El Ministerio de Seguridad (MINSEG) anunció la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) mediante la RESOL-2024-360-APN-MSG, con el objetivo de colaborar con el Ministerio Público Fiscal en investigaciones de tráfico de drogas y delitos conexos. Esta unidad estará integrada por personal experimentados de la Policía Federal Argentina (PFA), Policía Nacional Argentina (PNA), Gendarmería Nacional (GN), Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia. Se ha señalado que la creación de estas unidades especiales, como el GEANRO, y su posterior ubicación en áreas del Ministerio de Seguridad, generan contradicciones administrativas de competencia y abren la puerta a la intervención política en asuntos operativos de las fuerzas de seguridad.
CREAMOS EL GRUPO ESPECIAL ANTINARCOTRÁFICO ROSARIO: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA DARLE BATALLA AL NARCOTERRORISMO
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 14, 2024
A partir de hoy, el Grupo Especial Antinarcotráfico va a funcionar para dar soporte a las fuerzas que trabajan en el Plan Bandera de Rosario.
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Es importante destacar que la creación de estas áreas suelen ser utilizadas por políticos de diferentes partidos como un recurso estándar, sin una evaluación exhaustiva de su efectividad real. Su creación se percibe más como una estrategia de marketing político que como una medida efectiva de combate al delito.
En el 2022 se creó un área similar, el CICAT mediante la RESOL-2022-139-APN-MSG, la cual tiene un esquema sumamente similar.
La autonomía de las fuerzas de seguridad y policiales federales, al ser organismos desconcentrados, es fundamental para garantizar su eficacia e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la ubicación de estas unidades especiales en el ámbito del Ministerio de Seguridad plantea interrogantes sobre el grado de control y supervisión que realmente se ejerce sobre ellas.
Un aspecto preocupante es la atribución del Ministerio de Seguridad de un rol operativo al Ministerio de Seguridad que no le corresponde, lo cual podría comprometer la independencia de las investigaciones y generar conflictos de competencia. Además, la designación de funcionarios del Ministerio de Seguridad que tácitamente para acceder a las investigaciones podría afectar la integridad y la imparcialidad de los procesos. Tal los casos del Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada (Martín Verrier) y el Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Ignacio Ernesto Cichello).
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como el asesor de la unidad de gabinete del ministro, Carlos Alberto Manfroni, deben considerar estos aspectos con seriedad. La intervención política en las labores policiales puede socavar la efectividad de las fuerzas de seguridad y poner en riesgo la legitimidad de sus acciones. Es crucial establecer un equilibrio entre la coordinación interinstitucional y el respeto a la autonomía de las fuerzas de seguridad para garantizar una lucha eficaz contra el crimen organizado.
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