El personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales atraviesa una crisis salarial que ha llevado a muchos agentes a buscar trabajos adicionales para llegar a fin de mes, poniendo en riesgo su integridad física y su carrera profesional. La implementación del Decreto 781/2024, firmado por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Patricia Bullrich, busca abordar esta problemática, reconociendo la necesidad de "mantener una adecuada jerarquización" del personal, mejorando su capacidad adquisitiva.
Este decreto tiene como objetivo igualar las condiciones salariales del personal policial con las actualizaciones acordadas en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: muchos policías y miembros de las fuerzas de seguridad recurren a empleos secundarios, a menudo en la clandestinidad, ya que podrían enfrentar sanciones si se descubre que trabajan fuera de sus funciones.
Una tragedia que refleja la precariedad
El caso de Daniela Fernanda Luna, una sargento de la Policía Bonaerense de 32 años, ilustra las consecuencias fatales de esta situación. Daniela, madre de dos hijos, complementaba su sueldo trabajando como chofer para una aplicación de viajes. En la madrugada del domingo, fue asesinada de un disparo en la cabeza en Isidro Casanova, La Matanza, durante un intento de robo. Su muerte no solo resalta la inseguridad a la que se enfrentan los trabajadores adicionales, sino también la precariedad económica que padecen muchos agentes policiales.
Las autoridades lograron detener al presunto asesino, un joven de 25 años, a través de imágenes de una cámara de seguridad y el rastreo del celular robado. El homicida confesó el crimen poco después de ser capturado.
Falta de transparencia en la asignación de recursos
Si bien existen recursos disponibles para mejorar las condiciones salariales, la mala administración y la asignación arbitraria de fondos dentro de las fuerzas generan sospechas. Sueldos desproporcionados para ciertos sectores y erogaciones poco claras contribuyen a agravar el problema. Los suplementos y bonos adicionales no se distribuyen equitativamente, lo que deja a gran parte del personal sin los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
Riesgos adicionales y sanciones ocultas
Muchos agentes, como Daniela, se ven forzados a aceptar trabajos adicionales a pesar de los riesgos. Sin embargo, este esfuerzo por mejorar su situación económica les expone a peligros tanto físicos como profesionales. La normativa interna de las fuerzas de seguridad prohíbe a los agentes realizar otras actividades laborales, lo que los coloca en una posición vulnerable: trabajar en la clandestinidad o enfrentar sanciones disciplinarias.
La implementación de medidas más equitativas y transparentes en la distribución de los fondos salariales y la mejora real de las condiciones de vida del personal policial se han vuelto urgentes. Mientras tanto, la crisis continúa afectando la seguridad y el bienestar de quienes dedican su vida a proteger a la sociedad.
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