Ministerio de Seguridad deja de gastar 500 Millones Eliminando Intermediarios en Contratos de Seguros: Posibles Actos de Corrupción en la Mira

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido eliminar intermediarios en los contratos de seguros para los vehículos de las fuerzas de seguridad, lo que se estima generará un ahorro de 500 millones de pesos. Esta medida se toma después de que en 2015 se hubieran eliminado los brokers que cobraban comisiones, pero durante la gestión de Sabina Frederic en el gobierno de Alberto Fernández, se permitió nuevamente su participación.

La gestión anterior, encabezada por Patricia Bullrich, había centralizado y transparentado la contratación de seguros para los móviles de las fuerzas de seguridad, licitando los servicios con Nación Seguros y Provincia ART. Sin embargo, bajo la administración de Frederic, se permitió nuevamente la intervención de intermediarios, generando preocupaciones sobre posibles actos de corrupción y malversación de fondos públicos.

Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, explicó que al regresar en diciembre de 2020, se descubrió que cada fuerza realizaba sus contratos a través de intermediarios, situación que fue permitida por una resolución específica firmada en septiembre de 2020 durante la gestión de Frederic. Ante esto, se ha solicitado a Nación Seguros la eliminación de los brokers para volver a negociar los contratos directamente con las aseguradoras, esperando un ahorro significativo de 500 millones de pesos.

El cambio en la política de contratación de seguros ha generado resistencia por parte de lobbistas y abogados, pero Siracusa destaca que las nuevas reglas han mejorado las prestaciones, ya que las empresas ganadoras aceptaron firmar convenios administrativos para ofrecer más servicios por el mismo monto.

Cabe mencionar que esta situación se suma a otras revelaciones de posibles actos de corrupción en la contratación de seguros por parte de dependencias gubernamentales, como el caso de la Anses, donde se descubrió un gasto de 20.000 millones de pesos anuales para asegurar la vida de jubilados y pensionados, con intermediarios ligados a la política y una comisión elevada. Estas revelaciones plantean la necesidad de revisar los procesos de contratación para prevenir malversaciones de fondos públicos.