El caso de un policía bonaerense que, en su día de franco, trabajaba como conductor para una aplicación y terminó involucrado en un hecho de violencia en El Palomar, volvió a poner en evidencia una realidad que se extiende silenciosamente entre las fuerzas de seguridad: la necesidad de buscar ingresos adicionales para poder sostener un nivel de vida digno.
El agente, perteneciente a la Policía de Ituzaingó, manejaba una camioneta Chery Tiggo para la plataforma Didi cuando fue víctima de un intento de robo por parte de tres personas. Según la investigación judicial, el oficial se defendió con su arma reglamentaria, y la Justicia determinó que actuó en legítima defensa.
Más allá del hecho puntual, el episodio expuso una situación que se repite con frecuencia en distintos puntos del país. Debido a los bajos salarios y a la falta de actualización acorde a la inflación, muchos integrantes de las fuerzas policiales —tanto provinciales como federales— se ven obligados a desempeñar trabajos extra durante sus horas de descanso. Entre los empleos más comunes se encuentran la seguridad privada, el reparto y la conducción de vehículos a través de aplicaciones como Uber, Didi o Cabify.
Especialistas en temas laborales y de seguridad advierten que esta tendencia genera una doble vulnerabilidad. Por un lado, los agentes trabajan jornadas extendidas que superan las 12 o 14 horas diarias, con el consiguiente impacto sobre su salud física y mental. Por otro, se enfrentan a situaciones de riesgo sin el respaldo institucional que tendrían en su función oficial.
“Lo que debería ser un complemento temporal se ha transformado en una necesidad permanente”, señalan fuentes vinculadas a la fuerza, que describen un escenario de desgaste económico y emocional. Los bajos sueldos, sumados a la falta de reconocimiento y las limitadas posibilidades de ascenso, obligan a muchos a recurrir a la economía informal o a plataformas de transporte para cubrir sus gastos básicos.
El caso del policía de El Palomar no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural. Mientras los funcionarios públicos debaten políticas de seguridad, crece la cantidad de agentes que patrullan las calles durante el día y trabajan como choferes por la noche, en busca de un ingreso que les permita mantener a sus familias.
Un hecho similar sucedió a principios de febrero donde asesinaron a un policía bonaerense en Ingeniero Budge, mientras que en septiembre en Santa Fe un gendarme se defendió a los tiros ante un asalto en la localidad de Cabin 9 (Pérez) .
La precarización salarial dentro de las fuerzas de seguridad no solo afecta la calidad de vida de sus integrantes, sino también la eficacia del servicio que prestan. Con una remuneración insuficiente y sin políticas claras de bienestar laboral, muchos efectivos enfrentan el dilema de proteger a otros mientras luchan por sostener su propia estabilidad económica.
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