la protección de los derechos de los policías y otros agentes de seguridad, quienes, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones durante toda su carrera, ven cómo el Estado puede privarles de su jubilación.
Así le roba el Estado sus retiros por los que aportaron, incluso, cuando estaban retirados. Casi sesenta años de aportes.
— Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) September 24, 2024
Antes de irse el kirchnerismo exoneró a todos los policías federales que pudo por las falsas causas de "lesa". pic.twitter.com/ytm9JQDwYK
En este contexto, es preciso destacar la ausencia de un marco claro y justo que garantice el derecho a la jubilación de aquellos que han aportado durante su vida laboral, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este artículo consagra el derecho a la seguridad social, que incluye el acceso a una jubilación digna, luego de años de contribuciones. Sin embargo, el personal de las fuerzas de seguridad y policial es víctima de una interpretación errónea y parcializada de las normativas, que en lugar de proteger sus derechos, los despoja de ellos.
El Caso de las Exoneraciones: Un Ejemplo de Abuso de Poder
Un claro ejemplo de esta situación es lo que denuncia la cuenta de Twitter "Justicia y Concordia", donde se afirma: "Así le roba el Estado sus retiros por los que aportaron, incluso, cuando estaban retirados. Casi sesenta años de aportes. Antes de irse el kirchnerismo exoneró a todos los policías federales que pudo por las falsas causas de 'lesa'." Este testimonio refleja una realidad que afecta a miles de agentes de seguridad, quienes, por medio de actos administrativos discrecionales, fueron exonerados de sus cargos sin el debido proceso y, por ende, privados de sus derechos jubilatorios.
Vale destacar que en dicho gobierno ejercieron como Ministros de Seguridad la ministra Sabina Frederic, y Anibal Fernández.
La exoneración, que implica la desvinculación definitiva de un funcionario de su cargo por razones disciplinarias, ha sido utilizada de manera abusiva y sin el debido respeto por los derechos fundamentales de los afectados. Al ser considerados responsables de supuestos delitos de lesa humanidad, muchos policías fueron exonerados sin una investigación judicial exhaustiva y sin el derecho a una defensa justa, lo que resultó en la pérdida de sus beneficios previsionales. Este tipo de decisiones no solo ignora el principio de presunción de inocencia, sino que también despoja a los exonerados de su derecho a una jubilación, a pesar de haber cumplido con los años de servicio y los aportes correspondientes.
La Vulneración de Derechos Fundamentales
El impacto de estos actos administrativos es devastador para los afectados, quienes no solo ven truncado su derecho a un retiro digno, sino que también enfrentan la negación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. El derecho a la seguridad social y a la jubilación no puede ser vulnerado por decisiones arbitrarias y sin el debido proceso, pues se trata de derechos adquiridos por el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales durante décadas de servicio.
Es crucial que el marco normativo que regula estas situaciones sea revisado para garantizar que las normas no se interpreten de manera aislada y fragmentada, sino en el contexto de la protección integral de los derechos de los trabajadores. La interpretación parcial de las leyes, sin tener en cuenta el conjunto normativo y constitucional, genera una situación de indefensión para quienes dedicaron su vida al servicio de la seguridad nacional.
Conclusión
La situación del personal de las fuerzas de seguridad y policial en la Argentina evidencia un grave problema de desprotección, donde actos administrativos, sin control judicial, pueden privar a los agentes de sus derechos jubilatorios. El abuso de mecanismos como la exoneración, sin un debido proceso y bajo pretextos cuestionables, constituye una vulneración de derechos fundamentales, lo que exige una revisión urgente del marco normativo para garantizar que estos servidores públicos puedan acceder a una jubilación digna y justa.
El Estado debe asumir su responsabilidad en la protección de los derechos previsionales de quienes han dedicado su vida a la seguridad del país, asegurando un control judicial adecuado sobre los actos administrativos y evitando interpretaciones normativas que fragmenten y desvirtúen los principios constitucionales.
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