La administración estadounidense defiende las operaciones como una "guerra contra el narcoterrorismo", mientras que gobiernos de la región y expertos en derechos humanos denuncian los ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y una violación del derecho internacional.
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una nueva escalada en su campaña militar en el Caribe, anunciando hoy un décimo ataque con misiles contra una embarcación. Este último incidente, que según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ocurrió durante la noche y resultó en la muerte de seis personas, eleva el número total de fallecidos a 43 desde que comenzaron las operaciones el pasado 1 de septiembre de 2025.
La administración del presidente Donald Trump sostiene que estos ataques forman parte de una operación de seguridad hemisférica contra el narcotráfico. Según los comunicados oficiales, los objetivos eran "narco-terroristas" vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua (Venezuela) y el ELN (Colombia).
Sin embargo, la campaña, que ha incluido el despliegue de destructores, un submarino y el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región, ha generado una grave crisis diplomática y fuertes condenas internacionales.
Detalles de la Operación Militar
Periodo: La campaña de ataques se inició el 1 de septiembre de 2025 y ha continuado con una frecuencia creciente durante octubre.
Embarcaciones Atacadas: Se han confirmado 10 ataques distintos contra embarcaciones civiles (lanchas y un semisumergible). La mayoría (ocho) han ocurrido en el Mar Caribe y dos en el Océano Pacífico.
Total de Víctimas: El saldo confirmado hasta la fecha es de 43 personas fallecidas. Solo se ha reportado la captura de dos supervivientes en uno de los ataques.
El gobierno estadounidense ha justificado las operaciones bajo la misma autoridad legal utilizada para la "guerra contra el terror" post-11S, declarando un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga. No obstante, diversas fuentes periodísticas y analistas señalan que la administración no ha presentado pruebas públicas que confirmen la presencia de narcóticos o la identidad de los fallecidos como miembros de grupos terroristas.
Acusaciones de Ejecuciones Sumarias y Crisis Diplomática
La naturaleza de los ataques ha sido el principal punto de controversia. Al tratarse del uso de fuerza militar letal contra individuos que no han sido capturados ni sometidos a un proceso judicial, múltiples actores han calificado las operaciones de ejecuciones sumarias (o "extrajudiciales").
Gobiernos como el de Venezuela y Colombia han condenado enérgicamente los bombardeos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que uno de los ataques ocurrió presuntamente en aguas soberanas colombianas y que una de las víctimas, identificada como Alejandro Carranza, no era un narcotraficante, sino un pescador civil cuya lancha se encontraba a la deriva.
Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también ha cuestionado la legalidad de los ataques, señalando que parecen carecer de una base legal adecuada.
Las consecuencias para Estados Unidos por estas acciones incluyen:
Violación del Derecho Internacional: Críticos y juristas argumentan que el uso de la fuerza militar letal fuera de una zona de guerra declarada, sin juicio previo y sin una amenaza inminente comprobada, constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Crisis Diplomática: La tensión con Colombia, un aliado tradicional de EE.UU., ha escalado. Asimismo, las acciones han sido interpretadas por Venezuela y otros países de la región como un acto de agresión y una posible antesala a una intervención militar más amplia, especialmente tras la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.
Desestabilización Regional: La demostración de fuerza desproporcionada y la política de "ejecuciones" unilaterales amenazan con desestabilizar la seguridad marítima y política del Caribe.
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