Una reciente auditoría ha revelado graves irregularidades en la administración de pensiones por discapacidad, con un desvío estimado de 2.000 millones de dólares anuales. Estos hallazgos no solo reflejan una preocupante falta de control, sino que también afectan profundamente la confianza pública en las instituciones del Estado.
🚨 NO VAN A PODER CREER EL ESCANDALOSO NEGOCIADO DE LOS K CON LA DISCAPACIDAD
— Agarra la Pala (@agarra_pala) September 22, 2024
INSÓLITOS CASOS
💸- La auditoría muestra que habría un desvío de fondos de $2.000.000.000 DE DÓLARES al año
🇪🇬- El hijo de un beneficiario cobra la pensión de su padre que VIVE EN EGIPTO
☠️- Una mujer… pic.twitter.com/7B4OLiKcvT
Entre los casos detectados, se encontró que el hijo de un beneficiario sigue cobrando la pensión de su padre, quien reside en Egipto. Otro ejemplo alarmante incluye a una mujer que se hizo pasar por su marido fallecido para continuar recibiendo el beneficio. Además, se identificaron beneficiarios que, pese a tener documentación incompleta, recibieron pagos debido a su respaldo por el Movimiento Evita.
La Agencia Nacional de Discapacidad, que estuvo bajo la dirección de Paula Martínez, ex vedette de la década de los 90, se ha convertido en el centro de este escándalo. La relación cercana entre Martínez y figuras políticas, como Alberto Fernández, ha generado inquietud respecto a la posible influencia de vínculos personales en la gestión de los recursos públicos.
La gravedad de estos hechos resalta la necesidad urgente de implementar auditorías más exhaustivas y transparentes en la gestión de programas sociales. La corrupción socava el tejido institucional, y solo con un control riguroso se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en los sistemas que deben garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables.
Es imperativo que se refuercen los mecanismos de control y rendición de cuentas para prevenir futuros desvíos de fondos y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
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