Celulares desde las cárceles: Procuración le pidió al Gobierno que tome medidas urgentes

" Lo hizo tras una reunión de fiscales federales que calificaron la situación como de “extrema gravedad”. Le volvieron a enviar a las autoridades un informe de 2021 para que se instalen inhibidores, haya más requisas en los pabellones y menos beneficios para los presos de alto riesgo

La Procuración General de la Nación le pidió hoy al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales. Para eso le volvió a enviar una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios.

El pedido surgió después de una reunión que se realizó esta mañana en la Procuración en la que participaron distintos fiscales que analizaron el estado de situación después de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario y fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal —a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori— en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.

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“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, señala la nota de la Procuración a la que accedió Infobae.

Los fiscales agregaron que así se debe “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”. "

Infobae