El 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre las Displasias Esqueléticas, una fecha que pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las personas de baja talla en Argentina, particularmente en materia de inclusión laboral y acceso a empleos en el sector público.
El Día Mundial de Concientización sobre las Displasias Esqueléticas y las personas de baja talla se estableció en homenaje al actor estadounidense Billy Barty, fundador de la organización Little People of America. Esta conmemoración busca impulsar la inclusión y la igualdad de derechos para quienes presentan baja talla, una condición que se presenta en uno de cada 25.000 nacidos vivos.
La acondroplasia, que representa la forma más común de enanismo, se caracteriza por una baja talla desproporcionada, extremidades cortas y macrocefalia. En Argentina, aproximadamente 20 niños nacen cada año con esta condición, y se estima que hay 2.000 personas en total viviendo con acondroplasia en el país. A nivel global, unas 360.000 personas viven con esta condición genética.
Barreras en la inserción social, educativa y laboral
Andrea Fraschina, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Acondroplasia Argentina (ACONAR), señala que los desafíos son múltiples: "Tienen que ver con cuestiones médicas, funcionales y psicosociales. La acondroplasia o alguna otra displasia esquelética que cause enanismo, son condiciones de salud discapacitantes, progresivas en el tiempo y que tienen muchas comorbilidades alrededor".
Entre las principales barreras, Fraschina enumera las dificultades de acceso a la salud, situaciones de discriminación, obstáculos educativos y la falta de adaptaciones en la vida diaria. "Históricamente, las personas con acondroplasia o baja talla se las asocia con la burla, la denigración. Esto persiste en el imaginario social y parece estar 'permitido' reírse, señalar o tomar fotos a una persona con baja talla solo por su aspecto físico diferente", advierte.
La doctora Julieta de Victor, médica del Hospital Materno Infantil de San Isidro, sostiene que "la acondroplasia no sólo enfrenta a complicaciones médicas serias, sino que afecta al individuo en su autoestima, su inserción social y su rendimiento educativo y laboral".
Según un estudio sobre calidad de vida, más de la mitad de los niños con acondroplasia entre 8 y 17 años padece dolor físico, y un 27% manifiesta ansiedad o depresión moderada a severa. Más del 17% reporta dificultades para realizar actividades cotidianas. Fraschina advierte que estas barreras pueden derivar en aislamiento y baja autoestima: "Esto afecta seriamente la dignidad de las personas y limita la accesibilidad a empleos y la inclusión social".
Normativas discriminatorias vigentes: el caso del acceso a las fuerzas de seguridad
A pesar de los avances legislativos en materia de no discriminación, persisten normativas que operan como barreras excluyentes para las personas de baja talla en el ámbito laboral, particularmente en el sector de seguridad pública.
El Dictamen Nº 603/2021 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) señala expresamente que el Decreto 1866/83, de julio de 1983, y el decreto-ley 21.965 de marzo de 1979, ambos dictados por el gobierno militar de facto, "tienen un fuerte cariz autoritario y perfeccionista, incompatible en muchos aspectos con los principios que emanan de la Constitución Nacional".
Entre los requisitos cuestionados por el INADI se encuentran las exigencias de altura mínima y máxima para varones y mujeres para ingresar a la Policía Federal Argentina. El dictamen destaca que estas normativas imponen "sanciones de arresto de hasta 30 días, se establece un férreo sistema jerárquico donde los superiores son responsables de todo lo que hagan sus dependientes, se prohíbe la participación política o sindical de los trabajadores policías".
El organismo determina que estos requisitos de altura forman parte de un "cariz autoritario, que debería ser revisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación", recomendando expresamente "la revisión tanto del artículo 141 del Decreto N.° 1866/83, como del resto del articulado, y del decreto-ley 21.965, para que se adecúen a los principios igualitarios que surgen de nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos con dicha jerarquía".
Inacción estatal ante recomendaciones del INADI
A pesar de que el Dictamen 603/2021 fue comunicado al Ministerio de Seguridad de la Nación hace más de tres años, no se han registrado avances significativos en la modificación de estas normativas discriminatorias.
El INADI fundamentó su recomendación en que las categorías basadas en características físicas, como la altura, son consideradas "sospechosas" de discriminación según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El organismo sostiene que estas restricciones violan el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que "todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".
La Ley Nacional 26.689 sobre Enfermedades Poco Frecuentes reconoce la acondroplasia y otras displasias esqueléticas, garantizando por ley el acceso integral a la salud y la cobertura de tratamientos. Sin embargo, esta protección legal no se ha traducido en la eliminación de barreras discriminatorias en el ámbito laboral público.
Llamado a la acción: responsabilidad del Estado
La persistencia de estas normativas representa una contradicción flagrante entre el marco legal de protección de derechos humanos que Argentina ha adoptado y las prácticas discriminatorias que aún subsisten en reglamentaciones de facto nunca revisadas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, así como las fuerzas policiales y de seguridad federales y provinciales, tienen la responsabilidad de tomar conciencia sobre esta problemática y proceder a la revisión inmediata de normativas vetustas que contradicen los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
La adecuación de estos decretos a los estándares democráticos y de derechos humanos vigentes no solo es una obligación legal del Estado argentino, sino también una cuestión de dignidad humana. La idoneidad, y no las características físicas, debe ser el único requisito para acceder a empleos públicos, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG), encabezadas por la ministra Dra. Patricia Bullrich (Decreto 6/2024), son las responsables políticas y administrativas de coordinar y supervisar las fuerzas federales de seguridad ante cualquier requerimiento judicial, legislativo o de control institucional. Bajo su conducción, el Dr. Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad Gabinete de Asesores, y los secretarios Mag. Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mag. Martín Siracusa (Coordinación Administrativa) y Mag. Martín Verrier (Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada) articulan las respuestas operativas y técnicas del Ministerio. Asimismo, los subsecretarios y directores nacionales, designados por decretos y resoluciones vigentes, integran la estructura responsable de áreas clave como investigación criminal, intervención federal, control de fronteras, cooperación internacional, y despliegue territorial.
En el ámbito operativo, las fuerzas dependientes del MINSEG —la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dirigida por el Director Nacional Claudio Miguel Brilloni; la Prefectura Naval Argentina (PNA), bajo la conducción del Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez; la Policía Federal Argentina (PFA), comandada por el Comisario General Luis Alejandro Rolle; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dirigida por el Comisionado General Dr. Alfredo Hernán Gallardo— deben responder, a través de sus respectivos jefes, a las órdenes, requerimientos o solicitudes de información emanadas del Ministerio. También depende del Ministerio el Servicio Penitenciario Federal, bajo la dirección del Inspector General Lic. Fernando Martínez, así como la Agencia Federal de Emergencias, a cargo del Abog. Santiago Hardie. En conjunto, esta estructura jerárquica conforma el sistema de mando y control institucional encargado de ejecutar las políticas de seguridad interior y de garantizar la respuesta coordinada del Estado frente a los requerimientos oficiales.
En el Día Mundial de Concientización sobre la Talla Baja, la sociedad argentina enfrenta el desafío de transformar las palabras en acciones concretas, eliminando las barreras que impiden la plena inclusión de las personas de baja talla en todos los ámbitos de la vida social, educativa y laboral.
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