En un preocupante episodio de mala praxis administrativa, el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, ha expuesto a víctimas y testigos de un delito en el Boletín Oficial, violando flagrantemente los derechos que la Ley 27.372 garantiza a las personas víctimas de delitos. Esta situación no solo pone en riesgo a quienes participan en el proceso penal, sino que también genera graves perjuicios sociales al desincentivar la participación ciudadana en la denuncia de hechos delictivos.
La Ley 27.372 establece claramente la protección de las víctimas y testigos durante el proceso penal, garantizando su derecho a recibir un trato digno, respetuoso y libre de molestias innecesarias. Además, resguarda la integridad física y psicológica tanto de las personas involucradas como de sus familiares. Sin embargo, la reciente publicación de una resolución del Ministerio de Seguridad (Res. 919/2024) ha expuesto de manera innecesaria a las personas mencionadas en un caso aún en investigación, afectando tanto a las víctimas como al presunto victimario, lo que representa un incumplimiento directo de estos principios.
El hecho en cuestión ocurrió el 25 de junio de 2023, en el Club Comunicaciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la causa se investiga un robo violento en el bufet del club, y en la resolución publicada se identifican claramente a las víctimas y al presunto autor del delito, sin las debidas reservas. A pesar de que la normativa establece la protección de la identidad de víctimas y testigos, la publicación revela detalles que comprometen la seguridad de las personas mencionadas, exponiéndolas a riesgos innecesarios y afectando su privacidad.
Este tipo de acciones generan un impacto negativo en la confianza del público hacia el sistema de justicia y la seguridad. La exposición pública de los involucrados no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también fomenta el miedo entre potenciales denunciantes y testigos, quienes podrían temer por su seguridad y bienestar. En consecuencia, el número de denuncias y la cooperación con la justicia podría disminuir, lo que afecta el funcionamiento adecuado del sistema judicial y la lucha contra la delincuencia.
Por otro lado, la publicación de los nombres de los presuntos victimarios en un caso en curso también contraviene el principio de presunción de inocencia, al implicar un prejuzgamiento. Este tipo de divulgación compromete el derecho a un juicio justo y neutraliza uno de los fines principales de la pena: la resocialización del infractor.
La Ley 27.372 es clara en cuanto a las obligaciones del Estado de proteger a las víctimas y testigos durante todo el proceso penal. Sin embargo, la falta de rigurosidad en su cumplimiento por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana pone en entredicho la eficacia de las políticas públicas en esta materia, exponiendo a quienes más necesitan protección y socavando la confianza en el sistema judicial.
Es imprescindible que se revisen y corrijan este tipo de prácticas para evitar futuros perjuicios. La exposición de víctimas y testigos no solo es un incumplimiento legal, sino una falta ética que puede tener graves consecuencias en la seguridad y bienestar de las personas afectadas.
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