Una reciente investigación de Border Periodismo, ha expuesto una red de vínculos societarios y financieros que conectan a un grupo de empresas privadas con figuras clave del entorno presidencial. El análisis se centra en tres firmas del rubro inmobiliario y agropecuario—Zefico SA, Camalu, y Pejotace —todas ellas propiedad de la familia Costa, cuyos accionistas mayoritarios son Pablo J. Costa y Lucas Costa, junto a María Costa y Carmen Costa.
Las tres empresas comparten un mismo domicilio legal en Av. Santa Fe 1358, una dirección que históricamente ha sido asociada a las oficinas de la familia Caputo. El nexo legal de estas compañías se formalizó, en parte, a través del escribano José Domingo Mangone, quien participó en la constitución y las modificaciones de sus directorios.
El vínculo más directo con el poder ejecutivo se establece a través de los hermanos Caputo. El asesor presidencial Santiago Caputo figura como el único empleado de Zefico SA, con un registro laboral iniciado en enero de 2024. Esta relación se enmarca en un contexto de escrutinio financiero, ya que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) generó un reporte sobre Zefico SA por la detección de un movimiento de 800.000 dólares que despertó sospechas de un posible lavado de activos.
Por su parte, Francisco Caputo mantiene una relación de dependencia con otra de las firmas, Camalu. Francisco Caputo también es coordinador y coach de la Fundación Faro, una entidad dedicada a la promoción de ideas y la batalla cultural que apoya al gobierno. En el ámbito político, los registros oficiales de Aportes Declarados revelan una contribución de 3 millones de pesos por parte de Lucas Costa. Este aporte, concretado el 18 de julio de 2025 mediante transferencia bancaria, fue destinado a la fuerza política La Libertad Avanza de Formosa.
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