La pérdida de poder operativo de la policía y su impacto en la seguridad pública

Un reciente caso ocurrido en Buenos Aires volvió a exponer una problemática estructural en el sistema de seguridad y justicia: la pérdida de autonomía operativa de las fuerzas policiales frente a las decisiones judiciales.

El hecho tomó estado público tras la denuncia de una mujer, Michelle Imán Schmukler, que relató cómo un vecino la amenazó con un arma de fuego mientras profería insultos antisemitas. Según su testimonio, al acudir a la comisaría para denunciar lo ocurrido, la respuesta del fiscal de turno fue limitar la actuación policial a la entrega de un botón antipánico. “Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie lo detiene. El agresor está en su casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado”, declaró la víctima.

Este episodio evidencia una tensión creciente entre las competencias judiciales y las facultades policiales. En la práctica, la policía se ha convertido en un mero ejecutor de las decisiones de fiscales y jueces, perdiendo la capacidad de actuar con criterio propio ante situaciones de riesgo inmediato. Cuando las órdenes judiciales son erróneas o insuficientes, las fuerzas terminan asumiendo la responsabilidad operativa y política de los resultados.

Expertos en seguridad advierten que esta situación deteriora la eficacia del sistema y debilita la confianza social en las instituciones. Al quedar sujeta a directivas externas, la policía pierde legitimidad para intervenir con rapidez y prevenir hechos violentos. En paralelo, la falta de coordinación entre las instancias judiciales y las fuerzas de seguridad genera un vacío operativo que favorece la impunidad.

En este contexto, el caso de la vecina amenazada no solo refleja una agresión individual sino un síntoma más profundo: un sistema en el que los mecanismos de control judicial, lejos de garantizar mayor justicia, terminan desarticulando la respuesta inmediata del Estado ante el delito. La consecuencia es una sensación generalizada de indefensión ciudadana y de desprotección institucional hacia quienes deben garantizar la seguridad pública.