Denuncian Irregularidades en la Gestión de la Obra Social de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Alberto Fernández

La actual administración de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ha emprendido acciones para abordar las presuntas irregularidades detectadas en el manejo del organismo durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. El presidente de la IOSFA, Oscar Sagás, ha anunciado la implementación de un plan de austeridad con el objetivo de reducir los gastos a la mitad, estimando un ahorro anual de aproximadamente 2 mil millones de pesos, especialmente centrado en la disminución de cargos directivos.

Sagás, designado en su cargo por el ministro de Defensa, Luis Petri, ha ordenado una auditoría que ha revelado diversos movimientos irregulares durante la gestión anterior, liderada por Darío Díaz Pérez. Entre las medidas adoptadas se incluye el análisis de 244 cargos extraescalafonarios de la estructura del 2023, con el propósito de reducirlos en un 50% en una primera etapa.

La nueva administración también ha informado sobre la reapertura de 33 farmacias que se encontraban clausuradas por no cumplir con las normativas reglamentarias, así como la cancelación de contratos de locación de servicios y la reducción de asesores, celulares y un mayor control en los costos fijos.

Se destaca que, según la actual gestión, la mayoría de las farmacias de la obra social en todo el país carecían de los insumos médicos mínimos necesarios para satisfacer la demanda de los afiliados. Además, se suspendieron licitaciones de obras por un monto de $625 millones para priorizar el gasto prestacional y mejorar la cobertura a los afiliados.

La auditoría también reveló la existencia de 153 celulares de libre disposición del personal político, de los cuales 50 fueron dados de baja automáticamente, y se está realizando una auditoría de los restantes. Asimismo, se detectaron vales de nafta, lo que indica posibles irregularidades en los gastos.

El presidente Sagás ha señalado que a pesar de los ingresos anuales de alrededor de 20 mil millones de pesos, la obra social enfrenta dificultades para mantenerse operativa debido a los gastos excesivos. Se ha comprometido a mejorar la accesibilidad de los afiliados a los servicios, implementar un organigrama más ágil y dinámico, y establecer controles por parte de la oposición.

Es relevante mencionar que en la Policía Federal Argentina, la obra social no utiliza IOSFA, sino que se apoya en la "Superintendencia de Bienestar", en colaboración con el Hospital Churruca. La falta de registro formal de "Bienestar" como obra social según la normativa vigente plantea un serio problema, ya que dificulta los controles y las prestaciones adecuadas, afectando los derechos establecidos para las obras sociales. La aplicación de normas especiales por parte de "Bienestar" complica aún más la supervisión y la garantía de los derechos de los afiliados (que son afiliados obligatorios, lo cual va en contra de lo postulado en el DNU de Javier Milei).