El veterano de guerra de Malvinas Víctor Eduardo Vital presentó una denuncia ante la Justicia Federal por el presunto delito de traición a la patria contra las exfuncionarias Cristina Fernández de Kirchner y Nilda Garré, y los exfuncionarios Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, a raíz del nombramiento de Laura Natalia Federman, de nacionalidad británica, en cargos estratégicos dentro de los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y Defensa. Según la denuncia, las designaciones se realizaron entre los años 2009 y 2012 mediante los decretos 717/09, 1511/09, 711/11 y 257/12, firmados por los mencionados funcionarios.
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El denunciante sostiene que los nombramientos de Federman violaron el artículo 4° de la Ley 25.164, que establece que el ingreso a la administración pública nacional requiere la condición de ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Dicha norma solo puede ser exceptuada mediante una fundamentación precisa del jefe de Gabinete, algo que, según el escrito, no habría ocurrido en este caso. Vital plantea que la funcionaria fue designada pese a mantener su ciudadanía británica y sin haber iniciado proceso alguno de naturalización, lo que le permitió acceder a información y documentos de carácter reservado vinculados con la defensa nacional.
La denuncia advierte que el hecho reviste especial gravedad institucional debido a que la funcionaria británica se desempeñó en áreas con acceso a documentación clasificada y estrategias relacionadas con la soberanía territorial y marítima de la Argentina. Según Vital, esta situación se agrava por tratarse de una ciudadana del Reino Unido, nación con la que el país mantiene un conflicto vigente por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Para el denunciante, designar a una persona de esa nacionalidad en puestos de conducción dentro de ministerios encargados de la defensa y la seguridad interior “equivale a prestar ayuda a una potencia extranjera que ocupa parte del territorio nacional”.
En el escrito, se cita el artículo 214 del Código Penal, que establece penas de hasta reclusión perpetua para quien “se uniere a los enemigos de la Nación o les prestare ayuda o socorro”, así como el artículo 119 de la Constitución Nacional, que define la traición contra la Nación como el acto de tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos. A criterio del denunciante, los decretos firmados habrían infringido estos principios al omitir la nacionalidad extranjera de Federman y al permitir su acceso a puestos de máxima responsabilidad dentro de áreas sensibles del Estado.
La denuncia también incluye una descripción de los vínculos familiares de la funcionaria. Federman es hija de Andrés Federman, quien durante dos décadas trabajó en la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, llegando a ocupar el cargo de jefe de prensa de la Sección Política y Asuntos Públicos. Además, es sobrina del periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien tuvo que renunciar luego de haber afirmado que fue un vacunado VIP en la pandemia de COVID-19. Según el documento, el CELS habría
recibido financiamiento de fundaciones internacionales y del British
Council, lo que el denunciante interpreta como una posible influencia
extranjera en el diseño de políticas vinculadas a los derechos humanos y
la seguridad nacional.
El escrito sostiene que la actuación de Verbitsky, tanto como exintegrante de la organización Montoneros en los años setenta como en su posterior rol al frente del CELS, se enmarca en un proceso de “reciclaje político e ideológico” de antiguos cuadros subversivos que, según el denunciante, habrían pasado a ocupar espacios de poder bajo la cobertura de organismos de derechos humanos. En esa línea, Vital afirma que el nombramiento de Federman sería una extensión de esas redes políticas, bajo la cobertura institucional del Ministerio de Seguridad y con apoyo indirecto de la diplomacia británica.
Otro punto destacado en la denuncia se refiere a la posible superposición de cargos. El veterano de Malvinas señala que Federman habría figurado simultáneamente en el organigrama de distintos ministerios, percibiendo más de una remuneración del Estado. A su vez, subraya que, como directora de programas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la funcionaria habría tenido acceso a legajos personales de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales contaban con clasificación de seguridad “confidencial”.
En su argumentación, Vital interpreta el caso dentro de una estrategia de largo plazo vinculada con la política exterior del Reino Unido. Cita antecedentes históricos que, a su juicio, muestran un patrón de intervención indirecta británica en la política argentina, desde las invasiones de 1806 hasta la guerra de Malvinas y los acuerdos posteriores de cooperación. En ese contexto, considera que el nombramiento de una funcionaria británica en áreas de seguridad nacional representa un riesgo concreto para la integridad territorial y la soberanía argentina.
La presentación judicial solicita que se dé vista al fiscal, se instruyan las medidas de prueba necesarias y se convoque a los denunciados a prestar declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. El denunciante acompaña copias de los decretos cuestionados y pide que se investigue si la designación de Federman fue efectivamente autorizada por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo con conocimiento de su nacionalidad británica.
En la nómina de Agentes del Ministerio Público Fiscal Natalia Laura Federman figura con un cargo efectivo en la PROCUDDHH (Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad) en la categoría "SEC FISC 1A INST".
En conclusión, la denuncia plantea un conflicto que combina aspectos administrativos, políticos y de seguridad nacional. De confirmarse los hechos, la designación de una funcionaria extranjera en cargos estratégicos del Estado podría constituir un antecedente sin precedentes en la historia reciente. La investigación judicial deberá determinar si los decretos que autorizaron su ingreso fueron dictados dentro del marco legal o si, como sostiene el denunciante, configuraron un acto contrario a la soberanía argentina y a los principios fundamentales establecidos por la Constitución Nacional.
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