El Consejo de la Magistratura de la Nación archivó esta semana 176 expedientes que contenían denuncias contra jueces federales, la mayoría de las cuales fueron desestimadas sin análisis de fondo o caducaron por inactividad procesal durante más de tres años. La decisión, adoptada en el último plenario del organismo presidido por Horacio Rosatti, volvió a poner en debate el desempeño de los funcionarios encargados de controlar la conducta de los magistrados y el eventual incumplimiento de sus deberes como autoridades públicas.
De acuerdo con la información oficial, 58 denuncias fueron archivadas por caducidad al haber transcurrido los tres años previstos por el reglamento interno del Consejo sin que se produjeran avances. Otras 57 fueron desestimadas in límine —es decir, sin investigación— por considerarse inadmisibles, mientras que las 61 restantes se cerraron pese a que se había producido prueba en sus respectivas comisiones.
Las comisiones de Disciplina y Acusación, encabezadas por los consejeros César Grau y Luis Juez, respectivamente, son las encargadas de analizar las denuncias contra los jueces, impulsar las investigaciones y elevar al plenario las propuestas de sanción o destitución. Sin embargo, ambos funcionarios reconocieron públicamente el mal funcionamiento del organismo.
El senador Luis Juez, representante del Honorable Senado de la Nación (HSN) y presidente de la comisión de Acusación, calificó la situación como “un papelón”, afirmando que se trata de un mecanismo institucionalizado para evitar el control efectivo sobre ciertos jueces. “Hemos escondido atrás de un biombo las causas que nos interesa que no pase nada. Miramos para el costado y dejamos que el tiempo pase”, denunció durante la sesión.
En el mismo sentido, César Grau, consejero por la abogacía y presidente de la comisión de Disciplina, sostuvo: “Se dejó correr un reloj de arena durante tres años. Es una barbaridad, tenemos que asumir la responsabilidad y corregir hacia el futuro”.
Las denuncias archivadas incluían casos de alto impacto público, como las presentadas contra el juez Juan María Ramos Padilla, quien había convocado manifestaciones contra la Corte Suprema; contra Alejo Ramos Padilla, por presunto falso testimonio; y contra Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, investigado por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, quien renunció antes de ser destituido y podrá acceder a una jubilación de privilegio.
También se archivaron denuncias contra Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, vinculadas al denominado “escándalo de Lago Escondido”, así como procesos contra otros magistrados acusados de irregularidades graves, demoras injustificadas y falta de perspectiva de género en sus fallos.
Durante el plenario, el viceministro de Justicia y consejero Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo Nacional, expresó su preocupación por el archivo de causas donde se verificaron demoras procesales evidentes. En una de ellas, por narcotráfico, el juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda tardó dos años en dictar un procesamiento cuando la ley establece un plazo máximo de diez días. Amerio pidió reconsiderar la desestimación, pero su solicitud no prosperó.
La falta de tratamiento efectivo de las denuncias y la eventual omisión en los deberes de control por parte de las autoridades del Consejo podrían configurar supuestos de incumplimiento de deberes de funcionario público y, en algunos casos, abuso de autoridad, al impedir la aplicación de sanciones disciplinarias a magistrados que enfrentaban acusaciones graves.
El Consejo de la Magistratura está actualmente integrado por las siguientes autoridades:
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Horacio Rosatti – Presidente
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Agustina Díaz Cordero – Vicepresidenta
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Sebastián Amerio – Representante del Poder Ejecutivo Nacional
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Diego Barroetaveña – Representante de los jueces del Poder Judicial de la Nación
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Jimena de la Torre – Representante de la abogacía
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Hugo Galderisi – Representante del ámbito académico
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Álvaro González – Representante de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN)
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César Grau – Representante de la abogacía
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Luis Juez – Representante del Honorable Senado de la Nación (HSN)
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Alberto Lugones – Representante de los jueces del PJN
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Alberto Maques – Representante de la abogacía
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María Inés Pilatti Vergara – Representante del HSN
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Alejandra Provítola – Representante de los jueces del PJN
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Mariano Recalde – Representante del HSN
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Roxana Reyes – Representante de la HCDN
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Vanesa Siley – Representante de la HCDN
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Rodolfo Tailhade – Representante de la HCDN
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Guillermo Tamarit – Representante del ámbito académico
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Fernanda Vázquez – Representante de la abogacía
La magnitud del archivo de causas y la admisión pública de deficiencias en el control disciplinario de jueces reavivan el debate sobre la transparencia y el cumplimiento de las funciones institucionales del Consejo, órgano clave en el sistema republicano para garantizar la responsabilidad judicial y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
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