Un grave escándalo sacude a la Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Córdoba, donde 23 efectivos fueron detenidos tras una investigación judicial que reveló la existencia de una red dedicada al cobro de coimas a camioneros para permitirles circular sin sanciones.
La causa es instruida por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo del fiscal Rodolfo Cabanillas, y el juez federal Carlos Ochoa. El operativo judicial incluyó más de veinte allanamientos simultáneos en distintas localidades cordobesas —entre ellas Sampacho y Holmberg— y en otras provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta.
El caso se inició a raíz de la denuncia de un camionero que señaló que los gendarmes detenían a los vehículos de transporte en los puestos viales del sur cordobés, principalmente en el destacamento de Sampacho sobre la Ruta Nacional 8, y exigían pagos que iban desde los 50 mil hasta los 600 mil pesos para permitir continuar el viaje sin sanciones. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros que actuaban como intermediarios o “testaferros”.
Entre los detenidos figura la jefa de la Sección Vial de Sampacho, la alférez Analía Galian. De los 23 acusados, 13 permanecen alojados en la cárcel federal de Bouwer y el resto cumple arresto domiciliario. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad.
La investigación determinó que el circuito de cobro ilegal habría comenzado a funcionar a mediados de 2024, estableciendo un sistema interno de recaudación que alteraba turnos y responsabilidades dentro del cuerpo. Los gendarmes, según las pruebas reunidas, detenían a los camioneros bajo distintos pretextos —principalmente irregularidades documentales o técnicas— y les ofrecían “arreglos” económicos para evitar multas o la inmovilización de los vehículos.
Las autoridades judiciales no descartan nuevas imputaciones ni la posible participación de mandos superiores en la organización. También se evalúan medidas de reestructuración dentro de Gendarmería Nacional en la región para restablecer la transparencia y el control en los operativos de fiscalización vial.
El Director Nacional de Gendarmería es Claudio Miguel Brilloni, mientras que el Subdirector Nacional de Gendarmería es Aníbal Ariel Bronzetti. El Ministerio de Seguridad Nacional no ha emitido comunicado alguno al respecto. Tampoco han emitido opinión otros funcionarios públicos de GNA cómo David Alejandro Salas, Ludovico Jarzynski o Luis María Ríos que frecuentemente publican en el boletín oficial datos sensibles, personales o de cuestiones internas sobre integrantes o ex integrantes de la fuerza, cómo un mecanismo abusivo de notificación generando un daño notorio a esas personas. Incluso dándose el caso de exposición de datos médicos.
La magnitud del caso ha generado un fuerte impacto institucional, ya que involucra a una de las fuerzas de seguridad federales con funciones de control en las rutas nacionales. La Ruta 8, corredor estratégico para el transporte de cargas que une Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, fue el escenario principal de la maniobra investigada, que habría convertido los controles viales en un “peaje paralelo” a costa de los transportistas.
La causa continúa abierta, y los investigadores analizan nuevas denuncias y movimientos financieros para determinar el alcance total de la red y el destino de los fondos obtenidos ilegalmente. Se espera que en los próximos días la Justicia disponga nuevas medidas y citaciones.
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